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Educación superior y desarrollo nacional PDF Imprimir Correo electrónico
Lunes 27 de Junio de 2005 18:00

 

Cuauhtémoc Cárdenas

Deseo agradecer a todos su presencia. Al presentar hoy un documento sobre EDUCACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO NACIONAL, la Fundación Arturo Rosenblueth y la Fundación para la democracia, comienzan una serie de presentaciones a la opinión pública, de temas relevantes para el proyecto nacional, que esperamos merezcan un amplio debate público y, al mismo tiempo, reafirman su punto de vista que en estos momentos de intensa actividad en los partidos y en la vida política en general, más importante que definir candidaturas a los distintos cargos públicos –para lo cual los tiempos ya llegarán-, es conocer las propuestas, que se transformen en compromisos, de partidos y de eventuales candidatos.

En el mundo moderno, el conocimiento ha constituido un factor esencial para el desarrollo de las naciones, con un claro reflejo en los niveles de bienestar de su población. Los ejemplos de ello a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, son numerosos: Holanda, Suecia, Alemania, Francia, los Estados Unidos, Corea del Sur y Japón pueden ser sin duda citados.

 

 

En todos ellos, los esfuerzos realizados, no sólo para adquirir y cultivar el conocimiento, sino para administrarlo y utilizarlo en los procesos productivos, sociales y de creación de sus infraestructuras de servicios han sido formidables, así como los resultados. Resaltan los casos de Japón y de Corea del Sur, cuyos avances tecnológicos nos son conocidos. El producto interno bruto per capita de Japón entre 1950 y 1990 pasó de 1,873 dólares a 19,425, mientras que el de Corea creció de 876 dólares a 10,010 en ese mismo período, de manera similar el PIB per capita de Alemania alcanzó los 19,350 dólares contra 17,395 de Francia y 21,558 de los Estados Unidos. En el mismo período de 1950 a 1990, el producto interno bruto per capita de nuestro país llegó apenas a los 5,112 dólares, triplicándose a partir de 1950, con tendencias al estancamiento a partir de la entrada de México al proceso de globalización, a pesar del crecimiento observado en los años 60s y 70s, en los que se generó, por cierto, un fenómeno de avance de la educación superior, así como apoyos del gobierno a la ciencia y a la tecnología.

 

Estos resultados, conocidos y aceptados por los actores políticos del país, han dado lugar a discursos y reconocimientos sobre la importancia de la educación superior, más no a estrategias sostenidas y coherentes en la materia, ni a apoyos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico por parte de los gobiernos que han tenido en sus manos el destino del país durante las últimas tres décadas, permitiendo con ello el ensanchamiento continuo de la brecha que nos separa de las naciones avanzadas en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico, con el impacto social y económico consiguiente.

 

Estudios recientes realizados por investigadores de la UNAM nos indican que mientras el gasto educativo federal en educación básica subió, a valor constante, entre 1980 y 2001, de 12,640 millones a 45,157 millones de pesos, el de la educación superior creció de 6,040 millones a 11,815 millones, de manera que mientras el gasto en educación básica se triplicó, el de la educación superior, no llegó siquiera a duplicarse, generando una diferencias de 33,000 millones de pesos entre ambos niveles en el 2001, cuando en 1980 era sólo de 6,500.

 

 

El impacto de esta política sobre el conjunto del sistema educativo y sobre la educación superior en especial, ha sido muy grave, pues el incremento en el número de estudiantes de educación básica, tiende a generar mayores demandas de ingreso a las instituciones de educación superior. Atender entonces a más estudiantes con menos recursos, implica necesariamente una reducción en la calidad de la educación que se imparte. Lo anterior se ve claramente en que el gasto anual por alumno se redujo en el período de 22,756 pesos a 17,482, continuando la tendencia de detrimento sin cambio alguno.

 

Queda claro así, que la educación superior no constituye hoy un elemento competitivo de nuestro país en el contexto internacional, ni por sus niveles de calidad, ni por su impacto en el desarrollo nacional, sin desconocer ni menospreciar la existencia de un buen número de profesionistas y técnicos mexicanos que laboran tanto en el país como en el extranjero de manera exitosa. El rezago educativo continúa igual o mayor que hace tres décadas y el porcentaje de estudiantes que logra terminar sus estudios de educación superior resulta igualmente reducido en función de las oportunidades que debiera haber y menor incluso al de varios países de América Latina con población inferior a la de México.

 

Según cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública, el número de adultos sin primaria terminada excede a los 8 millones de personas y el rezago a nivel secundaria es de otros siete (1995). Las estadísticas educativas reflejan igualmente que de cada 100 alumnos que ingresan a primaria, sólo 15 concluyen la educación media superior y 6 logran terminar algún programa de educación superior, por ello, nuestro país está catalogado como uno de los que presentan más bajos índices de escolarización superior (ese índice es de 18% para El Salvador, 21% para Perú, 33% para Bolivia, 34% para Chile y 48% para Argentina, en comparación con el 15% de México).

