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"La Revolución Mexicana y Lázaro Cárdenas" Museo Nacional de la Revolución. PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 27 de Septiembre de 2011 18:00

Cuauhtémoc Cárdenas

La Revolución Mexicana es, sin duda, el movimiento popular más importante que haya tenido lugar en México, desde los inicios del siglo XX hasta el presente. En sus dimensiones transformadoras, resulta equivalente a los movimientos de Independencia y Reforma del siglo XIX.

La Revolución sacudió conciencias, corrigió injusticias, transformó y modernizó estructuras sociales y económicas, cambió costumbres y patrones culturales, dio paso a nuevas instituciones, modificó prácticas políticas, de ella nació la primera constitución en el mundo con contenidos sociales.

Esta constitución, promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917, recogió un principio fundamental, que venía desde la Independencia y en particular de los Sentimientos de la Nación de José María Morelos: que la soberanía de la Nación reside en el pueblo; reafirmó la laicidad del Estado y la liberación de las conciencias, conquistas de la brillante y patriótica generación liberal de la Reforma; recuperó y reconfirmó el dominio de la Nación sobre el territorio y los recursos naturales; estableció los derechos sociales –a la tierra, para los poblados desposeídos o carentes de tierra; a la huelga, a un salario suficiente, a condiciones de trabajo seguras y dignas, para los trabajadores-; fijó el carácter laico de la educación, como garantía de equidad ideológica y expresión determinante de la libertad de pensamiento; condicionó las modalidades de la propiedad al interés público; prohibió los monopolios, salvo aquellos que reconoció como necesarios instrumentos del Estado; y garantizó el pleno respeto a los derechos y al ejercicio de las libertades individuales.

De no haber tenido lugar la Revolución Mexicana, millones de campesinos nunca hubieran recibido una parcela de tierra ejidal, quien sabe cuándo y cómo se hubieran reconocido el derecho a la huelga y el salario mínimo para los trabajadores, no nos reconoceríamos o no sabemos cuándo hubiera llegado nuestro reconocimiento como nación multiétnica y pluricultural, no habría –o al menos no como son, pues son producto directo de la Revolución- seguridad social, ni Instituto Politécnico Nacional, ni Universidad Autónoma Metropolitana, ni universidades públicas y autónomas en muchas partes del país, ni derechos sindicales, ni Comisión Federal de Electricidad, Banco de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, ni el Castillo de Chapultepec sería el Museo Nacional de Historia, ni con todos los problemas existentes y las críticas que válidamente puedan hacerse, se hubieran expandido los servicios educativos como lo han hecho, ni se hubiera contado con una banca de desarrollo que por décadas impulsó el crecimiento económico del país, ni la industria petrolera se hubiera constituido por un largo período en el motor de la industrialización y del crecimiento de la economía. Esto es, otro, muy distinto, habría sido el curso seguido por el país.

 

De no ser por las fuerzas políticas inspiradas y que verdaderamente se identifican con los principios de la Revolución, no estaría dándose desde 1988, ciertamente con tropiezos serios y a veces retrocesos, la difícil transición que tiene lugar hacia una más amplia y efectiva democracia: no se habría logrado el mayor respeto al voto, que debe aún alcanzarse cabal; ni existiría una real pluralidad partidaria; ni se hubiera dado el fin del régimen de partido de Estado dominante; ni la separación real de los Poderes, que significó el fin de la imposición del Ejecutivo sobre el Legislativo y la asunción efectiva de sus respectivas responsabilidades; ni se habría abierto la posibilidad de que no hubiera mayorías absolutas en las Cámaras del Congreso; ni habría una autoridad electoral independiente del Ejecutivo; ni se hubiera dado la alternancia partidaria en la titularidad del Ejecutivo federal; ni se elegiría con el voto ciudadano el gobierno de esta ciudad capital. Todo esto se logró por el vigor y la decisión de la movilización popular que ha recogido, actualizado y se ha inspirado en las banderas de la Revolución Mexicana.

