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Una visión de la economía desde la izquierda democrática PDF Imprimir Correo electrónico
Miércoles 09 de Febrero de 2005 18:00

 

Cuauhtémoc Cárdenas

Agradezco al Instituto Tecnológico Autónomo de México la invitación para charlar, una vez más, con esta comunidad, lo que mucho me distingue y me da la oportunidad para plantear una visión, desde una posición democrática y progresista, del rumbo y manejo que debiera darse a la economía mexicana.

 

Desde hace ya más de veinte años, los gobiernos que se han venido sucediendo hasta el actual, han estado haciendo ofrecimientos demagógicos sobre el crecimiento de la economía, la satisfacción de la demanda de puestos de trabajo, el mejoramiento general de las condiciones de vida de la población. Poco o nada se ha cumplido. En esta administración, para no ir más atrás, el deterioro social creciente, el estancamiento de la economía y la parálisis política han sido las constantes.

 

 

Este gobierno fracasó, al igual que los anteriores, en alcanzar los objetivos retóricos que asignó a la economía, aunque no ciertamente en los objetivos que consciente y abiertamente ha perseguido en la realidad: la concentración del ingreso, la riqueza, las fuentes de empleo y la producción en las manos de unos cuantos; y la descapitalización, el debilitamiento y la pérdida de competitividad internacional de la gran mayoría de las empresas y de la economía mexicana en lo general, para así servir mejor a las condiciones de subordinación en las que se ha colocado al país frente a la economía hoy hegemónica en el mundo.

 

Resulta ya evidente que este régimen no puede ofrecer una perspectiva económica distinta a la del abatimiento acelerado de los niveles de vida, el debilitamiento progresivo de las estructuras de producción, el aumento de la desocupación, la creciente migración de mexicanos hacia el norte, el achicamiento de los mercados internos. El gobierno no puede ya satisfacer con saliva, con declaraciones voluntaristas y ofrecimientos sin sustento, las exigencias de una economía que día a día reduce sus posibilidades de expansión y de una población que ve cómo, ante el entreguismo, la ineptitud y la indolencia, se pierden las oportunidades.

 

* * *

 

Crecimiento económico, equidad social y libertades políticas deben impulsarse simultáneamente. Ninguno substituye a los otros dos y ninguno tiene prioridad sobre los otros dos.

 

La economía no puede verse como una abstracción. Su funcionamiento afecta a la gente, a los recursos, el territorio, la infraestructura y a la propia planta productiva, el presente y las posibilidades del futuro.

 

El diseño de la política y la orientación que se busque dar a la economía, deben estar en función de objetivos de mejoramiento social y de ampliación del campo en el que se ejerce la soberanía nacional. Resulta así imperativo elevar los niveles de vida y de bienestar, y que esto se convierta en una tendencia sostenida, y recuperar con equilibrio y racionalidad las capacidades de producción y servicio de las distintas ramas de la actividad económica, las que deben organizarse en función de dos objetivos fundamentales: ofrecer a toda la población en edad y aptitud de trabajar oportunidades de empleo productivo y estable, y garantizar que ese empleo sea remunerativo, de modo que asegure a la población sus derechos a compartir con equidad y dignidad los beneficios de su esfuerzo productivo.

 

En base a estos propósitos, la actividad económica deberá orientarse a la expansión constante de las fuentes de empleo y producción, así como de la productividad, sustentándose en niveles suficientes de ahorro e inversión.

 

Por otra parte, las economías que en la actualidad avanzan, en cualquier país de cualquier continente, se mueven hacia la globalización. Una de las manifestaciones más claras de ello son los procesos de integración multinacional que se han venido dando y la formación de grandes bloques económico-territoriales.

 

Frente a estas realidades, que son realidades de fuerza, debemos buscar que la inserción de nuestro país en la economía mundial se produzca en condiciones de equidad, no de subordinación, a partir de decisiones y negociaciones soberanas, no de la imposición de dependencias y de acciones y concesiones entreguistas.

 

Las tesis oficiales, llevadas a la práctica con extremo rigor, de que es preciso ajustar la economía a los procesos de regionalización y globalización según la visión que se desprende de los llamados consensos de Washington, como paso inevitable y previo a impulsar la elevación de los niveles de vida, son falaces y sólo responden a los intereses de aquellos que se resisten a perder lucros, posiciones y privilegios que llegan por el sometimiento y el favoritismo del gobierno.