 

En el ámbito de la investigación científica, sin cambio respecto al pasado, ésta continúa concentrada en un número restringido de instituciones de educación superior, mientras que para el resto, la importancia de la investigación es desconocida o minimizada. Este hecho redunda en la baja calidad de la educación que sus profesores imparten, al ignorar los elementos de innovación que debieran estar presentes en los programas de estudio, así como en las restricciones existentes en laboratorios y centros de experimentación.

 

En forma parecida, el desarrollo tecnológico sólo es cultivado de manera aislada en pocos lugares y en áreas específicas, limitando, en la mayoría de las escuelas, los objetivos de sus planes de estudio y las posibilidades de vinculación con los sectores productivos, cuyas actividades pueden recibir impactos importantes de la innovación tecnológica.

 

Así, mientras en las naciones más avanzadas las empresas y la sociedad en general, ven en sus instituciones de educación superior un recurso valioso para el desarrollo de nuevos productos y de nuevas técnicas y metodologías para su fabricación, así como nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades y la solución a problemas de alimentación, vivienda y comunicaciones, la sociedad mexicana, las empresas mexicanas y con mayor razón las empresas extranjeras instaladas en México, no contemplan tales posibilidades y preferentemente buscan la solución a sus problemas tecnológicos, de modernización y expansión fuera de nuestras fronteras.

 

Este escenario, generado en las deficiencias y la mala orientación de la educación superior, ha dado lugar a la idea de que los mexicanos no tenemos la capacidad suficiente para llevar a cabo desarrollos tecnológicos, como una especie de fatalismo cultural y auto denigración que debe ser hecho a un lado. Sabemos de esfuerzos exitosos y loables realizados a contracorriente para cambiar estas ideas, sin embargo estos hechos, hasta ahora más bien aislados, deben ser llevados al nivel de una política de Estado, que alcance e involucre a la sociedad en su conjunto.

 

 

 

La parte más preocupante de esta problemática, es su congruencia total con el modelo de desarrollo que ha sido impuesto a nuestro país desde el exterior y que las últimas administraciones, incluyendo a la actual, han pretendido consolidar: el de una nación periférica, proveedora de mano de obra barata, de baja capacitación y escasos requerimientos intelectuales, orientada a participar principalmente en las etapas de ensamblado y de utilización de productos concebidos, diseñados, terminados y probados en otros países.

 

Este tipo de actividades, enmarcadas de manera genérica en la llamada industria maquiladora, en la que competimos con otras naciones latinoamericanas y asiáticas, han sido promovidas y favorecidas por sucesivos gobiernos federales y estatales a lo largo y ancho del territorio nacional, con el propósito de generar empleos, sin considerar las características de esos empleos, ni su impacto social, ni menos sus efectos para los niveles de competitividad y la orientación de nuestra vocación productiva.

 

El fenómeno va desde luego más allá de la sola industria maquiladora. Nuevas actividades ubicadas en el sector de los servicios son incorporadas continuamente a la economía, y prácticamente en todas ellas, el patrón de desarrollo incluye actividades de carácter intelectual y alto valor agregado que se realizan en países avanzados, mientras las tareas mecánicas y de valor marginal son las que se dejan para realizarse localmente.

 

La gravedad del problema se hace patente a la luz de algunas estadísticas de la OCDE: en 2001, México contaba con 214 científicos e ingenieros por cada millón de habitantes, frente a 582 de Costa Rica, 660 de Argentina, 2,719 de Canadá y 3,673 de Estados Unidos. Tales cifras parecieran indicar un enorme faltante de profesionistas en el país, sin embargo un estudio reciente del INEGI señala que son los egresados de educación superior quienes más dificultades tienen para obtener empleo, y si bien se trata de profesionistas en general, no se dan indicios de que la situación particular de los científicos y los ingenieros pudiera ser distinta.

 

Esta situación ha generado durante los últimos años un nuevo fenómeno, la migración a los Estados Unidos, Canadá y Europa, de profesionistas y especialistas mexicanos en todas las ramas del conocimiento, los cuales, en la mayor parte de los casos, logran realizar carreras de éxito y son pocos los que retornan al país. Que bien por ellos que pueden proporcionar un buen futuro a sus familias y a sí mismos, pero que mal por el país, que pierde así a algunos de los profesionales mejor formados de que dispone, y con ellos las enormes inversiones que su educación representa. Las comunidades de científicos, ingenieros, médicos y profesores mexicanos en diversas partes de los Estados Unidos, son al mismo tiempo que motivo de orgullo para nuestro país, un recordatorio permanente de una realidad penosa e indeseable.

