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Donde se encuentra hoy nuestra democracia y hacia donde debiera desenvolverse PDF Imprimir Correo electrónico
Miércoles 19 de Mayo de 2010 18:00

Cuauhtémoc Cárdenas

Universidad Panamericana.




Este año se cumplen doscientos y cien años, respectivamente, de los inicios de las luchas por la Independencia y la Revolución Mexicana. Debieran ser aniversarios de gran celebración, de entusiasmo popular, si la realidad actual del país fuera del cumplimiento de las grandes metas de esos movimientos sociales y de avances a partir de los objetivos alcanzados. Desafortunadamente nuestras realidades no están para festejos.

Estos aniversarios deben ser, eso sí, de conmemoración, de revisar en conciencia y a fondo cómo se encuentra el país, cómo está la gente, dónde hay avances y dónde retrocesos, por qué está como está y hacia dónde y cómo debiera orientar su desenvolvimiento.

Es oportunidad para revisar cuáles han sido las contribuciones de nuestros grandes movimientos sociales, en particular para el México que hoy tenemos. Oportunidad también para buscar salidas a la profunda crisis actual, aprovechando los legados y experiencias de los movimientos cuyos inicios estamos rememorando en este año.

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La Independencia nos legó, en primer lugar, la independencia misma, la separación de México de la corona española, y de la independencia surge nuestra nacionalidad, nuestra identidad como mexicanos. Esa misma lucha reivindica el derecho de todo hombre a ser libre y reconoce a todos como iguales, a partir de que Hidalgo decretara la abolición de la esclavitud en Guadalajara, el 29 de noviembre de 1810, principios de los que bien podemos considerar que nace nuestra democracia.

Hidalgo, por otro lado, en su andar revolucionario, empieza a describir una nación soberana y justa, así como un orden internacional equitativo y de paz, cuando plantea la constitución de un congreso cuyas leyes “destierren la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero; fomenten las artes y la industria para que los mexicanos podamos hacer uso libre de las riquísimas tierras de nuestro país”.(1)

“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto…” escribió Morelos como punto 12° de sus “Sentimientos de la Nación”(2) , escrito fundacional, cimiento de nuestro derecho constitucional, que tuvo su primera expresión en el Decreto Constitucional de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814, en el que se declaró formalmente la independencia de la nación y se afirmó que “la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos” (Art. 5°), el que definía a la ley como “la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común” (Art. 18) y explicaba que esa felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consistía “en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad…” (Art. 24)(3) .

De la Independencia nos llega también el espíritu igualitario de nuestra democracia y el principio que la soberanía, que en la colonia radicara en el rey, residiría en lo adelante en el pueblo.

La Reforma, la otra gran lucha libertaria de nuestra historia, que hace poco llegó a su 150 aniversario, logró que la nación se consolidara como tal, y nos legó, como derechos de todo mexicano, las libertades de conciencia y pensamiento, y como gran reforma estructural, la separación de la iglesia y el estado.

De la Revolución Mexicana recibimos estabilidad política y social, que se consolidara con la reforma agraria y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, asentados en la Constitución de 1917, carta precursora, la primera constitución social de los tiempos modernos.

La Revolución recuperó y reafirmó en su Constitución el dominio de la nación sobre su territorio y los recursos naturales; estableció los derechos sociales –a la tierra, para los poblados desposeídos o carentes de tierra; a la huelga, a un salario suficiente y digno, a condiciones de trabajo seguras, para los trabajadores-; fijó el carácter laico de la educación, como garantía de equidad; condicionó las modalidades de la propiedad al interés público; prohibió los monopolios, salvo aquellos que reconoció como instrumentos del estado; y garantizó el pleno ejercicio de las libertades individuales.

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La democracia, tema central de esta plática, ha sido, en nuestra historia, una lucha larga, de altas y bajas, de avances y retrocesos.

