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Una agenda para la transición a la democracia PDF Imprimir Correo electrónico
Miércoles 13 de Abril de 2005 18:00

 

Cuauhtémoc Cárdenas

 

Agradezco muy cumplidamente la invitación del Club de Industriales y de su Presidente, nuestro amigo José Carral, para dirigirme a este auditorio, representativo de la diversidad ideológica, social, cultural y de intereses de nuestra sociedad. Mucho me distingue estar en este día con todos ustedes.

 

Nos reúne hoy una preocupación fundamental: México y su futuro, un futuro que pueda ser de bonanza y bienestar, de convivencia fructífera, que sólo en un esfuerzo conjunto de la sociedad y el Estado, caminando juntos, concertadamente, en función de propósitos comunes, será posible construir, a pesar y por encima de los escenarios actuales de descomposición y complicaciones que amenazan las buenas relaciones sociales, el desenvolvimiento de la economía y la normalidad del proceso de cambio y sucesión que debe darse en julio del próximo año.

 

 

Mucho se habla y mucho se ha hablado en estos últimos tiempos de democracia, de transición, de cambio, y tengo la impresión que en muchos casos se confunde el acto electoral con la vida democrática en su conjunto.

 

Exigimos cambio, buscamos transitar a condiciones mejores, a una situación efectivamente democrática, que no puede limitarse a procesos electorales transparentes, conducidos con rectitud, sino a una situación en la que los valores fundamentales de la democracia: la igualdad, en primer lugar, el Estado de derecho, las libertades cívicas, la tolerancia, imperen en las relaciones políticas y en la convivencia social. Buscamos organizar y no dispersar esfuerzos, unificar y no dividir; oír razones y dialogar antes de resolver; persuadir antes que imponer, tareas todas ellas esenciales en la difícil responsabilidad de gobernar.

 

Hasta ahora, a pesar de haber logrado la alternancia en el ejercicio del poder y haber puesto fin al régimen de partido de Estado en las elecciones de julio del 2000, el gobierno sigue legitimando su actuación con base en la construcción política y administrativa y los mismos medios de acción arbitrarios, autoritarios y circunstanciales del antiguo régimen, el que creíamos había sido ya desplazado y desaparecido.

 

Es evidente que en todo el país prevalecen signos tangibles del quebrantamiento del Estado de derecho, de una justicia que se aplica selectivamente y no es igual para todos, de una relación desequilibrada tanto entre las administraciones federal, estatales y municipales, como entre los Poderes de la Unión, de vacíos legales que deben llenarse y decisiones políticas que deben tomarse para enfrentar con éxito problemas que hoy se viven, de instituciones cuyas facultades deben adecuarse a las nuevas realidades, radicando la importancia de estos hechos en que son la población y el desarrollo los que se resienten con esos desajustes y deficiencias. Por esas razones, entre otras, se hace evidente la necesidad de fortalecer nuestra democracia, llevando a cabo una reforma del Estado que le dote de las capacidades para responder al reclamo de los mexicanos que exigen un gobierno eficaz, comprometido con el ciudadano y que actúe con plena transparencia.

 

 

 

La transición, que lleva implícita la modernización del Estado, constituye un desafío para reorientar nuestro destino y superar las estructuras que nos han impuesto tanto las administraciones del neoliberalismo económico como un régimen que por más de medio siglo, a partir de prácticas autoritarias, vino gradualmente cancelando las expectativas emancipadoras de la población.

 

La transición a la democracia sólo podrá realizarse si se lleva a cabo sobre los ejes y propósitos en los que se apoyaron los grandes movimientos reivindicatorios de nuestro país, desde la utopías que deben perseguir todos los pueblos –alcanzar justicia, libertades y bienestar- hasta las conquistas que han dado sentido a nuestra historia y están plasmadas en los textos constitucionales. La transición a la democracia no se agota hoy, ni termina mañana; es un proceso permanente que debemos prever y descifrar los mexicanos juntos, al imaginar las nuevas circunstancias que la evolución de los tiempos habrá de plantearnos hacia el futuro.

 

La modernización de la administración se presenta como uno de los grandes temas vinculados a la organización política del país y a sus estructuras productivas, con su necesario horizonte de desarrollo, con el indisoluble intercambio que tienen y deben tener las relaciones cercanas y armónicas entre la sociedad y el Estado.