 

Con esta salvedad, el diagnóstico que puede hacerse de nuestro sistema de educación superior, indica claramente la intención existente en círculos oficiales y otros dominantes de la vida económica, de que México continúe como país proveedor de mano de obra barata y sin mayores aspiraciones, para el cual, según esa visión y esos intereses, su sistema de educación superior resulta un tanto innecesario, más allá de replicarse a sí mismo y de formar a una elite empresarial destinada a administrar procesos productivos y de gestión diseñados en el exterior, así como a asegurar la permanencia y continuidad del modelo económico impuesto.

 

La información estadística disponible muestra un crecimiento saludable del sistema educativo en su conjunto durante la segunda mitad del siglo XX, llevando la posibilidad de acceso a la educación superior a un número cada vez mayor de estudiantes que concluían sus ciclos de educación primaria, secundaria y de bachillerato; sin embargo, a partir de 1980, el crecimiento de las facilidades de acceso a la educación media y media superior ha estado acompañado de un empobrecimiento generalizado de la población, constituyéndose ésta en la dificultad principal para el ingreso y permanencia de los estudiantes en la educación superior.

 

 

 

Sin importarles las dimensiones del problema social, los últimos gobiernos de corte neoliberal, han tratado de imponer un esquema de colegiaturas para financiar, al menos parcialmente, a las instituciones de educación superior y reducir las aportaciones públicas, en un afán de ahorro no sólo irresponsable desde el punto de vista social, sino fuertemente agresivo contra los jóvenes y sus oportunidades de formación y superación.

 

Al fracasar en su intento, los últimos gobiernos han optado por restringir los presupuestos destinados a las instituciones de educación superior, limitando con ello su capacidad de atención y sus posibilidades de crecimiento y de oferta de programas de alta calidad y de vigencia científica y tecnológica, y por orientar la demanda o parte de ella hacia instituciones privadas, abocadas a la producción de cuadros empresariales, sin ofrecerles las posibilidades de hacerse de los necesarios recursos de investigación y del personal docente calificado para impulsar dentro de ellas alternativas de desarrollo científico y tecnológico.

 

De acuerdo con información sobre la educación superior, publicada por la Unidad de Postgrado de la Universidad de Zacatecas y la UNAM, la matrícula de las 37 universidades públicas del país (sin tomar en cuenta sus bachilleratos) creció de 720,000 estudiantes en 1990 a 785,000 en 2001, mientras que la de las universidades privadas pasó de 223,000 a 605,000 en ese mismo período. El surgimiento de las denominadas universidades tecnológicas y el crecimiento de los institutos tecnológicos, permitió un incremento en la matrícula tecnológica pública mayor al de las universidades públicas, pasando de 270,000 a 530,000 estudiantes, inferior por cierto al de la educación superior privada.

 

Con esta política de acceso a la educación superior, los resultados han tendido a ser elitistas e inequitativos, en cuanto que los estudiantes con menos recursos tienen pocas oportunidades de acceso y permanencia en estudios superiores de calidad, sin importar su vocación y capacidad intelectual ni su desempeño académico, todo ello en contra de los derechos sociales que debieran ser reconocidos por una sociedad democrática.

 

Si la educación superior es una herramienta para el desarrollo y la competitividad de las naciones, para las familias, así como para los individuos, debiera constituir también la mejor opción para superar condiciones de marginación y de pobreza y no convertirse en un mecanismo para consolidar condiciones de exclusión social, repitiendo cada generación pautas de inequidad de la generación anterior, dejando como única opción de para los excluidos, la vida en la marginalidad.

 

Es preciso por ello lograr que los estudiantes de alto rendimiento en sus estudios previos, aseguren su acceso no solamente a la educación superior pública y gratuita de la más alta calidad, sino que en caso de necesidad cuenten con los apoyos públicos suficientes para garantizar su permanencia dentro del sistema educativo hasta los grados que decidan llegar, con la sola condición de cumplir cabalmente con los requisitos académicos establecidos.

 

Existe en algunos la creencia que la educación superior de calidad no puede ser masiva, sino que debe ser necesariamente elitista, y de manera complementaria piensan que la educación superior cuando es masiva no puede ser de calidad. La historia contradice tales afirmaciones: muchos son los países que han contado y cuentan actualmente con sistemas de educación superior accesibles a amplios segmentos de su población, y que al mismo tiempo han instrumentado mecanismos para asegurar la calidad de la educación. Si en nuestro país la realidad es hoy distinta, debiéramos seriamente pensar en cambiar el modelo político-económico vigente, incluyendo el actual de educación superior e incorporar en éste en particular los aspectos y mecanismos que permitan al mismo tiempo que acrecentar su cobertura, incrementar su calidad.

