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1988: Un caso de opacidad electorial PDF Imprimir Correo electrónico
Lunes 25 de Agosto de 2008 18:00

Cuauhtémoc Cárdenas


Instituto de acceso a la información pública del Distrito Federal.
Mesa de análisis: Transparencia electoral e historia 1988-2008. Avances y retrocesos.
Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Veinte años después, título de un clásico. 1988, veinte años después 2008, una situación, como en la novela, radicalmente distinta, una política y una transparencia electorales muy diferentes, con una larga historia de acontecimientos entre una fecha y la otra.

La situación actual, la transparencia lograda en los procesos electorales hasta hoy encuentra el antecedente más directo de su historia, sin duda, en las elecciones de 1988 y las muy variadas secuelas que éstas desencadenaron.

En las elecciones de 1988 la opacidad fue absoluta. La autoridad se negó a que se transparentaran los pasos mismos de la organización y coordinación del proceso y desde luego, los resultados de las elecciones.

El 6 de julio del 88 los agentes del Estado –el partido oficial necesariamente incluido- cometieron toda clase de tropelías ante una reacción ciudadana en la campaña electoral que no habían querido ver y que les resultó imprevista. Sus respuestas tuvieron que improvisarse en el momento y a lo largo y ancho de la República, en los 55 000 sitios en los que se habían instalado casillas para votar y en los 300 comités distritales, y con esa misma improvisación y atropello condujeron el proceso en sus etapas posteriores a la jornada electoral.

Así, el día de las elecciones se vieron por todo el país largas colas de ciudadanos que acudían a sufragar y cómo, en muchísimas casillas, se expulsaba a punta de pistola a representantes de la oposición, el robo o relleno de urnas, presiones y amenazas a los votantes. Desde media mañana de ese día empezaron a llegar al Frente Democrático Nacional y a otros partidos de oposición, cada vez con mayor abundancia, los reportes de los muy variados atropellos; en las últimas horas de la tarde, al comenzar el cierre de las casillas, se informó de la instalación en sesión permanente del pleno de la Comisión Federal Electoral para recibir los resultados de la elección de todo el país; y al muy poco tiempo, los medios anunciaron: “se ca[ll-y]ó el sistema”, no quedó claro si de caer o de callar, lo cierto es que desde ese momento el sistema de información electoral suspendió su funcionamiento, calló y cayó.

Sucedió que al aparecer en la pantalla del salón en el que la Comisión sesionaba los datos oficiales de la votación en el distrito con cabecera en Tula, Hidalgo, el representante del PARM, uno de los partidos integrantes del Frente Democrático, exhibió el acta firmada por los representantes de todos los partidos, incluido el PRI, con los resultados de la elección presidencial en ese distrito, discrepantes con los presentados oficialmente. En ese momento, por lo que cuenta la historia, los más altos representantes del gobierno en la Comisión hicieron de inmediato consultas con el titular del Ejecutivo y a partir de ello, el sistema oficial de información a los partidos, a los medios y a la opinión pública dejó de funcionar. Por varios días no hubo informaciones oficiales sobre el resultado de las elecciones, faltando así el gobierno al ofrecimiento que con toda formalidad había hecho a los partidos que participaban en la contienda y a la ciudadanía en lo general.

Se hizo entonces evidente que la información había fluido con dos calidades: hacia el país, alterada, de acuerdo al interés del gobierno; hacia cierta parte del gobierno, con absoluta transparencia. Con conocimiento indudable al menos –creo no equivocarme al suponerlo- del jefe del Ejecutivo, del Secretario de Gobernación, Presidente de acuerdo a la ley entonces vigente de la Comisión Federal Electoral, y del Director del Registro Nacional de Electores, funcionaron dos sistemas: uno, que transmitía información –en este caso manipulada, trucada- que se hacía pública; el otro, a cargo del doctor Rolando de Lassé (o quizá los dos sistemas a su cargo), transparente en cuanto a que transmitía la información real, no al público, sino reservada a unos cuantos escogidos del régimen.

Por otra parte, conviene recordar que Miguel de la Madrid en su libro “Cambio de rumbo. Testimonio de una presidencia – 1982-1988”, publicado en 2004, manifiesta que en el momento en el que le reportaron la discrepancia de datos que se presentó en el seno de la Comisión Electoral, fue su decisión suspender la información al público de los resultados electorales. Dice en su texto de la Madrid: “Cuando eso ocurrió se dejó de dar dicha información, pues los funcionarios de los comités distritales se dedicaron de lleno a analizar y computar las casillas que les correspondían, a fin de llegar al resultado oficial”. Para cumplir con la tarea de “analizar y computar” (por no decir manipular) los votos en los distritos, y según el propio de la Madrid, habiéndose hecho los cómputos en 30 000 casillas, se dejó “pendiente el desglose de la información de otras 25 000, de las que sólo se dieron resultados agregados por distrito”, a partir de los cuales instruyó a su Secretario de Gobernación se declarara “el triunfo del PRI”, pues “necesitábamos”, dice en su libro, “darlo por sentado el día 7, ante el peligro de que cundiera la convicción que Cuauhtémoc había ganado en todo el país”. A confesión de parte, dicen los abogados, relevo de pruebas.

Pero veamos qué sucedió: los votos de 25 000 casillas, nada menos que el 45% del total, no se contaron, se inventaron, para darse a conocer “agregados por distrito”, como escribió de la Madrid, lo que dio como resultado tener, en cada distrito, tres cifras: la de los votos de las casillas en las que si se había hecho y se había dado a conocer el conteo de los votos, el total distrital, inventado, y restando de éste la primera cifra, los supuestos votos de las casillas cuyos votos nunca se computaron. En estas últimas casillas, oficialmente, se considera que se depositaron 8 787 719 votos (45.91% de un total oficial de 19 143 012), distribuidos como sigue: 11.98 % (contra 21.38% en las casillas cuyos votos se dieron a conocer desglosados partido por partido y candidato por candidato) para el PAN, 67.57% (contra 35.76) para el PRI y 21.36% (contra 39.4) para los partidos del FDN.