Durante el primer siglo de México como nación independiente, la democracia, que en la práctica se expresa principalmente en el terreno electoral y en la igualdad social, quedó relegada a un segundo plano. Fue esa la etapa de consolidación de la nación, etapa de luchas intestinas, de invasiones de ejércitos extranjeros, pérdida de territorio, antes de llegar a la paz, una paz que no lo fue para todos, que no sólo no borró sino que acentuó las injusticias sociales, las que se convirtieron en caldo de cultivo de las nuevas inquietudes populares, que centraron su demanda en la efectividad del sufragio, que negada por la dictadura de entonces, constituyó la chispa que hizo estallar la Revolución.

El siglo XX, en el aspecto político, fue el siglo de la lucha del pueblo mexicano por la efectividad del voto, acompañada siempre del reclamo por la igualdad social.

Enarbolando el lema de “Sufragio efectivo. No reelección” la revolución, encabezada por Francisco I. Madero, derrocó a la larga dictadura porfiriana. Se da así el país un muy corto respiro, en el que tiene lugar la que se ha llamado la elección más limpia en la historia de México, que llevó a Madero a la Presidencia de la República, antes de que se produjera el golpe de la usurpación huertista y se desencadenara un prolongado período de enfrentamiento entre revolucionarios, en el que, a pesar de que las luchas no estaban totalmente apaciguadas, la Revolución plasmó su proyecto de nación en la Carta Constitucional de Querétaro, del 5 de febrero de 1917.

La Revolución, asentada en el poder, comienza la gran tarea de reivindicaciones sociales y de transformación de las estructuras económicas, de construcción institucional y expansión de la educación, de fomento a la cultura y el arte y de destacada presencia internacional. Los beneficios que todo esto fue representando en mejoramiento económico y social, así como en nuevas oportunidades para la gente, al paso que se iba haciendo evidente el progreso material del país, restaron fuerza a las presiones políticas y relegaron a un segundo plano las exigencias populares para hacer efectiva una plena democracia electoral.

En el largo período que va de 1917 o 1920 a 1997, y en particular de 1929, cuando se crea el Partido Nacional Revolucionario y se elige el primer gobierno surgido de él, a 1997, las decisiones electorales tomadas en la cúpula del poder político fueron cualitativamente y en su forma de ejecución distintas a lo largo del período, variaron de una administración a otra, fueron transitando de una apertura relativa a prácticamente tornarse verticales y absolutas. Durante todo el período hubo siempre un árbitro, que tuvo en todo momento la última palabra: el Presidente de la República.

Así, en las sucesiones de 1929, 1933-34 y 1939-40, se dio un juego al interior del partido en el gobierno (Partido Nacional Revolucionario hasta 1938, Partido de la Revolución Mexicana de 38 al 46), en el que participaron integrantes de la cúpula del poder, esto es, miembros del gabinete presidencial o equivalentes; por otro lado, gobernadores, senadores y diputados, las organizaciones afines al gobierno y personalidades principalmente del medio oficial, tomaron posiciones abiertas a favor de los contendientes antes de que hubiera un candidato designado del partido. Es importante registrar que al tomarse posiciones públicas marcando preferencias, se corrían riesgos políticos, principalmente en el sentido de quedar confrontado con quien al final resultara favorecido con la candidatura o el cargo, lo que ya no sucedió o sucedió en un grado mucho menor en la época de los tapados.

Para la sucesión de 1946 (a principios de ese año el Partido de la Revolución Mexicana se transformó en Partido Revolucionario Institucional – PRI), no se llegó a campañas internas como en las sucesiones anteriores, pero se dieron alineamientos abiertos de las fuerzas oficiales a favor de eventuales precandidatos, y entre los candidatos de oposición estuvo un miembro que renunció a su posición en el gabinete presidencial.

En 1952, el candidato del partido oficial surgió de los estira y afloje que se dieron dentro del grupo gobernante, al final, no resultó candidato el aparente favorito del Presidente, quien tuvo de cualquier forma la última palabra. El candidato del gobierno debió enfrentar a un candidato de oposición muy fuerte, surgido del propio medio oficial.

