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Domingo 15 de Septiembre de 2013 21:01

Cuauhtémoc Cárdenas

Condecoración “Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Morelia, Mich., 14 de septiembre del 2013.


Agradezco profundamente al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo la alta distinción de la que me hace objeto al otorgarme la condecoración Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, en recuerdo y reconocimiento de aquel documento redactado por nuestro héroe insigne José María Morelos, que da sustento al derecho constitucional humanista y libertario de nuestra nación.

Agradezco, asimismo, la propuesta hecha por el Lic. Marco Polo Barrera Salinas que, como Presidente de la asociación Abogados Conciencia Laboral y en representación de ésta, propuso mi nombre para que se me concediera esta distinción, a la  Comisión Especial para atender los festejos del bicentenario de la expedición y sanción del Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, así como del bicentenario de los Sentimientos de la Nación, a cuyos integrantes, señores diputados César Chávez Garibay, Adriana Gabriela Ceballos Hernández, Reginaldo Sandoval Flores y Osbaldo Esquivel Lucatero, igualmente agradezco su acuerdo favorable y su propuesta al pleno de esta septuagésima segunda Legislatura del H. Congreso del Estado, de la que aprecio el voto unánime por el que me entrega ésta muy valiosa condecoración.

Lamento la muy sensible pérdida de uno de los miembros de esta Comisión Especial, el diputado Osbaldo Esquivel Lucatero, expresando desde aquí mis más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

Agradezco y mucho me distingue, de manera particular, la presencia del Gobernador de nuestro Estado, Lic. Jesús Reyna, a quien saludo con respeto y cordialidad.

Los  Sentimientos de la Nación, como antes señalaba, dan sustento al desenvolvimiento de nuestro derecho constitucional, y en ellos se encuentra la esencia de las luchas que bien podemos llamar existenciales del pueblo mexicano.

En este documento fundacional, Morelos estableció, entre otros, el principio que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, y con inspiración en él, en la Constitución de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814, proyecto que debiera regir la vida de la América mexicana independiente, se asentó que  la soberanía reside originalmente en el pueblo (artículo 4°), que ninguna nación tiene el derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía y que el título de conquista no puede legitimar los actos de fuerza (artículo 9°).

La búsqueda de hacer realidad el ejercicio y respeto  a la soberanía en la vida y desarrollo de nuestra nación, se ha constituido uno de los ejes en torno a los cuales han girado las luchas del pueblo por sus libertades, la igualdad, su bienestar y la equidad en las relaciones internacionales.

México accede a la vida independiente en los tiempos en que tiene lugar la disputa entre la nueva nación norteamericana, nuestra vecina, y su vieja metrópoli colonial, por la influencia y predominio sobre las naciones recién emancipadas del nuevo continente. Es entonces, mientras en este suelo se confrontaban federalistas y centralistas, cuando llega a nuestra patria el primer gran entrometido en los asuntos que sólo a los mexicanos debían competir, el intrigante y sinuoso embajador Joel R. Poinsett. Desde entonces y hasta hoy, las intromisiones indebidas con ese origen geográfico han sido continuas a todo lo largo de nuestra historia, aunque no han sido las únicas, ni todas se han limitado a la intriga y a la confabulación.

México sufre la primera agresión a su integridad territorial muy joven en su vidaindependiente, cuando el 26 de julio de 1829 desembarca en Tampico una fuerza militarencabezada por el brigadier Isidro Barradas, con la pretensión de reconquistar el territorio independizado para volverlo al dominio de la corona española. En pocas semanas Barradas es derrotado y se ve forzado a abandonar nuestras tierras.

En octubre de 1835, instigada por los sectores expansionistas del país vecino, estalla la guerra de Texas, por la que México pierde ese territorio, que al anexarse a los Estados Unidos diez años más tarde, desata la invasión de ese país sobre el nuestro, con lo que además de Texas, se apodera de lo que entonces constituían California y Nuevo México, al final, más de la mitad de la superficie del país en esa época.

Entre ambos conflictos, tiene lugar la llamada  guerra de los pasteles, durante la cual, de febrero de 1838 a abril de 1839, una flota francesa ocupa el puerto de Veracruz, reclamando, entre otros pendientes, el pago de daños ocasionados a la propiedad de un pastelero francés en uno de los tantos cuartelazos del país, entonces todavía en formación.

En 1853, el país recientemente derrotado y empequeñecido, sufrió una última amputación territorial: se vio forzado a “vender” a los Estados Unidos La Mesilla, una franja de tierra de 76 800 km2, perteneciente la mayor parte a Sonora y una porción menor a Chihuahua.


