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RECUPERACIÓN PLENA DEL ESTADO DE DERECHO En memoria de Francisco Xavier Ovando PDF Imprimir Correo electrónico
Jueves 01 de Julio de 2010 18:00

Cuauhtémoc Cárdenas

Morelia, Mich., 2 de julio del 2010.


Se cumplen hoy 22 años del asesinato de Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez, las primeras víctimas de una larga cadena de crímenes, más de seiscientas muertes de luchadores por el cambio democrático y la vigencia del estado de derecho, de las cuales la gran mayoría permanecen impunes, sus autores materiales e intelectuales protegidos por un poder público conscientemente encubridor o indiferente y pasivo para investigar y sancionar.


En el caso particular de Xavier Ovando, se llevaron a cabo denodados esfuerzos de investigación, encabezados, por cierto, por el actual Gobernador de Michoacán. Se pudo así identificar a los autores materiales, uno de ellos fue encarcelado aquí en el estado, otro se tuvo conocimiento que se encontraba detenido, por otros delitos, en Tamaulipas, y dos no pudieron ser arrestados, los cuatro, agentes judiciales de Michoacán; de los autores materiales, uno, Procurador de Justicia del Estado al ocurrir los hechos, cumplió sentencia y pasó once años encarcelado; otros, que indudablemente existieron, no hubo ya manera de identificarlos y en su caso, procesarlos.

* * *

La sangre de Xavier regó tierra fértil. Millones de mexicanos retomaron su estafeta, y los ideales por los que él luchó y cayó han empezado a cristalizar en realidades, de las que hoy nos beneficiamos todos los habitantes del país.

La transición de un régimen de partido de Estado dominante a un sistema democrático es un proceso en curso, aun no acabado, pero cuyos avances no pueden desconocerse.

Después del proceso electoral de 1988 creció en fuerza e intensidad la movilización por la transformación democrática del país y como respuesta a ésta, el régimen político se tornó aun más rígido y represivo, de lo que dan cuenta los más de seiscientos caídos de entonces hasta el 97, cuando la presión social, provocada por la crisis económica y la contención política, obligó al régimen a abrir el sistema político y a que empezaran a tenerse elecciones reales.

Hoy, sin duda, la calidad de las elecciones es distinta y mejor de la que había en 1988 y en lo general de la que se tenía con anterioridad a 1997, de lo que tenemos constancia en Michoacán si, por una parte, recordamos la elección misma del 88; las de 1989, que llenaron de violencia al Estado; la extraordinaria municipal de Uruapan de 1991, que se constituyó en el ensayo para el fraude sofisticado y masivo que instrumentó el gobierno federal en la elección intermedia del mismo 91 y muchas otras locales, hasta llegar a la federal del 94; la elección local del 92 y el interinato que le siguió; y, por la otra, si comparamos esos procesos con los aquí se han vivido con posterioridad al 97.

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Tenemos, si, mejores elecciones que antes, pero la democracia no es sólo elecciones confiables y creíbles, y aun respecto a éstas, existen avances pendientes de alcanzar.

Las elecciones se están distorsionando por dos causas principales: el dinero indebido e ilegal, que se ha convertido en factor determinante de sus resultados, y las intromisiones, indebidas e ilegales también, de funcionarios en ejercicio de sus cargos, para favorecer a candidaturas determinadas.

El dinero ilegal que llega a las campañas se destina preferentemente al pago, que se vuelve también ilegal, por tiempos que se otorgan a candidatos y partidos en los medios electrónicos, a la televisión en su mayor proporción. Y el tiempo de exposición en las pantallas se ha convertido en un factor que influye de manera decisiva en la orientación del voto, como lo dejan ver nuestras experiencias más recientes.

Una forma para que el dinero no sea el factor que decida los resultados electorales, sería legislar para prohibir que partidos y candidatos compren tiempos en los medios electrónicos de comunicación (televisión y radio), que no sea más quien disponga de más dinero quien se exponga por más tiempo en esos medios (imagen y audio), sino que los tiempos a disposición de los partidos políticos en televisión y radio sean asignados por el Estado de manera equitativa, como lo establecen legislaciones de las democracias más avanzadas y consolidadas de América del Sur y de Europa, y que esos tiempos sólo se pongan a disposición de los partidos en los períodos oficiales de campañas.

