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LXIX aniversario de la Expropiación Petrolera. PDF Imprimir Correo electrónico
Sábado 17 de Marzo de 2007 18:00

Cuauhtémoc Cárdenas

Como todos los años, nos hemos reunido hoy 18 de marzo para recordar a Lázaro Cárdenas al cumplirse un aniversario más del acto expropiatorio que salvaguardó la dignidad de la nación en el ejercicio efectivo de su soberanía. Como en años anteriores, en nombre de quienes nos identificamos con las causas por las que luchó Lázaro Cárdenas, haré algunas consideraciones en torno a la política petrolera del país.

La situación de la industria petrolera nacional está hoy caracterizada por dos hechos: primero, la velocidad de la declinación del yacimiento de Cantarell, principal activo de nuestra riqueza petrolera, que en sólo tres años ha perdido más de la cuarta parte del cénit de producción que alcanzó en 2004; y segundo, por el deterioro de la industria y la incapacidad de quienes la han venido administrando para sostener los niveles de extracción que exigen imperativamente los equilibrios fiscales del país.

A la declinación de las reservas probadas de hidrocarburos deben agregarse la insuficiencia en la refinación y los riesgos que representa para el suministro interno; el congestionamiento del sistema de distribución de petrolíferos por obsolescencia de ductos y la preferencia por sistemas de transporte más caros; la dualidad en la estrategia de suministro de gas natural; la indefinición en las líneas del desarrollo de la petroquímica; el pesado e ineficiente funcionamiento corporativo, exageradamente determinado por instancias que han carecido de una orientación coherente de lo que tendría que ser una política energética integral y racional.

Por otra parte, Petróleos Mexicanos ha sido instrumento básico de una política centrada exclusivamente en la obtención de un máximo beneficio fiscal, desdeñando otros objetivos de desarrollo industrial y de creación de valor. Ese modelo se ha agotado e insistir en él solo conducirá a profundizar daños irreversibles en el acervo petrolero del país.

El problema productivo y de gestión de la industria petrolera no puede resolverse sólo al través de ajustes en la eficiencia técnica o de mejores procedimientos administrativos, que sin duda son necesarios. La naturaleza del problema va mucho más lejos, pues se trata de una crisis provocada por el diseño institucional, que desde hace años se apartó del impulso al crecimiento económico del país, dejó de corresponderse con la magnitud de la industria petrolera, con sus necesidades y con las formas que requiere para operar en un mundo globalizado y de fuertes competencias. Se vive así una crisis de operación, sostenida por quienes han estrechado su visión a sólo obtener el mayor beneficio fiscal, en el plazo más corto posible.

No se ha ido a buscar corregir las causas de esa situación, el debate político se ha dado sobre posiciones reduccionistas entre privatizadores y estatistas y el sólo recurrir los primeros a la retórica de predecir colapsos por la quiebra técnica de Pemex o peor aun, el uso del poder público para fomentar prácticas que se apartan del mandato constitucional -como los contratos de servicios múltiples-, sólo han producido fracasos económicos y sembrado desconfianzas que han obstaculizado la obtención de consensos y la adopción de medidas que vuelvan al organismo a las vías del aprovechamiento racional del recurso y la expansión de la actividad petrolera.

El hecho es que la industria petrolera ha entrado en una situación de rápido deterioro, que requiere de acuerdos nacionales de largo plazo para recuperarse. La declinación de la producción de crudo está conduciendo a situaciones económicas y fiscales de extrema gravedad, por lo que es indispensable que fuerzas políticas con representación en el Congreso, académicos, especialistas y ciudadanos nos comprometamos a dialogar, a analizar y discutir las alternativas y acordar las soluciones que puedan mejor servir para dar certidumbre y orientación, en función de un interés público y nacional, al aprovechamiento de la aún cuantiosa riqueza de hidrocarburos con que cuenta el país.

Tratando de interpretar el sentir de aquellos que hoy recordamos el gesto patriótico de Lázaro Cárdenas y pensando en las generaciones de hoy y de mañana y en que los mexicanos aprovechemos con responsabilidad y de la mejor manera posible la enorme riqueza que la naturaleza ubicó en nuestro territorio y nuestros mares, planteo la necesidad de:

1.- Desarrollar un sistema de planeación energética que dote al Estado mexicano de una política industrial moderna, priorizando la transformación industrial de los hidrocarburos dentro de nuestro territorio, la seguridad energética del país, el fortalecimiento de un amplio sector de empresas de proveeduría, ingeniería y servicios relacionados que fortalezcan el contenido nacional de los proyectos petroleros e industriales, y que en el futuro puedan ser una de las bases importantes de la innovación tecnológica y la formación de capital humano.

2. - Abrir ese sistema de planeación a la participación no sólo de entes gubernamentales y legislativos, sino también de las empresas que contribuyen en el esfuerzo productivo y en el consumo intermedio y final de los insumos y bienes liberados por las empresas públicas de energía, así como constituir la Comisión Nacional de Energía, que sería instancia de concertación y definición de metas y políticas industriales de largo aliento.