A la pérdida de esta faja del territorio, debe sumarse la humillación de haber firmado el tratado de su venta, que además de nuevas fronteras y pagos, imponía para México el compromiso de permitir el libre tránsito en el Istmo de Tehuantepec, de personas y mercancías americanas, así como el paso de tropas y municiones, y dado que se preveía la construcción de una vía de ferrocarril, ésta podría ser protegida por los Estados Unidos, si así se convenía. Estas estipulaciones estuvieron vigentes en la relación bilateral de los dos gobiernos, desde la fecha de la firma del tratado en 1853, hasta la derogación de su cláusula VIII, por negociaciones del gobierno de México, en enero de 1938.

Vendría pocos años más tarde la invasión más seria, la que trajo los mayores peligros después de la norteamericana de 1846-1848: la intervención francesa que llegó con la pretensión de imponer en México un imperio títere, que desangró al país en los años que fueron cruentos de 1862 a 1867.

En el siglo pasado, el país sufrió dos invasiones norteamericanas: la del puerto de Veracruz en 1914 y la llamada  Expedición punitiva, que fracasó en la persecución de Francisco Villa en 1916-1917. Desde entonces hasta hoy, México no ha visto su suelo ollado por la presencia de contingentes armados extranjeros, lo que no quiere decir que haya podido ejercer a plenitud su soberanía como nación y desarrollarse para beneficio de todos sus habitantes.

Una cuestión que ha sido motivo de conflictos internacionales y de presiones externas para nuestro país, ha sido la explotación del petróleo, primero, por la importancia comercial que empezó a cobrar, después, por la importancia política y geopolítica que ha tenido el control de su abundancia, producción y transformación industrial.

Al independizarse el país, trasladó a su legislación minera la que regía en la colonia: la corona tenía la propiedad y el control del subsuelo, y concesionaba a particulares la explotación de sus diferentes substancias. La corona, es decir el soberano depositario de la soberanía, fue substituido por el pueblo, que delegó el ejercicio de su soberanía en los poderes del Estado. Con esas reglas se desarrolló la minería en la República durante varias décadas, incluyendo aquellas en las que empezó a realizarse la explotación comercial del petróleo. Cuando ésta cobró importancia y atrajo, entre otros, el interés de negociantes extranjeros, las leyes se modificaron.

El Código de Minas de 1884, expedido por el gobierno de Manuel González, estableció que el dueño de la superficie sería también el dueño del subsuelo –ya no la nación- y que podría “explotar y aprovechar las sales que existan en la superficie, las aguas puras y saladas, superficiales y subterráneas, el petróleo y los manantiales gaseosos o de aguas termales y medicinales”, sin necesidad de denuncio o adjudicación especial.

Porfirio Díaz deroga en 1892 ese código para expedir una ley, más orientada a los hidrocarburos, que señalaba, tal como la disposición derogada, que sin necesidad de concesión especial, el dueño del suelo podría explotar “los combustibles, minerales, los aceites y aguas minerales”.

El porfiriato no paró ahí: en 1901 la Ley del Petróleo autoriza al Ejecutivo a conceder permisos para explorar “los terrenos baldíos o nacionales y los lagos, lagunas y albuferas que sean jurisdicción federal con el objeto de descubrir las fuentes o depósitos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno que en él puedan existir”, así como exportar “libres de todo impuesto los productos naturales, refinados o elaborados que procedan de la explotación”, liberando de todo impuesto federal, salvo el del timbre, todo el “capital invertido en la explotación del petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno”. Y todavía en 1905 se decreta que serán de exclusiva propiedad del dueño del subsuelo “los criaderos o depósitos de combustibles minerales bajo todas sus formas y variedades”, al igual que “los criaderos o depósitos de materiales bituminosos”. ¡Qué mejor regulación que ésta para quien sólo buscaba extraer el recurso y obtener la riqueza rápida! Todos los permisos legales se concedieron, agregándose la impunidad ante  el atropello a la ley y el despojo por el engaño o la fuerza, y para completar, impuestos bajos y evadibles.

Pero llegó la Revolución y las cosas empezaron a cambiar.

El gobierno del Presidente Madero, en abril de 1912, gravó con 3 centavos el barril de petróleo exportado, menos de centavo y medio de dólar y menos del gravamen americano, lo que no obstó para que surgieran las protestas y las acusaciones de confiscación.

