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Constitución de la Revolución Mexicana PDF Imprimir Correo electrónico
Miércoles 07 de Febrero de 2018 14:03

Cuauhtémoc Cárdenas

Conmemoramos hoy el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución de Querétaro, la Constitución de la Revolución Mexicana, en condiciones muy similares, en lo que hace a las reformas y observancia de la Constitución vigente, a lo que sucedía en la época del porfiriato: en aquel tiempo, la Constitución de 1857, la Constitución de los liberales, había sido múltiples veces reformada y, sobre todo, en la gestión del Estado con frecuencia se le atropellaba y se dejaban de cumplir sus mandatos. Lo mismo sucede en estos tiempos del neoliberalismo: numerosas reformas han echado abajo los avances sociales de la Constitución y su facultades reivindicatorias, e incumplimientos y atropellos por parte de los agentes del Estado a los mandatos de la ley suprema.

La Constitución debatida y promulgada en Querétaro, fue la primera en el mundo que incorporó derechos sociales de trabajadores de la ciudad y del campo y que, por otro lado, fortaleció los mecanismos del Estado para ejercitar la soberanía de la Nación y orientar la economía, en particular el aprovechamiento de los recursos naturales, en función del interés público.

Nuestra Constitución, es bien sabido, casi desde el momento de su promulgación, ha sufrido reformas. Un buen número de ellas han tenido un sentido positivo y se han correspondido al espíritu reivindicatorio de la Revolución: la conducción de la educación por el gobierno federal; el reconocimiento del derecho de todos los campesinos, incluyendo a los peones acasillados de las haciendas, a recibir tierras; la cancelación del otorgamiento de concesiones para explotar hidrocarburos; la instauración del seguro social; la nacionalización de la industria eléctrica; la categorización de áreas estratégicas de manejo exclusivo del Estado; el reconocimiento del derecho al trabajo; la conversión del Distrito Federal en la entidad autónoma Ciudad de México, entre ellas.

Otras reformas han representado retrocesos, como la contrarreforma agraria de 1947, que abrió brecha para la reconstitución del latifundio; la de 1991 del artículo 27, que abrió la puerta a la privatización de terrenos ejidales; las que se han llevado a cabo en materia electoral para restringir la acción ciudadana y aquellas que dan mayor injerencia del gobierno en la vida interna de los partidos políticos; y, desde luego, las llamadas reformas estructurales, orgullo de la administración federal actual, entre las que destaca la energética, de diciembre del 2013, que culmina el desmantelamiento de la Constitución de la Revolución Mexicana, al hacer perder al Estado facultades para la gestión de los recursos del subsuelo, debilitándolo de manera grave en la protección y el ejercicio de la soberanía de la Nación.
En este proceso de reformas en retroceso en los tiempos del predominio neoliberal, el objetivo de fondo y lo que en casi cuarenta años se ha logrado, es la entrega del país a los intereses que dominan la economía, la política y las finanzas de los Estados Unidos, colocando a México en condición de subordinación y dependencia absoluta de esos intereses, condición que además, beneficia política y económicamente a los colaboracionismos y las complicidades internas.

Efectos de esas políticas son los altos endeudamientos del país con el extranjero, públicos y privados; la drástica reducción de la inversión pública; la desaparición de la
banca de fomento; la extranjerización casi absoluta de la banca comercial; la constante devaluación e inestabilidad monetarias; y, desde luego, la creciente desigualdad social, la riqueza que se concentra cada vez más en grupos más reducidos de la población, la pérdida del valor real de los salarios, la pobreza que se incrementa, el  exiguo o nulo crecimiento de la economía, la inseguridad, violencia, delincuencia organizada, corrupción, impunidad, descrédito de las instituciones del Estado y de sus funcionarios.