De 1958 hasta el 2000, el período de los tapados, el candidato del PRI fue resultado de una decisión personal, incontestada, tomada en la intimidad y sin que en ningún caso se sepa cuáles fueron las consideraciones hechas por el Presidente de la República en turno para haber tomado la decisión que tomó.

Hace un momento marcaba yo el fin de este período en 1997, y es que en la elección federal intermedia de ese año se produjeron cambios notables en el régimen político del país, de los que hablaré más adelante.

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Los estudiosos de nuestra historia reciente establecen como fecha del estallido de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Sobre el final del proceso hay desacuerdos: están quienes lo fijan en la fecha de la Expropiación Petrolera, el 18 de marzo de 1938, fecha también que consideran el clímax en el ascenso revolucionario; otros consideran ese final al concluir el período de gobierno de Lázaro Cárdenas. Habría que pensar, independientemente de establecer una fecha para fines académicos, que los procesos político-sociales más que terminar abruptamente, entran en períodos de declinación, más cortos o más largos, y yo, simplemente para establecer un acotamiento en tiempo y sin ánimo de discusión, fijaría este período de declinación del proceso revolucionario del final del gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1940, al inicio de las administraciones neoliberales y entreguistas, en 1982.

Todos los gobiernos de 1940 a 1982, se declararon surgidos o identificados en lo político e ideológico con la Revolución Mexicana, independientemente de que al analizar sus gestiones se les pueda considerar más cercanos o más distantes de los principios, objetivos y formas de trabajo generadas por ese movimiento.

El gobierno de Miguel de la Madrid (1982-88) no sólo se negó ya a identificarse públicamente como un gobierno heredero del movimiento revolucionario, sino que comenzó, consciente y sistemáticamente, a destruir la obra, las instituciones, la legislación, que podían considerarse emanados del impulso de la Revolución Mexicana. Los gobiernos que lo han sucedido han dado continuidad a esa tarea.

Esa primera administración neoliberal, además de intensificar el desmantelamiento intencionado de la obra revolucionaria, propició con sus políticas la destrucción de amplios sectores productivos y una muy severa caída en los niveles de vida de la población, generando con ello un fuerte reclamo social para un cambio de régimen político y el que recuperara prioridad en la vida pública, la demanda de efectividad del voto ciudadano.

La gestión de Miguel de la Madrid generó también una fuerte reacción política al interior del régimen mismo, que estuvo representada por el surgimiento de la Corriente Democrática dentro del partido oficial, que planteó recuperar el camino de la Revolución Mexicana con una propuesta democrática y progresista.

Los intereses entreguistas de ese gobierno, resistentes a todo cambio en las políticas neoliberales, condujeron a la mayor fractura sufrida por las fuerzas del régimen del partido de estado a lo largo de su historia. El Frente Democrático Nacional, que agrupara a la oposición progresista en 1988, aglutinó tal fuerza, que su triunfo electoral ha sido reconocido, en su libro autobiográfico, publicado en 2004, nada menos que por quien ordenó la ejecución y encabezó la puesta en práctica del fraude electoral cometido entonces contra el pueblo mexicano: Miguel de la Madrid, el entonces Presidente de la República.

El Frente Democrático Nacional reunió votantes y los votos mayoritarios, pero no logró, en una sociedad que no tenía cultura de organización social y disciplina política, instrumentar las medidas necesarias para impedir, primero, y más tarde para revertir el fraude. Se recurrió a todos los recursos legales que la ley ofrecía; las fuerzas del estado, violentando la ley, arbitrariamente los desecharon todos. No han faltado quienes muy posteriormente hayan declarado que se debió haber recurrido a medios violentos, no constitucionales. El Frente Democrático había estado postulando una lucha pacífica, que contribuyera a la edificación democrática. Nadie planteó y nadie se preparó para tomar otras vías. Llamar, por ejemplo, a la toma de sitios emblemáticos, como el Palacio Nacional, en ocasión de alguna de las grandes concentraciones del Frente en el Zócalo, sólo hubiera producido una gran masacre, un enorme derramamiento de sangre, y lo más probable es que de ahí hubiera surgido un régimen altamente represivo, se hubiera dado una mayor regresión política, y quizá ese régimen represivo y opresivo hubiera sobrevivido por un período no sabemos de qué duración, pero seguramente largo.

