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AGENDA ENERGÉTICA NACIONAL PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 18 de Octubre de 2005 18:00

Cuauhtémoc Cárdenas

Los recursos naturales y en particular los hidrocarburos y los relacionados con la generación de electricidad se cuentan entre los activos más importantes de los que dispone México para superar los problemas económicos y sociales que enfrenta, por lo que recuperar su aprovechamiento y desarrollo con criterios de interés público y nacional se constituye hoy en un imperativo fundamental de presente y de futuro.

 

Las líneas básicas de la política energética que hoy demanda nuestro país se enmarcan en el esfuerzo por ejercer con plenitud la soberanía de la nación, en la consideración objetiva de las condiciones actuales de los recursos energéticos, en la posibilidad de que se constituya en pilar fundamental del crecimiento económico y contribuya de manera efectiva a la elevación de los niveles de vida de los mexicanos. Con base en estos principios, una nueva política energética patriótica y responsable a desarrollar por la próxima administración debiera considerar con prioridad:

 

1. La restitución de las reservas petroleras para fortalecer la seguridad energética del país. Las reservas probadas de petróleo y gas -16 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce)-, de mantenerse los niveles actuales de extracción -1.6 MMbpce por año- prolongarían su vida alrededor de 10 y 7 años respectivamente. La extracción de petróleo llegó a su máximo en el 2004, con 3 383 000 barriles diarios, y el 70% del volumen original de las reservas probadas ya fue extraído. Por otra parte, el activo más importante en este campo, el yacimiento de Cantarell, registra ya una declinación acelerada.

 

Frente a esta perspectiva, es preciso aumentar significativamente las inversiones en exploración para efectivamente incorporar los últimos descubrimientos a la reserva probada. La nueva frontera petrolera se ubica en aguas profundas del Golfo de México –y aunque no es la única, pues los yacimientos de Chicontepec forman un complejo importante-, su aprovechamiento obliga a efectuar trabajos en el mar a profundidades mayores a los 600 metros, como los está llevando a cabo ya Petróleos Mexicanos, cuyos costos se multiplican varias veces en comparación a los que se realizan en aguas someras de la costa de Campeche.

 

Estos trabajos adquieren un carácter estratégico si se toma en cuenta que empresas norteamericanas llevan a cabo desde hace años perforaciones en la zona norte del Golfo de México y en el pasado septiembre anunciaron hallazgos importantes en proximidad con aguas de soberanía mexicana y además, porque en el año 2010 vence la moratoria acordada con Estados Unidos respecto a la exploración y explotación de la zona conocida como el hoyo de dona.

 

2. Retirar al Ejecutivo la facultad de fijar la plataforma de extracción de hidrocarburos y las modificaciones que de ésta requiera, para pasar a ser facultad legal del Congreso, dado que es un asunto estratégico y de seguridad nacional.

 

3. Reducir hasta eliminar la exportación de petróleo crudo, con lo que se alcanzarían dos objetivos importantes: prolongar la vida de las reservas y utilizar el recurso preferentemente como materia prima de la industria petroquímica y permitir un cambio terso de la base energética del país, que es urgente ya emprender con intensidad y en lo posible acelerar.

 

4. Considerando que la demanda nacional de gas natural se ha disparado en los últimos años, lo que ha hecho de su importación una parte significativa del consumo nacional, es urgente destinar recursos para aumentar la producción nacional de gas y coordinar con racionalidad el manejo y aprovechamiento que hacen de este recurso las entidades públicas del sector, que son las consumidoras principales, a lo que sin duda contribuiría constituir una nueva empresa especializada en el comercio y desarrollo del gas, que coordine la relación entre Pemex y la CFE y garantice el abasto a precios no subsidiados que hagan competitiva a nuestra industria internacionalmente.

 

5. Hacer de la petroquímica y la refinación uno de los principales ejes de una nueva política industrial. Ante una industria petroquímica deprimida, las importaciones de productos petroquímicos superan ya los siete mil millones de dólares, por lo que al tiempo que se amplían las capacidades de producción y se integran las cadenas productivas, deben establecerse acuerdos de largo plazo para el abasto de insumos y fórmulas de precios que fomenten la inversión privada en eslabones intermedios y finales de las propias cadenas, explorando Pemex nuevas formas de asociación con particulares nacionales y del exterior, de acuerdo a las posibilidades que permite la legislación en la materia. Es urgente además en esta perspectiva, construir una refinería con capacidad de 250 000 barriles diarios.

