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Política económica en un nuevo modelo de desarrollo. PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 07 de Marzo de 2017 09:11

Cuauhtémoc Cárdenas.


Instituto de Investigaciones Económicas – UNAM.



Ciudad de México, 6 de marzo del 2017.

Deseo, en primer lugar, agradecer profundamente la invitación de la Dra. Verónica Villarespe, Directora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra Universidad, para ocupar la Cátedra Ricardo Torres Gaitán 2017, instituida para honrar y recordar al maestro Ricardo Torres Gaitán, michoacano distinguido, investigador emérito, firme impulsor del estudio de las ciencias económicas para mejor impulsar el desarrollo de nuestro país, lo que mucho me distingue. Me distingue, igualmente, ocupar esta cátedra después que desde 2012 han pasado por ella destacados estudiosos de la economía, como Alicia Bárcena y Theotonio Dos Santos, los más recientes, en 2015 y 2016.

Me honra tomar parte en esta Cátedra por lo que representa en sí ocupar este sitio, debiendo decir que no soy ni he sido un estudioso de la ciencia económica, aunque sí, un ciudadano atento y preocupado por los rumbos que toma y las condiciones que alcanza el desarrollo de nuestro país. En esta condición es que me dirigiré a ustedes.

En este caso, mi primera preocupación surge de la situación en la que se encuentran hoy México y los mexicanos. En breve síntesis: un 55% de la población acusa pobreza patrimonial, esto es, un ingreso más que escaso; 20% de la misma se encuentra en pobreza alimentaria; existe una creciente desigualdad social: el 20% de la población obtiene el 60% del ingreso, el 20% más pobre recibe el 4%; uno de cada cinco jóvenes ni estudia ni trabaja; la desocupación, en términos reales, debe alcanzar al 50% de la población activa y se tiene una alta informalidad en la ocupación; la economía ha crecido raquíticamente durante ya casi cuatro décadas, este año y el próximo se prevé que si bien va, escasamente rebase el 1.5%; hay inestabilidad en las finanzas públicas, los precios y el tipo de cambio; a todo ello, hay que agregar violencia e inseguridad de la gente en su vida diaria, una profunda corrupción dentro y fuera de las esferas oficiales, impunidad y presencia creciente de la delincuencia organizada en el territorio nacional.

Es así como se ha desenvuelto el país después de casi cuatro décadas de políticas neoliberales, socialmente excluyentes y política y económicamente dependientes y entreguistas.

Por otra parte, debe decirse que no se puede, en este momento, desestimar el cambio de la política del presidente de los Estados Unidos respecto a México y los mexicanos, a los que está –nos está- considerando como francos enemigos, y los efectos políticos, económicos y sociales que eso trae consigo. Algunas de sus amenazas no han quedado en palabras, sino que son ya amenazas cumplidas, como las redadas de migrantes que se han puesto ya en práctica en el país vecino y las inversiones industriales que ante las agresivas declaraciones presidenciales decidieron retirarse de México.

Conocidas y valoradas las condiciones en las que se está desenvolviendo nuestro país, quienes en nuestra actividad pública hemos tenido como objetivos construir una
sociedad igualitaria que mejore consistentemente en sus niveles de vida; una economía que crezca, basada, sobre todo, en el aprovechamiento de los muy diversos recursos y potencialidades del país, que se acompañe de una distribución equitativa de la riqueza; y que democráticamente fortalezca y en su caso transforme sus instituciones y prácticas políticas, consideramos indispensable un cambio radical en el modelo o proyecto de desarrollo que se ha impuesto al país en las últimas décadas.

Lo consideramos no sólo necesario, sino posible y realizable.

El modelo neoliberal dependiente se ha sustentado en la búsqueda de la estabilidad; el equilibrio de las finanzas públicas; la desregulación de la banca; más y más  tratados de libre comercio y el impulso al crecimiento y al empleo a partir de las exportaciones, mediante salarios bajos y escaso valor agregado, destacándose entre ellas la maquila y el ensamblaje.