La elección de 1988, a pesar del fraude cometido por las fuerzas oficiales, dio certeza a la gente que manteniendo viva la lucha democrática por el sufragio, éste podía llegar a ser, efectivamente, el factor fundamental del cambio democrático.

Las luchas de los pueblos son, la mayoría de las veces, más largas de lo que quienes participan en ellas quisieran, o de lo que esperaban cuando se iniciaron en ellas. Así sucedió en la lucha por el respeto al voto.

Después de las elecciones de 1988, se vivió un largo período de restricciones sociales, impuestas por las políticas neoliberales, en el que tuvo lugar el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la entrada en vigor del Acuerdo de libre comercio de América del Norte, ambos hechos, el 1 de enero de 1994; el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio; la elección de 1994, calificada de inequitativa por quien fue oficialmente reconocido como triunfador en ella, Ernesto Zedillo; hasta llegar al llamado error de diciembre y la profunda crisis económica de 1994-95.

La crisis económica, con graves consecuencias sociales en el disparo del desempleo, la caída de los ingresos familiares y un crecimiento explosivo de la migración de trabajadores hacia los Estados Unidos, generó presiones populares que llevaron al gobierno a buscar válvulas de escape en el terreno político, las que encontró en el otorgamiento de autonomía a la autoridad electoral –el Consejo del IFE se ciudadanizó, dejó de tener representación del Ejecutivo y se retiró el voto a los representantes de los partidos-, se permitió el acceso de la oposición a los medios de comunicación comerciales (televisión y radio), se ampliaron las facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que se transformó en Asamblea Legislativa, y se convocó a elegir por voto universal directo, por primera vez, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Las elecciones de medio período de 1997 marcan un vuelco en la vida política del país. En ellas, el voto ciudadano fue respetado por las autoridades, el partido oficial, esto es, el partido en el gobierno, perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que dio independencia al Legislativo con respecto al Ejecutivo y empezó a hacerse efectiva la separación de poderes. De paso, el gobierno perdió las elecciones en el Distrito Federal, tanto de Jefe de Gobierno como la mayoría de asientos en la Asamblea Legislativa.

La elección del 2000 trajo consigo la alternancia, el cambio de partido político en la conducción del estado, pero a mi juicio, más importante que eso, que lo es y mucho, fue que dio fin al régimen de partido de estado. La relación cualitativa que tuvo el PRI con el Ejecutivo, ya no es la misma que tiene el PAN con el Ejecutivo, desde el 2000 a la fecha. El Presidente, ciertamente, sigue siendo influyente en su partido, lo que es lógico, pero el partido que encabeza el gobierno ya no es una dependencia político-burocrática más de la administración, como lo fue el PRI desde su nacimiento hasta el 2000.

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Las elecciones del 2006 no fueron lo mismo que las de 1988, como algunos lo pretenden, aunque en una y en otra se haya alegado fraude por parte de la oposición.

En 1988, lo decía antes, el fraude está reconocido por quien ordenó su ejecución; el sistema se cayó (y se calló): por varios días se suspendió la información sobre los resultados electorales, para manipularlos; se dieron resultados sólo del 55% de las casillas, los votos del 45% de las casillas restantes -25 000 entonces- nunca se dieron a conocer; la jornada electoral fue sumamente violenta: robo de urnas, quema de votos, votos a favor de la oposición aparecieron en basureros, barrancas, etc., expulsión de representantes de casilla de la oposición a punta de pistola; se impugnaron todas las elecciones: de presidente, diputados y senadores; se impugnaron, en consecuencia, los conteos de los votos; se impugnó la calificación de la elección presidencial; con posterioridad a las elecciones, se incineraron lo paquetes de votos para que nunca pudieran contarse.