 

Repasemos las lecciones de nuestra historia: México ha podido avanzar en base a sus propias decisiones, ejerciendo de modo efectivo su soberanía, cuando sus gobiernos han contado con verdadero respaldo de la gente. De ahí que hoy, reorientar la economía hacia objetivos de mejoramiento general, tenga como condición dar mayor atención a las condiciones internas y buscar la equidad en las relaciones internacionales.

 

Son muchos, profundos y radicales los cambios que hoy exige el manejo de nuestra economía para darle contenido social y de autonomía. Se quisiera, sin duda, ir más rápido en la recuperación y el ritmo podrá acelerarse si el respaldo social y la pluralidad, que deben ser el sustento de una nueva política, se traducen en el terreno económico en un esfuerzo que con objetivos coincidentes, realicen los trabajadores, los empresarios y el Estado, aportando cada quien lo que le corresponda.

 

Es preciso, en esos términos, reorientar las políticas públicas y desarrollar un marco institucional para que la economía cumpla con elevar consistentemente los niveles de vida y vaya creando las condiciones para su propio crecimiento, con suficiencia y equilibrios tanto en la relación internacional, como en lo sectorial, regional y ambiental. Para ello, habrá que pugnar por un nuevo régimen económico que se desenvuelva de acuerdo a los lineamientos siguientes:

 

1. Equilibrio funcional y productivo del mercado, los derechos de la sociedad y las responsabilidades del Estado.

 

El Estado no puede substituir, sino que debe garantizar la libertad de ocupación, de industria y de comercio. La propiedad estatal no puede substituir, sino complementar a la privada, como pivote para el aprovechamiento eficiente y productivo de los recursos económicos. El Estado no puede substituir la responsabilidad particular –personal, familiar o empresarial- para administrar y acrecentar ese patrimonio personal, familiar o empresarial, que es uno de los sustentos indiscutibles de la riqueza nacional.

 

De igual manera, el mercado o las responsabilidades particulares no pueden substituir a las del Estado en la garantía a la seguridad y a la justicia, en la prestación de servicios públicos, el desarrollo de infraestructura, en asegurar la igualdad de oportunidades, en crear las condiciones para la estabilidad del entorno macroeconómico, incluso en impedir la apropiación indebida del patrimonio privado de los propios particulares, o que el desequilibrio entre éstos cancele libertades de ocupación, industria o comercio por el dominio indebido de unos sobre otros.

 

2. Recuperación del mercado interno y del equilibrio comercial competitivo con el exterior.

 

Es fundamental suprimir el trato discriminatorio que los gobiernos del neoliberalismo han impuesto a la producción nacional frente a la extranjera y desarrollar una relación equilibrada, recíprocamente productiva, con nuestras contrapartes comerciales, especialmente con Estados Unidos, lo que resulta necesario para dar solidez a la participación de nuestro país en los procesos regionales de integración, que se están dando en el contexto de la globalización de la economía.

 

Las buenas relaciones entre México y Estados Unidos no pueden construirse imponiendo a nuestro país la condición de amortiguador de los desajustes comerciales o de complemento subordinado de la economía de nuestro vecino. Esa política ha barrido la base productiva mexicana y hundido en la depresión a nuestra economía. Por eso rechazamos la creación del Área de libre comercio de las Américas –el ALCA- tal como la concibe y la está proponiendo el gobierno norteamericano, por eso planteamos la revisión del Acuerdo de libre comercio de América del Norte respecto aquellos intercambios que resultan onerosos y perjudiciales a los productores y a la economía de nuestro país, y por eso hemos venido planteando, desde 1991, un pacto más ambicioso y mucho más estable que el acuerdo trilateral de comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, o el previsible ALCA: un acuerdo continental de desarrollo y comercio, que tenga capacidad para impulsar el crecimiento económico con equilibrio y suficiencia, y que genere, al mismo tiempo, mejoramiento social, empleo, avance científico y tecnológico y un buen manejo de la ecología. Buscamos complementariedad en el plano económico, en la colaboración que se establezca con Estados Unidos y Canadá, así como, al mismo tiempo, diversificar y ampliar nuestros intercambios con países de otros continentes y avanzar con firmeza en la integración política y económica con América Latina.

 

3. Recuperación del crecimiento y del empleo.

 

Desde el momento en que haya un nuevo gobierno, responsable ante la nación y ante la sociedad, se deberán dar pasos efectivos para reactivar la economía, crear empleos y elevar los salarios. El instrumento idóneo para ello es el impulso selectivo, ordenado y sanamente financiado de la inversión pública. Ésta debe servir, en un plazo corto, de dos a cuatro años, como detonador de la reactivación de la economía por el estímulo que represente tanto a la inversión privada como a la extranjera. Este papel lo debe cumplir la inversión pública de dos maneras: una directa, mediante la reactivación inmediata de la demanda, y otra indirecta, a partir de la mayor rentabilidad de la inversión por el mejoramiento y la expansión de la infraestructura.