Por otra parte, en este modelo las más importantes decisiones sobre las políticas del Estado, se han estado tomando privilegiando en ellas los intereses del poder económico y financiero, de las corporaciones mediáticas y de las cúpulas oficiales, sin que puedan desconocerse en ellas, en muchos casos, los efectos de la corrupción y las complicidades.

Tal es el caso de las llamadas reformas estructurales: una reforma educativa que se ha limitado a medidas represivas y cambios burocráticos y administrativos; una reforma hacendaria o fiscal que ha quedado en una miscelánea y ha resultado totalmente insuficiente en la recaudación que se obtiene; una reforma en la comunicación, frustrada por los intereses de las corporaciones mediáticas al aprobarse las leyes secundarias regulatorias de la misma; una reforma laboral que disminuye los derechos de los trabajadores; una reforma energética que ha determinado la pérdida de la exclusividad del Estado en la gestión de áreas clave del sector, la renuncia a la protección de la competencia en el libre comercio de los hidrocarburos en América del Norte, el fortalecimiento de la subordinación al proyecto norteamericano de seguridad energética y la amputación jurídica de la propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales.

En el modelo de desarrollo que considero requiere nuestro país, el Estado debe recuperar la conducción económica, la planeación y la promoción misma del desarrollo,
impulsando en paralelo la universalización de los ciclos obligatorios de la educación, la elevación de la calidad en el conjunto del sistema educativo, la promoción y fortalecimiento de la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, visto esto no sólo como elemento de justicia social sino también fundamental para el desenvolvimiento económico.

Premisa prioritaria de un nuevo proyecto económico debe ser distribuir para crecer y crecer distribuyendo, con inclusión. Es decir, una política económica de  crecimiento sostenido en el largo plazo, creación de empleo formal y distribución equitativa del ingreso, resultado de un pacto social entre el Estado, la sociedad y la actividad productiva.

Los ejes del proyecto deben ser una auténtica reforma fiscal y la recuperación, por el Estado, de las facultades para conducir, en función del interés general, el
aprovechamiento de los recursos naturales del territorio nacional. Sus objetivos inmediatos: crecer aceleradamente, desde un 4% respecto al PIB, hasta un 6%, de manera sostenida en el largo plazo. Es posible.

En lo fiscal, como señala Francisco Suárez Dávila, se requiere una verdadera racionalización del gasto público, esto es, más inversión y un gasto social eficaz, así como
reducir la proporción del gasto corriente administrativo; modificar las estructuras del Estado desapareciendo o consolidando secretarías, subsecretarías, organismos, fondos, comisiones autónomas y fideicomisos, afectando las onerosas estructuras superiores y respetando a los trabajadores de base; y cancelar todo programa clientelar.

De manera especial, en esta reforma, nos dice Francisco Suárez Dávila, debiera incluirse una progresividad mayor en el ISR, tanto para generar recursos como para
distribuir el ingreso; reducirse el ISR de personas morales al 20% o menos para alentar la inversión, sobre todo cuando en el país vecino se anuncia una baja en los impuestos; así como reducir a menos de 1% el impuesto a las transacciones financieras, mecanismos que en la práctica imponen los bancos para beneficio propio por la vía de comisiones leoninas.

En la búsqueda de una equitativa distribución del ingreso, se requiere instrumentar una nueva política salarial, que considere incrementos graduales del salario, con metas en el largo plazo, y que incluya una renta básica universal, lo que tendría que complementarse con una reforma laboral que garantice la libertad y la democracia sindical de los trabajadores, dando transparencia al manejo de los fondos sindicales, sin intermediación oficial, y asegurando el cabal cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad social.

En este caso, y como objetivo clave de la reforma fiscal, debe estar la instrumentación de una política de seguridad social integral, con cobertura universal de la
salud y las pensiones, que tienda, en el plazo más corto posible, a la integración de los sistemas del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud, desapareciendo el paliativo temporal que ha sido el Seguro Popular, en más de algún caso, “caja chica” de altos funcionarios.

