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Viendo hacia adelante: un camino democrático y progresista para México PDF Imprimir Correo electrónico
Miércoles 24 de Mayo de 2006 18:00

 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

 

Vivimos tiempos de cambio. Estamos cerca ya de la elección en la que se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nación. La gran mayoría de los mexicanos atraviesan desde hace un cuarto de siglo por una situación de estrechez extrema. Se vive una crisis institucional. La transición a una democracia plena, igualitaria y de efectiva participación social, emite señales débiles y disparejas. Hay descontento, incertidumbre, escepticismo y desánimo en la ciudadanía, que no se siente representada por nadie.

 

Las campañas electorales para renovar el Ejecutivo y el Legislativo federales están desplegándose por todo el país. Se nos convoca reiteradamente al voto para el próximo 2 de julio, sin embargo por ningún lado se ven las propuestas de los candidatos y los partidos, no se conocen, en consecuencia, sus compromisos con la gente y con la nación, y lo que principalmente encuentra el ciudadano son las descalificaciones que se hacen unos a otros, frivolidades y, en el mejor de los casos, buenos deseos, pues nadie nos dice con qué medios se alcanzarán los objetivos con los que se nos trata de atraer.

 

 

Hoy no se discuten programas, se menosprecian las ideologías, se pasa de un partido a otro sin deslindes ni explicaciones de conductas y agravios del pasado, los principios no constituyen compromiso ni parece sean para observase, priva el oportunismo y la única lealtad momentánea es al posible cargo, a la posible ubre.

 

Es necesario insistir en que hay que pensar y discutir el país que queremos, por encima de todo y antes que nada. Hay que cambiar radicalmente la forma de hacer política y subordinarla a un proyecto de país, no a la simple ambición de poder o a la toma coyuntural de decisiones.

 

Debe tenerse presente que ningún sector de la población podrá alcanzar su realización particular si no lo hace como parte de una amplia pluralidad e impulsando, al tiempo que las propias, las aspiraciones de la colectividad.

 

Será importante después del 2 de julio, cualesquiera que sean los resultados de la elección, lograr el compromiso de los principales actores políticos del país en torno a cómo incentivar y acelerar la transición a un proceso de mejoramiento sostenido para México y los mexicanos, que debe darse en el replanteamiento del pacto federal, el consecuente surgimiento de una norma constitucional y una reforma de las instituciones del Estado que respondan a las exigencias del siglo XXI, la democratización y transparencia de las prácticas políticas, en sentar bases sólidas para garantizar un crecimiento económico que se mantenga en el largo plazo y en el mejoramiento constante de las condiciones de vida de la población.

 

Quisiéramos que de las propuestas de gobierno en juego en esta próxima elección pudiera vislumbrarse –no se ve por ninguna parte- la garantía de la vigencia efectiva de un Estado de derecho, prácticas democráticas en la vida pública, respeto a las diferencias, el esfuerzo por una inserción con equidad de México en el mundo globalizado, así como progreso económico y mejoramiento social para el conjunto de la población.

 

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Entre las cuestiones fundamentales que hoy no se están discutiendo en el ir y venir de las campañas, están las siguientes:

 

La continuidad de la reforma electoral, que a pesar de los muchos cambios a la legislación correspondiente, se ha quedado inconclusa. La gente reclama reducir y transparentar los gastos de las campañas; reclama se llame a las cosas por su nombre, empezando porque las supuestas precampañas se reconozcan como campañas en la ley y en los cómputos de gastos y tiempos electorales; reclama abrir la posibilidad de candidaturas ciudadanas que no tengan que pasar necesariamente por la aprobación y gestión de los partidos políticos; facilitar el registro de nuevos partidos políticos, sin que el registro represente acceso automático a la asignación de dineros públicos; restituir en la ley la figura de las candidaturas comunes; reunir en no más de dos momentos dentro de un sexenio, los procesos electorales federales, estatales y municipales.