 

Las áreas previstas para este plan de emergencia de inversión pública son: a) el mejoramiento y ampliación de la red de caminos, con especial atención a los caminos rurales; b) la recuperación, mejoramiento y expansión de los puertos; c) el inicio del desarrollo de una red de ferrocarriles de alta velocidad; d) el aumento de la capacidad de generación eléctrica; e) la expansión de la industria petroquímica y de la refinación de petróleo; f) la construcción, reparación y equipamiento de escuelas; g) la expansión y mejoramiento de la red hospitalaria; h) la construcción de vivienda y de servicios urbanos. Esas inversiones deberán realizarse conforme a prioridades sectoriales y regionales establecidas en consulta con productores, comunidades afectadas por las obras y autoridades estatales y municipales, abriendo oportunidades a la inversión privada y mixta para fortalecer el esfuerzo público.

 

A este programa debe destinarse un 1.5% del producto interno bruto cada año, durante el período en que se mantenga vigente. Considerando un producto interno del orden de 7 billones de pesos, la asignación presupuestal a este programa correspondería a unos 105 mil millones de pesos, esto es, unos 9 mil millones de dólares anualmente. Si se considera que la erogación total del Estado para 2005 se prevé en 1.5 billones de pesos, la cantidad asignada a este programa extraordinario representaría alrededor del 7% del presupuesto de egresos de la Federación.

 

4. Reconstrucción del sistema bancario y fomento e incremento de la inversión productiva.

 

Fomentar la inversión productiva –privada y pública, nacional y extranjera- requiere reconstruir el sistema bancario para que cumpla a cabalidad con sus funciones, y reorientar la política monetaria y crediticia, equilibrar las tasas de interés con las de aquellos países con los que se tienen los mayores intercambios económicos y exigir eficiencia y reducción en los márgenes de la intermediación financiera.

 

La banca no cumple hoy con su función esencial de fomentar el ahorro y promover la inversión. Se necesita en el país una banca comprometida con el desarrollo y no sólo con la ganancia protegida mediante el financiamiento al gobierno, el fondeo seguro e incluso la especulación.

 

Desde que se inició la crisis de crecimiento en nuestro país, hace ya más de dos décadas, la contribución neta del sector bancario y financiero al desempeño económico nacional ha sido negativa, convirtiéndose en un factor de desequilibrio, al no contribuir a una asignación suficiente y eficiente de los recursos financieros.

 

Es preciso desarrollar un sistema de competencia bancaria que garantice eficiencia en el uso y asignación de los recursos para las instituciones, las empresas, los depositantes y los deudores.

 

Es evidente que el capital nacional resulta insuficiente para financiar el crecimiento, por lo que es necesario promover activamente la inversión extranjera, lo más diversificadamente posible en función de su origen, para propiciar la expansión y una competencia sana en los sectores más avanzados en su modernización e integración internacional, así como en otros campos donde existan perspectivas amplias para la inversión privada.

 

En las condiciones existentes, la modernización de la planta productiva, la recuperación de empresas en dificultades y el surgimiento de nuevos proyectos en el campo de la producción y los servicios, no se darán sólo porque se les proclame necesarios. El Estado debe fortalecer la banca de fomento, tomar la iniciativa e ir a la empresa y a los trabajadores para que juntos, los tres, busquen la solución a los problemas de producción, productividad, integración y expansión. Ahora bien, para que los cambios que han provocado ya los procesos de globalización e integración tengan efecto positivo en la modernización productiva y en el empleo, se tiene que ir al detalle, a buscar empresa por empresa, a promover proyecto por proyecto, aprovechando la eficiencia que han mostrado los trabajadores y la capacidad de adaptación de los empresarios nacionales, aun en las adversas condiciones que les ha impuesto el estrangulamiento de la economía.

 

El Estado tiene la obligación de brindar apoyo financiero, en infraestructura, educativo y de capacitación, tecnológico y de aseguramiento a empresas y trabajadores, así como de crear las condiciones de estabilidad y confianza que reorienten los movimientos de capitales, para que los flujos en vez de ir a la especulación y al subsidio de los productores del exterior, se orienten a la inversión productiva en nuestro país.

 

Ha sido sin duda importante que el banco central goce de autonomía y que su objetivo sea el control del proceso inflacionario, pero ha quedado a la vista que se hace necesario que sus funciones se amplíen para que las medidas que dicte, además de orientarse al control de la inflación, tengan también como objetivos el crecimiento de la economía y la generación de empleo.

