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Agenda bilateral México-Estados unidos PDF Imprimir Correo electrónico
Domingo 24 de Abril de 2005 18:00

Cuauhtémoc Cárdenas
Laredo Community College.

 

“Rosario y Marcelino podían haberse ido a Baja California Norte para tratar de cruzar la frontera cerca de Tijuana hacia California, pero es éste un lugar riesgoso, caro y peligroso para cruzar. (De más de 1.4 millones de inmigrantes ilegales aprehendidos durante los primeros once meses de 1998, 232 827 fueron capturados cerca de San Diego). Una vez detenida, una persona necesita dinero para vivir en la frontera mientras trata una y otra vez de eludir los sensores fronterizos, grupos de agentes de la Patrulla Fronteriza ayudados por perros, caballos, jeeps, visores nocturnos, imágenes térmicas y helicópteros portadores de FLIR (Forward Looking Infrared – visores de rayos infrarrojos) y faros Night Sun; o tendría que pagar a un coyote el equivalente a un mes de salario en un taller de mala muerte de Los Ángeles para que lo cruzara. Esos ciudadanos mexicanos o centroamericanos que no fueran detenidos por La Migra o extorsionados por la policía mexicana se encontrarían frente a la posibilidad de ahogarse en el río Tijuana, de morirse al caerse de un cantil, accidentarse al tratar de huir de la Patrulla Fronteriza, o de ser apaleados, robados, violados o asesinados por sus propios compatriotas que los asaltaran en sitios difíciles como Deadman Canyon o la Mesa de Otay al sur de San Diego.

“Un inmigrante ilegal podría tratar de cruzar las dunas de arena al este de Mexicali, y si no muriera de sed, podría bien ahogarse en el Canal todo americano, de rápidas aguas y paredes resbalosas, antes de intentar atravesar el Desierto de Mojave…

“Podría intentar los cañones de Nogales, Arizona, pero si no era apaleado o muerto por la policía mexicana, un ranchero de Arizona o un agente criminal de la Patrulla Fronteriza, aun tendría que atravesar un peligroso corredor de la droga para pagar a un coyote cien dólares o más para que un taxi lo llevara a Tucson o a Phoenix.

“Podría intentar cruzar a nado el río Bravo…

 

“O podría montarse en un ferrocarril y arriesgarse a morir sofocado encerrado en un carro-caja de Texas, o tratar de atravesar las marchitas tierras del sur de Texas al norte de Laredo…”

 

Este es un pasaje del libro de John Annerino “Muerte sobre sus huellas. Cruzando las fronteras desérticas de Estados Unidos” . Lo que leemos en él, es un rasgo distintivo de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Podemos ahora agregar el riesgo de los Minutemen. Este es el presente. No puede y no debe ser el futuro.

 

Quiero agradecer al Laredo Community College por su invitación para dirigirme a esta comunidad, la que me representa una alta distinción. Considero, precisamente en esta ciudad fronteriza, en uno de los cruces más importantes de los intercambios que se dan entre nuestros dos países, que conviene comentar sobre algunos aspectos relevantes de la agenda bilateral que deben abordarse con la visión de dos pueblos que comparten además de una frontera, un destino,

un presente y un futuro. Su invitación me muestra el interés de esta comunidad académica por conocer más y tener una mejor comprensión de México y los mexicanos, de modo que podamos mejorar las complejas y diversificadas relaciones que existen entre dos vecinos, que han sido estrechas en el pasado, que son estrechas en el presente y sin duda se harán más estrechas en el futuro.

 

México y los Estados Unidos comparten una frontera común de más de 3000 kilómetros de largo, relaciones de una gran diversidad y sobre todo, una duradera amistad, aun cuando no siempre ha sido fácil y cómodo ser el vecino del país militar y económicamente más poderoso en el mundo. En el curso de esta larga y compleja relación, los sentimientos mayoritarios y las metas de nuestros pueblos generalmente han coincidido, sin necesariamente encontrar esa misma coincidencia con los respectivos gobiernos.

 

La relación más valiosa, y puede agregarse, el intercambio más valioso entre nuestros países, es la relación humana directa: miles y miles de americanos y mexicanos cruzan diariamente nuestras fronteras, gente que viaja por negocios, trabajo o placer de un país al otro, familias que viven al cruzar la frontera y lo más importante, la relación laboral, que provoca el flujo migratorio más intenso hacia este país.

