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¿Qué reforma? PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 07 de Septiembre de 2004 18:00

Cuauhtémoc Cárdenas

¿Qué reforma? ¿Reforma de qué? ¿Reforma política? ¿Reforma del Estado?

 

El tema de la reforma del Estado, que me parece es al que queremos llegar, ha sido parte del debate político en los últimos años, se le ha dejado de lado en los más recientes y no está ahora tan presente en la opinión pública, siendo una de las reformas fundamentales que reclama el país para superar muchos de los problemas que hoy lo aquejan y para dar una mejor respuesta al futuro.

El Estado mexicano se ha ido formando en un proceso histórico de casi dos siglos, que ha tenido como hilo conductor la voluntad de perfeccionamiento y adecuación de las formas de organización de la sociedad. Consecuentemente, la reforma que hoy demanda el Estado será para responder a las necesidades del país y de la población en el futuro inmediato y mediato, así como a los requerimientos que impone la cada vez más intensa relación internacional.

Esta reforma, si nos ubicamos en la actualidad y frente a las aspiraciones de la sociedad, tendrá que estar guiada por los objetivos de rescatar el pleno ejercicio de la soberanía de la nación, ampliar los espacios de vida democrática y garantizar la efectividad de la gestión social y económica.

 

Condiciones a cumplir para llevar a cabo la reforma en estos términos, son la puesta en práctica de un verdadero estado de derecho, donde el Estado garantice la justicia y la libertad; una clara definición de las políticas públicas, a modo que el Estado garantice la generación de empleo y la cohesión social de manera estructural; y la práctica de la mediación, como mecanismo que el Estado desarrolle para conducir el diálogo entre las distintas estructuras gubernamentales y los diferentes integrantes de la sociedad.

 

Parte esencial de la reforma debe ser la democratización del Ejecutivo y del ejercicio del poder mismo. Al respecto y considerando que el régimen presidencialista del país está agotado, que no responde ya a las necesidades que impone una buena conducción política, estimo que debiéramos orientarnos a establecer un sistema semipresidencial, en la modalidad de un gobierno de gabinete.

 

En este sistema, el Poder Ejecutivo se divide entre un jefe del Estado –el Presidente de la República- y un jefe del gobierno –un primer ministro o jefe del gabinete. Cada uno tiene un origen distinto: el Presidente de la República surge directamente del voto ciudadano, mientras que el jefe de gobierno es designado por la mayoría parlamentaria, aun cuando sea a propuesta del Presidente, el que, por otro lado, tiene, en este sistema, siempre que tomar en consideración al partido o a la coalición mayoritaria en el Congreso. Así, si bien en el origen del jefe de gobierno coinciden la confianza del Ejecutivo y la de la mayoría parlamentaria, en la práctica, la permanencia de éste en el cargo depende casi exclusivamente de esa mayoría.

 

En las experiencias conocidas de este sistema, el jefe de Estado mantiene una relación no conflictiva con los dirigentes de los partidos y favorece el compromiso, la negociación y la moderación de las fuerzas en pugna, y tiene como función primordial garantizar el funcionamiento regular de las instituciones, encargándose de manera directa de la política exterior, la justicia y las fuerzas armadas.

 

El jefe de gabinete o de gobierno, por su lado, tendría entre sus funciones coordinar la acción de los miembros del gabinete, llevar la relación del Ejecutivo con el Legislativo, coordinar el debate de los asuntos de relevancia para el gobierno en el seno del gabinete y cuidar que sus miembros rindan cuentas de manera regular, como responsables que serían ante el Legislativo.

 

Requerimos de un Estado fuerte, no por arbitrario o autoritario, por grande o pequeño, sino por eficiente en la gestión, ágil en la toma de decisiones y democrático, fuerte también porque cumpla cabalmente con la ley y cuente con la autoridad moral para hacerla cumplir, así como porque sepa responder a los anhelos legítimos de progreso y bienestar de las mayorías.

 

Para el Estado, el territorio es un elemento indisoluble de si mismo y las prácticas contemporáneas sobre la materia, hablan de la necesidad de establecer políticas generales de alto potencial y productividad económica, que tengan entre sus objetivos la cohesión social.

 

Se trata, en nuestro caso, de políticas y proyectos de infraestructura y productivos necesarios para asegurar el equilibrio económico y el bienestar de la población, en función de la gran diversidad de nuestra geografía.