 

En materia de reforma electoral, la medida más efectiva, aquella donde se encuentra una primera respuesta a las exigencias populares, esto es, la reforma más de fondo, se encuentra en hacer equitativos los tiempos, durante los procesos electorales, en los que partidos y candidatos tengan acceso a los medios electrónicos de comunicación, así como en acotar los tiempos en los que pueda hacerse propaganda dirigida al público. Para ello debe establecerse en la ley que las duraciones de las campañas oficiales no rebasen, por ejemplo, los noventa días en el caso de una campaña presidencial, y que tal como sucede en los países con democracias más avanzadas que la nuestra, se prohiba a partidos y candidatos comprar tiempos en los medios electrónicos –televisión y radio comerciales- y que éstos sean asignados por la autoridad electoral de manera equitativa, para que no sea el gasto mayor o menor en la compra de tiempos lo que determine la mayor o menor presencia de las alternativas electorales que se ofrezcan a la ciudadanía al través de esos medios. Así se tendrían campañas equitativas y se lograría una reducción substancial de los tiempos y las erogaciones públicas –y en su caso privadas- en las campañas electorales.

 

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Por otro lado y también en relación con la cuestión electoral, debe legislarse para prohibir que en las informaciones que dan las dependencias oficiales al través de los medios de comunicación a la opinión pública –televisión, radio, prensa escrita- aparezcan imágenes y nombres de funcionarios, que si bien pudieron haber participado en la promoción o ejecución de algún programa o proyecto público, no hicieron sino cumplir con su obligación y en su caso, con un mandato ciudadano, pues fue en las precampañas irritante y ofensivo ver cómo candidatos o precandidatos de los tres partidos de mayor presencia nacional, despilfarraron a lo largo del sexenio y hasta que dejaron sus cargos, dineros públicos para su personal promoción político-electoral.

 

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Reformar la recientemente aprobada Ley de radio y televisión, recuperando para el Ejecutivo la capacidad de normar la operación de los medios de información electrónicos con sentido de servicio público y de equidad, abriendo las posibilidades, a partir de los avances tecnológicos en la materia, de otorgar nuevas concesiones a instituciones de educación superior, gobiernos estatales y municipales, organizaciones culturales y comunitarias y sociedades comerciales sin vínculos con los medios ya en operación.

 

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Convocar a la revisión, con sentido y procedimientos democráticos, de las bases y los términos de nuestro pacto federal. De esa revisión surgirá la nueva Constitución que contenga la estructura y competencias de la Federación, los estados, los municipios y de los tres poderes de la Unión, que considere los derechos ya ganados por los mexicanos, sus nuevos derechos y los procedimientos para que el ciudadano o las colectividades hagan exigible su ejercicio frente al Estado, que esté concebida visualizando la presencia de nuestro país en el mundo globalizado, que establezca los cauces para el tránsito de una democracia representativa plena, aun por alcanzarse, a una democracia de amplia participación social, así como los mecanismos de consulta ciudadana, iniciativa popular y de revocación de los mandatos, entre otras cuestiones.

 

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Del debate constitucional deberá surgir un Poder Ejecutivo más eficiente en el cumplimiento de sus funciones, mejor coordinado con los otros poderes y más democrático en sus mecanismos de toma de decisiones, como pudiera ser un régimen presidencial en el que se mantenga el Presidente de la República como Jefe del Estado y se cuente además con un Jefe de Gobierno, designado con la aprobación del Congreso, responsable ante este cuerpo, al que debiera dotarse de facultades para removerlo, al igual que a los secretarios de Estado, responsable además, de coordinar al gabinete y de llevar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que con este nuevo régimen estarían en los hechos gobernando con una coordinación realmente eficaz.

 

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Un tema que ha sido recurrente en la discusión política desde hace tiempo, es el de la reelección, que en su momento tendría que discutirse a fondo, al replantearse el pacto federal y llevarse a cabo el debate constitucional. Existe ya consenso relativamente amplio en distintas corrientes del pensamiento político respecto a la conveniencia de abrir las posibilidades de reelección tanto de legisladores como de autoridades municipales –y, en el caso de éstas, inclusive de considerar las posibilidades de ampliar su mandato-.