Las fuerzas constitucionalistas tuvieron su primer contacto con las compañías petroleras al través de un distinguido revolucionario michoacano, el entonces teniente coronel Francisco J. Múgica, que en mayo de 1914 tenía a su cargo la conducción de las distintas funciones de la administración federal en el puerto de Tampico.

Múgica exigió a los petroleros, que desobedecían el mandato de la ley y el consecuente pago de los impuestos de exportación, que acudieran a registrarse a su oficina, para que en ella enteraran el impuesto que debían pagar en pesos oro mexicanos.

Las compañías se rebelaron y Múgica cerró los ductos que conducían el líquido a los barcos que lo llevaban al extranjero. Sólo así doblaron las manos y empezaron a pagar.

El Águila, por su parte, después de muchas protestas y argucias leguleyas, alegaba que no efectuaba pago sino depósito, al considerar la medida atentatoria a sus intereses.

El gobierno de Venustiano Carranza decretó nuevos impuestos sobre los terrenos y contratos petroleros y con el Reglamento del 8 de julio de 1917 sentó las bases para la expedición de concesiones, estableciendo la forma de adquirir derechos de explotación de acuerdo al texto del recién vigente artículo 27 de la Constitución.

El alud de amparos y protestas no se hizo esperar y en agosto se reformaron los decretos correspondientes, dándose garantías para no afectar los terrenos ya sujetos a explotación.

Las compañías no limitaron su oposición a las medidas gubernamentales, a la protesta política y a la acción judicial. En la región de Las Huastecas, por ejemplo, durante todo el gobierno de Carranza, las compañías proporcionaron armas y dinero al sedicente general Manuel Peláez para que mantuviera la zona en rebeldía, bajo su control, y poder así despojar impunemente a comunidades y a pequeños propietarios, principalmente indígenas, de sus terrenos petroleros.

La situación más grave, antes de 1938, se dio al expedir, el gobierno del general Calles, en diciembre de 1925, la nueva Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, que establecía, entre otras cuestiones, que las concesiones se otorgarían como máximo por cincuenta años, que los extranjeros debían comprometerse a no invocar la protección de sus gobiernos, bajo pena de perder todos sus intereses en beneficio de la nación, y prohibía el otorgamiento de concesiones a extranjeros en las zonas consideradas prohibidas.

Esta ley levantó ámpula en las compañías. Abiertamente desobedecieron al gobierno e incumplieron con la ley. El gobierno canceló los permisos provisionales de perforación, pero los petroleros siguieron perforando. La autoridad cerró las válvulas y las 4 empresas rompieron los sellos. El presidente mandó tropas entonces para hacerse obedecer.

Se esperaba la invasión y Calles dio la orden al comandante militar de la Huasteca, de incendiar los pozos si tropas extranjeras cruzaban nuestra frontera.

El problema finalmente se apaciguó en diciembre de 1927, al modificarse la Ley del petróleo para establecer que los derechos de las compañías se confirmarían por tiempo indefinido, si efectivamente estaban llevando a cabo la explotación en las áreas de sus concesiones. Se trató de un ejercicio de soberanía del gobierno de Calles parcialmente frustrado, que buscaba equidad en las relaciones comerciales y sociales, obstaculizado por intereses económicos que desataron fuertes presiones internacionales, en momentos en que el gobierno lidiaba con la rebelión cristera y con una campaña electoral llena de violencia.

La desobediencia a la ley y el comportamiento prepotente de las compañías petroleras no se dio sólo en lo relativo a la regulación de las concesiones. Muchos conflictos, por razones similares, se presentaron también con sus trabajadores.

En Tampico, en 1917, los trabajadores petroleros se lanzaron a una huelga exigiendo el cese de la represión de las guardias blancas de las compañías, que los hostilizaban de continuo. Sus demandas se respondieron con despidos y detenciones de los dirigentes.

En Ciudad Madero, en 1924 y 1925, los trabajadores de El Águila demandaron el reconocimiento de su organización y el cese de los reajustes de personal, en un movimiento que se extendió por toda la Huasteca.

En mayo de 1934 los trabajadores de Coatzacoalcos, Las Choapas, Minatitlán, Agua Dulce y Nanchital se van a la huelga demandando aumento de salarios, pago del séptimo día, derecho a jubilación y vacaciones anuales. Un arbitraje del presidente Abelardo Rodríguez reconoce el derecho al pago del séptimo día, con lo que la huelga se levanta.