Una discusión abierta entre académicos e intelectuales es la de cuando termina la Revolución Mexicana. Sobre el inicio formal nadie discute y todo mundo acepta que se dio el 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde, como respuesta al llamado del Plan de San Luis de Francisco I. Madero. Están quienes sostienen que el impulso revolucionario concluyó al término del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, en 1940; otros, que el hecho sucedió poco antes, al decretarse la Expropiación de la industria petrolera, el 18 de marzo de 1938; hay los que consideran que regímenes identificados con el movimiento revolucionario fueron los que tuvo el país hasta principios de los años 80 del siglo pasado; y están los que piensan que la Revolución alcanzó su punto culminante en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, que al concluir éste empezó un largo y complejo proceso de desviaciones, avances parciales y claudicaciones, y que es un movimiento político-social-cultural que se encuentra interrumpido, que sigue latente en la conciencia colectiva del pueblo mexicano, dado que objetivos esenciales de ella están aún por alcanzarse.

Yo, particularmente, sin entrar a la discusión de si el movimiento conocido en nuestra historia como Revolución Mexicana puede considerarse académicamente terminado o no, considero que los grandes objetivos perseguidos por la Revolución: el ejercicio pleno de la soberanía nacional, la igualdad para los mexicanos en México e igualdad para México en el concierto internacional, un régimen político democrático y una sociedad democrática, entre otros, mantienen su vigencia y validez, y que sigue habiendo muchos mexicanos que ideológica y políticamente se identifican (nos identificamos) con la Revolución.

El movimiento popular se alza con el grito de sufragio efectivo y no reelección en noviembre de 1910 para poner fin a una larga dictadura, propone conducir al país con normas democráticas y respeto pleno a la ley y a los derechos reconocidos de los mexicanos y como muy importante reivindicación de carácter social, se compromete a la restitución de las tierras a los campesinos despojados de ellas por la dictadura.

En ese momento de arranque, como toda revolución, en cualquier parte del mundo y en cualquier época, no presenta un proyecto de transformación política, social y económica para el país que pudiera llamarse completo o acabado. Ese proyecto se va construyendo al paso del tiempo y tiene una primera concreción, muy importante, en la Constitución de 1917, que recoge las principales demandas populares que fueron aflorando desde antes y a partir del estallido de 1910, como las agrarias contenidas en el Plan de Ayala de los revolucionarios del sur encabezados por Emiliano Zapata, o las relativas a los derechos de los trabajadores, que se manifestaron con fuerza en los movimientos prerrevolucionarios de Cananea y Río Blanco y en el Programa del Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón y sus aguerridos compañeros.

En este museo se está presentando ahora la exposición "La Revolución social: imágenes del cardenismo", en la que destacan hechos de la vida y obra de Lázaro Cárdenas, vida y obra estrechamente vinculadas con la Revolución Mexicana, con su ideología de avanzada y sus realizaciones.

Lázaro Cárdenas, muy joven, conoce y se identifica con las inquietudes de cambio que se expandían por la República y difusamente empezaron a llegar a su pueblo natal, Jiquilpan, en el occidente michoacano, con la campaña anti-reeleccionista de Francisco I. Madero.

La Revolución propiamente, alcanza a Jiquilpan después de la usurpación de Victoriano Huerta y es entonces cuando Lázaro Cárdenas se incorpora a la Revolución, yéndose a Buenavista, en la Tierra Caliente de Michoacán, para sumarse a las fuerzas del Gral. Guillermo García Aragón, un revolucionario de convicciones agraristas.

No haré ahora referencia a la vida militar de Cárdenas. Sólo diré que lo llevó de Michoacán a la ciudad de México y luego a Sonora, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Guanajuato, el Istmo de Tehuantepec, Jalisco, las Huastecas, esto es, a vueltas por todo el país, en las que conoció de injusticias y reivindicaciones, carencias y potencialidades, tejió amistades y relaciones y reafirmó sus convicciones revolucionarias.

En 1928 Lázaro Cárdenas es elegido Gobernador de Michoacán. Su gestión de gobierno se distinguió por una intensa entrega de tierras a las comunidades campesinas, por el impulso a la organización de obreros y campesinos en la Confederación Michoacana Revolucionaria del Trabajo, la atención a la educación mediante la creación de nuevas escuelas primarias en haciendas y ranchos, de escuelas técnico-industriales y normales rurales, de apoyo a la Universidad Michoacana, la construcción de caminos, la cancelación de contratos y posesiones ilegales sobre bosques y tierras de comunidades indígenas, la reglamentación de la no reelección en el Estado.