La delicada situación del país en lo que hace a dependencia política y económica, la pérdida de confianza en la autoridad y el fuerte deterioro de los niveles de vida de la mayoría de los mexicanos, hacen ver que la única salida que se pueda dar, es mediante la puesta en práctica de un modelo de desarrollo que rescate para el Estado el ejercicio pleno de la soberanía del país, que impulse el crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo, instrumente políticas que fomenten un reparto  equitativo de la riqueza, que dé vigencia a un verdadero Estado de derecho, combata y erradique corrupción, impunidad, inseguridad y delincuencia, lo que sólo podrá alcanzarse si un proyecto con estos contenidos está sostenido por una mayoría social, una mayoría política que respalde y participe en su ejecución, lo que hoy quiere decir que la construcción de esa mayoría debiera asumirse como tarea prioritaria e ineludible de las fuerzas progresistas y democráticas de la Nación.

Hace 101 años las reivindicaciones de la Revolución Mexicana se plasmaron en la carta constitucional de Querétaro, cuando el pueblo tomó conciencia que el cambio era necesario, que era posible llevarlo a cabo y tomó las riendas para conducir el desarrollo del país con sentido reivindicatorio y popular.

Hoy se requiere de una acción semejante, entendiendo que las condiciones actuales no son las mismas del fin del porfiriato y del triunfo de la Revolución. Hoy la lucha se plantea en los campos de la paz, de la participación ciudadana y la construcción democrática. Consolidar un cambio como el que se plantea, requerirá, en las condiciones actuales, plasmar el proyecto de Nación soberana, igualitaria y democrática en una renovada carta constitucional, que tendrá que ser producto, como en 1917, de un nuevo pacto social.

No se trata, como tampoco se hizo en 1857 y en 1917, de desechar todo. Hay mucho de bueno y positivo en nuestra Constitución, que debe preservarse y en su caso fortalecerse.

Pero un congreso constituyente que sirva a la Nación y a las generaciones de hoy y a las venideras, sólo debiera convocarse cuando un proyecto progresista y democrático esté apoyado nacionalmente por una mayoría política, organizada democráticamente. No serán ya las armas, sino la participación y la organización popular las que diseñen el marco constitucional que el país requiere para mejorar el presente y asegurar un mejor porvenir.

¿Cómo podemos imaginar una nueva Constitución? ¿Cuáles serían algunos de sus principios fundamentales? Tendrá que ser una carta que restablezca las facultades del Estado para el ejercicio a plenitud de la soberanía de la Nación. Un país cuyas instituciones políticas, cuya economía y organización de la sociedad no se modelen desde fuera, sino por decisión propia de la mayoría democrática.

Deberá ser, antes que otra cosa, una Constitución que se distinga porque sus principios se encuentres sólidamente fundamentados en la igualdad, el valor distintivo y
más importante de la democracia. Deberá ser, también, una carta que recupere los derechos arrebatados a las mayorías y a la Nación por el neoliberalismo, que fortalezca los derechos ya reconocidos por la ley y recoja los nuevos derechos de la participación ciudadana, de las minorías y la diversidad social, a la ciudad, a un buen gobierno, etc.

Se tiene, por cierto, un ejemplo reciente: la nueva Constitución de la Ciudad de México. Contiene aportes importantes en lo que hace a un documento fundacional. Está estructurada a partir de reconocer derechos de la gente y garantizar su ejercicio, mediante su pleno respeto por parte de las instituciones y agentes del Estado y creando en la ley los mecanismos que aseguren, en su caso, su exigibilidad por parte de la población. Está en ella un ejemplo para otras entidades y para la renovación de nuestra Constitución federal.

Una nueva carta constitucional y la recuperación de políticas reivindicatorias e igualitarias exigen, como un primer paso, que las fuerzas políticas que las impulsen se
comprometan pública y categóricamente a revertir las reformas de los artículos 27, 25 y 28 constitucionales de diciembre de 2013, en materia energética. De otro modo, la Nación seguirá carente de facultades y medios de acción para que el país rebase los cauces del neoliberalismo.

Al conmemorar el 101 aniversario de la Constitución de 1917, este debiera ser el pronunciamiento más importante y contundente de quienes están por una Nación distinta a la que actualmente tenemos: mejor por más equitativa, verdaderamente independiente, sin corrupción ni impunidad, cada día más justa, segura y democrática. Cumplirán así las generaciones de hoy, al legar un marco de desarrollo equitativo y justo a las generaciones del mañana.