 

La migración de trabajadores ha sido, sin duda, el problema humano más serio y complejo que comparten nuestras naciones. Estados Unidos necesita trabajadores inmigrantes, que llegan de todo el mundo, la mayor parte de ellos de México. La economía de Estados Unidos y su vida social no podrían funcionar con su ausencia y sin su contribución, que el gobierno y amplios sectores de la sociedad se resisten a reconocer y, consecuentemente, no asumen sus responsabilidades para proteger los derechos laborales y civiles de los inmigrantes y sus familias, a menudo violados por el gobierno y los patrones.

 

Para borrar los aspectos conflictivos de este problema, el gobierno mexicano y la sociedad mexicana deben desarrollar una amplia y vigorosa acción para lograr que el gobierno norteamericano y la sociedad norteamericana reconozcan la valiosa e imprescindible contribución que los trabajadores inmigrantes –en alta proporción sin documentos migratorios regulares- dan a este país al través de su trabajo, sus impuestos, su cultura, hoy evidente en toda la nación. La ley debe ser responsable y solidariamente cumplida, de modo que los salarios y los servicios de seguridad social correspondan a los que se pagan a los trabajadores americanos y a los que reciben sus familias. Por otro lado, México debe llevar a la práctica políticas sociales y económicas que abran en realidad nuevas oportunidades de progreso a los mexicanos en México.

 

El problema migratorio debe manejarse de modo distinto a cómo se ha hecho hasta ahora. No se dará solución a ninguno de los problemas que compartimos extendiendo y haciendo más altas las barreras metálicas en la frontera, o aumentando el número de agentes de la Patrulla Fronteriza o dejando sueltos a los Minutemen y brindándoles inmunidad.

 

Es inadmisible que el control de la migración quede sujeto al interés y a la acción de grupos privados de corte paranoico o al criterio mercantil de ciertos medios de comunicación, por importantes que sean. Es inadmisible que las autoridades norteamericanas –federales, de Arizona y los demás Estados fronterizos- no actúen con la mayor energía para hacer prevalecer la ley para proteger la vida en su territorio. Es inadmisible que el Gobierno de México no haya hecho una muy enérgica protesta ante el gobierno de los Estados Unidos demandándole frenar la violencia y las agresiones contra los migrantes mexicanos y tomar las medidas que las eviten. Está en juego la persona humana, su dignidad y su futuro. El problema reclama una urgente solución humanitaria, acordada de manera satisfactoria para ambos pueblos y para ambos gobiernos.

 

Las políticas energéticas son otro asunto clave en nuestras relaciones.

 

Conforme pasa el tiempo, el petróleo se vuelve más escaso y más caro, y muy poco se está haciendo, incluso en los países de mayor desarrollo, para substituir la base energética de la economía y de la vida social en el mundo, de modo que los combustibles que se consumen masivamente se obtengan de fuentes distintas a los hidrocarburos.

 

Estados Unidos es el consumidor de petróleo más importante del mundo, y quisiera, como todos, asegurar su abasto en el largo plazo. Las políticas comerciales y tecnológicas con esta finalidad han sido altamente agresivas, y de vez en vez se han impuesto por la fuerza de las armas, como se vio en la Guerra del Golfo en 1991, no hace mucho en Afganistán y actualmente en Irak.

 

Las reservas probadas de petróleo de México, de explotarse como se está haciendo ahora, tendrán una duración de once años, un tiempo terriblemente corto. Además de incrementar la exploración para encontrar nuevos yacimientos, México debe instrumentar una política petrolera que tenga como prioridad reducir hasta eliminar, en el tiempo más breve posible, la exportación de petróleo crudo, y substituir el ingreso que genera con la exportación de refinados y petroquímicos producidos en México.

 

Estas posiciones y necesidades contradictorias de nuestros países deben conciliarse, a manera de encontrar una solución equitativa y de beneficio para ambas partes. Este es, hoy, uno de los retos más importantes de nuestras relaciones bilaterales.

 

El Acuerdo de libre comercio de América del Norte (alcan) entró en vigor hace once años. Las cifras frías podrían hacernos pensar que todas las partes se han beneficiado con él y que los tres socios se encuentran completamente satisfechos. La realidad es muy diferente.

 

Once años después de que el alcan entró en vigor, los resultados han sido buenos para México en algunas áreas, malos y muy malos en otras. En esta década, por ejemplo, el comercio trilateral casi duplicó, aumentando en 117%. Las exportaciones mexicanas aumentaron en más del triple en este período, lo que puede considerarse un impacto positivo del acuerdo, pero la mayoría de esas exportaciones corresponden a maquiladoras de propiedad extranjera establecidas en México o a transacciones internas de las corporaciones transnacionales.