El 30 de noviembre de 1934 protestó como Presidente de la República. Su gobierno tiene como guía el Plan Sexenal, un compromiso ideológico-programático aprobado por la convención del Partido Nacional Revolucionario para llevarse a la práctica en el periodo 1934-1940, en el que se asentaron las líneas generales que debían seguir las acciones de la administración, sin llegar a constituir un plan propiamente dicho, como lo entenderíamos hoy: un compromiso de metas cuantificadas, plazos de ejecución establecidos, mecanismos de ajuste, supervisión de lo realizado y rendición de cuentas.

Al llegar Cárdenas a la presidencia se encontró con que las tensiones sociales, tanto de campesinos que reclamaban la entrega de tierras a las que tenían derecho, como de trabajadores de la industria, que a su vez reclamaban mejores condiciones de ingresos y trabajo, según se sentían con el derecho de exigir al ver el éxito económico de las empresas a las que servían, se habían intensificado a un grado tal, por los incumplimientos a los mandatos legales por parte de las autoridades anteriores, que se percibía que podían estallar conflictos político-sociales de dimensiones mayores.

Debe decirse que en los últimos años del Maximato –el periodo en el que el poder real era ejercido de manera extra-constitucional por el Gral. Plutarco Elías Calles, que resultaba determinante en las principales decisiones del Estado-, de 1930 a 1934, se había reducido a ritmos mínimos el reparto de tierras, intensificándose las demandas, y poco se había favorecido el cumplimiento de la legislación laboral para la mejoría de los trabajadores.

Entonces, al iniciar Cárdenas su gobierno, acelera la reforma agraria y las autoridades, simplemente acatando la ley, dan entrada a numerosas demandas laborales. Esas acciones, por una parte, a más de cumplir con la ley y con los compromisos políticos del nuevo gobierno, disminuyen las tensiones sociales, pero llevan a un enfrentamiento con los privilegios generados por el Maximato y a un choque entre el Presidente de la República y los grupos avanzados que lo apoyaban, por una parte, con el Gral. Calles y su grupo más cercano, por la otra.

Se trató de una verdadera disputa por el ejercicio del poder, de una confrontación por el ejercicio del poder sin mandato constitucional y el ejercicio del poder con mandato de la ley, en la que se impuso la legalidad.

El enfrentamiento con el callismo, vuelvo, se dio cuando se empezó a dar cumplimiento a los compromisos derivados de llevar a la práctica el Plan Sexenal.

Superado ese primer conflicto político mayor con la expulsión del país del Gral. Calles y tres políticos cercanos a él, en abril de 1936, se acelera la reforma agraria y en octubre de ese año se realiza el primer reparto de tierras altamente productivas, en la región de La Laguna, en los Estados de Coahuila y Durango.

Los campesinos de La Laguna, organizados en sindicatos en las diferentes haciendas, habían venido reclamando desde años atrás la entrega de las tierras en las propiedades cuyas superficies excedían las extensiones de la propiedad inafectable. Se aducía por los gobiernos de entonces, que incluso expidieron para esa zona una legislación de excepción, que de entregarse a los campesinos esas haciendas en las que se obtenían altas cosechas de algodón, producto de exportación, fuerte generador de divisas extranjeras, la producción se caería y se provocaría una crisis que afectaría la economía de todo el país. Cárdenas, tranquilo por haber superado el conflicto político y confiado en el apoyo, la laboriosidad y responsabilidad de los campesinos, decidió la entrega de las haciendas de La Laguna a quienes con pleno derecho demandaban las tierras.

La Laguna fue el primer reparto de grandes extensiones de tierras de alta productividad que se dio en el país. El reparto se apoyó con crédito y asistencia técnica del Estado y la producción de la comarca se mantuvo en los índices de los años anteriores. Los recursos para el crédito, por cierto, se obtuvieron de un sobregiro del gobierno, que produjo moneda sin el respaldo en metálico correspondiente, crédito que fue cubierto con la venta de las buenas producciones que se obtuvieron. Al de La Laguna siguieron los repartos ejidales en la zona henequenera de Yucatán, en las regiones del Yaqui y el Mayo en Sonora, del Valle de Mexicali, afectando las tierras concesionadas a la Colorado River Land Company en Baja California, de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia en Michoacán, del Soconusco en Chiapas, de las zonas cañeras de Sinaloa.