 

Ello será posible en la medida en que se logre llevar a la práctica un modelo nacional progresista y democrático, que dependerá en buena parte de la decisión para actuar y de la capacidad de convencimiento, así como del ingenio y la voluntad para reducir las estructuras y actividades de una burocracia excesiva e innecesaria que hoy parecen dominar no sólo al sistema educativo, sino a buena parte del gobierno y de la nación misma. Dependerá en el área educativa en particular, del entusiasmo de maestros e investigadores para dar sus clases y realizar actividades de exploración e investigación, para organizar encuentros que vitalicen el intercambio de experiencias y para participar en ellos, para vincular sus estudios, investigaciones y trabajos con las problemáticas culturales, sociales y productivas del país.

 

 

Para nuestro proyecto de nación, la educación y en especial la educación superior y la investigación científica y tecnológica, constituyen factores fundamentales del desarrollo sustentable, del bienestar social, de la autonomía tecnológica y en un sentido más profundo, de la soberanía y la integridad nacional. Por ello, la educación superior, junto con la investigación científica y tecnológica, deben verse como áreas de actividad prioritarias, por lo que es urgente su fortalecimiento dentro de las prioridades políticas y la asignación de recursos económicos que permitan garantizar su desarrollo permanente, tanto para dar respuesta y atención a las demandas, de manera que todos los jóvenes que decidan realizar estudios técnicos, profesionales y de postgrado puedan hacerlo, como para asegurar los niveles de conocimiento y las capacidades técnicas que permitan a nuestro país competir en el mundo globalizado.

 

Cambiar el actual modelo de desarrollo del país, por otro en el que la formación técnica o profesional, en una institución de educación superior constituya una seguridad de empleo estable y remunerado adecuadamente tomará tiempo y requerirá de inversiones que sólo podrán darse en condiciones de estabilidad y confianza, que sólo un gobierno sólido, honrado y visionario podrá garantizar. En un modelo de nación racional, el sistema de educación superior y el sistema económico deben alcanzar un nivel de vinculación tal, que resulte imposible el desarrollo de uno sin el otro, generándose un alto grado de sinergia entre ambos.

 

Los recursos económicos que el desarrollo del sistema de educación superior e investigación requiere, tendrán que irse incrementando gradualmente, en el plazo más corto posible, por un gobierno con responsabilidad social. Las prioridades no pueden quedar en el discurso, tienen que reflejarse en los presupuestos y echando mano de los recursos disponibles. Hoy, como nunca, son altos los precios del petróleo y elevados los ingresos no previstos y no comprometidos del Estado mexicano. Esos ingresos del petróleo se han estado utilizando para financiar la incapacidad fiscal del gobierno y para cubrir gastos cuyas prioridades y beneficios son poco claros. Esos recursos, por mandato expreso del Congreso, debieran ir a la expansión de la propia actividad petrolera, a estimular el crecimiento de la economía y a la atención de necesidades sociales agudas. Dentro de esas prioridades, debiera incluirse la preparación de nuevas generaciones de mexicanos que generen, tengan acceso y puedan aprovechar, para beneficio del país, los conocimientos de punta que ellos mismos creen o que se den en cualquier parte del mundo.

 

En sentido contrario a estas ideas, en años recientes el gobierno ha hecho esfuerzos e incluso ha preparado y enviado iniciativas al Congreso para cerrar diversos centros de investigación científica y de desarrollo tecnológico establecidos por el propio gobierno en otros tiempos. El Colegio de Postgraduados de Chapingo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Mexicano del Transporte entre otros, han corrido el peligro de su clausura y fin, ante el argumento antinacional de que no se trata de instituciones autosustentables, sin querer entender que son esas instituciones las que pueden garantizar la autonomía de la nación en materia de alimentación en un caso, de vías de comunicación en otro, y de diversos desarrollos tecnológicos en otros más.

 

Las iniciativas, totalmente a tono con las políticas neoliberales y con el modelo de país que se ha pretendido imponer, manifiestan la ineptitud y falta de visión que hoy priva en círculos importantes del gobierno federal. Muchos de los aquí presentes se han enfrentado con las preferencias de oficinas gubernamentales para contratar empresas extranjeras para hacer estudios y resolver sus problemas técnicos y de gestión, ignorando las capacidades de las que disponen las instituciones de educación superior nacionales. Esas prácticas representan enormes erogaciones que podían haber quedado en el país y con ellas se niega a especialistas mexicanos la oportunidad de participar en actividades para las cuales han sido preparados con el esfuerzo de la nación.

 

Sirvan de ejemplo los casos del Metro de la Ciudad de México y del tantas veces anunciado y abortado proyecto del ferrocarril suburbano.

 

En el primer caso, después de más de 35 años de operación, la dependencia tecnológica del Metro respecto de las compañías francesas que le han venido suministrando trenes, sistemas de control y redes de energía es prácticamente total. Han existido intentos de algunas instituciones de educación superior de participar en la solución de sus problemas, sin haber logrado un cambio en la actitud de las autoridades y consecuentemente sin cambio alguno en la relación de dependencia de tecnología extranjera.

