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Universidad Panamericana. Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. PDF Imprimir Correo electrónico
Domingo 26 de Septiembre de 2010 18:00

Cuauhtémoc Cárdenas


Agradezco a la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana la invitación que me han hecho para dirigirme a ustedes este día, lo que mucho me distingue.

Conmemoramos este año el bicentenario de nuestra Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Es buena ocasión para llevar a cabo una reflexión colectiva sobre la situación del país, los principales problemas que enfrentamos, las posibles soluciones y, sobre todo, para pensar qué país queremos que encuentren quienes conmemoren los siguientes centenarios de estos dos trascendentales movimientos populares.

La Independencia nos legó la existencia como nación al romper los lazos de dependencia colonial, dio nacimiento a nuestra nacionalidad y desde los primeros tiempos, con Hidalgo y Morelos, trazó las líneas para desarrollar un régimen democrático, con sólido y trascendente contenido social, tanto al declarar la abolición de la esclavitud como al reclamar la restitución de tierras para las comunidades despojadas de ellas.

La Revolución dio a México un largo período de estabilidad política y social y una Constitución que recuperó y reafirmó el dominio de la nación sobre el territorio y los recursos naturales; estableció los derechos sociales –a la tierra, para los poblados desposeídos o carentes de tierra; a la huelga, a un salario suficiente y digno, a condiciones de trabajo seguras, para los trabajadores-; fijó el carácter laico de la educación, como garantía de equidad ideológica; condicionó las modalidades de la propiedad al interés público; prohibió los monopolios, salvo aquellos que reconoció como instrumentos del estado; y garantizó el pleno ejercicio de las libertades individuales.

De no haber tenido lugar la Revolución Mexicana millones de campesinos nunca hubieran recibido tierra, quien sabe cuándo se hubiera reconocido el derecho a la huelga y el salario mínimo para los trabajadores, no habría Seguro Social, ni Instituto Politécnico, ni Universidad Autónoma Metropolitana, ni sindicatos, al menos no en las condiciones en que surgieron y en las que conocemos a esas instituciones, ni se hubiera contado con una banca de desarrollo que por décadas impulsó el crecimiento económico del país, ni la industria petrolera se hubiera constituido por un largo período en el motor de la industrialización.

Los legados de estos dos movimientos populares constituyen, sin duda, motivos de celebración. No así las desviaciones y retrocesos que tienen al país y a la gente hoy en seria situación de postración, sobre todo desde que en 1982 se impuso el proyecto neoliberal. De entonces para acá, se ha ido en un tobogán de estancamiento y decrecimiento de la economía, de desmantelamiento de las actividades productivas, de aumento de la desocupación y deterioro creciente de los niveles de vida, de pérdida de calidad de los servicios sociales básicos, como la educación y la salud, y en lo político, de cesión de soberanía y de una inexistencia o ausencia cada vez mayor del Estado.

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¿Dónde estamos actualmente?

En el 2000 se tuvo lugar un hecho importante en nuestra vida política: se dio la alternancia en el ejercicio del poder, que tiene como antecedente la elección federal de 1997, en la que se conquista el respeto al voto y se logra la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que significó la separación del Ejecutivo y el Legislativo y el principio del fin del régimen de partido de Estado, que rigió en el país desde 1929, aunque con muy distintas características de un gobierno a otro.

La alternancia, es decir, el cambio de personas y de partido político en la titularidad del Poder Ejecutivo, representó la substitución del partido responsable de la conducción del gobierno, cambiaron un buen número de funcionarios (salieron los del PRI y ocuparon sus puestos militantes del PAN), aunque principalmente en el área financiera el nuevo Ejecutivo designó a miembros del partido desplazado del poder; en Hacienda la conducción siguió -en lo que hace a pertenencia partidaria- sin cambio hasta hace pocos meses que se designó a un titular de esa secretaría miembro de Acción Nacional, casi una década después de producirse la alternancia.

Es importante registrar que la alternancia, hasta ahora, ha significado sólo cambio de personas y de emblemas partidarios en la conducción del gobierno, ya que se mantiene sólido el proyecto económico y social que se ha impuesto al país desde 1982, el proyecto neoliberal, estructurado a partir de exigir la observancia rigurosa de los llamados consensos de Washington.