En 1935 estalla otra huelga en las oficinas de la Huasteca Petroleum Company, en solidaridad con los trabajadores de El Águila. Y para mediados de ese año, a pesar de las maniobras en contrario de las compañías, se logra la unificación de los trabajadores de las diferentes empresas petroleras, que constituyen como sindicato único en el ramo, el Sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana.

Lograda la unidad de los trabajadores, se llegó el momento de negociar y revisar los nuevos contratos con las compañías, ahora con posición única desde el lado laboral. El 3 de noviembre de 1936 el Sindicato entregó a las empresas su propuesta sobre salarios y prestaciones, con un emplazamiento a huelga. Las demandas laborales fueron rechazadas y la huelga estalló el 28 de mayo de 1937. Siendo el petróleo un recurso vital para la economía y la vida en general del país, se convino con las autoridades en declarar un conflicto económico, a fin de reanudar la producción, lo que tuvo lugar el 11 de junio, designándose entonces una comisión de peritos para estudiar la situación económica de las compañías y dar una opinión sobre las exigencias laborales.

Nadie imaginaba que se gestaba un hecho mayor.

Los peritos entregaron los resultados de sus estudios, que también rechazaron las compañías, que llevaron entonces el caso ante las autoridades del trabajo. En ese momento, el sindicato llamó nuevamente a la huelga, la que de hecho, al igual que unos meses antes, sólo fue efectiva por unos días, al convenir el sindicato esperar el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

A finales del año, la Junta emitió su fallo. Las compañías de nuevo se inconformaron y el caso llegó a la Suprema Corte, que en los primeros días de marzo de 1938 dictaminó el caso en favor de los trabajadores.

El 7 de marzo los representantes delas compañías se reunieron con el presidente para manifestarle su incapacidad para pagar los 26 millones de pesos correspondientes a la sentencia de la Corte, pidiendo aplazar su cumplimiento, a lo que el presidente respondió que el fallo del supremo tribunal representaba el punto final del caso. La noche de ese mismo día, los dirigentes del sindicato hicieron saber al presidente que daban por terminados sus contratos de trabajo, en vista de la actitud rebelde de las empresas.

El conflicto se transformó así de un conflicto entre trabajadores y empresas, en un conflicto entre el Estado mexicano y las compañías petroleras.

Mi impresión personal es que Lázaro Cárdenas, antes de llegar a la presidencia y hasta ya muy avanzado el conflicto entre las empresas y sus trabajadores, pensaba en la necesidad de un mayor y mejor control de la industria petrolera por parte del Estado, que éste incluso tuviera una participación directa y creciente en el aprovechamiento del recurso, desarrollada y fortalecida en paralelo a la actividad de las empresas privadas –de ahí la creación de la empresa estatal Petróleos de México (PETROMEX, antecesora de Pemex)-, que era indispensable mejorara el trato que los trabajadores mexicanos recibían de las compañías extranjeras, pero no pensaba en la expropiación, y si llegó a pensar en ella, lo que se guardó muy bien de exteriorizar, incluso en sus apuntes íntimos, no la consideraba factible, no veía que hubiera o que pudieran llegar a darse las condiciones ni en lo nacional ni en lo internacional para tomar una medida de tal trascendencia.

El 18 de marzo se decretó la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, rebeldes ante la justicia mexicana, y la cancelación de sus concesiones.

Al recordar, años después, en 1956, la reforma al artículo 27 constitucional que confirió al Estado la responsabilidad directa y exclusiva de la explotación del petróleo, Lázaro Cárdenas expresó:  “La enseñanza histórica… exigía la previsión de futuros conflictos, desautorizando definitivamente toda maniobra restauradora de la extracción de petróleo por los consorcios internacionales… Un fracaso de esta industria dañaría seriamente a la nación; retardaría su desenvolvimiento económico y afectaría a sus instituciones”.

El pasado 18 de marzo se cumplieron 75 años de la Expropiación y en junio 75 años también de la creación de Petróleos Mexicanos.

En estos tres cuartos de siglo muchas cosas han sucedido en la industria petrolera mexicana, de la que nunca han quitado la vista aquellas compañías expropiadas en el 38.

En 1947 empezaron a otorgarse contratos de riesgo. Se suscribieron en total 18, tres o cuatro se pusieron en práctica y al poco tiempo de operar, los contratistas solicitaron ser relevados de sus compromisos. En 1960, ante el desinterés y ausencia de inversiones privadas en la cadena del petróleo, el gobierno presentó al Congreso la iniciativa para que la industria petrolera se gestionara de manera exclusiva por el Estado, reformándose el artículo 27 de la Constitución, estableciendo, además, que para la explotación de hidrocarburos no se otorgarían concesiones ni contratos.