 

En el caso del ferrocarril suburbano, el proyecto ha sido diseñado y está siendo licitado, supuestamente pensando en que sean empresas extranjeras las que lo construyan y operen, haciendo a un lado cualquier posible participación de empresas e instituciones mexicanas. En ambos los casos, los altos funcionarios oficiales se escudan en la supuesta existencia de cláusulas en los tratados de comercio que obligan a México a licitar esos proyectos de manera abierta e internacional, sin buscar reciprocidad respecto a las prácticas de contratación que privan en los países con los que se suscribieron esos tratados, que les permiten reservar entre el 25 y el 30% de sus contratos de tecnología para empresas e instituciones de sus países. Los ejemplos se repiten en otras dependencias como la Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social, Aeropuertos, etc.

 

Sólo con cambiar ese tipo de prácticas, una buena parte de nuestro sistema de educación superior e investigación saldría de su estado actual de estancamiento.

 

El caso más dramático es el de Petróleos Mexicanos, pues la alta capacidad económica de ese organismo y sus enormes necesidades de productos y servicios de la más variada naturaleza, debieran haber dado lugar a toda una industria floreciente y a un gran sistema de investigación que podría cubrir aspectos de medicina, biología, ecología, de ciencias de la tierra, mecánica, electrónica, de las ciencias de los materiales, sistemas de información y otras herramientas de cómputo, etc., tal como ha sucedido con otras empresas petroleras aún de menor tamaño en otros países.

 

Muchos pueden pensar que es demasiado tarde para emprender una revolución de este tipo. No lo vemos así. Aunque tal esfuerzo tomará tiempo, cualquier avance en esa dirección tendría fuertes repercusiones sobre el sistema de educación superior e investigación, y por otra parte, los efectos secundarios que este tipo de procesos generan, llegan a tener consecuencias impredecibles, a partir de las innovaciones que se producen.

 

Una necesidad apremiante, que es también oportunidad, está relacionada con la escasa o nula capacidad de gestión por parte de funcionarios que ocupan puestos sin mayores conocimientos en los temas sobre los que deben decidir o actuar. Si bien existen instituciones creadas para la capacitación de cuadros medios de la administración pública, éstas resultan insuficientes por la poca atención que la propia administración les presta y los bajos presupuestos que les asigna.

 

La contratación de empresas extranjeras de consultoría es otro indicador del menosprecio oficial a las instituciones de educación superior del país. De darse otro trato, podrían lograrse ahorros significativos para el país y una buena vinculación de las instituciones de educación superior con la administración pública, derivando beneficios para ambas partes.

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, creado varias décadas atrás para apoyar los esfuerzos de investigación científica y de desarrollo tecnológico, así como la formación de especialistas del más alto nivel en instituciones nacionales y extranjeras, dio en sus primeros años de existencia, un importante impulso al desarrollo científico y tecnológico, proporcionando oportunidades a investigadores e instituciones y haciendo posible la apertura de diversos campos y proyectos de investigación en un buen número de instituciones, sin embargo con el paso de los años y el advenimiento de los gobiernos neoliberales, el crecimiento de su estructura burocrática, la concentración de recursos para apoyar sólo a unas cuantas instituciones y el establecimiento de una normatividad tan pesada como inútil, ha limitado su capacidad para atender a las generaciones de investigadores jóvenes profesionales, para incentivar el desenvolvimiento de nuevos proyectos de investigación y para la creación de nuevas organizaciones y empresas de orientación tecnológica, por lo que hoy requiere de cambios estructurales que le devuelvan la agilidad, la eficacia y la visión original, y que permitan la participación de las instituciones de educación superior en la formulación de sus políticas.

 

 

Un crecimiento económico sólido debe necesariamente sustentarse en la capacidad técnica y profesional de los jóvenes para conformar y participar en cadenas productivas de alto valor intelectual, que permitan, en plazos razonables, posicionar al país en los mercados mundiales como un país competitivo e innovador. Ello implica, además de conocimientos y habilidades intelectuales específicas, actitudes de liderazgo, de trabajo en equipo, de constancia, creatividad y disciplina, como partes fundamentales de la formación profesional. Pocas instituciones de educación superior hasta ahora, han dado atención y dedicado esfuerzos a estos aspectos. El país requiere poner atención a estos temas. La habilidad de adaptación al cambio, que pareciera ser la única constante de nuestro tiempo y que implica las capacidades de aprender a aprender y de aprender a emprender, debieran ser desde ahora elementos comunes en todos los planes y áreas de estudios profesionales y de postgrado.