Por otro lado, en otra línea de acción, desde el gobierno, se promovió la unificación y la organización de los trabajadores. En 1936 se constituyó así la Confederación de Trabajadores de México (la CTM), poco después, en mayo de 1937, se produjo la unificación de los sindicatos de trabajadores petroleros, que presentaron una serie de demandas a sus empresas, que éstas rechazaron, generando con ello un serio conflicto laboral, que tras una serie de incidentes legales y políticos culminó con la Expropiación de las empresas petroleras, decretada el 18 de marzo de 1938.

En la tarea de organizar a los sectores populares para la mejor promoción y defensa de sus intereses, uno de los objetivos básicos de la administración, el Presidente, muy al principio de su periodo, en los primeros meses de 1935, encomendó al partido oficial organizar a los campesinos, por lo que éste convocó a las agrupaciones más importantes y a los campesinos de los nuevos ejidos para integrar la Confederación Nacional Campesina, la que quedó constituida en agosto de 1938.

El Partido Nacional Revolucionario, a iniciativa igualmente del Ejecutivo, se transformó en 1938, en Partido de la Revolución Mexicana, organizado en base a cuatro sectores: el obrero, el campesino, el popular y el militar, buscando que estos cuatro grandes sectores de la sociedad llevaran a cabo su principal actividad política dentro de los cauces y con apego a los principios del partido.

Fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, por primera vez después de concluida la fase armada de la Revolución, cuando surgen organizaciones políticas clara y abiertamente para oponerse a ésta, de manera principal a sus acciones agraria y educativa, destacando como las más importantes y las de mayor trascendencia en la sociedad y en el tiempo, el Partido Acción Nacional y la Unión Nacional Sinarquista.

Importante en el gobierno de Lázaro Cárdenas fue la política internacional. Entendió que para llevar a cabo en el país un proyecto de transformaciones progresistas, en este caso acordes a los principios y objetivos de la Revolución Mexicana, ese proyecto debía corresponderse con una posición y una política en el ámbito internacional.

El rescate del ejercicio de la soberanía nacional, clave de las políticas reivindicatorias de la Revolución en la búsqueda de la equidad en el concierto internacional, se expresó en la práctica interna durante la gestión de Cárdenas en tres realizaciones principales, de distinto género y dimensión, pero las tres de gran trascendencia e importancia: primero, las complicadas negociaciones que se llevaron a cabo con el gobierno norteamericano, para indemnizar a los propietarios norteamericanos expropiados para cumplimentar demandas agrarias, principalmente en las regiones fronterizas, en varios casos dentro de la franja de territorio en la que la Constitución prohíbe la propiedad de extranjeros; segundo, la denuncia del artículo 8° del Tratado de la Mesilla, firmado en 1853 entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que permitió recuperar la soberanía de la nación sobre el Istmo de Tehuantepec; y, tercero, la Expropiación Petrolera.

En cuanto a la acción en el exterior, el gobierno de Lázaro Cárdenas fue activo en el cumplimiento de sus compromisos internacionales y de la solidaridad debida a naciones y pueblos amigos. El gobierno mexicano fue la voz única que protestó en la Sociedad de las Naciones por la invasión de Abisinia por los ejércitos de la Italia fascista; fue el gobierno mexicano el único que no reconoció la anexión de Austria por la Alemania nazi; y fue México el único país que incondicionalmente brindó su ayuda a la República Española en su lucha contra la rebelión apoyada por la intervención de fuerzas militares de Italia y Alemania, así como por la actitud pusilánime de las entonces grandes potencias europeas, Francia y Gran Bretaña; y fue también México el único país que incondicionalmente abrió sus puertas a los republicanos después de la derrota, como las abrió, en la medida de sus posibilidades, también a otros exilios y a perseguidos de otras naciones.

En el terreno educativo hubo también proyecto. La educación se vinculó tanto a las reivindicaciones sociales como al aprovechamiento de los recursos y al desarrollo económico del país. De esos vínculos surgen las Escuelas Hijos del Ejército, internados de educación primaria, equipados con talleres diversos, destinados principalmente a la atención de los hijos de los miembros de las Fuerzas Armadas, en los que se recibía también a alumnos de todo el país, en esa época escaso de escuelas; el sistema de Escuelas para Hijos de Trabajadores, internados de educación secundaria, que en lo que se consideró una primera etapa se establecieron en Coyoacán, D. F., Lerdo, Dgo., Tepic, Nay., Tacámbaro, Mich.,… así como un primer internado de educación preparatoria en Coyoacán; internados indígenas; escuelas normales rurales; y como gran cúpula del sistema de educación popular, el Instituto Politécnico Nacional.