3.- Una gran reforma institucional que libere de trabas la operación de Petróleos Mexicanos, lo substraiga de la confiscación presupuestal que realiza la Secretaría de Hacienda; establezca un ordenamiento especial para adquisiciones, arrendamientos y obra pública; y diseñe nuevas formas de programación, control y fiscalización que favorezcan la transparencia y agilicen su operación. Por otro lado, que cambie la estrategia de inversión al través de pidiregas, que resulta excesivamente onerosa, y abra la posibilidad al organismo de recurrir, en caso necesario, a financiamientos directos para atender con agilidad las necesidades urgentes de sus procesos industriales y de transporte de petrolíferos.

4.- Transformar Petróleos Mexicanos en una verdadera entidad pública productiva, con la suficiente autonomía de gestión y presupuestal y la profesionalización de su órgano de gobierno, en el que se de una presencia ciudadana y se impidan interferencias que pretendan privilegios políticos o el beneficio de intereses particulares.

5.- Una reforma institucional que permita al Estado establecer una administración eficiente de sus derechos sobre los recursos naturales. Se supone que Petróleos Mexicanos "ejerce la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera", pero le realidad es que nadie cuida de la adecuada explotación de los yacimientos, el territorio, el mar y los fondos marinos que los albergan; es necesario entonces, crear una instancia superior que acuerde con Pemex su
programa institucional de largo plazo y asegure que el aprovechamiento de los recursos por parte del operador estatal resulte en el óptimo beneficio para el país.

6.- Un nuevo régimen fiscal que vincule la contribución de Pemex a la situación particular de sus activos; que separe la actividad extractiva de la industrial, para que ésta última sea tratada bajo parámetros fiscales similares a los de cualquier otra empresa, mientras que la actividad extractiva sea gravada como tal, de modo que quede garantizada tanto la inversión necesaria para la expansión de la industria como la recuperación de los niveles de reservas y que vincule el uso de recursos excedentes a proyectos de largo plazo en investigación tecnológica y formación de capital, evitando se destinen a gasto corriente.

7.- Precisar con claridad, a partir de que el Congreso junto con el Ejecutivo establezcan las plataformas de extracción y exportación, los criterios para que los volúmenes de hidrocarburos que se extraigan guarden una relación adecuada con el nivel de reservas que garantice al país su seguridad energética, lo que debe llevar a Pemex a establecer compromisos de extracción vinculados a la incorporación de reservas, compromisos verificables por la autoridad responsable de garantizar los derechos de la nación sobre sus recursos petroleros.

8.- Atender con urgencia las necesidades de mantenimiento adecuado y de expansión de la planta industrial de Pemex, es decir, de las instalaciones para refinación, manejo de gas, petroquímica, el sistema de ductos y la flota, para garantizar el abastecimiento cotidiano de productos y una reducción de costos que favorezcan la competitividad
de las empresas mexicanas.

9.- Examinar la conveniencia de crear una empresa pública que se encargue del manejo de la cadena de gas natural, que se enmarque en las disposiciones constitucionales en la materia, y lleve a cabo la
coordinación, hoy inexistente, entre los nuevos hallazgos, la producción nacional y las grandes importaciones de gas natural licuado, que realiza principalmente la Comisión Federal de Electricidad.

10.- Lanzar un programa que específicamente se ocupe de las actividades jurídicas y diplomáticas que garanticen el ejercicio de la soberanía del país en los casos de yacimientos de hidrocarburos transfronterizos o que requieran de acciones concertadas internacionalmente para su aprovechamiento, dado que varias cláusulas del tratado suscrito con los Estados Unidos que delimita los límites de la plataforma continental, entrarán en vigor al finalizar la presente década. Por otra parte, Pemex tendrá que dar cada vez mayor atención a las explotaciones en aguas profundas, que dependen del acceso y control de innovaciones tecnológicas de alta complejidad, que pueden requerir de alianzas con otras entidades, principalmente para compartir riesgos por los elevados costos de esas operaciones.

La Expropiación Petrolera, que hoy nos convoca, se reconoce por los sectores progresistas y las izquierdas del país como uno de los hechos que marcan nuestra historia no sólo al hacer valer la soberanía de la nación frente a la intransigencia y la soberbia, sino también decisivos para impulsar el crecimiento económico y el progreso general de los mexicanos.

Las generaciones actuales tenemos compromiso con quienes lucharon por legarnos un país respetado y digno, de devolver a la industria petrolera su condición de conductora de la industrialización y de un desarrollo independiente para nuestro país, conscientes de la situación de crisis que actualmente vive, que de no enfrentarse con patriotismo y responsabilidad sólo favorece los intereses de aquellos que desde tiempo atrás, puedo decir que desde el 18 de marzo de 1938, acechan para reconvertirla en un negocio particular.

Están aquí nuestras propuestas, con la convicción que componente fundamental de nuestra lucha de hoy es porque cobre vigencia una política petrolera guiada por el patriotismo, con estricto apego a los mandatos constitucionales, que abren espacios más que suficientes para la modernización institucional de las entidades públicas del sector energético y garantizan la explotación de nuestros hidrocarburos de acuerdo al interés público y con racionalidad de presente y de futuro. Trabajar para afinar estas propuestas y para crear los consensos necesarios para llevar a la práctica una política petrolera con estas orientaciones, será la mejor forma de cumplir con nuestro país y de honrar la memoria de Lázaro Cárdenas.