 

Por otra parte, la realidad social y familiar en la que viven hoy la mayoría de los jóvenes contribuye de manera negativa a su formación cultural y profesional. La frustración, la ausencia de autoestima y sus posibles reflejos en adicciones, así como en otras conductas antisociales, son cada vez más frecuentes en la vida de los jóvenes que asisten a las instituciones de educación superior, por lo que debe haber respuestas adecuadas por parte de ellas en particular y del Estado en lo general. Esos fenómenos, de aparición relativamente reciente en nuestro país, constituyen ya un problema social que puede dificultar y de hecho está dificultando ya el desarrollo nacional. Si bien sólo un porcentaje reducido de jóvenes ingresa a las instituciones de educación superior –menos del 15%– y sabemos que necesariamente, este segmento es el menos afectado, el sistema educativo y las instituciones de educación superior, constituyen recursos fundamentales de los que dispone la sociedad para combatir esos problemas mediante programas preventivos y de orientación bien estructurados.

 

No detener hoy la evolución de estos fenómenos con un esfuerzo enérgico de cobertura nacional, tendrá con seguridad costos muy altos para el país. Por ello, habrá que asignar los recursos necesarios para convertir a las instituciones de educación superior y al sistema educativo en general, en un dique de contención de la drogadicción y la delincuencia juvenil.

 

Una de las realidades más preocupantes del país lo constituyen sus diferencias regionales, tanto entre el norte y el sur, como entre el medio urbano y el rural. En el primer caso, las estadísticas nacionales indican claras diferencias en el ingreso medio y la distribución del ingreso, así como en los niveles de escolaridad promedio que son entre uno y dos años más elevados en las entidades del norte que en las del sur, con mayor número de profesionistas y desde luego mejores niveles de remuneración lo que habla de una problemática de carácter estructural que amenaza la integridad nacional, o que puede dar lugar a condiciones de explotación de algunas regiones del país sobre otras.

 

En la relación campo-ciudad las diferencias son igualmente observables y acaso en las condiciones en las que se ha desarrollado el país entendibles, en lo que hace a los niveles de ingreso, de escolaridad y presencia de profesionistas, debiendo señalarse que con este situación no se conforma un esquema de desarrollo adecuado, pues menos de 150 municipios, que representan alrededor del 7% del territorio nacional, constituyen el lugar de residencia de más de la mitad de la población y concentran el 85% de la producción no agrícola y de las inversiones públicas y privadas, con un claro deterioro, por otro lado, que se ha ido dando de la calidad de vida en las zonas urbanas, debido a las concentraciones excesivas, la falta de planeación y la insuficiencia de las inversiones en infraestructuras.

 

Los esfuerzos de los sucesivos gobiernos de la República en el área de la educación superior a lo largo del siglo XX, constituyeron una política orientada a reducir las diferencias regionales. Universidades estatales, tecnológicos regionales, escuelas normales y agropecuarias, universidades tecnológicas, fueron construidas y puestas en operación en toda la República, eliminando los flujos migratorios de quienes buscaban oportunidades de formación profesional en las principales ciudades del país.

 

 

 

Estos esfuerzos nos han mostrado con claridad la importancia de la educación superior como instrumento para la planeación del desarrollo regional. Sin embargo, ellos parecen haber sido insuficientes para evitar las desigualdades regionales hoy manifiestas. Tales esfuerzos nos dan la pauta para disminuir en el futuro las diferencias regionales que presenta actualmente el país.

 

Estimular el crecimiento de las matrículas de estudiantes en las entidades del centro y sur del país, incrementar sus presupuestos, fortalecer sus plantillas de profesores y mejorar sus instalaciones y laboratorios deberá formar parte de un proyecto integral de desarrollo que articule dichos esfuerzos con el establecimiento de plantas productivas y el desarrollo de infraestructura. El aprovechamiento racional de los recursos naturales y la instalación de plantas petroquímicas e industrias diversas, con la participación de inversionistas particulares y públicos, deberá generar las oportunidades de empleo que los nuevos profesionistas demanden.

 

El sistema de educación tecnológica, cuya importancia no ha sido comprendida por la administración actual, debe constituirse nuevamente en motor del desarrollo industrial del país, facilitando y apoyando la creación de nuevas plantas productivas y contribuyendo en la solución de los principales problemas nacionales, como el desarrollo de la infraestructura eléctrica, de vías de comunicación y del aprovechamiento y la administración regional del agua, recurso cada vez más crítico en muchas regiones del país. La integración de las escuelas técnicas en un sistema moderno que facilite su gestión, incremente su receptividad ante la aparición y la evolución de nuevas tecnologías, constituye uno de los puntos relevantes para el desenvolvimiento de la educación superior. Adicionalmente, será necesario sembrar en las nuevas generaciones la visión de un país capaz de contribuir al desarrollo tecnológico con alcance internacional y no sólo de un país operador y consumidor de tecnología generada en otras partes.