Desde 1938 hasta mediados de la década de los años 1970, la industria petrolera se orientó a desarrollar la cadena productiva de la refinación y la petroquímica, con el propósito prioritario de satisfacer las necesidades de los mercados nacionales. Al comenzar los años 1980s, con el descubrimiento y explotación de yacimientos gigantes en las aguas del Golfo de México, el país volvió a tener presencia importante en los mercados internacionales de crudo y al imponerse las políticas neoliberales, la actividad de Pemex se centró en elevar la extracción para exportar lo más posible, sobrexplotando yacimientos, descuidando el desarrollo de otras áreas de la industria y cediendo altos porcentajes de los mercados nacionales de combustibles y petroquímicos a productores extranjeros.

En la primera mitad de la década de los años 90, se fraccionó Pemex en subsidiarias con la intención clara aunque no declarada, de facilitar la privatización de la actividad. En el 92 se legisló para abrir la petroquímica a la inversión privada y en el 95 para permitirla en la construcción de ductos para el transporte y distribución de gas natural. Ni a una ni a otra área llegó la inversión anunciada y esperada. Se cayó la producción petroquímica, crecieron las importaciones, y en el caso del gas, las escaseces se hicieron más fuertes y frecuentes, como se ha vivido, entre otros momentos, en este mismo año. La sola apertura, ante la inexistencia de una política industrial y de una política de desarrollo, no atrajo inversión privada ninguna.

Hoy, nuevas amenazas se ciernen sobre nuestro petróleo. La iniciativa que ha presentado el Ejecutivo para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales, de llegarse a aprobar por el Congreso, abrirían la posibilidad de que el Estado mexicano fuera desplazado de manera total de toda la cadena productiva del petróleo.

De reformarse el artículo 28, el petróleo perdería su condición de sector estratégico de la economía, quedando como cualquier sector de importancia menor, abriéndose la posibilidad que todos los activos de Petróleos Mexicanos (equipos y plataformas de perforación, bombas de extracción, refinerías, buques-tanque, redes de ductos, centros de almacenamiento, edificios, terrenos, vehículos, etc.) pudiesen ser vendidos. En situación similar se pondría a la Comisión Federal de Electricidad.

Resulta absurdo pensar que el sector petrolero no es estratégico para el desarrollo y la vida del país. Que se le puede tratar como a la confección de ropa de lujo o a la elaboración de bebidas alcohólicas, o a cualquier otra actividad no vital para la vida económica y social de la nación.

En la celebración del bicentenario de los  Sentimientos de la Nación, acogidos al legado histórico de José María Morelos, teniendo presentes las luchas del pueblo mexicano por el rescate, respeto y pleno ejercicio de la soberanía de la nación, en el recinto que alberga al cuerpo legislativo que recoge la herencia del Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán, hago desde aquí un llamado a nuestros gobernantes y legisladores, que tengan presente la responsabilidad que nos representan estos legados a todos los mexicanos de hoy, que cumplan con su alta responsabilidad de no abrir fisuras en nuestra ley suprema que puedan significar riesgos de disminución de los espacios y capacidades de ejercicio de la soberanía de la nación y no vayan a cargar en sus personas con la responsabilidad histórica de haber entregado un recurso de la nación y el pueblo mexicanos a quienes afectarían seriamente sus intereses y posibilidades de progreso y bienestar, en un afán de lucro y de aferrar lazos de dependencia, contrarios, finalmente, al interés nacional.

Mi profundo agradecimiento, de nueva cuenta, al H. Congreso de Michoacán por concederme la condecoración Bicentenario de los Sentimientos de la Nación.

Bibliografía.

• José Eduardo Beltrán: “Petróleo y desarrollo”. Gobierno del Estado de Tabasco. Villahermosa, Tab. 1988.

• José Domingo Lavín: “Petróleo. Pasado, presente y futuro de la industria mexicana”. E. D. I. A. P. S. A. México. 1950.

• Cuauhtémoc Cárdenas: “El mundo de Lázaro Cárdenas.- La expropiación petrolera 1938-2005”. XXVII Jornadas de Historia de Occidente. Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas. Jiquilpan de Juárez, Mich., 21 de octubre del 2005.

• “Palabras y documentos públicos de Lázaro Cárdenas”, Vol. 3. Siglo Veintiuno Editores. México 1979.