En el aspecto social resalta la prohibición del juego y el cierre, a los tres o cuatro días de haberse iniciado el periodo presidencial, de los casinos de La Selva en Cuernavaca, el Foreign Club en las afueras de la ciudad de México, el de Agua Caliente en Tijuana y el Hotel Playa en Ensenada, así como las iniciativas para otorgar el voto a la mujer, que aprobó el Congreso federal, pero que no entró en vigor debido a que no la aprobaron los Congresos estatales en el número necesario, y la del seguro social para los trabajadores, que quedó como proyecto y ya no se impulsó su aprobación por el Poder Legislativo, pues las resistencias a vencer hubieran abierto un frente de oposición importante, al tiempo que se libraba otra lucha para consolidar la Expropiación de las empresas petroleras.

Para apoyar el desarrollo económico en sus distintas ramas, se crearon el Banco Ejidal, el Banco Obrero de Fomento Industrial, el Banco Nacional de Comercio Exterior y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras instituciones, fortaleciéndose además las actividades de la Nacional Financiera, constituida en la administración anterior.

Con objeto de participar en el aprovechamiento de los recursos petroleros se creó la empresa pública Petróleos de México (Petromex), que a raíz de la Expropiación y de la constitución de Petróleos Mexicanos (Pemex) quedó integrada a ésta.

Puede entonces verse que la acción del gobierno de Lázaro Cárdenas fue una acción coherente en lo político, social y económico, acorde a los compromisos derivados del Plan Sexenal, pero sobre todo, acorde con los principios y objetivos de la Revolución Mexicana.

En algunos estudios de académicos y de analistas políticos se sostiene que después de la Expropiación disminuyó el ritmo de la acción revolucionaria del gobierno de Lázaro Cárdenas. Yo no lo considero así. Superado el enfrentamiento con el Gral. Calles, entre octubre de 1936 y 1938 se llevan a cabo las grandes afectaciones agrarias –se repartieron más de 18 millones de hectáreas, más que en todas las administraciones a partir del estallido revolucionario- y se dejan en trámite dotaciones que comprenderían varios millones de hectáreas más; los obreros estaban organizados; realizada la Expropiación, al poco tiempo, se logró normalizar la producción de petróleo; el levantamiento armado de Saturnino Cedillo, opuesto a la Expropiación, había sido sofocado sin que llegara a representar peligro ni político ni militar; ante la negativa norteamericana de adquirir petróleo mexicano, el gobierno buscó otros compradores, los que encontró en Alemania e Italia, países con cuyos gobiernos no había afinidad política ninguna, pero que siendo las posibilidades únicas, con ellos hubo que realizar el intercambio comercial; el país estaba pues en paz y trabajando, y la principal tarea al frente la constituía la consolidación de la Expropiación, que se estaba negociando por las vías diplomáticas, y el desarrollo mismo de la industria del petróleo por el Estado mexicano. Entonces, no me parece que disminuyera el ritmo de la acción revolucionaria, sino que se estaba pasando de la etapa de realizaciones, que representaron intensas sacudidas políticas y sociales, a la de consolidación de los logros alcanzados, proceso de consolidación que por lógica debía llevarse a cabo en lo que restaba del periodo de gobierno y dando continuidad a las políticas del Estado más allá de los seis años de la administración de Cárdenas, en condiciones ya de mayor tranquilidad política y social.

En el terreno del quehacer político, Lázaro Cárdenas, desde su vida militar, se inició observando cómo se ejercía el poder revolucionario, en medio del fragor de la lucha, cuando se combatía y se administraba al mismo tiempo. En los periodos de paz relativa, en épocas de elecciones estatales o municipales, vio cómo se enfrentaban grupos de los propios revolucionarios, y el poder central, si podía, lo que no siempre sucedía, influía para imponer, aunque la mayoría de las veces debía más bien arbitrar, para lograr estabilidad y evitar en lo posible problemas futuros.

