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Estado de derecho y desarrollo social PDF Imprimir Correo electrónico
Jueves 31 de Marzo de 2005 18:00

Cuauhtèmoc Càrdenas

 

La revisión de la historia reciente de nuestro país arroja, a primera vista, saldos desfavorables, que sólo podremos superar con decisión, perseverancia, pero sobre todo con patriotismo y talento. Las elecciones de 2006 y su desenlace, ya próximo, son un aviso que resultará peligroso desoír. La historia no se puede cambiar, pero el desastre sí se puede prevenir. Una elección que de nueva cuenta conduzca a la alternancia burocrática sin más, que se gane con promesas incumplibles o que propicie el enfrentamiento y la polarización sociales, es un riesgo que no podemos volver a correr.

Como sociedad madura que somos y que aspira a la justicia, la libertad y la tolerancia, debemos analizar seria y cuidadosamente cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades que estarán presentes en la construcción de nuestro porvenir.

Unas y otras obedecen a circunstancias y factores distintos y juntas constituyen el punto de partida ineludible de nuestro quehacer político. De ambas debemos sacar el mejor fruto.

Las fortalezas, que deberemos aprovechar para asegurar una real y fructífera transición, se presentan en dos órdenes: uno de carácter económico, el otro esencialmente político.

En lo que concierne al primero, la construcción y el mantenimiento del marco macroeconómico ha permitido una relativa estabilidad de las finanzas públicas, lo que ha generado la confianza de las instituciones financieras internacionales, no así el bienestar de la sociedad.

 

Esto a su vez ha satisfecho el cumplimiento de las condiciones exigidas por los inversionistas extranjeros para la realización de proyectos de mediano y largo plazos, incluso las agencias económicas internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que administran el mundo neoliberal, han expresado su optimismo respecto de las perspectivas de la economía de la región. Sin embargo, no debemos olvidar que ésta es sólo una cara de la moneda. Es la cara del mercado, pues en las cuatro últimas administraciones se ha gobernado y se gobierna para el mercado y no para el bienestar de la totalidad de la población —que dicho sea de paso, es la que sostiene al mercado—. Está visto, entonces, que la teoría económica supuestamente generadora de estabilidades, se ha mostrado incapaz durante lustros para favorecer el crecimiento de la economía nacional, satisfacer la demanda de puestos de trabajo y, en general, para mejorar las condiciones de vida de la población de los países con mercados llamados emergentes.

 

El modelo neoliberal puesto en marcha y que analizamos, efectivamente, se ha traducido en finanzas públicas aparentemente sanas, déficit presupuestal relativo y baja inflación, pero no ofrece una perspectiva económica de justicia social, de mejoramiento progresivo de los niveles de vida, de fortalecimiento de la estructura productiva ni crecimiento del mercado interno. Requiere, pues, una revisión y un ajuste con visión social.

 

 

En relación al segundo, la fortaleza política, debe señalarse que el proceso democrático que vivimos tiene como base un sistema electoral que ha ganado confiabilidad y que ha dado vigencia a los derechos políticos ciudadanos. Este avance, que no es menor, se centra fundamentalmente en la libertad para emitir el sufragio y a la transmisión pacifica del poder como resultado de la competencia política, aunque ésta no siempre ha sido equitativa. El sistema permite una visión orgánica del proceso soportado en elecciones libres, periódicas, regulares, vigiladas y con la premisa en el sufragio universal. No obstante esta visión, útil para el proceso legitimador del ejercicio del poder, ha resultado incapaz para convertir a la pluralidad ideológica en factor de gobernabilidad, y a su vez traducir de manera efectiva los procesos electorales, así como el ejercicio del poder democrático, en decisiones y actos de gobierno que beneficien de manera perceptible a la población en general.

 

Este proceso democrático, ante la falta de resultados y de mejoras tangibles en la percepción generalizada de la gente, ha resultado improductivo y ha ocasionado un desencanto de la población con la alternancia democrática. Frente a estos hechos, no hay duda que es necesario mejorar el ejercicio político para garantizar la gobernabilidad de la pluralidad, a través de consensos y acuerdos tácitos, para que la democracia rinda resultados que conduzcan a una mejor distribución de la riqueza y generen un desarrollo realmente equilibrado con compromiso social.

 

La consolidación democrática y el desarrollo económico con justicia social que todos buscamos exigen el mejoramiento y renovación de los instrumentos, métodos y procesos que emplea el gobierno para superar las actuales debilidades funcionales de nuestra sociedad. Mencionaré sólo tres de ellas: la fragilidad del Estado de derecho, la economía informal y el narcotráfico y la seguridad pública.

 

Vivir en una sociedad regida por las leyes es condición de progreso. Mientras la fragilidad del Estado de derecho sea una realidad y sin una cultura de respeto a la ley, ninguna sociedad puede avanzar. Por otro lado, la legalidad, como valor primordial, debe tenerse por encima de las ideologías o posturas políticas personales.

 

Se cuenta con un Estado de derecho cuando los gobernantes se ciñen a las normas y la libertad de los ciudadanos está garantizada con todo el poder del Estado. El Estado de derecho debe ser vigencia efectiva del orden jurídico con leyes iguales para todos.

 

En un Estado eficaz, por el cual luchamos, el derecho es promotor del desarrollo pues proporciona certidumbre, confianza y seguridad. De nada sirve transformar la economía, rehacer las relaciones entre el gobierno y la sociedad, crear nuevas condiciones para el empleo, la producción, las inversiones y modernizar los procesos electorales, si no rige la vida del país un verdadero Estado de derecho.