 

Mejorar la calidad de la educación constituye un reto permanente y una responsabilidad ineludible de todo Estado, de todo gobierno y en particular de todo sistema educativo. Evaluaciones recientes realizadas por la OCDE y por otras organizaciones colocan al sistema de educación básica de nuestro país entre los más deficientes, señalando como problemas mayores los referentes a la comprensión de la lectura y las matemáticas.

 

Estos resultados no hacen sino confirmar las experiencias de los profesores universitarios, que señalan la imposibilidad de formar buenos profesionistas, cuando trabajan con estudiantes mal preparados, con problemas de lecto-escritura, compresión, rechazo a las matemáticas y malos hábitos de estudio.

 

Si a esto se agregan las deficiencias presupuestales para atender a poblaciones crecientes, no es difícil concluir que la calidad de la educación superior a nivel nacional tampoco puede ser alta, con las excepciones que se puedan dar en algunas instituciones específicas. Así, con la información que se tiene, es posible afirmar que mientras en 1990 los recursos disponibles para atender a un estudiante de educación superior eran equivalentes a 9.2 veces el costo por alumno de primaria, para el año 2001, habían caído a menos de 4.9 veces. Es claro, por otra parte, que la especialización de los profesores, el pago de sus remuneraciones y el equipamiento de laboratorios y talleres que requiere la educación superior, no están contemplados en las propuestas presupuestales de la administración.

 

Tomando en consideración esta problemática, el mejoramiento de la calidad de la educación superior requiere elevar substancialmente los conocimientos que se imparten en la educación media y media superior en los aspectos ya señalados, así como fomentar el interés por el estudio, la investigación y la cultura, de manera que al llegar a la educación superior, las deficiencias principales estén superados por la mayor parte de los estudiantes.

 

Uno de los primeros objetivos a fijarse para mejorar la calidad de la enseñanza superior, debe ser el de recuperar los niveles de presupuestos existentes en los primeros años de la década de los ochenta.

 

Es de reconocerse la importancia de contar con esquemas de evaluación para la educación superior, siempre y cuando estén diseñados y se instrumentan con seriedad y responsabilidad. Algunos mecanismos concebidos para evaluar y estimular el trabajo de profesores e investigadores, como el Sistema Nacional de Investigadores o el Programa de Estímulos a la Productividad han utilizado criterios que lejos de mejorar el desempeño de maestros e investigadores, han activado prácticas indebidas, como la alteración de informes de trabajo, la publicación de reportes, sin participar en la elaboración de estos, la preparación de referencias cruzadas acordadas grupalmente etc., las que poco han contribuido en el mejoramiento de la calidad de la educación superior.

 

 

 

Otro efecto negativo de esos mecanismos, ha sido el hecho que los estímulos otorgados a maestros e investigadores no tienen ningún impacto en sus prestaciones de retiro, por lo que en muchos casos la jubilación puede representar la reducción de los ingresos. El retiro se posterga entonces lo más posible, con lo que la renovación de cuadros docentes y de investigación se retarda, impactando negativamente la calidad educativa y de investigación.

 

Por otra parte, aún en las mejores condiciones y con las mejores prácticas, los mecanismos de evaluación y estímulo aplicados han resultado insuficientes para mejorar la calidad de la educación. La actualización de planes y programas de estudio, la capacitación y motivación de profesores mediante programas de educación continua, el pago de remuneraciones justas, la participación en congresos y certámenes de carácter periódico, el reconocimiento y la entrega de estímulos al buen desempeño académico y de investigación, el mantenimiento para asegurar el buen estado de instalaciones, talleres y laboratorios, son políticas que deben revisar y atender las propias instituciones.

 

A partir de estas experiencias, es necesario integrar los recursos que han servido para establecer los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores a los presupuestos de las instituciones a las que pertenecen para incrementar los salarios y prestaciones de maestros e investigadores y buscar así el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos y de las actividades de investigación.

 

Al participar e involucrarse las instituciones de educación superior en los procesos productivos y sociales del país, habrán de impactar positivamente la calidad de la educación, siempre y cuando el fenómeno tenga un efecto importante e inmediato en los ingresos de esas instituciones.

 

En tiempos recientes, un número creciente de instituciones privadas han aparecido tanto en el territorio nacional como en el espacio virtual de internet, como respuesta al crecimiento de la demanda insatisfecha de más y mejor educación superior, pero también como una opción fácil para vender certificados de estudio que no se hicieron o que en gran número de casos se realizaron de manera deficiente; tales prácticas deben desterrarse con la colaboración estrecha del gobierno y las mismas instituciones de educación superior.