Se trata de un proyecto socialmente excluyente, concentrador de la riqueza en un grupo reducido de la población, que ha cancelado innumerables puestos de trabajo y lanzado a millones de mexicanos a buscarse la vida más allá de nuestras fronteras. Que desarrolla, por otro lado, una economía dependiente en grado cada vez mayor de las importaciones de tecnologías, alimentos, bienes industriales y energéticos (el crecimiento de las exportaciones, que es real a partir de la vigencia del Acuerdo de Libre Comercio, corresponde en alta proporción a intercambios entre filiales de grandes transnacionales) y que tiende a substituir las inversiones, las empresas y los productos nacionales por extranjeros, que ha provocado el desmantelamiento de sectores productivos como la agricultura, la pequeña y mediana empresa, la petroquímica, la industria de fertilizantes, así como la desaparición de la banca de fomento, la extranjerización de la banca comercial y la paralización de ésta en una de sus funciones principales, como es el otorgamiento de crédito para el apoyo de las actividades productivas.

El modelo socialmente excluyente que se desarrolla dentro de una economía estancada, aunado a la falta de iniciativa en la conducción política, ha creado un clima propicio para generar violencia en las relaciones sociales y para la expansión de la delincuencia organizada, la que, ante la incapacidad del Estado para controlarla y abatirla, crece y se involucra en nuevos y diversos tipos de delitos y ejerce control de la vida cotidiana en territorios cada vez más amplios e importantes.

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Veamos algunas cifras:

La desigualdad caracteriza a la sociedad actual: en materia de ingreso, por ejemplo, la desigualdad se hace evidente al comparar el 10% de la población con ingresos mayores, con el 10% de la población con los ingresos más reducidos: los primeros reciben 24.6 veces más que los segundos; ahora bien, si vamos más al detalle y comparamos el 1% de los hogares con los ingresos más altos, con el 1% con los ingresos más bajos, que concentran respectivamente 9.2% contra 0.07% del PIB, la diferencia es de 131.43 veces.

En materia de trabajo se registra oficialmente un desempleo abierto del 4.9% de la población económicamente activa (1*) (2’337’000 personas). A esa desocupación abierta deben agregarse 9.3% más del subempleo (4.4 millones de trabajadores), 27% de informales (12.6 millones) y 6.8% de personas que trabajan sin recibir ingreso alguno (3.2 millones – generalmente parientes en alguna empresa familiar)(2*) , lo que hace ascender a 20.2 millones el número de personas carentes de empleo formal, 43.1% de la población económicamente activa.

La pobreza en el país alcanza al 77.2% de la población total, más de 82 millones de habitantes, de los cuales puede estimarse que 11.2 millones, el 10.5%, se encuentran en condiciones de pobreza extrema, 36 millones (33.7%) sufren pobreza multidimensional y 35.2 millones (33%) son personas vulnerables por algunas carencias sociales, como el no tener acceso a la seguridad social, condición que afecta al 64.9% de la población nacional, no tener acceso a servicios de salud (40.7%) o por padecer insuficiencia alimentaria (21.6% del total de los mexicanos).

De la década de los años treinta a los ochenta, la pobreza había logrado reducirse del 80 al 40%. Con el neoliberalismo, la población en condiciones de pobreza ha vuelto a los niveles de los años treinta, debiendo agregarse que en lo que va de esta administración, el número de pobres en el país se ha incrementado en 6.8 millones.

En lo que hace al poder adquisitivo del salario, en los últimos 20 años se ha reducido en un 75% en términos reales.

En 1994, al entrar en vigor el Acuerdo de Libre Comercio, se estimaba que la migración en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida era al año del orden de unas 28 000 personas. A raíz de la vigencia del Acuerdo, la migración se ha elevado a alrededor de 500 000 migrantes anuales, más de 600 000 registrados en 2008, unos cuantos menos en los años de la actual crisis norteamericana que compartimos pero en peores condiciones.

¿Qué ha pasado con el crecimiento de la economía?

Desde la década de los treinta hasta el inicio de los gobiernos neoliberales en 1982, la economía creció anualmente con ritmos del orden del 6% respecto al producto interno bruto. De 1982 al 2000, etapa del neoliberalismo antes de la alternancia política, el crecimiento fue de 2.6%, la tercera parte de lo que había sido durante los cincuenta años anteriores. En los dos períodos de la alternancia, el crecimiento registrado en el primero, de 2000 a 2006, fue de 2.25%; en el segundo los crecimientos anuales han sido de 3.5% en 2007 y 2008, y de -6.5% en 2009, caída que se da como consecuencia de los impactos de la crisis norteamericana que comienza a mediados del 2008 y de no haber puesto en práctica en México, medidas para contrarrestar los efectos negativos de esa crisis.