 

Las maquiladoras que se han establecido en México durante este período, principalmente en las regiones fronterizas, representan un alivio temporal a las presiones sobre el empleo, pero mantienen los salarios muy por debajo –en el orden de un décimo- de los que obtienen los trabajadores norteamericanos por un trabajo equivalente, y estas industrias siguen sin integrarse a la economía mexicana, por lo que puede decirse, en general, que no han sido un factor para crear empleos, mejorar condiciones de vida o integrar racionalmente las cadenas productivas.

 

Es más fácil apreciar la situación de México si se considera que en 1983 de cada dólar exportado, 88 centavos correspondían a insumos nacionales –mano de obra, servicios, materias primas, partes, componentes-, en 1994 esa cifra cayó a 42 centavos y hoy quizá no llega a 25.

 

El alcan, que prácticamente eliminó toda limitación a la inversión, provocó una desnacionalización productiva, quizá el efecto más grave de la apertura indiscriminada, que llegó un poco antes y se aceleró en cuanto el acuerdo entró en vigor.

 

En el 2000 las exportaciones mexicanas llegaron a su máximo histórico: 166 455 millones de dólares. En 2003 mostraron una pequeña reducción de 0.7%, pero si se excluye el petróleo, esa reducción se eleva al 2.2% y si también se quitan las exportaciones de las maquiladoras se ve que entre el 2000 y el 2003 las exportaciones mexicanas bajaron en un 17%.

 

En el sector agrícola, la apertura afectó seriamente a los productores de cereales, frijol, aceites vegetales, azúcar, lácteos y otros productos de la ganadería, aunque debe reconocerse que las legumbres, el cemento, cerveza, tequila y frutas como mango, aguacate, guayaba, limón y zarzamora entre otras, han ganado nuevos mercados. Sin lugar a dudas, los productores de granos

 

básicos –maíz, frijol y trigo- han sido los más afectados. La importación de estos granos de 1985 a 1993 alcanzó 28.9 millones de toneladas; después de que el alcan entrara en vigor, estas importaciones ascendieron a 63.3 millones de toneladas, un incremento de 123% en el período 1994-2002. Al hacer esta misma comparación, la importación de oleaginosas aumentó 155% y la de alimentos animales 67%.

 

El alcan es el único acuerdo de libre comercio que liberalizó el comercio de productos agrícolas. México ha suscrito más de diez acuerdos desde 994 y en ninguno de ellos se considera la liberalización de estos productos.

 

Los efectos sociales más graves de la apertura comercial son la creciente pobreza y el enorme aumento de la migración hacia Estados Unidos: por lo menos tres millones de migrantes han cruzado la frontera en la última década para trabajar, y la mayor parte de ellos para establecerse permanentemente en el país del norte. La población de origen mexicano en Estados Unidos es ya de 25 a 27 millones, que envían alrededor de 17 mil millones de dólares anualmente a México, un hecho del que se congratula el gobierno, que se niega a reconocerlo como uno de los datos más indicativos y preocupantes de la situación social del país, pues muestra la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para resolver en México los problemas de existencia de millones de mexicanos.

 

Ahora estamos frente a la necesidad de revisar el alcan, de acuerdo a los términos establecidos en el propio alcan y a la legislación mexicana (Capítulo IV, Artículo 29 de la Ley de comercio exterior), en aquellas áreas o respecto a los productos en los que exista daño o riesgo de daño a la producción nacional, lo que puede claramente demostrarse al considerar la caída del producto agrícola, los miles de quiebras de negocios industriales y de servicios, la disminución del ingreso de la población, los campos abandonados y la creciente migración al norte.

 

Considerando que el alcan está agotado y que ya dio lo que podía dar, el gobierno mexicano debiera proponer a sus dos socios en este acuerdo la firma de un addendum de cooperación trilateral, que comprometiera a las tres partes en un esfuerzo de cooperación y no sólo de comercio, sino también en áreas de actividad social, de producción, infraestructura, que tuviera como objetivos principales eliminar las diferencias sociales y las asimetrías económicas, así como la creación de mecanismos como fondos especiales para el desarrollo –siguiendo el ejemplo de la Unión Europea-, para hacer realidad esas nuevas políticas.

 

Por otro lado, el gobierno mexicano, por más de una década, no ha hecho su tarea. Desde que el alcan se negociaba, debió haberse empezado la modernización de los sectores productivos más importantes. Eso no sucedió y no sucede todavía. Si queremos ser competitivos en escala mundial y elevar las condiciones de vida de los mexicanos, México debe cambiar radicalmente sus políticas económicas y sociales. En lugar de restringir la inversión, deben crearse condiciones para atraerla. En lugar de favorecer a los productores del exterior con nuestras políticas económicas, éstas deben cambiar para hacer competitivos a los productores mexicanos. En lugar de centrarse sólo en las exportaciones, debe darse al mismo tiempo atención, con la misma prioridad, a los mercados internos y a fortalecer la capacidad de consumo de los mexicanos. La creación de empleos y el combate a las causas de la pobreza deben ser los objetivos principales de nuestras políticas de desarrollo.