A diferencia del 88, en 2006 el flujo de la información electoral no se interrumpió ni se impugnó; la jornada electoral transcurrió con plena tranquilidad; se dio cuenta de los votos de todas las casillas; no hubo reclamo alguno respecto a las elecciones de senadores y diputados; aun cuando los resultados electorales reflejan un porcentaje de voto diferenciado, los votos mayoritarios en las tres elecciones federales –de presidente, senadores y diputados-, si bien con porcentajes distintos aunque cercanos, fueron en los tres casos a favor del mismo partido. El Tribunal Electoral(4) en su dictamen sobre la elección presidencial, señaló que se habían dado intromisiones ilegales del Ejecutivo a favor del candidato presidencial de su partido, las que pusieron en riesgo las elecciones mismas, pero, argumentó el Tribunal de manera totalmente subjetiva, esas intromisiones no modificaron los resultados finales. Una decisión honrada, apegada a derecho por parte del Tribunal, debió haber sido la anulación de por lo menos la elección presidencial.

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Pero decía que la democracia no se expresa sólo en lo electoral. Un verdadero ejercicio democrático debe reflejarse también en el mejoramiento económico y social de la población y en la reducción real de la desigualdad al interior de la sociedad.

México es hoy un país sumamente desigual. Si se compara el 10% de la población con ingresos mayores, con el 10% de la población con los ingresos más reducidos, los primeros reciben 24.6 veces más que los segundos; ahora bien, si comparamos el 1% de los hogares con los ingresos más altos, con el 1% con los ingresos más bajos, que concentran respectivamente 9.2% contra 0.07% del PIB, la diferencia es de 131.43 veces.

La desigualdad está dejando ver lo injusto de nuestro sistema, lo que es ya de por sí grave, pero la desigualdad, en este caso la concentración de la riqueza en grupos cada vez más reducidos, además, está dificultando el combate a la pobreza y disminuyendo la capacidad de crecimiento de la economía.

La pobreza en el país alcanza al 77.2% de la población total, más de 82 millones de habitantes, de los cuales puede estimarse que 11.2 millones, el 10.5%, se encuentran en condiciones de pobreza extrema, 36 millones (33.7%) sufren pobreza multidimensional y 35.2 millones (33%) son personas vulnerables por algunas carencias sociales, como el no tener acceso a la seguridad social, condición que afecta al 64.9% de la población nacional, no tener acceso a servicios de salud (40.7%) o por padecer insuficiencia alimentaria (21.6% del total de los mexicanos).

Los deterioros sociales más graves se han tenido durante los gobiernos neoliberales, de 1982 a la fecha. De la década de los años treinta a los ochenta, la pobreza había logrado reducirse del 80 al 40%. Con el neoliberalismo, la población en condiciones de pobreza (sólo la llamada multidimensional) pasó del 40 al 50%, debiendo señalarse que en lo que va de esta administración, el número de pobres en el país se ha incrementado en 6 millones.

Las administraciones neoliberales, además, han sido incapaces para generar tanto crecimiento económico como empleo formal.

De 1934 a 1982 la economía mexicana creció en promedio poco más del 6% anual con respecto al PIB; de 1982 al 2000 el crecimiento cayó al 2.6% anual y el desplome absoluto ha venido del 2000 en adelante, período en el que el crecimiento anual promedio que registra la economía apenas alcanza el 0.4%(5) (con una caída de -6.8% en 2009).

Oficialmente existe en el país un desempleo abierto del 4.9% de la población económicamente activa(6) (2 337 000 personas), cifra que como dijera el 5 de noviembre de 1992 Felipe Calderón, refiriéndose a la correspondiente cifra oficial de aquella fecha, es ridícula, porque “no considera el desempleo en el sector rural (y podemos agregar hoy, ni en ningún otro sector); porque sólo se limita a muestreos en las principales zonas urbanas del país; porque considera como trabajador a quien trabaja sin remuneración; considera como empleado a quien trabaja a la semana por lo menos una hora; porque considera como empleado a quien tiene la certeza o la creencia de conseguir empleo en un mes”(7) .