En las elecciones presidenciales, de 1920 a 1928, los conflictos que se suscitaron se resolvieron violentamente: en 1920 fue asesinado el Presidente Venustiano Carranza, su candidato, el Ing. Ignacio Bonillas, no volvió a tener presencia en la vida política del país; en 1923-24, las fuerzas del gobierno derrotaron a la rebelión delahuertista y el candidato de la oposición, Adolfo de la Huerta, se fue al exilio; en 1927 murieron asesinados los candidatos generales Francisco Serrano y Arnulfo Gómez y al año siguiente un fanático asesinó al Presidente electo Álvaro Obregón. De ahí en adelante puede considerarse que los conflictos electorales ya no se resolvieron derramando sangre, más allá de los cuestionamientos y críticas que al respecto pudieran hacerse y de las inconformidades que hubieran surgido y del manejo que se les haya dado.

En 1933 los grupos políticos afines al gobierno –organizaciones campesinas, agrupaciones sindicales, diputados, senadores, gobernadores, jefes militares, etc.-, agrupados ya dentro del Partido Nacional Revolucionario, se alinearon abiertamente tras dos precandidatos: los generales Manuel Pérez Treviño y Lázaro Cárdenas. Pesó, sin lugar a discusión, la decisión final del Jefe Máximo, el Gral. Calles, cuyas simpatías personales estaban con el primero de ellos, pero quien finalmente, valorando seguramente las consecuencias de su decisión, se inclinó por el segundo, que reunía mayoría dentro de aquellos grupos políticos afines al gobierno.

La oposición organizada estaba poco desarrollada y representaba una fuerza política de reducida importancia relativa.

Formado políticamente en la Revolución y con la experiencia de sus años de gobierno nacional, alcanzaron a Lázaro Cárdenas los tiempos de su propia sucesión.

Hay que decir que si bien la decisión del Presidente de la República podía ser determinante, no eran, desde ningún punto de vista, años de tapados, como los que conocimos posteriormente. El juego sucesorio abierto se empezó a dar desde mediados de 1938 –las elecciones serían el primer domingo de julio de 1940-. Las fuerzas políticas empezaron a alinearse y a manifestar sus posiciones y simpatías, tal como había sucedido seis años antes. Surgieron grupos de oposición: un Partido Anticomunista encabezado por varios militares de alta graduación, entre ellos el Gral. Joaquín Amaro, alto funcionario en el régimen del Gral. Calles y en los del Maximato, por dar un ejemplo. A principios de 1939 el Presidente pidió a los miembros de su gabinete con inquietudes electorales que abandonaran sus cargos y así se produjo la renuncia de los secretarios de Comunicaciones, Gral. Francisco J. Múgica, de la Defensa Nacional, Gral. Manuel Ávila Camacho, y de Economía, Gral. Rafael Sánchez Tapia; los dos primeros buscarían la candidatura del partido oficial, el tercero contendería en las elecciones como candidato opositor de un partido creado en el momento. Apareció por otro lado, la candidatura de otro jefe militar, el Gral. Juan Andreu Almazán, que representaría la posición contrarrevolucionaria y la oposición electoral más fuerte.

Respecto a la candidatura del Partido de la Revolución Mexicana, señalaría que al igual que había sucedido seis años antes, en torno a las candidaturas de los generales Múgica y Ávila Camacho se empezaron a manifestar, abiertamente, los apoyos de las fuerzas afines al gobierno. La balanza se inclinó en favor del Gral. Ávila Camacho y Cárdenas, como Calles lo hizo en su caso, siguió a la corriente mayoritaria, aunque al igual que en el caso de Calles, es muy probable que sus simpatías íntimas, nunca expresadas públicamente, no coincidieran con las de la mayoría.

Para terminar diré que el compromiso revolucionario de Lázaro Cárdenas no terminó con su paso por la presidencia. Siguió siendo revolucionario y siguió haciendo política acorde con los principios de la Revolución. De ahí el no intervenir más en cuestiones de carácter electoral –acabó el Maximato y a pesar de intentos varios, ni Maximatos ni minimatos hemos vuelto a tener-; de ahí, también, la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional, al impedir, en 1942, como Comandante de la Región Militar del Pacífico, la entrada de tropas norteamericanas a Baja California; el trabajo constructivo en los proyectos de desarrollo regional de las cuencas del Tepalcatepec y del Balsas; el rescate de los minerales ferríferos de Las Truchas; la participación en la lucha por la paz mundial; las protestas ante las intervenciones extranjeras en asuntos de los países latinoamericanos; su defensa de la Revolución Cubana; y así, hasta el 19 de octubre de 1970, día en que falleció.