Con ello, además de darse equidad a la competencia electoral, se podría generar un importante ahorro para el Estado y la ciudadanía misma, pues la prerrogativa oficial que se asigna por ley a los partidos políticos se destina en altísimo porcentaje, 80 o 90%, a la compra de tiempos en las televisoras durante los períodos de campañas electorales.

Por otro lado, un gasto indignante, un enorme dispendio de fondos públicos, que distorsiona fuertemente la vida política, que vemos todos los días y que podría evitarse con medidas legislativas, es el que se hace al través de los medios en campañas personalistas, pues debía prohibirse que los funcionarios que estén ejerciendo cualquier cargo público aparecieran con imagen y/o con voz en televisión y radio en las publicidades oficiales. Esto es, escuelas, caminos u hospitales que se construyan, una buena ley que se promulga o los resultados de un programa, es importante que la ciudadanía los conozca, pero debe quedar claro que esas acciones están dentro de las funciones y obligaciones de cualquier funcionario público, que no están realizadas con recursos de su bolsa, y debieran, en todo caso, acreditarse a la actividad institucional y desde ningún punto de vista a la promoción personalista.

Decía que los resultados de elecciones recientes se están viendo distorsionados por intromisiones indebidas de funcionarios públicos, que ante los procesos electorales tendrían la obligación de conducirse con imparcialidad. Esas intromisiones se están dando, principalmente, mediante la imposición de prácticas clientelares en la instrumentación de las políticas públicas, sobre todo en las cuestiones sociales, e inyectando dinero ilegal para apoyos partidarios.

A este respecto, y sólo para ilustrar con un ejemplo, en el dictamen final del Tribunal Electoral en relación a la elección presidencial del 2006, José Antonio Crespo *1* nos dice en un serio estudio sobre aquel proceso que “[La] injerencia electoral del presidente Fox fue calificada por el Tribunal como indebida, y que constituyó ‘en un riesgo para la validez de los comicios’, pero se consideró que su impacto no fue determinante en el resultado, algo que responde a un cálculo esencialmente subjetivo e impreciso”, y el mismo autor señala que “[En]el dictamen final del Tribunal Electoral (5 de septiembre), se infiere con claridad que la elección pudo haber sido declarada inválida a partir de la llamada ‘causal de nulidad abstracta’ (con base en la cual se anularon los procesos locales de Tabasco en el 2000 y Colima en el 2003, al detectarse alguna irregularidad que afectó gravemente alguno de los principios rectores de esos procesos electorales), pero los magistrados determinaron que las irregularidades detectadas no habían sido determinantes en el resultado”.

El paso lógico, legal y ético, en estas circunstancias, hubiera sido que el Tribunal declarara nula aquella elección presidencial, que no declarara ganador. Pero eso ya quedó en la historia.

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En una democracia, el respeto y la efectividad del voto son fundamentales. Puede decirse que sin elecciones libres, sin respeto al voto, la democracia se constriñe seriamente o incluso se torna inexistente, pero la democracia electoral no es lo único que constituye y determina que exista y se viva en democracia.

Una vida democrática, un sistema político democrático, para ser reales, deben estar permeados y dominados por el que constituye el valor fundamental de la democracia, que es la igualdad.

En México hemos avanzado en la calidad de nuestra democracia electoral, pero estamos muy lejos de alcanzar la igualdad en las condiciones de vida de los mexicanos, en las oportunidades de progreso, en las calidades de vida de los diferentes grupos sociales, en el acceso a satisfactores de necesidades básicas, en el desarrollo de nuestras ciudades y nuestras regiones.

México es una nación sumamente desigual: en materia de ingreso, por ejemplo, la desigualdad se hace evidente al comparar el 10% de la población con ingresos mayores, con el 10% de la población con los ingresos más reducidos: los primeros reciben 24.6 veces más que los segundos; ahora bien, si vamos más al detalle y comparamos el 1% de los hogares con los ingresos más altos, con el 1% con los ingresos más bajos, que concentran respectivamente 9.2% contra 0.07% del PIB, la diferencia es de 131.43 veces.