A la desocupación abierta del 4.9% de la PEA hay que agregar 9.3% más del subempleo (4.4 millones de trabajadores), 27% de informales (12.6 millones) y 6.8% de personas que trabajan sin recibir ingreso alguno (3.2 millones – generalmente parientes en alguna empresa familiar)(8) , lo que da un total de 23 millones de personas carentes de empleo formal, 43% de la población económicamente activa.

La incapacidad del sistema económico –y fundamentalmente del gobierno- para crear empleos formales, se observa en que en el balance que resulta de relacionar el incremento de la población económicamente activa con el empleo formal, el informal y el desempleo, en el período 2000-2009, sólo el 1.5% del incremento de la PEA obtuvo ocupación formal(9) .

Respecto al salario, puede decirse lo mismo que del crecimiento o el empleo: en una revisión de los años treinta a la fecha, el salario mínimo más alto se alcanzó en 1976 (se le estima un índice del 97, de un 100 nunca alcanzado); en la década de los treinta ese índice fue de 37, para el período 82-88 se estimaba en 64; para esta administración se estima que no rebasa 17, es decir, hoy se tiene un salario mínimo con un poder adquisitivo de menos de la mitad del que tenía ochenta años atrás, la cuarta parte de lo que representaba en los primeros años del neoliberalismo y menos de una quinta parte del máximo alcanzado. Ese es el nivel del deterioro social en el país.

A todo esto agreguemos la inseguridad, la violencia, la corrupción, el narcotráfico y la muy diversificada delincuencia organizada que azotan por todas partes.

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A partir de los datos anteriores puede tenerse una visión muy general de cómo ha evolucionado nuestra democracia en el cumplimiento de sus objetivos fundamentales, así como de la situación en la que actualmente se encuentra.

La lucha política por el respeto al voto se intensifica y cobra fuerza de 1988 a 1997, cuando en la elección federal intermedia se alcanzan, entre otros logros, la separación en términos reales del Ejecutivo y el Legislativo, y la ciudadanización y autonomía de la autoridad electoral.

Pero ¿qué podemos considerar que falta aun en materia electoral? Se está hablando de candidaturas independientes, de una segunda vuelta en la elección presidencial, de reelección de legisladores, etc., pero no se está hablando, al menos no en los partidos políticos y en sus bancadas legislativas, del dinero como el factor decisivo en la definición de los procesos electorales, como se ha visto que lo ha sido de manera principal en las elecciones federales del 2000, 2006 y 2009.

¿Cómo poner remedio a esta situación? La respuesta es simple: generando las iniciativas de ley necesarias para que los tiempos a los que tienen acceso los partidos en los medios electrónicos de comunicación, principalmente en la televisión, por ley, no puedan comercializarse y sean asignados a los partidos por el estado, mediante un procedimiento que resulte equitativo, como los que existen en muchas legislaciones europeas y sudamericanas, sin costo para los partidos, y que ese acceso se limite a los tiempos oficiales de campaña. En ningún otro momento, partidos o candidatos, debieran tener acceso a los medios electrónicos para hacer propaganda electoral. Y esta medida debiera complementarse, viendo lo que ha estado sucediendo, sobre todo recientemente, con la prohibición para que en la publicidad de gobiernos, estatales o federal, aparecieran imágenes de funcionarios que se encuentren en ejercicio de su cargo. Esa sería la verdadera reforma electoral que está haciendo falta en el país.

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Para revertir el deterioro social y avanzar en el alcance de la igualdad social, desde mi punto de vista, más que otra cosa, se requiere crear los empleos en número tal que satisfagan plenamente la demanda de trabajo, para lo cual es indispensable que la economía crezca, de manera sostenida, en el largo plazo.

Un primer paso en ese sentido sería la instrumentación de una reforma fiscal que aporte los recursos suficientes para invertir en el desarrollo.