 

5. Recuperación del poder adquisitivo del salario y seguridad en el empleo.

 

La recuperación del poder adquisitivo del salario se va a dar al vincularlo con equidad y directamente con la producción y la productividad, e indirectamente con la eficacia y amplitud del sistema de seguridad social.

 

El salario mínimo remunerativo deberá establecerse a partir de índices objetivos que sean resultado de estudios rigurosos, rama por rama y con base, en el caso de los mínimos, en las necesidades de sostenimiento digno de una familia, y en el caso de los salarios profesionales, fijarse de acuerdo a las condiciones productivas particulares, con participación y consultas obligatorias a trabajadores y empleadores.

 

Los costos de la reorganización y capacitación productivas que exige la inserción eficaz en los procesos de globalización, no pueden ser asumidos de manera exclusiva por los trabajadores y las empresas. El Estado tiene en ello una responsabilidad primaria. Es prioritario ampliar el marco institucional de la seguridad social para que abarque la reinserción en el trabajo de los desempleados por efecto de despidos y cierre de empresas. Igualmente prioritario resulta desarrollar, conjuntamente con los sectores social y privado y con los gobiernos de estados y municipios, un esquema regionalizado de participación en la capacitación de mano de obra, consecuente con la reestructuración productiva, que desarrolle las ventajas comparativas para atraer la inversión.

 

6. Elevación y eficiencia de la inversión pública.

 

El Estado tiene la obligación y responsabilidad de conservar y expandir la infraestructura productiva y de servicios, de educación, capacitación, investigación científica y tecnológica; de participar en el desarrollo de las industrias estratégicas; de complementar la inversión privada brindándole apoyos y en su caso compartiendo riesgos y substituirla donde ésta se encuentre ausente o rehuya participar. Todo esto tendrá que lograrse a partir de establecer un verdadero sistema de planeación, presupuestación y auditoría responsable de los egresos, ingresos y el endeudamiento públicos, en el que participen los tres niveles de gobierno y los diferentes sectores de la sociedad.

 

7. Reforma presupuestal y fiscal para el financiamiento no inflacionario del gasto y la inversión públicos.

 

Es necesario reformar el presupuesto del gasto público, a fin de eliminar los gastos administrativos superfluos o indebidos y la corrupción en el servicio público, así como el sostenimiento de campañas y publicidad personalista de altos funcionarios del Estado. Con ello se liberarán recursos, de momento por un monto no cuantificable, necesarios para el financiamiento no inflacionario de la inversión pública productiva y para atacar la desocupación y el rezago social.

 

Por otra parte, debe llevarse a cabo una reforma hacendaria que imprima justicia, simplifique y haga competitiva la estructura tributaria, que alivie el peso relativo de las cargas impositivas de los trabajadores, clases medias y micro, pequeñas y medianas empresas, y facilite el cumplimiento voluntario y responsable de las obligaciones fiscales.

 

Para hacer justo el régimen fiscal, deberá basarse en los principios de que a ingreso igual corresponda una contribución igual, de proporcionalidad en la contribución de acuerdo a los niveles de ingreso de las personas y las empresas, y de equidad en la distribución de competencias fiscales entre la Federación, estados y municipios.

 

Para simplificar el sistema fiscal debe reconocerse el principio de buena fe del contribuyente, eliminando la presunción y su tratamiento como delincuente. Deben suprimirse igualmente, la multiplicidad de registros y las complicaciones de la deducibilidad, estableciéndose declaraciones sencillas, autoformulables, que eliminen los onerosos costos contables que hoy agobian, entre otros, a la pequeña empresa.

 

Para hacer competitivo al régimen fiscal habrá de acreditarse el ingreso invertido en fuentes de ocupación y elevación de la producción, y desgravarse los activos productivos. Con estos propósitos deben suprimirse las complicadas misceláneas fiscales anuales y el impuesto del 2% sobre activos fijos. Debe además, convocarse a una nueva convención fiscal nacional, en la que con sentido federalista se reordenen y armonicen las competencias federales, estatales y municipales en la materia.

 

La competitividad del sistema fiscal deberá basarse también en la armonización de sus tasas de operación, para hacerlas comparables a las de los países con los que se tienen los principales intercambios económicos, y en la promoción de convenios internacionales que eliminen la doble tributación y la transferencia de recursos fiscales de México al fisco de otros países.