 

A principios de los años 90, el Presidente Bush padre presentó la Iniciativa de la Empresa de las Américas. El alcan surge de esa iniciativa. El Presidente Bush hijo tiene una nueva iniciativa para nuestro continente: la creación del Área de libre comercio de las Américas (alca). Los sectores progresistas de México han considerado que estos dos proyectos pretenden, como su propósito real aunque nunca confesado, subordinar las economías latinoamericanas a la economía de los Estados Unidos, y consolidad la hegemonía política norteamericana sobre el continente. No podemos aceptar que condiciones de inequidad sean el destino de nuestros pueblos.

 

Tenemos una propuesta mucho mejor, equitativa y benéfica: desde que se negociaba el alcan, propuse un acuerdo continental para el desarrollo y el comercio, con mayor amplitud que el alcan, con mayor amplitud y más equitativo que el alca, no limitado al comercio, con objetivos principales de elevar las condiciones de vida de la población y lograr un desarrollo sostenido y sustentable para todos los países de nuestro continente.

 

Ese es el acuerdo que necesitan nuestros países. Nuestros gobiernos deben convencerse que ese es el acuerdo para un futuro de equidad. Negociar un acuerdo tan ambicioso tomará tiempo. Habrá que centrarse no sólo en el comercio, sino en el desarrollo, y principalmente en el desarrollo humano, en la creación de fondos de inversión, como lo hizo la Unión Europea, para reducir asimetrías y borrar marginaciones, en las cuestiones ambientales, en una carta social que involucre los salarios, las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad social, y el libre tránsito de personas y trabajadores a lo largo y ancho de todo el continente.

 

Un problema que nuestros dos gobiernos se han negado a enfrentar responsablemente, que constituye una cause de serias confrontaciones entre trabajadores del campo en ambos lados de la frontera y una fuente de fuertes y justificadas reclamaciones a los respectivos gobiernos, es el de la distribución de los escurrimientos de la cuenca del río Bravo, que comparten los dos países.

 

Hace algunas semanas, el gobierno mexicano accedió a pagar su deuda de agua en los términos reclamados por las autoridades americanas. Fue una solución insatisfactoria en los dos lados de la frontera: los agricultores mexicanos necesitaban y necesitan esa agua, y aun resulta un recurso insuficiente e incierto para los agricultores americanos. Esta será una discusión abierta y una fuente de conflictos recurrentes si el problema no se ataca en sus raíces.

 

Para hacer frente a demandas económicas y sociales en la primera mitad del siglo pasado, México debió regar tierras para modernizar su agricultura, empezando en 1926, con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, una consistente política de riegos. Fue en esos años cuando se empezaron a llevar registros hidrológicos de los ríos mexicanos. Las presas en el lado mexicano de la cuenca se construyeron en las décadas de los años 30, 40 y 50, basándose en registros hidrológicos de no más de 25 años. Una experiencia ya no de 25 años sino de casi 80, muestra que el escurrimiento medio del río Bravo es mucho menor al estimado en 1944, cuando se estableció el monto de los volúmenes de agua correspondientes a cada país en el Tratado de límites y aguas.

 

Para terminar con esa fuente de conflictos, es necesario revisar y modificar ese Tratado, de modo que el agua, que genera la naturaleza, se distribuya con equidad, tomando en cuenta su escasez durante largos períodos de tiempo. Ambos países, conjuntamente, deben realizar estudios para establecer los volúmenes que deben distribuirse con equidad, que no serán los mismos todos los años, sino que dependerán de la abundancia o escasez de las lluvias en la cuenca.

 

Pensar en un mejor futuro para México y los Estados Unidos es necesariamente pensar en el futuro de la humanidad, pensar en un futuro en el cual los problemas se enfrenten con responsabilidad social, humanamente y con espíritu de justicia, pensando en un nuevo orden mundial equitativo, con confianza en nuestra capacidad para desarrollar una relación de iguales y solidaria de colaboración entre los diferentes pueblos del mundo, los de nuestro continente y particularmente como vecinos de dos grandes naciones. Empecemos a dialogar, a razonar, a trabajar para que se fortalezcan los lazos de nuestra amistad y para asegurar un futuro de colaboración fructífera y equitativa. Tengo confianza que lo podemos hacer y que tendremos éxito.