Aquí se ha ido a contracorriente. Cuando la crisis empezó a golpear fuerte en el último trimestre de 2008, en vez de instrumentar políticas contra-cíclicas, como hicieron otros países igualmente impactados de América Latina, que ya han recuperado las condiciones de crecimiento para sus economías, en México se aumentaron los impuestos, no se bajaron; tampoco se pusieron en marcha programas extraordinarios de obras públicas como factor para reactivar el crecimiento, solamente se anunciaron; no se protegió el empleo existente, en un año se perdieron más de un millón de empleos formales; se elevaron las tasas de interés bancarias, desestimulando así la inversión productiva. Por todo eso, la economía mexicana no alcanzará sus condiciones de 2008 sino hasta 2012 o después.

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Un serio problema, fuertemente sentido por la sociedad en su conjunto, es el del aumento de la violencia, la expansión de la delincuencia organizada y la manifiesta impotencia de la autoridad para contenerlas.

Esa situación ha generado una creciente exigencia de los más diversos sectores de la sociedad para que el gobierno revise las medidas que ha estado adoptando y modifique las estrategias hasta ahora instrumentadas para enfrentar este problema.

A lo largo de la presente administración, de 2006 a la fecha, se registran más de 28 000 muertes atribuidas a los enfrentamientos contra o del crimen organizado, de las cuales corresponden 2 300 a militares y policías, más funcionarios diversos y víctimas civiles inocentes.

Estudiosos del problema, como el Dr. Edgardo Buscaglia, hacen el siguiente diagnóstico del problema:

Porciones del Estado –entre ellas áreas de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública- se encuentran penetradas por diferentes grupos criminales, que se enfrentan entre sí por ampliar sus áreas de control.

Los grupos delictivos, que mantienen amplias ligas internacionales, están manejando no sólo el tráfico de drogas, sino que participan en por los menos 22 delitos más, entre los que se cuentan el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, el contrabando, la piratería, el tráfico de personas.

Se estima que el negocio del narcotráfico genera en México alrededor de 39 000 millones de dólares anuales para los grupos criminales, millones que de una u otra forma acaban incorporándose al sistema bancario y a las corrientes de dinero legal.

Los grupos mexicanos del crimen organizado han aumentado, en los últimos cuatro años, 735% su presencia en las listas negras patrimoniales en 48 países distintos.

Las verdaderas cabezas no son aquellos públicamente señalados como capos de esa delincuencia, que deben sólo considerarse como una especie de gerentes operativos, sino empresarios y políticos que forman parte estructural de los grupos criminales. Por eso a la caída de algún capo, por aprehensión o muerte, es inmediatamente substituido por otro.

Las acciones que se llevan a cabo en México por los cuerpos militares, judiciales y policíacos contra la delincuencia organizada, ni apuntan ni llegan a desmantelar las estructuras del poder político y empresarial controladas por la criminalidad.

Afortunadamente, debe decirse, las áreas de inteligencia del Ejército y de la Marina son sectores que no han podido ser penetrados por la delincuencia organizada, que es preciso cuidar no se desgasten.



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Ahora bien, ¿frente a esta situación que debe hacerse?

La o las respuestas son múltiples y nada sencillas.

Un primer paso, indispensable, es cambiar el modelo, esto es, el patrón de crecimiento económico mediante un programa estructural anti-crisis de recuperación y restructuración económica, así como de desarrollo social, que considere:

Una verdadera reforma fiscal, que genere los recursos que el país requiere para invertir en su desarrollo, que sea articuladora de otras reformas, como las de la seguridad social y la laboral.

La reforma fiscal en particular, debe partir de revisar aquellos ordenamientos que actualmente impiden instrumentar medidas anti-cíclicas. Por otra parte, establecer una regla de balance fiscal que permita ahorrar recursos en épocas de bonanza para ser gastados en tiempos de crisis; mantener una adecuada combinación entre las dos principales fuentes de tributación, el ISR y el IVA; y mejorar el sistema de administración e información tributarias, en especial la eficacia en la recaudación y en la rendición de cuentas.

Por otra parte, debe acentuarse el carácter progresivo e integral del ISR, ampliando los tramos de ingreso y elevando las tasas sobre los niveles altos existentes; eliminar el impuesto empresarial a tasa única (IETU); y establecer un gravamen sobre las transacciones financieras.

Como parte de la reforma se requeriría de una coordinación fiscal que permita a las entidades federativas aumentar su participación tanto en la base gravable como en el porcentaje.



Avanzar hacia un sistema de seguridad social universal, no vinculado a la nómina.



