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Televisión abierta: evolución a un mercado en competencia PDF Imprimir Correo electrónico
Jueves 07 de Abril de 2011 18:00

Cuauhtémoc Cárdenas

Primer Foro de debate sobre comunicaciones:
“Televisión abierta: evolución a un mercado en competencia”.
Escuela Libre de Derecho.


Agradezco la invitación, que mucho me honra, para participar en la Escuela Libre de Derecho, en este 1er. Foro de debate sobre comunicaciones, dedicado en particular a discutir sobre la evolución del mercado de la televisión abierta, en esta época en que están teniendo lugar, por todo el mundo, importantes cambios tecnológicos en este campo, en momentos, por otro lado, en que es preciso dar nuevos impulsos a nuestro proceso de democratización, aún incompleto en partes esenciales, como son, entre otras, justamente, las de la comunicación y los accesos y alcances de la información.

Vivimos la llamada Era de la Información. Los avances en la tecnología, pensando sólo en este punto, están imponiendo, y ahora con mayor rapidez que en ninguna otra época pasada, cambios en las relaciones sociales, económicas y políticas, y abren oportunidades al conocimiento y al progreso antes inimaginables.

Hasta hace pocos años, la radio, el cine, la televisión, la telefonía, el internet, esto es, la transmisión de voz, audio, video y datos, se manejaban con técnicas diferentes y estaban regulados por normas también diferentes. En todos los sentidos y para todo efecto, se les consideraba distintos uno del otro.

Hoy, los avances tecnológicos hacen que de hecho constituyan una y la misma cosa, que su manejo sea al través de un mismo medio –redes o el espacio radioeléctrico- y que así, la información, por uno de esos medios, se vuelva accesible en cualquiera de las formas en que se le quiera enviar o recibir: voz, audio, video, datos, por lo que se hace necesario revisar las normas mediante las cuales el Estado regula su transmisión y accesibilidad.

No querer, resistirse a entender o desentenderse conscientemente, que me parece es lo que está sucediendo en los círculos oficiales, que hoy todas esas formas de mandar y recibir información, que se habían venido considerando distintas para todo fin práctico, se transmiten por las mismas redes o por los mismos espacios, está retrasando el avance tecnológico del país, como nación nos está haciendo perder oportunidades económicas y sociales, así como competitividad en el mundo globalizado, e impidiendo que la población cuente con servicios de mejor calidad y más amplia cobertura.

El acceso a la información, la posibilidad de recibir información por las distintas formas en que ésta se transmite, además de una contribución importante y bien puede decirse, hoy, de una necesidad para el desarrollo de prácticamente todos los aspectos de la vida individual, en sociedad, política, económica, de le educación y acceso al conocimiento -entendidos como derechos-, etc., se ha convertido también en una condición de democracia.

En este Foro se ha discutido sobre el apagón analógico, es decir, la transición tecnológica que representa pasar de la comunicación analógica a la comunicación digital, un tema de la máxima importancia para presente y futuro de México y los mexicanos. En los países tecnológicamente más avanzados, ese cambio ya está teniendo lugar: en Estados Unidos concluyó en el 2009, en Europa al año siguiente, en Brasil se prevé ocurra en 2016 y en México se preveía tuviera lugar en el 2021, aunque el titular del Ejecutivo anunció que se adelantaría al 2015, lo que provocó que se suscitara una controversia y una intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiendo, hasta emitir resolución definitiva, la ejecución del Decreto Presidencial del 2 de diciembre del 2010, dejando por ahora como fecha de este cambio el 2021.

Conviene al país, sin duda, adelantar lo más posible el apagón analógico. Al llevarlo a cabo se multiplicarán los espacios de la comunicación y las posibilidades para que ésta se diversifique. Donde hoy existe un canal de televisión, habrá muchos más (en radio sucederá lo mismo). Donde hoy existe una concesión del Estado para transmitir por un canal de televisión abierta, habrá muchas más. Habrá más capacidad para informar, más variedad también en la información que reciba la sociedad.