 

Hoy nadie con seriedad piensa en un Estado providencial, menos aun en uno arbitrario o autoritario, ni la discusión de fondo es respecto a su tamaño grande o pequeño. Lo que los mexicanos requerimos es un Estado fuerte por eficiente en su gestión, ágil en la toma de decisiones y democrático, que esté a la altura de las necesidades y aspiraciones sociales que compartimos, fuerte también porque tenga autoridad moral por cumplir y hacer cumplir la ley y responder a los anhelos legítimos de progreso y bienestar de las mayorías.

 

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Las experiencias de cambio democrático con estabilidad que se han dado en tiempos más o menos recientes en muchos otros lugares del planeta, indican que no puede haber transición democrática real si no se sustenta en un nuevo conjunto de leyes, de hecho en una nueva Constitución, por una parte, y por la otra, en un verdadero pacto republicano, en una voluntad colectiva que sostenga un proyecto nacional y actúe en defensa de los valores que dan a la sociedad cohesión e identidad.

 

México nos reclama hoy construir juntos una nueva Constitución, que se convierta en referencia obligada e insubstituible de la unión y solidaridad de la población y sea el punto de sustento de un nuevo Estado de derecho, que nos induzca a la plena observancia de la ley como parte de nuestra vida cotidiana. Una nueva Constitución que ofrezca al aparato del Estado la posibilidad de servir a un proyecto político nacional concebido y ejecutado por la decisión y con la participación mayoritarias de los ciudadanos.

 

La elaboración de una nueva Constitución se vuelve inaplazable para sentar las bases de una forma de gobierno diferente. Las actuales condiciones políticas determinan la urgencia y pertinencia para convocar a todos los mexicanos a la discusión de los cambios que deban darse a la ley suprema, para en su momento convocar a un nuevo Constituyente, que defina una nueva forma de vida para los mexicanos y estructure un Estado que nos conduzca con certezas en el siglo XXI al que ya nos adentramos.

 

 

 

La transición, en nuestro caso, implica devolver el poder al pueblo. Implica, además, la supervisión del pueblo sobre la calidad de su democracia. Que el discurso sea consecuente con la realidad. De otra forma, será imposible consolidar el proceso de transición, como es imposible imaginar una transición completa si no hay acuerdo suficiente en los procedimientos políticos que generen un gobierno de consenso como resultado del voto libre y universal.

 

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En el marco de la reforma del Estado destaca la impostergable necesidad de una revisión al Poder Judicial y a la función que debe cumplir en una sociedad que quiere ser democrática.

 

El sistema judicial se encuentra en un estado de cuestionamiento y descrédito sociales, de preocupación pública y desconfianza colectiva. Es lento, sujeto a tramitaciones engorrosas, prolongadas y costosas. La corrupción permea muchas de sus estructuras. Los solicitantes de justicia deben pagar altos costos por una resolución, que gran parte de las veces es tardía e inadecuada, y que en pocas ocasiones satisface la credibilidad que está obligado a generar el juzgador.

 

El reto de la reforma judicial comprende a toda la sociedad y a todos sus actores. No es sólo un asunto del Poder Judicial o de los otros dos poderes, sino que corresponde también a los ámbitos de la estructura federal del país, señaladamente a los poderes públicos de las entidades federativas y, de hecho, a la sociedad en su conjunto.

 

El resultado de la reforma judicial debe garantizar, como mínimo, el establecimiento de un Estado de derecho pleno. Los retos mayores de esta reforma son impedir que se corrompa o se politice la justicia y que el derecho se ponga al servicio de intereses parciales de grupo económico, facción política o de individuos o individuo en lo particular. El derecho debe ser el marco para el ejercicio de la actividad política y ésta el instrumento para el logro de las aspiraciones sociales.

 

El sistema de justicia no ha sido y no es el mismo para todos, ni funciona de manera igual para todos. Por ello, el estado actual de la protección y defensa de las garantías individuales y de los derechos humanos y sociales amerita también una profunda revisión.

 

Los inmigrantes, migrantes en tránsito, indígenas, mujeres y niños, entre otros, requieren de mayor protección y mejor trato. La reforma judicial debe, entre otras cosas, lograr el pleno reconocimiento y el respeto irrestricto de la dignidad humana, valor supremo de una sociedad democrática.

 

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Por otro lado, la legitimidad del Estado moderno se justifica también por los servicios y oportunidades que el poder público presta y abre a la población con apego a las leyes y normas que regulan su actividad. De esta forma, la noción de poder público se equipara tanto a la de servicio público como a la de crecimiento económico.