Ahora, si bien es cierto que oficialmente se suspendió el flujo de la información electoral, se tuvieron actas de casillas que los representantes electorales del FDN concentraron en sus partidos, con lo que fue posible conocer cómo se había dado la elección en 30 000 casillas que concentraron el 54.09% de los votos emitidos. Lo votos no contados en 25 000 casillas nunca podrán contarse, pues los paquetes de votos, depositados en la Cámara de Diputados, como se recordará, fueron incinerados por decisión mayoritaria de los integrantes de ese cuerpo varios meses después de la elección.

¿Qué siguió a los resultados oficiales de la elección de 1988 en al caso del FDN? Una intensa movilización que empezó con la gran concentración en el Zócalo del 16 de julio y una serie de recorridos por muy diversas partes del país, hasta el 31 de agosto, para reclamar la limpieza de la elección, tratar de evitar se impusiera el fraude y surgiera de él un gobierno carente de legitimidad.

Llegó después el 1 de septiembre, día en el que se instaló la nueva legislatura, con una mayoría automática o una mayoría subversiva como algún articulista la llamara, con diputados y senadores con legitimidad y diputados y senadores, de hecho, sin mandato popular. Debe decirse al respecto, que con plena conciencia del fraude, se decidió que el Frente Democrático concurriera a los colegios electorales y que se aceptaran los cargos ganados y reconocidos, que fueron conquistas de los ciudadanos y no concesiones del gobierno, y porque se consideró que la presencia de diputados del Frente, al erigirse ya instalada la Cámara en Colegio Electoral, permitiría exigir y participar en el recuento de los votos de todo el país, que tendría que llevarse a cabo, según lo establecía entonces la Ley orgánica del Congreso, para calificar de manera inapelable la elección presidencial, lo que no sucedió cuando llegó ese momento, el 9 de aquel mes, por imposición ilegal de la mayoría, pues se falló la elección presidencial sin cumplir el mandato de contar todos los votos.

Se recurrió entonces, todavía, apelando a lo establecido en el artículo 97 constitucional, a la Suprema Corte, requiriendo su intervención ante las evidentes violaciones a la ley cometidas a lo largo de todo el proceso electoral. Su respuesta negativa constituía el fallo definitivo ante el último recurso del que por ley podía echarse mano.

Pasada la calificación de la elección presidencial, prosiguieron movilizaciones y recorridos para protestar contra el fraude, se convocó a la formación de un partido político y dio inicio el proceso de su organización.

El reclamo del respeto al voto, como vía para la democracia, se constituyó en la demanda política principal y su atropello por parte de las fuerzas del Estado en la constante. La elección federal intermedia de 1991 fue la elección del fraude más sofisticado, instrumentado con todo el poder del Estado. De transparencia, ni hablar: padrones recortados e inflados, credenciales de elector multiplicadas, trampas de todo tipo para asegurar al partido oficial mayoría absoluta, aplicando la famosa cláusula de gobernabilidad entonces vigente en la ley, procediendo el régimen con cierta lenidad hacia la oposición domesticada y ejerciendo mano dura contra el recién nacido PRD, que finalmente no pudo ser aniquilado, como bien lo intentó el gobierno.

La elección federal de 1994 estuvo marcada por el levantamiento zapatista en Chiapas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y, según lo declaró Ernesto Zedillo ya Presidente en alguna visita al extranjero, marcada también por la inequidad, que pudo constatarse, entre otras cuestiones, en el ofensivo y desmedido gasto del gobierno y del partido oficial en la campaña y en que de hecho sólo su candidato presidencial y el propio partido tuvieron acceso y merecieron la atención destacada y desproporcionada de las televisoras.

El error de diciembre forzó cambios. Como válvulas de escape a las tensiones políticas que provocó, se concedió autonomía a la autoridad electoral, el IFE se ciudadanizó y dejó de presidirlo el Secretario de Gobernación, se abrió la posibilidad de elegir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en las campañas de 1997 los medios electrónicos de información, televisión y radio, se abrieron a candidatos y partidos también de la oposición, teniéndose después de muchos años elecciones cuyos resultados resultaron creíbles que no fueron cuestionados, de las que resultó la pérdida de la mayoría absoluta del partido oficial en la Cámara de Diputados, situación que se ha refrendado desde entonces en ambas Cámaras del Congreso, y un gobierno de oposición elegido para el Distrito Federal, situación que también, desde entonces, ha sido refrendada por la ciudadanía. A estas elecciones siguieron otras derrotas del partido oficial en diversos procesos locales y finalmente en el federal del 2000, que dio paso a la alternancia partidaria en el Ejecutivo. Lograr este paso, debe decirse, estuvo sujeto a fuertes presiones externas, ejercidas principalmente al través de organismos financieros internacionales –el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial destacadamente entre ellos- sobre el gobierno mexicano y su Presidente, argumentando, machaconamente, que la alternancia significaría la entrada de México al “primer mundo” y a la “modernidad”, que vale recordar, fueron objetivos centrales de aquella gestión de gobierno, que se propuso alcanzar y reforzar a partir de la conducción de una elección cuyo resultado no fuera posteriormente puesto en duda.

Hasta aquí la historia que he podido vivir más de cerca y ser testigo de muchos de los acontecimientos de esos años. De hechos posteriores y su valoración, otros nos han dado ya cuenta.