 

Particularmente preocupante resulta la existencia de supuestas instituciones de educación superior, ubicados en otras naciones, que ofrecen vía internet, programas de estudio de especialización y postgrado a distancia, amparadas en la falta de normas que permitan certificar su validez. Los riesgos para nuestro país son claros, por lo que será necesario modificar la legislación para el reconocimiento de grados obtenidos en programas a distancia de origen extranjero. La participación de la UNESCO como autoridad educativa en esta materia debe ser solicitada desde ahora por el gobierno de México.

 

En una nación moderna, los sistemas de educación superior públicos y privados deben coexistir sin problemas y complementarse, siendo responsabilidad del Estado garantizar los marcos de referencia y esquemas de colaboración que permitan mejorar el desempeño del sistema en su conjunto.

 

Los actuales son tiempos de cambio en todos los órdenes, en las pautas de organización social, en los esquemas de producción y de distribución de bienes, en la aparición de nuevas actividades y formas de servicio, en el crecimiento y evolución de las ciudades. Esos cambios inciden en las oportunidades y requerimientos del trabajo especializado e implican necesariamente flexibilidad en las instituciones de educación superior, para instrumentar nuevos planes y programas de estudio que respondan a los nuevos requerimientos. Adicionalmente, esos escenarios de cambio hacen necesario que a lo largo de la vida productiva, hombres y mujeres continúen estudiando y actualizando sus conocimientos para mantener sus niveles de competitividad, independientemente de su formación académica original, en el entendido que esas opciones de actualización no existen para una inmensa mayoría de la población.

 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos orienta sus esfuerzos a atender el rezago educativo entre la población adulta del país, ofreciéndole programas de educación básica y media. Para el adulto que tiene una formación profesional o le fue posible en su juventud terminar la secundaria y el bachillerato, sus posibilidades de acceso a programas de educación continua, acordes a su perfil y necesidades cambiantes de conocimiento son casi inexistentes en el sector público, reduciéndose al aprendizaje de idiomas o de algunas temáticas específicas. El problema no ha sido considerado importante hasta ahora, no obstante constituir una de las causas principales de las altas tasas de desempleo entre la población mayor de 40 años.

 

 

Conformar un sistema de educación continúa para personas adultas con educación media superior y superior resulta importante ante la realidad actual del país. Los innumerables esquemas de certificación de conocimientos y habilidades que hoy ofrecen diversas empresas y que son aplicados y aceptados en la vida del trabajo dan cuenta de ello, pero distan mucho de resolver el problema. La experiencia del INEA debe ser tomada en cuenta para establecer un sistema nacional, en el que participen todas las instituciones de educación superior y se de así respuesta a la enorme diversidad de temas que pueden ser estudiados. La idea central de este nuevo sistema será, necesariamente, la de aprender a aprender y de generar una actitud permanente de estudio.

 

Un objetivo de este esfuerzo será lograr la existencia de planes de estudio y de planteles específicos, en los que la población adulta encuentre opciones de estudio y preparación para mantener sus conocimientos actualizados y asegurar mejores ingresos y la prolongación de la vida productiva.

 

Para desarrollar un sistema de educación superior de alta calidad, se plantea una política pública sustentada en

 

1. La integración del Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior al Plan Nacional de Desarrollo, en la medida que uno requiere del otro y lo complementa.

 

2. El incremento de los recursos asignados a la educación superior, tanto en forma absoluta como en términos de cada estudiante atendido, hasta recuperar en una primera etapa, al menos los niveles de gasto por estudiante respecto a la educación básica que existían en la década de los años 80.

 

3. La utilización de parte de los recursos provenientes de la exportación del petróleo, para financiar la expansión de la educación superior, mejorar su calidad y apoyar la investigación científica y tecnológica, como una forma de inversión nacional.

 

4. La reducción de las desigualdades que en materia de educación superior existen entre las entidades del norte y del sur, tanto en los porcentajes de escolarización, como en el de ocupación e ingreso de los profesionistas y especialistas.

 

5. El apoyo a los estudiantes de alto rendimiento y escasos recursos económicos con becas que les permitan terminar sus estudios profesionales y de postgrado.

 

6. Hacer efectiva y garantizar la gratuidad de la educación superior en las instituciones públicas.

 

7. La reorientación de las políticas de gasto público, de manera que un porcentaje significativo de las compras y contrataciones de las instituciones públicas sea destinado en forma obligatoria a empresas mexicanas que estén vinculadas con las instituciones de educación superior o a éstas directamente.

 

8. En particular, la instrumentación de las políticas de contratación de PEMEX, de manera que este organismo se convierta en un motor determinante del desarrollo tecnológico e industrial del país.

 

9. El incremento de la calidad de la educación superior del país, mediante la asignación de mayores recursos y el establecimiento de estímulos institucionales, dejando a las propias instituciones el otorgamiento de los estímulos individuales.

 

10. La instrumentación de un sistema de educación continua para adultos con formación profesional y de bachillerato.

 

11. El fomento de una cultura científica y tecnológica de orgullo nacional.