 

No pueden sin embargo desestimarse los temores de algunos sectores de que se produjera una grave regresión política de llegarse a un régimen de reelección absoluta, ni olvidarse de nuestras experiencias históricas. Considerando además, que si bien la reforma que permita la reelección puede ser de gran importancia para elevar la calidad de la vida legislativa y para dar continuidad y eficiencia a la gestión municipal, habría que precaverse respecto a posibles pretensiones para extender esos mecanismos y posibilidades al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos estatales en una democracia aun en consolidación como es la nuestra, por lo que independientemente de que durante la próxima administración se presenten al Congreso iniciativas de reformas para permitir la reelección de legisladores y de autoridades municipales, sería deseable un compromiso público y explícito de todos los candidatos presidenciales y a legisladores que tomen parte en el proceso que lleva a las elecciones del próximo 2 de julio, así como de todos los partidos políticos, de que en el curso del próximo sexenio no enviarán al Congreso ninguna iniciativa que pudiera abrir la posibilidad de reelección o de ampliación del mandato presidencial y en su caso, votarán en contra o vetarán cualquier proyecto que se presentara en ese mismo sentido.

 

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Adoptar una nueva política económica que tenga entre sus objetivos principales generar un proceso de crecimiento económico de largo aliento y que de manera prioritaria estimule la creación de empleos formales.

 

Una política económica con esos objetivos centrales exige de mayores recursos para invertir en el desarrollo, por lo que parte esencial de la misma lo constituye una reforma hacendaria equitativa, eficaz, simple en sus mecanismos, que se sustente de manera importante en elevar los montos recaudados por el cobro eficiente del impuesto sobre la renta de personas físicas y en el combate a su evasión –con un potencial de incremento de la recaudación de 600 mil millones de pesos-; en suprimir regímenes preferenciales, exenciones y deducciones ahora permitidos -528 mil millones de pesos-; incorporar al padrón de contribuyentes a quienes se desempeñan en la informalidad, otorgándoles contraprestaciones en el campo de la seguridad social; establecer un IVA diferenciado: que mantenga las tasas cero para el consumo de alimentos, medicinas, publicaciones, agua potable para usos domésticos, que preserve la exención para servicios médicos, educativos, de transporte público terrestre y de vivienda, reduzca al 10% este impuesto para servicio telefónico público, vestido, calzado, electricidad para uso doméstico y otros artículos para el hogar, que lo aumente al 20% para los consumos de bebidas alcohólicas, tabaco y otros artículos de carácter suntuario -10 mil millones de pesos-; en simplificar en lo general el sistema de pago de impuestos; y en garantizar el respeto absoluto a la autonomía del Banco de México, encomendándole además del control de la inflación, tomar medidas para el fomento del crecimiento económico y del empleo.

 

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La educación es factor fundamental para alcanzar la igualdad social y es, al mismo tiempo, elemento decisivo del crecimiento económico.

 

La educación debe tener prioridad en las políticas públicas de nuestro futuro, inmediato y mediato. La educación, como respuesta de responsabilidad social del Estado a la población, debe ser accesible a todos en todos los grados, laica y gratuita. Es, en consecuencia, indispensable garantizar cobertura universal y cumplimiento de cursar los ciclos obligatorios de primaria y secundaria, elevar de manera sostenida la calidad de la educación en todos los niveles y crear y desarrollar los mecanismos que compensen las carencias sociales y garanticen acceso y permanencia a los estudiantes en todos los grados, a condición de satisfacer los requerimientos académicos.

 

La prioridad que se de a la educación debe reflejarse en el incremento de los presupuestos asignados al sector, en los apoyos y expansión de la educación superior y la investigación, en mejores instalaciones y equipamiento y en el mejoramiento material y en la preparación del magisterio.

 

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Hacer compatible la apertura económica con la equidad, reubicando lo social dentro del espacio público al mismo tiempo que se fortalecen la democracia y sus instituciones. Esta visión, que hace unos años parecía impensable, hoy es más necesaria que nunca porque los esquemas de integración y apertura indiscriminada hasta ahora vigentes, sólo han dejado más pobreza y desigualdad en el mundo y en nuestro país.

 

Por eso, la mejor y la única manera de erradicar la pobreza y promover la equidad es alentando un desarrollo que incluya una mejor distribución del ingreso, empleo estable, formal y de calidad y un sistema tributario solidario, equitativo y adecuado a las necesidades del país.