No puede ser una reforma surgida de la improvisación, parcial o incompleta como han sido todas las recientes y debe ser una reforma aceptada por la gran mayoría de la población, por lo que, para darle fuerza y apoyo político, habría que plantear esta reforma como una reforma articuladora de otras reformas. Habría que decir, en primer lugar, que si una reforma fiscal va a demandar un mayor pago de impuestos por parte de la población, aunque se visualice como una reforma que obtenga la masa principal de recursos de aquellos sectores que mayores ingresos reciben y libere de cargas impositivas a los grupos de ingresos más bajos, debe haber contraprestaciones para el conjunto de la población, que en principio podrían estar en la reforma de la seguridad social (atención a la salud, seguro de desempleo, pensión de retiro), volviéndola universal y desvinculada de la nómina, consecuentemente a cargo del presupuesto del estado, así como en la legislación que provea al ciudadano de los mecanismos para hacer exigible ante el estado el ejercicio de los derechos ya reconocidos en la Constitución (al trabajo, la salud, la vivienda).

Por otro lado, una política de desarrollo a realizarse en el largo plazo para ser eficaz en las condiciones en las que hoy se encuentra el país, tiene como condiciones, además de ser ambientalmente sustentable, reconstruir institucionalmente al estado, poner en práctica un verdadero sistema de planeación, hacer más equitativas nuestras relaciones internacionales y sanear la vida pública, es decir, erradicar la corrupción dentro y fuera de la administración y combatir con eficiencia la delincuencia en todas sus manifestaciones.

La reconstrucción institucional del estado quiere decir, fundamentalmente, dotar al estado de los instrumentos necesarios para fomentar y sustentar el crecimiento de la economía y para dar atención a los problemas sociales.

El neoliberalismo acabó con la banca de fomento y en los hechos también con la banca comercial. Hoy se requieren instrumentos efectivos de financiamiento, orientados por el estado en la búsqueda del crecimiento económico y el beneficio general, para la industria y la agricultura, y una mayor eficacia en la promoción del comercio exterior. Hacen falta, por otro lado, bancos comerciales que cumplan su función primordial, que es la de otorgar crédito a las actividades productivas. La banca extranjerizada no está cumpliendo con esa función.

Es necesario restablecer los servicios de asistencia técnica al campo, suprimidos por la administración en los años 90, cuando también se decía que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial. Para integrar con racionalidad las cadenas productivas, para aprovechar los muy variados recursos naturales de los que dispone el país, para obtener ventajas científicas y económicas de la rica biodiversidad con la que se cuenta, para desarrollar las diferentes regiones y racionalizar el desarrollo de nuestras áreas metropolitanas en la búsqueda de calidades de desarrollo equivalentes en todo el país, son necesarios planes y programas a realizar en el largo plazo, a partir de un esquema de planeación que permita una mejor utilización de todos los recursos del país, empezando por los humanos y financieros.

La educación debe verse no sólo como un elemento indispensable de equidad social, sino también como un factor decisivo de crecimiento económico, por lo que es necesario incorporar las más altas calidades al sistema educativo y garantizar acceso y permanencia en él a todo aquel que vaya cumpliendo los requisitos académicos, desde la enseñanza elemental hasta la superior y los postgrados.

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Durante la época de ascenso revolucionario y al impulso de éste, México ganó una importante presencia internacional, que las políticas de subordinación y entreguismo lo han hecho perder.

Hacia mediados de los años 70, a iniciativa del gobierno mexicano, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Carta de derechos y deberes económicos de los estados, que contó con los votos de prácticamente todos los miembros de la organización, menos los de aquellos países más desarrollados, unos diez, que practican políticas de dominación hegemónica. Aun está pendiente el que se dé vigencia efectiva a esta Carta.

El 1 de enero de 1994, en el momento mismo en que estallaba la rebelión zapatista en Chiapas, entró en vigor el Acuerdo de libre comercio de América del Norte. Ese acuerdo ya dio todo lo que podía dar. Multiplicó ciertamente las exportaciones mexicanas e hizo crecer substancialmente la industria maquiladora, pero al mismo tiempo, al ser omiso el gobierno mexicano para preparar a nuestra economía para desarrollarse en las nuevas condiciones impuestas por el ALCAN, se perdió dinamismo en el crecimiento y se provocó una gran incapacidad para la creación de fuentes de ocupación, se produjo una severa caída en la agricultura en vastas zonas del país, se generó un creciente éxodo de trabajadores hacia los Estados Unidos, que no cesa a pesar de la crisis en curso, y ha sido causa del desmantelamiento y práctica desaparición de sectores importantes de la industria, como la pequeña y mediana en lo general, la de fertilizantes, áreas de la petroquímica y diversas manufacturas.