 

El tamaño de la economía de nuestro país y las enormes necesidades de la población menos favorecida, alrededor de las dos terceras partes del total, en cualquiera de las tipificaciones de la pobreza que se haga, superan, con mucho, las capacidades financieras con las que cuenta actualmente el gobierno para generar riqueza. Resulta así prioritario, al tiempo que se redefine el papel del Estado, establecer los alcances y vías de realización de un nuevo modelo de desarrollo.

 

 

Un efectivo crecimiento económico sostenido y equilibrado, en consecuencia, sólo puede ser producto de la complementariedad entre el Estado, la sociedad y el mercado, que dentro de un marco regulatorio transparente y de seguridad jurídica fomente la formación de capital humano y la inversión productiva.

 

No es papel del Estado substituir sino garantizar la libertad de ocupación, industria y comercio. La propiedad estatal no substituye sino que complementa a la privada, como eje para el aprovechamiento eficiente y productivo de los recursos económicos. El Estado, por otro lado, no puede substituir la responsabilidad particular –personal, familiar o empresarial- para administrar y acrecentar ese patrimonio personal, familiar o empresarial, que es uno de los sustentos indiscutibles de la riqueza nacional.

 

De igual manera, el mercado y las responsabilidades particulares no pueden substituir las del Estado en la garantía a la seguridad y a la justicia, en la prestación de servicios públicos, el desarrollo de infraestructura, en asegurar igualdad de oportunidades, en crear las condiciones para la estabilidad del entorno macroeconómico y la equidad en las relaciones internacionales, incluso en impedir la apropiación indebida del patrimonio privado de los propios particulares, o que el desequilibrio entre éstos cancele libertades de ocupación, industria o comercio por el dominio indebido de unos sobre otros.

 

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Es urgente además, restablecer los fundamentos legales del Estado, así como adecuar la normatividad fiscal, laboral y energética a las circunstancias actuales y previsibles del país en el futuro inmediato y mediato, sin afectar el bienestar de la población ni la racionalidad del aprovechamiento de los recursos naturales.

 

Es urgente una revisión profunda de la política tributaria. Precisa llevarse a cabo una reforma hacendaria que imprima justicia, simplifique y haga competitiva la estructura tributaria del país frente al exterior, que alivie el peso relativo de las cargas impositivas de los trabajadores, clases medias y micro, pequeñas y medianas empresas, y facilite el cumplimiento voluntario y responsable de las obligaciones fiscales.

 

Deben, por otro lado, revertirse las tendencias de crecimiento de la economía informal, creando incentivos para formalizar lo informal, disminuir los costos de regulación y poner en práctica una política social que busque resolver los problemas del sector, dar atención especial a la capacitación para producir y vender, así como abrir el acceso de los trabajadores de la economía subterránea a la seguridad social.

 

Las economías que en la actualidad avanzan, en cualquier país y en cualquier continente, son aquellas que se muevan hacia la globalización, que se insertan en sus procesos con mayores ventajas cuando al mismo tiempo están participando en esquemas de integración multinacional, esto es, en la formación de grandes bloques demográficos, productivos y territoriales. Por eso nuestra insistencia en que México participe activamente en los esfuerzos de integración política y económica con los demás países latinoamericanos, que avanzan con solidez principalmente en el sur.

 

 

La inserción de nuestro país en la economía mundial debe darse, por lo tanto, en condiciones de equidad, no de subordinación, a partir de decisiones y negociaciones soberanas, no de la imposición de dependencias y de acciones y concesiones entreguistas.

 

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El nuevo Estado deberá afrontar con decisión y realismo el problema que significa la institucionalización de la seguridad social, el mantenimiento y expansión real de las fuentes de trabajo y, sobre todo, el establecimiento e impulso de una nueva cultura laboral.

 

La nueva relación laboral deberá definirse atendiendo esencialmente a dos criterios: primero, el de productividad empresarial, que impulse de manera efectiva el mercado interno; y, segundo, la recuperación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores.

 

Los procesos de reorganización laboral y nueva capacitación para la producción que exige la internacionalización del trabajo, no pueden ser asumidos sólo por trabajadores y empresarios. En este asunto, como en muchos otros, el Estado está obligado a participar en ellos y tiene que ser el principal promotor del establecimiento de una nueva relación laboral en la que se concilien y equilibren los intereses de trabajadores y patrones, para que se responda al presente y futuro de una sociedad cada vez más inmersa en la globalización.