Complementos indispensables de la reforma fiscal deben ser la revisión de un pacto fiscal federal, para lograr una distribución equitativa y que dé suficiencia a los ingresos de los municipios, estados y la Federación; y la urgente reconstitución de la banca de fomento.

Se tiene, asimismo, que recuperar el impulso y fortalecimiento de las economías regionales, para lo que políticas de industrialización y de recuperación de las capacidades productivas del campo serán decisivas.

Una nueva política de industrialización tiene que plantearse la integración y prolongación de las cadenas productivas, dando, sobre todo, valor agregado a los productos y sin descuidar la exportación, elevar los contenidos nacionales de ésta y buscar el mejor abasto de los mercados internos.

En el caso de la minería, se hace imprescindible revisar el régimen fiscal que la rige, obligar al cumplimiento estricto de la legislación de protección y mejoramiento del
ambiente, y promover la industrialización de las materias primas en el territorio nacional.

Cambio profundo debe darse a la política petrolera. En primer lugar, los hidrocarburos deben recuperar su condición de recursos estratégicos y la Constitución debe reformarse para que los recursos así calificados sean manejados en función del interés público. El aprovechamiento de la riqueza petrolera debe considerar un manejo de las reservas que les garanticen una vida lo más larga posible, sin detrimento de satisfacer las demandas que en el tiempo se presenten, pero dando preferencia a la industrialización del recurso para obtener refinados y petroquímicos y reducir, gradualmente, las exportaciones de crudo. Petróleos Mexicanos debe recuperar su condición de organismo del Estado y conductor de la política petrolera, y el petróleo, su condición de impulsor principal del crecimiento económico y de la  industrialización.

Recuperar las capacidades productivas del campo, mediante la reestructuración y reconstrucción de las economías rurales y campesinas, no es sólo un imperativo económico, sino una de las principales responsabilidades sociales del Estado mexicano.

En los años de neoliberalismo, víctimas principales han sido grandes sectores de la población rural, forzados a la emigración y a la pobreza. Han prosperado las zonas con
infraestructura hidroagrícola, en las que se han realizado altas inversiones, principalmente privadas o de recursos oficiales por intermedio de consorcios multinacionales o de grandes propietarios, se han aplicado tecnologías de avanzada y fomentado los productos para la exportación, pero manteniendo en condiciones precarias a los trabajadores del campo; y las zonas temporaleras, las regiones semiáridas, amplias zonas forestales y de selvas, han merecido muy escasa atención del Estado en sus posibilidades productivas y menos todavía para mejorar las condiciones materiales y educativas de su población.

Estas áreas, que cubren superficies importantes en la República, con las técnicas adecuadas, la correspondiente asistencia técnica, la organización de producciones y de productores, tienen el potencial para convertirse en zonas de alta productividad y, en ese sentido, se debe poner en práctica una política de recuperación  productiva y social de estas zonas, una por una, de pequeña, mediana o gran extensión, que ecológica, social y económicamente constituyan unidades productivas.

Debe ser un esfuerzo conjunto de los productores, independientemente de la calidad de la tenencia de su tierra (ejido, comunidad o propiedad particular), y el Estado. Las áreas de alta productividad, al igual que éstas por recuperar, deben seguir recibiendo la atención debida en materia de asistencia técnica, financiamiento, etc., pues son sostén importante de economías regionales y de la economía nacional.

Nuestro país cuenta con una de las más ricas biodiversidades, tanto en las regiones tropicales, como en las forestales y en las zonas áridas, que poco se ha  aprovechado para desarrollar fuentes productivas importantes y que en alta proporción carece de protección, tanto para evitar su explotación irracional, como para evitar su apropiación y el reclamo de utilización en exclusiva para beneficios particulares, cuando se trata de bienes de los que la naturaleza dotó al país.