En función de estos hechos, se plantean varios problemas que requieren buen manejo y mejor solución, entre ellos dos que me parecen de gran importancia: uno, pasar de la transmisión analógica a la digital, que exige que cada televisor en operación se complemente con un decodificador –los nuevos ya vendrán debidamente equipados-, y habrá que resolver quien carga con la inversión de instalar un decodificador en cada televisor en operación; el otro, si un canal analógico se va a desdoblar en muchos canales digitales, habrá que decidir si la concesión de un canal analógico nada tiene que ver con la digitalización, si debe trasladarse a una concesión de un canal digital, dejando libres los demás para nuevas concesiones que el Estado otorgue, o si la multiplicación de canales (por 4, por 18, de acuerdo a la calidad de la transmisión, según entiendo), significa en automático la multiplicación de concesiones para quien ya detenta una analógica. Este punto, en particular, debiera dar paso a un gran debate nacional, para darle así una solución que resulte tanto equitativa como democrática.

En relación a los decodificadores, podría pensarse con racionalidad, que el reconocimiento de concesiones ya existentes en el espacio analógico, se trasladara en igual cantidad –esto es, una a una- en el digital, y se considerara, en los términos de la concesión en el nuevo espacio digital, que los concesionarios asumieran los costos de estos equipos, contando para ello con un crédito de largo plazo otorgado por el gobierno federal. No sería complicado instrumentar un mecanismo para llevar a cabo esta tarea. Se estima que un decodificador tiene un costo que hoy puede variar entre 200 y 500 pesos; en el país, según el último Censo de Población, existen 26 millones de viviendas que disponen de televisión; dotar a cada una con un decodificador representaría una erogación entre 5 y 13 mil millones de pesos, cifras que respectivamente representan 0.145 y 0.378% del presupuesto de egresos de la Federación para el 2011 (9.5 y 25 cienmilésimos del PIB de 2010), tarea e inversión que sin duda podrían ejecutarse en un periodo de muy pocos años.

Respecto al segundo caso, habría que revisar si fue válido –éticamente, desde luego que no- que la administración anterior, de Vicente Fox, otorgara, previendo el apagón analógico, los llamados canales espejo, dejando vivas las concesiones de televisión abierta hasta el año 2021 y otorgando a esos concesionarios de hecho las concesiones de los canales de televisión digital en que se desdoblarían los canales que actualmente tienen en concesión, multiplicados por dos, es decir, el concesionario analógico que hoy cuenta con una concesión, dispone de hecho ya de dos –la analógica y la espejo-, que al desdoblarse como digitales se convertirán en alrededor de 36 canales que les quedarían concesionados en lo digital, lo cual, me parece, si así quedara, sería una barbaridad o más bien debe interpretarse como un acto de gran corrupción y como un gran daño al país y a la sociedad.

Esta medida, de mantenerse vigente, acentuará la monopolización de los espacios televisivos, bloqueando o casi cancelando las posibilidades de competencia comercial y de toda clase de competencia en el sector, con seguridad al menos hasta el 2021, además de retrasar por quien sabe cuánto tiempo el avance tecnológico del país no sólo en el sector de la comunicación, sino en todos los sectores en los que la transmisión de información en formatos múltiples resulta vital.

En la actualidad existe un conflicto de intereses, del que los medios informativos dan cuenta todos los días, entre la telefónica más importante y las principales televisoras abiertas de cobertura nacional, que tiene que ver con los problemas de la transición tecnológica:

La tecnología permite, sin problemas mayores, que la empresa telefónica preste los servicios de televisión e internet, y que las televisoras den el de telefonía. ¿Por qué no lo hacen? En relación a Telmex, porque su título de concesión le prohíbe prestar el servicio de televisión. En el caso de las televisoras, porque, ante la falta de competencia y la consecuente falta de necesidad, no han modernizado sus equipos, no se han modernizado en sus tecnologías y han estado incursionando en el mercado de la telefonía asociándose o adquiriendo televisoras por cable, que ya prestan o pueden prestar el servicio de telefonía, y adquiriendo participaciones en servicios de telefonía móvil.

La solución de fondo a ese conflicto entre particulares, está obligado a darla el Estado. Parte del conflicto se origina en que las normas que rigen la prestación de esos servicios, no consideran que los avances tecnológicos han abierto ya la posibilidad que el medio por el que se presta uno de los servicios, se aproveche también para la prestación de otros. Otro problema: que ante la pasividad o complicidad del Estado, intereses creados han logrado que no se revise y modifique la legislación vigente en la materia, manteniendo sin cambio la situación monopólica que les favorece.