 

El déficit del Estado de derecho corrompe las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y deforma el ejercicio del poder.

 

La democracia real se sustenta en el derecho y su cumplimiento. Las libertades civiles, los derechos políticos y los mecanismos de rendición de cuentas, por un lado; la igualdad política de los ciudadanos y los límites al ejercicio del poder, por el otro, son, sin duda, la genuina expresión de una democracia consolidada por la que todavía debemos trabajar.

Un Estado eficaz y con rumbo es el bien público de mayor valor en una sociedad democrática, pues es la garantía de su permanencia. Un Estado débil y errático conduce, sin duda, a un Estado autoritario.

 

En este contexto el tema de la justicia, que es una condición de la actuación legitima del Estado, cobra centralidad relevante; su procuración e impartición serán determinantes, en buena medida, de la marcha de la economía y de la armonía social. Un sólido y predecible sistema de justicia es imprescindible. Las inevitables diferencias y desencuentros que genera la pluralidad política, deben encontrar soluciones confiables y creíbles, lo que requiere cambios y ajustes en la organización tanto de competencias como procedimental, que permitan la solución de conflictos de manera pronta, completa e imparcial.

 

En suma, es urgente un nuevo modelo de justicia que responda plenamente a la nueva organización social que empezamos a construir.

 

La economía informal, la segunda debilidad, que afecta prácticamente a la mitad de la población de nuestro país, es el resultado más ominoso y lacerante de las insuficiencias del conjunto de la economía y de la toma de decisiones gubernamentales equivocadas.

 

Las políticas económicas neoliberales implantadas en nuestro país a partir de 1982, con el ingreso de México al GATT, propiciaron desde entonces una progresiva desarticulación de la estructura productiva nacional.

 

La participación de nuestro país en la globalización actual se acrecentó con la adopción por parte del gobierno del llamado Consenso de Washington. Este instrumento establece los ejes de política económica que aplican los organismos económicos y financieros internacionales para obligar a los gobiernos de países emergentes a someterse a un régimen de austeridad y orden financiero a costa de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Todo lo anterior ha generado, en primer término, un aumento sin precedente del desempleo, profundizando con ello la pobreza existente, y obligando; en segundo término, al surgimiento incontrolable y casi siempre al margen de la ley de ámbitos de refugio laboral, que no son otra cosa sino la economía informal que permite una precaria sobrevivencia.

 

La situación del mercado laboral, prácticamente .clausurado, sólo expresa con claridad las insuficiencias, defectos y graves desajustes que acusan las políticas económicas en boga.

Vincular de manera satisfactoria la economía no articulada, esto es, las ramas del comercio y la producción fuera de la ley, con las instituciones y la dinámica formal del mercado, así como la construcción de redes de protección social que mitiguen el efecto brutal del reacomodo productivo, es tarea que deberá estar presente a partir de 2006.

 

El narcotráfico y la falta de seguridad pública, la tercera debilidad, se han vuelto un tema central en la vida del país, integrándose al acontecer cotidiano de la sociedad con la gravedad que ello implica. La economía nacional tampoco escapa a la distorsión que sobre ella ejerce la delincuencia organizada, lo que debería ser inadmisible para un Estado que se pretenda mínimamente eficaz.

Detrás de estos problemas, lo que parece realmente existir es una falta de voluntad o de capacidad de las autoridades para revisar y replantear el sentido y alcance que deben tener las políticas públicas frente a la delincuencia organizada y el narcotráfico. Sin embargo, se ha optado por el camino fácil de la espectacularidad de la captura, la destrucción de sembradíos y la exhibición de fuerza, en lugar de profundizar en el análisis de las causas, entornos y efectos, así como en revisar los medios que se emplean para su combate.

 

Enfrentar la delincuencia organizada y el narcotráfico no sólo es un asunto penal, pues se trata de hechos donde se conjugan diversos factores de orden geográfico, condiciones sociales y económicas, debilidad de las instituciones y deformaciones culturales. El problema es complejo y pone en riesgo muchas cosas. La ley penal resultará siempre insuficiente frente a un mercado lleno de oportunidades y estímulos mediáticos para el tráfico de drogas ilegales. La llamada guerra contra las drogas parece no responder a criterios lógicos, estrategias y planeaciones sostenibles, por lo que está condenada al fracaso. Mientras la respuesta penal siga siendo el centro atención, frente a un problema que es mucho más que penal, las tensiones y los escenarios de confrontación delincuencial serán cada vez mayores y su efecto más visible será la violencia.

 

La preocupante desvinculación progresiva de la sociedad de los valores morales y éticos pone en riesgo la salud y seguridad de la colectividad. Ahí donde han emergido significativas redes de tráfico ilegal, pocas veces han sido ajenos a ellas los peldaños políticos y policiales. La producción y distribución ilegal de las drogas ignora las fronteras. Algunos países han sido sometidos a tensiones y presiones que parecerían inconcebibles. Por ello, los órganos del Estado responsables de la seguridad nacional deben abandonar el espionaje político para retomar su encomienda original, que es la protección de los valores internos de la sociedad.

 

Dado el permanente deterioro de los órganos del Estado y la evidente deformación de los patrones sociales que impone el narcotráfico, es urgente que el asunto sea tratado como un problema de seguridad nacional.