 

La reforma territorial implica entonces, la puesta en práctica de programas federales, estatales y municipales en materia de desarrollo económico y social, de animación y coordinación de políticas culturales, de medio ambiente, urbanas y del campo, así como la coordinación de acciones de diversa naturaleza para impulsar los desarrollos regionales. Se trata, en síntesis, de dar una nueva visión de la ordenación del territorio, el aprovechamiento de los recursos naturales y productivos y del desarrollo regional, logrando los equilibrios adecuados entre los tres niveles de gobierno y las distintas componentes del territorio nacional.

 

En el marco de la reforma del Estado, destaca también la impostergable necesidad de una revisión del Poder Judicial y de la función que debe cumplir en una sociedad que quiere ser democrática.

 

El sistema judicial se encuentra en un estado de severo cuestionamiento y descrédito sociales, de preocupación pública y desconfianza colectiva. La corrupción permea toda su estructura.

 

El reto de la reforma judicial, como la del Estado, comprende a toda la sociedad y a todos sus actores. El debate sobre la misma deberá ser serio, profundo y plural, tanto por lo que corresponde a los órganos de la administración de la justicia como a aquellos de su procuración. Es de esas estructuras de donde, a mi juicio, debiera partir la iniciativa de reforma judicial, pues sería más efectivo que desde dentro se empezara no sólo con la formulación de las propuestas legislativas y administrativas de cambio y coordinación con los otros dos poderes del Estado, sino que desde dentro, convocando la colaboración de la sociedad, se iniciaran las acciones para sanear y limpiar de corrupción los sistemas de administración y procuración de la justicia, acciones indispensables para contar con un sistema judicial sano, recto y eficaz.

 

El sistema de justicia, debe reconocerse, no ha sido y no es el mismo ni funciona igualmente para todos. Por ello, el estado actual de la protección y defensa de las garantías individuales y los derechos humanos y sociales amerita también una profunda revisión, que lleve a la elaboración de un Código de derechos sociales y humanos, en el que se plasme la amplia expansión de su contenido y se sistematicen las disposiciones de los tratados internacionales suscritos por nuestro país en la materia.

 

La legitimidad del Estado moderno se justifica por los servicios que el poder público presta a la población con apego a las leyes. Así, la noción de poder público se substituye por la de servicio público.

 

Los estados y municipios más pobres del país, siguen siendo pobres precisamente porque no tienen la misma calidad y fortaleza en sus instituciones que aquellos de las regiones de mayor desarrollo relativo. Esa desigualdad ha constituido un enorme obstáculo para el desarrollo del país en todos sus aspectos.

 

Ahora bien, no se trata únicamente de concebir nuevas instituciones que sin duda son necesarias, sino que hace falta también otro elemento sin el cual cualquier proyecto de reforma puede resultar insuficiente, esto es, la restauración de un nivel de confianza entre la población y la administración pública, que permita al Estado su adaptación rápida y eficaz ante cualquier mutación de la sociedad.

 

Existe la percepción, en diversos sectores, que en las estructuras gubernamentales hay un fenómeno de letargo y falta de reacción adecuada y oportuna ante la situación de crisis que vive el país, además de una notoria falta de coordinación institucional, que ha despertado y promovido niveles de polarización que reflejan la imperiosa necesidad de llevar a cabo la reforma estructural del aparato del Estado.

 

Debemos evitar que la reforma del Estado se traduzca en un discurso sin doctrina. Que las propuestas sobre la materia queden sin sustento y sin sentido social, sin saber qué tipo de Estado queremos y requerimos los mexicanos, sin saber cual es el Estado que la sociedad mexicana necesita para que el país supere los grandes problemas que enfrenta y se adentre sólido y eficaz en el siglo XXI.

 

Por ello, el nuevo Estado que debe emanar de la creatividad y el esfuerzo de los mexicanos, debe ser un Estado que garantice la soberanía del país. Un Estado que propicie las condiciones para el desarrollo de una sociedad igualitaria, incluyente y sin pobreza. Un Estado responsable, promotor de la democracia participativa, basada en el estricto respeto al derecho y dotada de una constitucionalidad renovada.

 

Mucho más puede decirse de la reforma del Estado y sus distintas componentes: de la reforma del Poder Legislativo y del sistema electoral, la revisión del sistema de planeación, los nuevos derechos a incorporar a la Constitución y los mecanismos del ciudadano para exigir su cumplimiento y tantos temas más. En fin, esta ha sido sólo una vista rápida a algunos de sus aspectos relevantes.