La desigualdad, la negación de oportunidades para muchos, se observa también en el empleo. Así, oficialmente se registra en el país un desempleo abierto del 4.9% de la población económicamente activa *2*(2 337 000 personas), cifra que como dijera el 5 de noviembre de 1992 Felipe Calderón, refiriéndose a la correspondiente cifra oficial de aquella fecha, es ridícula, porque “no considera el desempleo en el sector rural (y podemos agregar hoy, ni en ningún otro sector); porque sólo se limita a muestreos en las principales zonas urbanas del país; porque considera como trabajador a quien trabaja sin remuneración; considera como empleado a quien trabaja a la semana por lo menos una hora; porque considera como empleado a quien tiene la certeza o la creencia de conseguir empleo en un mes”*3* .

A la desocupación abierta del 4.9% de la PEA deben agregarse 9.3% más del subempleo (4.4 millones de trabajadores), 27% de informales (12.6 millones) y 6.8% de personas que trabajan sin recibir ingreso alguno (3.2 millones – generalmente parientes en alguna empresa familiar) ,*4* lo que hace ascender a 20.2 millones el número de personas carentes de empleo formal, 43.1% de la población económicamente activa.

La seguridad social, que permite medir también el grado de igualdad, por tratarse del acceso a servicios básicos, da cobertura a unos 58 millones, que representan alrededor del 50% de la población total del país. La otra mitad carece de estos servicios.

* * *

Democracia también es participación. Hoy, aunque se requiere todavía mejorar la calidad y confiabilidad de los procesos electorales, puede decirse que todo ciudadano puede participar en ellos y que su voto tiene la garantía de ser respetado. Ha sido mediante la participación electoral que se ha avanzado en una mejor y aun perfectible democracia representativa.

Pero la mayoría de los mexicanos no tiene voz en sus calidades de trabajador, de consumidor de bienes básicos, de usuario de servicios públicos y apenas es tomado en cuenta en su calidad de residente de un barrio o de una colonia.

Abrir paso a la democracia participativa querrá decir que se puede participar en la toma de decisiones, como trabajador, en la organización del trabajo en la fuente laboral o en la revisión de las contabilidades empresariales y las asignaciones correspondientes al reparto de utilidades; como usuario de servicios públicos, en las medidas para mejorar su calidad o para discutir sus tarifas; como consumidor de bienes básicos, en que se garantice su abasto y en supervisar sus calidades y la observancia de sus precios autorizados; y como residente de una colonia, en la determinación de prioridades y supervisión del ejercicio de los presupuestos asignados a la colonia, en el funcionamiento de la escuela de los hijos, en la operación de los servicios públicos.

En otro plano, la participación ciudadana debe abrirse y garantizarse en los casos de referéndum respecto a leyes cuyo trascendencia debiera recibir el respaldo ciudadano, de plebiscito, para tener voz en el caso de medidas políticas, sociales y económicas de gran alcance, y de revocación de mandatos, así como en los mecanismos de rendición de cuentas.

Reformas pendientes, que harían avanzar la vigencia del Estado de derecho, será la creación de los mecanismos legales mediante los cuales todo ciudadano pueda exigir al Estado la posibilidad de pleno ejercicio de sus derechos constitucionales reconocidos, hoy, por ejemplo, al trabajo, a la salud, a la vivienda.

* * *

El crimen, la violencia, la corrupción, la arbitrariedad, constituyen formas de relación de la sociedad que en los últimos años han ido ganando terreno en nuestro país y que muestran cómo ha retrocedido, en partes importantes del territorio y en el desenvolvimiento de diversas actividades, la vigencia del Estado de derecho.

Recuperar el predominio del Estado de derecho en la totalidad del territorio y en el conjunto de las relaciones de la sociedad, es hoy una de las grandes prioridades y de las grandes tareas de la nación.