 

En este sentido, debe abrirse una amplia discusión sobre la supresión de las prácticas viciadas del corporativismo sindical y estatal, la supresión del control administrativo de las organizaciones de trabajadores, la actualización de la reglamentación que rige la relación del Estado con sus trabajadores, la revisión de la estructura y funcionamiento de los tribunales del trabajo, las modalidades que debe tener la flexibilidad –regulada- de las contrataciones y prestaciones de servicios personales y profesionales.

 

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México nos reclama soberanía energética, claridad de rumbo y decisión. Reiteradamente hemos dicho que la estructura jurídica de las actividades vinculadas con los hidrocarburos y la electricidad ha sido objeto de un fuerte y largo debate sobre su apertura o no a la inversión privada. El gobierno e incluso algunas voces que dicen ubicarse en el sector progresista del espectro político, sostienen que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no se privatizarán, que no deben privatizarse, sin precisar qué quieren decir con eso. Este es en realidad un falso debate. Pemex y la Comisión Federal son sus instalaciones y en general sus activos materiales, su personal, y la discusión se da en realidad y de fondo en torno a las actividades que realizan para aprovechar no recursos propios, sino recursos que la nación les ha encomendado administrar.

 

La discusión de qué se privatiza o no, debe darse, entonces, respecto al patrimonio de la nación y la condición de estratégicas de las actividades que se realizan en relación a los recursos naturales mismos o a los servicios que se prestan. Lo que debe quedar claro –y lo que define una posición progresista y de soberanía- es cuales son las áreas estratégicas de la energía que se considere deban ser manejadas en función de un interés público y cuales pueden estar abiertas a intereses privados.

 

 

Resulta así de la mayor importancia política que esa disyuntiva se precise desde el punto de vista de la legislación, en su caso en la Constitución misma, y quede superada en lo inmediato. Este asunto se ha convertido en moneda de cambio respecto al cual se ofrecen expectativas, que, hasta ahora, han resultado imposibles de cumplir. Sin embargo, la ética y la franqueza como valores deben seguirse exigiendo a quienes nos dedicamos a la política y aspiramos a dirigir el país, y en ese sentido, considero que el régimen constitucional vigente en materia de energía arroja un balance positivo para el país y debe en consecuencia preservarse.

 

Es indispensable ampliar la capacidad de refinación para reducir hasta eliminar las importaciones de productos destilados. La producción petroquímica, hoy deprimida y en proceso de cerrar plantas, debe volver a ser, junto con la de refinación, uno de los ejes de la nueva política industrial del país, considerando que su desarrollo se vincula con más de cuarenta ramas de la economía. Para reactivarla, se deben ampliar las unidades que puedan integrar cadenas productivas dentro del país. Pemex, por su parte, deberá establecer acuerdos de largo plazo para el abasto de insumos y fórmulas de precios que fomenten la inversión privada en eslabones intermedios y finales de las cadenas industriales, explorando nuevas formas de asociación con particulares nacionales y del exterior, como corresponde a una empresa de su dimensión.

 

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Una verdadera transición a la democracia habrá de llevarnos a transformaciones profundas. La igualdad deberá estar presente en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la nación, por lo que el cambio debe empezar por garantizar los derechos existentes, estableciendo en todo caso los mecanismos legales para que cualquier ciudadano haga exigible su ejercicio al Estado, y, por otro lado, incorporar a la nueva Constitución o en nuevas leyes las medidas que amplíen y fortalezcan los derechos del ciudadano, del trabajador, el joven, el indígena, el niño, la mujer, el usuario de servicios públicos, el consumidor, el empresario, el mexicano del exterior, el televidente, el radioescucha, el anunciante, a la protección de la vida y la seguridad, a la educación, a un empleo remunerativo y digno, a la cultura, la capacitación, la seguridad social, la libre asociación, la tierra, la vivienda, el reconocimiento a la diversidad de género, a la protección de los hijos y la familia, a la salud, a la información veraz y objetiva.

 

Estamos viviendo el momento de definir las nuevas responsabilidades del Estado y las políticas públicas que garanticen y consoliden las reformas. Estamos viviendo los tiempos de tomar decisiones como ciudadanos para comprometernos y ser actores activos en la puesta en ejecución del proyecto de cambio que desde un mejor presente labre y edifique un país generoso con sus hijos, que les garantice una vida de trabajo y dignidad, de progreso y bienestar, un México para todos.