 

6. Modernizar la relación de los organismos públicos del sector energético con el Estado, otorgándoles autonomía para el manejo de su presupuesto y poniendo en práctica en ellos sistemas profesionales de gestión.

 

Se da el caso, por ejemplo, que la hacienda pública federal ha recibido en los últimos cinco años más de 1.8 billones de pesos de la actividad petrolera, más que en cualquier otra época de la historia del país, y en cambio, sólo se ha autorizado una inversión de 491 millones de pesos -el 0.0003% de lo ingresado-, de los cuales el 82% ha sido mediante deuda (pidiregas), lo que ha generado un muy alto endeudamiento del organismo público. Estas son razones adicionales para asignar a Pemex mayores recursos, concederle flexibilidad en el ejercicio de su gasto y modificar el régimen fiscal al que se tiene sometido al organismo, que sería parte importante de una reforma hacendaria que se hace cada día más urgente.

 

Parte fundamental de su reestructuración administrativa es volver a hacer a Petróleos Mexicanos un organismo integrado y no sólo coordinador de filiales.

 

Además, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deben establecer en acuerdo con el Ejecutivo Federal y sancionados por el Congreso, sus programas de desempeño, que queden inscritos en una planeación de largo plazo y sin que sus presupuestos dependan de la Secretaría de Hacienda, estableciendo que tanto sus previsiones de aportación fiscal y de superávit presupuestal se consideren en las leyes anuales de ingresos y de presupuesto de egresos.

 

7. Rediseñar el sistema de precios al consumidor final, de manera que se estimule la inversión en el sector y se favorezca la competitividad de consumidores y productores nacionales, así como mejorar la calidad de los servicios y los consumos energéticos.

 

El nuevo sistema de precios no debe atenerse sólo a los costos o a los precios internacionales, sino diseñarse para favorecer principalmente el aprovechamiento de las ventajas energéticas del país por las empresas nacionales y para que los suministradores no carguen con el costo de los subsidios, que deben ser transparentes y correr por cuenta de la política industrial en el presupuesto federal.

 

8. Crear una nueva tarifa eléctrica de carácter social que cubra el consumo promedio de los usuarios de menos de 100 kwh por mes en las zonas templadas del país y algo mayor en las regiones cálidas y de elevada humedad relativa –que correspondería a cerca de la mitad de los usuarios de servicio doméstico-, con lo que se daría respuesta a una demanda muy sentida de la población en vastas áreas del país.

 

9. Diversificar las fuentes de generación de energía, logrando con ello un mejor equilibrio en el uso de las diversas energías para generar electricidad, limitando la importación de gas natural, revalorando las posibilidades carboníferas e incluso las nucleares, utilizando combustóleo y desarrollando las energías no convencionales –eólica, de la biomasa, solar, etc.- y la hidroelectricidad y al mismo tiempo impulsar los procesos de generación distribuida en sus diferentes modalidades: cogeneración, autoabastecimiento y las distintas formas de producción de energía eléctrica, llevando a cabo las reformas legislativas que se requieran para el desarrollo y aprovechamiento óptimo de estos procesos por la economía nacional.

 

* * *

 

Desde distintas posiciones políticas se siguen escuchando voces diciendo que no se privatizarán Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad, sin precisar qué es lo que quieren que se entienda con ello. Lo importante y lo que debe quedar claro a la nación, es el compromiso de los poderes públicos que el patrimonio estratégico de la nación -que comprende los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica-, así como las actividades estratégicas –entre las que se cuentan la exploración y extracción de los hidrocarburos- se mantendrán como tales y se manejarán sin alterar las disposiciones constitucionales vigentes y en función del interés público.

 

Resulta oportuno en esta fecha en que se recuerda a Lázaro Cárdenas en su aniversario luctuoso, presentar esta agenda energética nacional y reiterar el compromiso de luchar por la soberanía de nuestra nación y el progreso y bienestar de México y los mexicanos.

 

Cuauhtémoc Cárdenas.

19 de octubre del 2006.