 

La exclusión sigue siendo el signo de nuestros tiempos. La discriminación de quienes son diferentes por su género, edad, color de piel o preferencia sexual constituye una realidad cotidiana. Esas disparidades sociales son resultado del acceso desigual a los recursos, de la puesta en marcha solamente de políticas asistencialistas y focalizadas, y de la exclusión de las mayorías de la toma de decisiones. Los apoyos gubernamentales han sido vistos desde los medios oficiales como prebendas y, en muchos casos, se prestan al control y manejo corporativo desde el momento mismo en que existe una selección y se tiene que comprobar que se cumplen determinados requisitos para acceder a ellos. Una estrategia realmente democrática de desarrollo social significa poner en práctica un enfoque totalmente diferente y garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales y sobre todo la vigencia de su carácter universal.

 

No basta, por lo tanto, con supuestamente invertir en capital humano como se hace hasta ahora con programas como el denominado Oportunidades. Es necesario generar un modelo productivo, con seguridad social y redes de protección comunitarias, en las que todos se sientan y estén efectivamente incluidos, por la sencilla razón de que tienen acceso al ejercicio irrestricto de todos sus derechos.

 

Es necesario poner en marcha un programa nacional de inclusión social, que considere como prioridades relativas a la dimensión social del desarrollo, la ampliación del nivel de empleo, para proporcionar ocupación a los que ingresan a los mercados de trabajo, reducir el desempleo y combatir la precariedad del empleo; la mejoría del perfil de distribución del ingreso, sobre todo por medio del aumento del salario mínimo y de una tributación no regresiva; la creciente universalización de la morada propia, de los servicios urbanos esenciales (agua, saneamiento y transporte público) y de los derechos sociales básicos (salud, educación, seguridad social y protección del empleo); el acceso a la cultura; y, el combate a las causas del hambre y de la pobreza extrema, con asistencia social para los excluidos.

 

Mientras persistan las prácticas discriminatorias y los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las personas con capacidades diferentes y la comunidad gay no puedan ejercer plenamente sus derechos, sólo por el hecho de ser diferentes, no podrá hablarse de equidad y democracia. Por lo demás, la realidad demuestra que la igualdad jurídica no es suficiente. Una perspectiva diferente parte de asumir que para alcanzar la equidad es necesario impulsar acciones afirmativas que compensen las desigualdades y, por otro lado, dar poder a quienes han sido excluidos de la toma de decisiones. En esto hay que ser muy claros. Un gobierno que no esté comprometido plenamente con el respeto a la diferencia, simplemente no es democrático y menos aun podría llamársele progresista.

 

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Instrumentar una política que recupere las capacidades productivas del campo, comprometiendo inversiones en obras de infraestructura; créditos de avío y refaccionarios; que promueva la integración de las cadenas productivas, desde el cultivo de la tierra hasta la agroindustria, la comercialización, etc.; fomente la organización de los productores; dicte medidas para hacerlos competitivos tanto en los mercados internos como de exportación; negocie la supresión de subsidios de los que ahora disfrutan los productores y los productos agropecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas de los socios comerciales de nuestro país, así como la revisión de los acuerdos internacionales suscritos por México a fin de tornarlos equitativos, entre otros, para los productores rurales.

 

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Desarrollar una política energética que tenga como prioridades la reducción gradual de las exportaciones de petróleo crudo y la transformación industrial del producto en el país, el desarrollo de la industria petroquímica, ampliar la capacidad de refinación y eliminar la importación de combustibles, aumentar la producción de gas natural, dar autonomía presupuestal y de gestión a los organismos públicos del sector, reestructurar administrativamente, con sentido de integración productiva, y adecuar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos hasta que corresponda al que rige para las demás empresas y actividades económicas, considerar las condiciones regionales y sociales en la fijación de las tarifas eléctricas, suprimir los subsidios que otorga la Comisión Federal de Electricidad y transferir su otorgamiento, en caso de ser procedentes, a las áreas fiscales del Estado, diversificar las fuentes de generación de energía, reforzar la vinculación de los institutos de investigación con los organismos y empresas del sector energético, restablecer la vigencia del Estado de derecho en el sector mediante, entre otras medidas la cancelación de los contratos de servicios múltiples, y mantener el orden constitucional que rige en él.