Instrumentar una reforma laboral que considere los cambios a que obligan los avances tecnológicos en la organización del trabajo, que respete los derechos adquiridos de los trabajadores, considere un reparto equitativo de los beneficios derivados de los incrementos de la productividad entre el trabajo y el capital, garantice el acceso de los trabajadores a la información empresarial relacionada con el reparto legal de utilidades y considere la participación de los trabajadores en las decisiones relativas a la organización del trabajo en el centro laboral.



Renegociar los acuerdos de libre comercio firmados por el país, en particular el de América del Norte, en un esquema de acuerdos o tratados de desarrollo, que consideren aspectos particulares como el comercio agropecuario y los subsidios agrícolas, la cláusula de nación más favorecida, los subsidios compensatorios internacionales a las regiones y ciudades atrasadas así como para la modernización de actividades y sectores atrasados, la propiedad intelectual y las patentes, la preservación ambiental, la libre circulación de los trabajadores, los derechos laborales y sociales, etc.

Impulsar el desarrollo industrial mediante la elaboración y aplicación concertada de una política de reindustrialización que busque crecimientos regionales armónicos, desarrolle las cadenas productivas internas, privilegie las tecnologías limpias, incentive al capital productivo y dé prioridad a la producción interna en las obras y adquisiciones públicas.

Reestructurar y reforzar la banca de desarrollo y promover el desarrollo de una banca comercial mexicana.

Apoyar la recuperación del mercado interno, en particular el de los sectores mayoritarios, mediante la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios.

Orientar la contratación preferente de obras y adquisiciones de bienes, servicios y tecnología que realizan los tres niveles de gobierno hacia empresas y proveedores nacionales.

Incrementar substancialmente el apoyo financiero, tecnológico, fiscal, comercial y en infraestructura para la micro, pequeña y mediana empresa vinculada con el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas del país y sus regiones, en particular las más atrasadas.

Fortalecer, ampliar y aplicar con rigor y efectividad la regulación pública de aspectos cruciales de la actividad económica como las prácticas monopólicas, la operación del capital financiero y bancario, las normas de calidad de productos y servicios, las normas ambientales, etc.

Aumentar el apoyo financiero, material e institucional a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, en particular a las áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Poner en práctica una política salarial que mantenga los incrementos de los salarios por arriba de los índices de inflación a fin de recuperar paulatinamente la capacidad de compra de la población y con ello dinamizar el mercado interno.

Regularizar la economía informal mediante la erradicación de las actividades ilegales (piratería, contrabando, venta de mercancía robada, etc.) y la integración operativa y fiscal de las actividades lícitas, utilizando la negociación, e incentivos como la integración al seguro social, planes de vivienda y la dotación de infraestructura y servicios públicos básicos adecuados a la operación del sector.

Desarrollar proyectos de inversión en obra pública de mediano y largo plazos, de alto impacto regional y nacional.

Reformar la legislación del Banco de México, para incluir en sus objetivos la promoción del desarrollo económico y la creación de empleo.

Incrementar sustancialmente el apoyo financiero e institucional a la educación de calidad en todos los niveles, así como a la capacitación laboral y a la dignificación del trabajo docente.





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Se requiere también un cambio en las estrategias de combate a la delincuencia organizada que parta de la formulación de un plan, elaborado centralmente para en igual forma dar seguimiento a su ejecución, que fortalezca los servicios de investigación e inteligencia, mejore la coordinación internacional, involucre a los gobiernos federal, estatales y municipales, a sus cuerpos judiciales y preventivos, a los Poderes Legislativos y Judiciales estatales y federales, a los sistemas bancarios, financieros, de salud y educativos, a los medios de información y a la sociedad misma, asignando tareas específicas a cuyo cumplimiento pueda supervisarse tanto en lo que hace a actividades como a los tiempos de ejecución.

Las Fuerzas Armadas, que no están preparadas ni profesional ni anímicamente para combatir a la delincuencia, deben ser substituidas por un cuerpo especializado al que se encargue del combate de la delincuencia organizada.

Finalmente, deben considerarse también los cambios necesarios en el terreno político, como la incorporación a la legislación de los mecanismos para que cualquier ciudadano exija al Estado la posibilidad de ejercitar cabalmente los derechos ya reconocidos al trabajo, a la salud, a la vivienda; completar la reforma electoral, sobre todo en aquellos aspectos que permitan evitar que el dinero distorsione procesos y resultados; avanzar en la participación ciudadana mediante el reconocimiento constitucional de las figuras del referéndum, plebiscito y revocación de mandato.

Estos serían sólo los primeros pasos para empezar a delinear un futuro promisorio para México y los mexicanos.


1*“Milenio”. México, D. F., 12 de mayo del 2010.

2* Carlos Fernández Vega: “México, S. A…