El Estado, por otro lado, si fuera responsable, que hoy no lo es, tendría la obligación de aprovechar todo adelanto tecnológico para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social, por lo que si un mismo medio sirve para transmitir información en varias formas, ese medio debieran aprovecharse de manera óptima y lo más pronto posible, y consecuentemente, el Estado debiera tomar ya la iniciativa de remover todo tipo de obstáculos, legales o materiales, para que pueda llevarse a cabo la transición digital.

Además, en una economía de mercado como es la nuestra, el Estado tiene la obligación de intervenir para combatir los monopolios y garantizar una competencia en condiciones de equidad, quedando claro que el número de concesiones para transmitir información –que debieran todas permitir la prestación de los servicios de televisión, internet y telefonía, es decir, el servicio convergente o triple play- está limitado por el número de canales concesionables. Así ha sido en el caso de la comunicación analógica y así seguirá siendo en el caso de la digital.

Pero no debe perderse de vista, insisto en ello, que al pasar de la transmisión analógica a la digital, se va a multiplicar de manera muy importante el número de canales disponibles, que éstos no deben quedar monopolizados, y que se abre la oportunidad para que cuenten con televisoras las universidades públicas en todas las entidades del país, que existan canales comunitarios, canales para las grandes instituciones de la cultura y la investigación, canales del Estado, así como nuevas cadenas comerciales por todo el país.

Los legisladores que interpusieron un recurso ante la Suprema Corte cuestionando las facultades del Ejecutivo para adelantar el apagón analógico, procedieron seguramente con razón. Pero su intervención no debe limitarse a lo ya hecho, que deja como fecha del apagón el 2021, si en ese sentido fuera la resolución definitiva de la Corte, pues de suceder así, el mercado de la televisión abierta quedaría, al menos hasta el 2021, monopolizado por los concesionarios actuales y seguiría el país retrasado por el rezago tecnológico.

El Congreso debiera legislar para adelantar lo más posible el apagón analógico, revisando en su caso las facultades del Ejecutivo y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para evitar confusiones o invasiones indebidas de facultades en el futuro. Pero debe haber conciencia que mientras más pronto se dé el cambio de la transmisión analógica a la digital, mejores servicios de información tendrá la población y mejores condiciones habrá para el avance social y el fomento de la economía.

En una perspectiva más amplia, debiera pensarse en expedir una Ley de las Comunicaciones Electrónicas, para actualizar la legislación en la materia y substituir total o parcialmente las leyes Federal de Telecomunicaciones, de Radio y Televisión, de Competencia Económica, Federal de Cinematografía, entre otras. Esa nueva ley debiera tener como propósitos fomentar la inversión, la diversificación y desarrollo de la nueva comunicación, impidiendo su concentración monopólica tanto por tipo de medio –televisión o radio- como desde el punto de vista territorial, y garantizando, entre otros, el derecho de todo habitante del país a tener acceso a la banda ancha, así como creando los incentivos para que el inversionista privado, el prestador de servicios del sector social y el mismo Estado amplíen su cobertura a áreas hasta ahora no servidas del territorio nacional.

Por otro lado, esa ley debiera garantizar que independientemente del medio material –cable, inalámbrico o satelital-, la transmisión pueda llevarse a cabo en cualquiera de sus formatos: voz, audio, video y datos; y que las interconexiones entre sistemas de distintos concesionarios puedan realizarse en cualquier punto de sus redes, asegurando condiciones de equidad en la relación económica entre concesionarios comerciales y entre éstos y prestadores de estos servicios del sector social.

La diversificación de la información por la vía del otorgamiento de nuevas concesiones de televisión abierta, ha sido una vieja y legítima demanda de los sectores democráticos. En las actuales condiciones es posible, técnicamente, que se otorgaran las concesiones para dos nuevas cadenas, lo que debiera hacerse ya. Con la digitalización, muchos más canales de televisión abierta estarán disponibles, tanto para cadenas comerciales como para canales públicos, universitarios, comunitarios, regionales, etc., y ese incremento de posibilidades deberá manejarse para beneficio de la sociedad y progreso del país.

En fin, estas son algunas ideas que espero sean de utilidad para contar a la brevedad posible con una comunicación de punta en materia tecnológica, más útil para una sociedad mejor informada y con mayores capacidades para la promoción del crecimiento de nuestra economía y de su propio bienestar.