Se trata de atacar hasta erradicar la corrupción, de barrerla de arriba abajo; de sancionar la arbitrariedad con el peso de la ley; de revisar con responsabilidad y objetividad las estrategias de combate a la delincuencia de todo tipo, de hacerlo con mejores mecanismos de inteligencia e investigación, involucrando mediante un plan debidamente formulado y articulado, no sólo a los aparatos judiciales y policíacos federales, estatales y municipales, sino también a los sistemas de salud y educación, a los medios de comunicación e información, a la población en general, que para ello pueda adecuadamente organizarse, y relevar a las fuerzas armadas de funciones que constitucionalmente no les corresponden y para las cuales ni anímica ni materialmente se encuentran preparadas.

Llegamos a este 22° aniversario de los asesinatos de Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez con serias evidencias del quebrantamiento del estado de derecho y del predominio de la violencia y el crimen en vastas porciones del territorio y en actividades trascendentes de la vida nacional. Confirman esta afirmación hechos como los siguientes:

Hace sólo unos cuantos días cayeron abatidos el candidato a Gobernador del PRI y varios de sus colaboradores en Tamaulipas, donde, desde hace ya tiempo, corren versiones, que atestiguan hechos de la vida cotidiana y que quienes allá viven relatan y sufren, que grupos delictivos rigen la vida en amplias porciones de aquel Estado.

En los primeros días de noviembre del año pasado el gobierno federal decretó la extinción del organismo público Luz y Fuerza del Centro y al mismo tiempo, pasando por encima de la ley, atropelló los derechos de cuarenta mil trabajadores, rompiendo por la fuerza y con prepotencia la relación laboral, al no dar validez al principio de subsistencia de la materia de trabajo, pues el servicio que prestaba el Sindicato de Electricistas se sigue prestando a los millones de usuarios a pesar de la extinción del organismo, prevaleciendo una flagrante violación a la ley.

Un tercer caso, para terminar con estos ejemplos, es el de los presos de San Salvador Atenco, encarcelados por cuatro años debido a resoluciones judiciales inhumanas y violatorias de sus derechos, de clara intencionalidad política para castigar la protesta social, lo que hace apenas unas horas ha sido reparado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Recuperar la vigencia del Estado de derecho debe empezar por la manifiesta voluntad política de los titulares de los Poderes del Estado para lograrlo, y estimo que sólo será posible si éstos cuidan e imponen que sus actividades y decisiones se apeguen estrictamente a los mandatos de la ley, si rectifican donde hayan procedido indebidamente y si, por otro lado, se empieza consistentemente a reducir la desigualdad, si la gente, los jóvenes sobre todo, encuentran oportunidades de trabajo formal protegido socialmente, lo que exige que la economía crezca sostenidamente en el largo plazo; si se eleva la calidad de la educación y se garantizan acceso y permanencia en todos los niveles del sistema, a condición de que se satisfagan los requerimientos académicos; si se protege y estimula a los productores; si se respetan las diversidades; si se hace efectiva la condición pluriétnica y pluricultural de la nación en las políticas públicas; si la calidad de vida, las oportunidades y el bienestar se tornan equivalentes en el campo y en la ciudad.

Cambiar de raíz la situación actual, que eso representaría recuperar el predominio del Estado de derecho a partir de las condiciones de incertidumbre en la conducción política, deterioro social creciente y rezago de la economía que prevalecen en el país, demanda del concurso de la más amplia pluralidad política y social, de la construcción de una mayoría que se proponga y se decida a ser artífice de ese cambio.

Francisco Xavier Ovando fue una víctima del atropello consciente de la ley por parte de la autoridad, de la inmoralidad de la conducción política, de la protección oficial a la corrupción y al quebrantamiento del derecho. Su legado es ejemplo de entrega sin reservas a servir a la nación y a los demás. Honraremos su memoria y cumpliremos con él, si nos mantenemos firmes en las luchas que libró, si aquellos que fueron sus ideales los convertimos con nuestro esfuerzo, individual y colectivo, efectivamente en realidades.

Cuauhtémoc Cárdenas.



*1*José Antonio Crespo: “2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana”. Debate. Random House Mondadori. México. 2008.



*2*“Milenio”. México, D. F., 12 de mayo del 2010.



*3*Carlos Fernández Vega: “México, S. A.”. “La Jornada”. México, D. F., 15 de marzo de 2010.



*4*Carlos Fernández Vega: “México, S. A…