 

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Formular y llevar a la práctica un plan nacional de seguridad, que considere con prioridad las medidas para la prevención del delito, los mecanismos para la investigación y persecución de los hechos delictivos, la revisión y en su caso reestructuración del sistema de administración de justicia y de las políticas de readaptación y reinserción social, en cuya elaboración y ejecución se involucren los tres poderes, tanto federales como estatales, los gobiernos federal, estatales y municipales, los sistemas educativo y de salud, los medios de información –televisión, radio, prensa escrita-, y la población en su conjunto, al que se asignen recursos presupuestales suficientes y cuya supervisión se encomiende a grupos representativos e informados de la sociedad.

 

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Pugnar por un orden internacional equitativo y justo y por una globalización incluyente, para lo que resulta fundamental impulsar la integración económica de América Latina y el Caribe y en lo inmediato, la revisión de los tratados comerciales suscritos por nuestro país, de manera prioritaria el de América del Norte, y el replanteamiento sobre bases justas y de equidad del proyecto del Área de libre comercio de las Américas –el ALCA-.

 

Ante esta perspectiva, debe plantearse no un acuerdo de libre comercio entre los países del continente, regido por una hegemonía, tal como lo promueve el gobierno norteamericano, sino un acuerdo continental de desarrollo y comercio, que lleve entre sus objetivos prioritarios reducir hasta borrar las asimetrías económicas y sociales existentes mediante, principalmente, la generación de empleos y el acceso a los conocimientos de punta y a la educación de calidad, así como sentar las bases de un crecimiento económico sostenido en el largo plazo, que considere además, la creación y utilización de mecanismos como los fondos de apoyo y compensación que fluyan de los países de mayor desarrollo relativo hacia los menos desarrollados, para modernizar y hacer eficientes los procesos productivos y la infraestructura de servicios, acuerdos para el mejoramiento del medio ambiente, para tener condiciones dignas de trabajo, equivalentes a las de los países más desarrollados del área, y el libre tránsito de personas en el continente.

 

La principal relación de México con el exterior se da con los Estados Unidos y dentro de esta relación, el intercambio más importante lo constituye el intercambio humano, el millón de personas que día con día cruzan la frontera entre los dos países.

 

La militarización de la frontera del lado americano –independientemente que sea por la presencia de 6000 efectivos de la Guardia Nacional, la Patrulla Fronteriza o el ejército regular- constituye un acto inamistoso del gobierno norteamericano hacia México.

 

La migración irregular de mexicanos a los Estados Unidos es consecuencia de una economía estancada, de la creciente polarización social, la pérdida de empleos y el crecimiento exponencial de la desocupación, del abandono de sus responsabilidades sociales por parte del Estado mexicano, y sólo tendrá una solución definitiva cuando se adopten medidas específicas –muy diferentes de aquellas consideradas para combatir el terrorismo-, compartiendo responsabilidades en planeación y ejecución autoridades y sociedades de ambos lados de la frontera.

 

En México hemos sido muy sensibles a los abusos de patrones y autoridades norteamericanas que nulifican los derechos laborales y humanos de trabajadores y residentes mexicanos en el país vecino. Para enfrentar esa situación y erradicar los aspectos conflictivos de la inmigración irregular, el gobierno mexicano debe enérgicamente demandar de las autoridades norteamericanas respeto absoluto y protección eficaz a los derechos de los trabajadores mexicanos, y desarrollar, en colaboración estrecha con la sociedad mexicana, acciones amplias y vigorosas que conduzcan al gobierno y a la sociedad de los Estados Unidos a reconocer la valiosa e indispensable contribución que los trabajadores migrantes dan para el progreso de aquella nación.

 

El Estado y la sociedad mexicanos tienen una deuda pendiente de cumplir con los ocho, diez o doce millones de mexicanos que en los años del neoliberalismo se han visto obligados a abandonar nuestro país, corriendo grandes riesgos y haciendo enormes sacrificios, cruzar la frontera y encontrar alguna oportunidad para ganarse la vida con dignidad.

 

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Estos son sólo algunos puntos que como parte de un programa de gobierno, necesariamente más amplio y más detallado, serían básicos para garantizar tranquilidad política, un efectivo avance democrático, crecimiento económico y mejoramiento social en el plazo medio y largo.