Ahora bien, llevar a la práctica un proyecto de desarrollo como el que se plantea, en las actuales condiciones del país, requiere empezar por librar un combate a fondo contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia, así como empezar a instrumentar políticas de crecimiento económico, de fomento al empleo formal, de mejoramiento del ingreso familiar y de impulso a la industrialización.

Erradicar la corrupción y la impunidad exige, en primer lugar, voluntad política, de la que se ha carecido en los altos círculos del Estado, que han faltado en cumplir y hacer cumplir, a cabalidad, el mandato de la ley. La delincuencia no es un fenómeno autónomo; el sólo combatirla con cuerpos militares o policiacos, como ha quedado demostrado en estos años últimos, no basta, por lo que en paralelo debiera actuarse en nuestras relaciones internacionales, en la creación de empleo formal, en la elevación de los salarios, en las políticas educativas y de salud, en el fomento a la cultura, al deporte y al sano esparcimiento.

Y, como decía al principio, no podemos desentendernos de la agresividad del presidente de los Estados Unidos, ni podemos ignorar que millones de mexicanos están
amenazados con la deportación.

Ya nuestras universidades están previendo acoger a estudiantes, revalidándoles los estudios realizados. Al tiempo que se fortalece productivamente y se eleva el ingreso de los hogares en nuestro país, habría que buscar el apoyo de organizaciones, legisladores, ciudadanos norteamericanos, así como de correspondientes nacionales, para defender jurídicamente a quienes pretenda deportarse y ello signifique separar familias, incluso con niños de nacionalidad norteamericana por nacimiento, o quienes estén en trámites para obtener residencia legal, o quienes lleven años en actividades y trabajos de beneficio para el país vecino; promover acciones conjuntas entre entidades oficiales mexicanas y ciudades santuario norteamericanas para proteger los derechos de los migrantes; permitir el paso de migrantes centroamericanos y de otros países que buscan cruzar a los Estados Unidos y no  quedarse en México; y, como lo señala Carlos Heredia, “dejar de perseguir capos y de interceptar drogas, para poner énfasis en los temas de salud pública y seguridad ciudadana, una manera mexicana de seguir la decisión pionera de California”.

Trump ha declarado que saldrá del Acuerdo de libre comercio de América del Norte o que lo renegociará. Aquí, economistas prestigiados han dicho que México puede
responder imponiendo aranceles compensatorios a los productos norteamericanos, como ya se hizo exitosamente en el 2009. Puede ser una respuesta, pero pudiera resultar insuficiente, pues la agresividad del presidente norteamericano buscará poner las cosas totalmente a su favor, cuéstele lo que le cueste y atropéllese lo que tenga que atropellarse, y para un gobierno como el mexicano actual, que negocie sin respaldo popular, sin credibilidad y en condiciones de descrédito político, no le será fácil obtener condiciones favorables. Esta es una razón más para acelerar el cambio, en el que debe considerarse voltear la vista hacia el sur para impulsar la integración política y económica, y hacia otros continentes, en la búsqueda también de diversificar nuestros intercambios.

En fin, una vez más mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra Universidad por la distinción de haberme permitido ocupar este año la Cátedra Ricardo Torres Gaitán.


BIBLIOGRAFÍA

  • Por México Hoy: “Llamado por México”. Ciudad de México. 4 de febrero del 2017.
  • Grupo Nuevo Curso de Desarrollo: “En defensa del interés nacional. Ante la coyuntura crítica ¿qué hacer?”. Universidad Nacional Autónoma de México. 2017.
  • Francisco Suárez Dávila: “Del ‘estancamiento estabilizador’ a un nuevo modelo económico desarrollador con inclusión social”. Versión “Este País”. 5 de diciembre de 2016.
  • Carlos Heredia Zubieta: “Los desafíos que México enfrenta en el complicado entorno internacional”. Brújula Ciudadana 85. 2017.