 

8. Seguridad sobre los niveles de gasto, recaudación y endeudamiento públicos.

 

Con el fin de dar seguridad y continuidad al esfuerzo económico, la propuesta de presupuesto de egresos, ingresos y endeudamiento de la Federación, debe plantearse al Congreso con carácter sexenal, considerando además aquellos proyectos y programas de carácter transexenal, llevando a cabo previamente los cambios en la legislación que den sustento legal a este enfoque de planeación y presupuestación.

 

9. Crecimiento con equilibrio sectorial, regional y ambiental.

 

Tres ejes principales se contemplan para conducir el crecimiento sostenido de la economía con sustentabilidad social, política y ambiental: la expansión de la industria petrolera, haciendo énfasis en transformar industrialmente el recurso en el país y en el desarrollo de la petroquímica; la recuperación productiva del campo, aprovechando con racionalidad el potencial económico de la amplia biodiversidad con que cuenta el país; y el fomento al turismo en sus diferentes modalidades.

 

La organización y desarrollo de la economía deberán dar especial atención a la regeneración del sector agropecuario, teniendo como meta prioritaria la autonomía alimentaria. Al efecto, deben tomarse medidas para equilibrar los precios relativos, que son base para la capitalización del sector y el desarrollo de la infraestructura, disponiendo los necesarios apoyos institucionales –programas de inversiones, crédito suficiente, oportuno y administrado con honradez, asistencia técnica, organización de los productores, integración racional de los ciclos productivos- para establecer condiciones financieras que hagan competitivo interna e internacionalmente al campo mexicano.

 

Debe revertirse el proceso de desindustrialización que se ha venido dando, mediante acciones coordinadas de los sectores privado, social y público. Deben revertirse igualmente, las tendencias de crecimiento de la economía informal, creando incentivos para formalizar lo informal, disminuir los costos de regulación y poner en práctica una política social que busque resolver los problemas del sector, dar atención especial a la capacitación para producir y vender, así como abrir el acceso a los trabajadores de la economía subterránea a la seguridad social. Complemento indispensable de estas medidas, debe ser el combate a fondo de la corrupción y el contrabando, que en muchos casos, con la complicidad de autoridades, alimenta a algunos sectores del comercio informal y establece una competencia inequitativa.

 

Debe darse un cambio radical a la política petrolera, orientando su desenvolvimiento en función del interés público e instrumentando proyectos para transformar industrialmente los hidrocarburos en el país, garantizando tanto al abasto con suficiencia de los mercados internos como el fortalecimiento de la exportación, ya no de crudo, sino de petroquímicos y refinados. Por otra parte, deben ponerse en práctica políticas de manejo de las reservas que tengan racionalidad política, económica, social y ambiental, de conservación energética, de desarrollo de las energías no convencionales, así como de protección y mejoramiento de los suelos, los acuíferos, la atmósfera y las masas forestales.

 

En el diseño de las políticas de desarrollo, debe darse prioridad a aquellas actividades y proyectos que permitan superar rezagos y carencias regionales, tanto de carácter social como productivo.

 

10. Reconocimiento, ampliación y efectividad de los derechos económicos de los mexicanos.

 

Un primer derecho que debe estar garantizado por la ley y por las prácticas políticas, debe ser el de todo mexicano a beneficiarse con equidad de su esfuerzo productivo, cualquiera que sea la modalidad en que el beneficio se presente. Deben igualmente garantizarse los derechos existentes, estableciendo en su caso los mecanismos para que el ciudadano haga exigible al Estado la posibilidad de su ejercicio, y por otra parte, debe promoverse la legislación que amplíe y fortalezca los derechos del ciudadano, el trabajador, el joven, el indígena, el niño, la mujer, el usuario de servicios públicos, el consumidor, el empresario, el televidente, el radioescucha, el anunciante, a un empleo remunerativo y digno, a la educación en todos sus grados, a la cultura, a la capacitación, la seguridad social, la libre asociación, la tierra, al reconocimiento de la diversidad de género, a la protección de los hijos y la familia, a la salud, a la información veraz, objetiva y suficiente.

 

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La riqueza de México está constituida por la suma de la riqueza de todos los mexicanos, no por la opulencia de unos cuantos y la indigencia de las mayorías. La seguridad radica básicamente en que todos los habitantes del país ejerciten con plenitud sus derechos y gocen con equidad del bienestar que genera el crecimiento. Es obligación y compromiso de un Estado nacional que represente con autenticidad y legitimidad a su población, enderezar el rumbo que ha llevado el país en los últimos años, y hacerse responsable, en el mundo de hoy, que participar en la globalización de la economía signifique avances en igualdad, libertades y crecimiento para los mexicanos, así como que México se coloque de manera indiscutible entre las naciones que deciden sus destinos con independencia plena.