Un dato ilustrativo al respecto, es que en 1983, diez años antes de la firma del acuerdo e inicio de las administraciones neoliberales, el contenido nacional –materias primas, mano de obra, servicios, partes, componentes, etc.- de las exportaciones, era del orden del 88%, hoy difícilmente alcanza el 20%, lo que muestra el grado de desindustrialización que se provocó, ante la indiferencia e irresponsabilidad, por una parte, y el entreguismo, por la otra, de los últimos gobiernos.

Prácticamente desde que se firmó y entró en vigor el acuerdo, diversos sectores productivos y de servicios han estado demandando su revisión. Hoy lo procedente sería plantear un tratado complementario, un addendum al ya suscrito, mediante el cual se considerara la utilización de instrumentos, como los llamados fondos compensatorios, que tuvieran como objetivo prioritario la reducción, hasta la eliminación, de las asimetrías económicas hoy existentes entre los tres países signatarios del acuerdo, así como la suscripción de un compromiso social, en el que se establecieran los plazos para alcanzar condiciones de trabajo equivalentes (salarios, sistema de seguridad social, etc.) para los trabajadores de los tres países, el que tendría que considerar en su momento el libre tránsito no sólo de mercancías, como está ya aceptado, sino también de personas y particularmente de trabajadores.

De aceptarse estas ideas, se estarían dando pasos importantes para dar una solución integral a los problemas socioeconómicos de los tres países de América del Norte y en particular a los problemas que comparten México y los Estados Unidos, entre los que se incluye, de manera destacada, el de la migración, pues se estaría atendiendo la creación de empleos formales en México para los demandantes de trabajo en el país, se estaría reconociendo la contribución valiosa de los migrantes al progreso de los Estados Unidos y se estarían cabalmente reconociendo y protegiendo los derechos laborales y ciudadanos de los trabajadores migrantes en el país vecino.

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Como vemos, se han tenido avances, que no deben desestimarse, en nuestra democracia electoral, aun por mejorarse; pero en materia de equidad social, la otra componente básica de la democracia e igualmente objetivo central de nuestras grandes luchas populares, con la renuncia del estado a sus responsabilidades sociales, no sólo no ha habido avances en las últimas décadas, sino que se han sufrido severos retrocesos. Hacer avanzar a nuestra democracia en estas sus dos componentes básicas, constituye compromiso ineludible de las generaciones actuales.

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Gracias, de nuevo, a la Universidad Panamericana, por haberme permitido estar esta tarde con ustedes.
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(1)Agustín Cue Cánovas: “Historia social y económica de México”. Editorial F. Trillas, S. A. México 1967.

(2)José María Morelos y Pavón: “Sentimientos de la Nación” en “Manuscrito Cárdenas”. Instituto Mexicano del Seguro Social. México. 1980.



(3)“Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana” en “México a través de los siglos”. Obra única en su género publicada bajo la dirección del general don Vicente Riva Palacio. México/Ballescá y Comp. Editores. Barcelona/Espasa y Comp. Editores.


(4)Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



(5)Ricardo Carrillo Arronte: “Hacia la reforma económica para revitalizar el proyecto nacional”. Colegio Nacional de Economistas. Querétaro, Qro., 19 de febrero de 2010.



(6)“Milenio”. México, D. F., 12 de mayo del 2010.



(7)Carlos Fernández Vega: “México, S. A.”. “La Jornada”. México, D. F., 15 de marzo de 2010.



(8)Carlos Fernández Vega: “México, S. A…



(9)Ricardo Carrillo Arronte: “Hacia…