Propuestas temáticas

El proyecto nacional de la Revolución mexicana, un camino a retomar


Jueves 05 de Julio de 1990

Cuauhtémoc Cárdenas



La verdad es que no hay revolución en el mundo que
se haya emprendido previendo de
antemano los medios de reconstrucción
del orden social o de sustitución del
régimen que se pretende hacer desaparecer.
Luis Cabrera. (.19-VII-1911)

 

El trabajo que ahora presentaré amplía y complementa en algunas de sus partes el que bajo el título "La Revolución a futuro", presentara yo en agosto de 1985, en las 8as. Jornadas de Historia del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana "Lázaro Cárdenas" de Jiquilpan, Michoacán.
* * *

La Revolución Mexicana fue incubándose a lo largo de la dictadura porfirista hasta estallar, al mismo tiempo que elaboraba su ideología como movimiento social. Esta ideología, como toda corriente de pensamiento, continuó su desarrollo por varias líneas, con expresiones sobresalientes en ocasión de sucesos políticos notables, que tuvieron o han tenido alcances diferentes en la acción y realización políticas y permanencias distintas en el tiempo.

Ahora bien, en el pronunciamiento político que desencadena o provoca una acción determinada, no siempre se hacen explícitos los antecedentes ideológicos o directamente el conjunto de movilizaciones sociales cuyos efectos acumulados en el tiempo condujeron a esa acción.

Para efectos de este trabajo se consideran tres etapas en la conformación ideológica revolucionaria: la primera, de precursores y antecedentes directos y del estallido del movimiento armado, que llega hasta la caída de la dictadura; la que va de aquí hasta la Constitución de 1917; y la que corre de 17 hasta más o menos 1940, etapa en la que continúan actuando políticamente muchos de los participantes en las fases armada y de construcción del régimen surgido directamente de la Revolución.
Se trata de ver las ideas más importantes, por su impacto político inmediato o por su trascendencia en el tiempo, así como lo que pudiera ser el desarrollo lógico del proyecto político nacional de la Revolución Mexicana.

* * *
La Revolución estalla al reclamo de la no reelección de Porfirio Díaz. Fue ésta sólo la gota que derramó I el vaso. Había detrás, acumulados, una larga historia de despojos de tierras de pueblos y comunidades indígenas; de crecimiento de las haciendas y de concentración de la propiedad rural; de deportaciones en masa de indígenas despojados, destrucción y dispersión de pueblos; de entrega a extranjeros, individuos o empresas, a veces asociados con mexicanos, de los recursos naturales del país:, petróleo, minería en lo general, generación de electricidad; de rechazo a demandas de mejoramiento a las condiciones de trabajo y de represiones a obreros; de imposiciones políticas y establecimiento, desarrollo y fortalecimiento de cacicazgos y oligarquías, desde la Presidencia de la República, el gobierno central y las gubernaturas estatales, hasta las Jefaturas Políticas, los gobiernos municipales y los pueblos mismos. Contradicciones continúas entre la ley y el compromiso contraído con el discurso político y la práctica. Rebeliones aplastadas a sangre y fuego, campesinas en su mayor parte. Asesinatos impunes de opositores. Y una permanente represión a toda manifestación de oposición: presos políticos, persecución y encarcelamiento a críticos, destrucción de imprentas, obstáculos y hostilización a los intentos de organización independientes.

La rebelión se dio como respuesta directa al Plan de San Luis Potosí, sintetizado en el lema "Sufragio efectivo. No reelección". Tras él estaban los planes y proclamas que guiaron los numerosos levantamientos contra el gobierno de Díaz, las ideas de la combativa prensa de oposición, de los presos políticos de San Juan de Ulúa, de quienes sinceramente vieron al reyismo como alternativa para un cambio democrático y, de manera destacada, las ideas expresadas por Ricardo Flores Magón y otros valientes opositores, principalmente en "Regeneración", el Programa del Partido Liberal Mexicano de julio de 1906, y la denuncia contenida en "La sucesión presidencial en 1910", así como la movilización cívica iniciada por Francisco I. Madero.

"En nuestro infortunado país —se lee en el editorial de "Regeneración" del 5 de noviembre de 1904— la libertad no existe. Ningún ciudadano puede hacer uso de los derechos políticos que la Constitución otorga, ningún mexicano encuentra garantías bajo un gobierno como el de Díaz, que sólo se preocupa por asesinar el espíritu público y de sofocar todo movimiento político independiente".1

En este clima, reflejado con toda nitidez por "Regeneración", de restricción al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, represión a la oposición política y una perspectiva de reelección sin fin de Díaz en la Presidencia, se fueron conformando las demandas políticas y preparando el camino de los cambios.

Por otra parte, se intensificaron los procesos de agrupamiento y organización y se fueron precisando los programas políticos y se fue tomando conciencia de que a la dictadura había que vencerla por la fuerza.

En 1905 se publican en "Regeneración" las "Bases para la unificación del Partido Liberal Mexicano" y el 1° de julio de 1906 da a conocer el Programa del Partido.

Este documento constituye el planteamiento más completo de un proyecto nacional formulado durante el porfirismo, para substituir este régimen por un gobierno democrático y superar así sus vicios y desviaciones. Es además, el pronunciamiento político que más influencia tuvo en las ideas del movimiento revolucionario, hasta que se concretó el proyecto constitucional de 1917.

El Partido Liberal postula en primer término, la lucha contra el despotismo. Señala su confianza en el hombre y su proceder: "Lo que no es más que un principio, lo que no puede decretarse, sino debe estar siempre en la conciencia de los hombres liberales, no figura en el Programa, porque no hay objeto para ello... No se puede decretar que el gobierno sea, honrado y justo: tal cosa saldría sobrando, cuando todo el conjunto de las leyes, al definir las atribuciones del gobierno, le señalan con bastante claridad el camino de la honradez, pero para conseguir que el gobierno no se aparte de ese camino, como muchos lo han hecho, sólo hay un medio: la vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios".

Tiene, como propósito general, "la implantación de un gobierno verdaderamente democrático" y en el Programa se da importancia a las reformas políticas, entre las que sobresalen la supresión de la reelección inmediata del presidente y los gobernadores; la
necesidad de moralizar la conducta de los funcionarios; la educación, la que deberá ser netamente laica dice el documento, obligatoria hasta los catorce años de edad y en las escuelas deberá impartirse enseñanza de artes y oficios, instrucción militar y educación cívica.

Destacan también las medidas de carácter laboral: el establecimiento de la jornada de trabajo de ocho horas, el salario mínimo de un peso diario, el descanso dominical y la necesidad de reglamentar el trabajo doméstico y el trabajo a domicilio; prohíbe el trabajo infantil; plantea por otra parte, los principios de la seguridad social: higiene y seguridad en los centros de trabajo, alojamiento higiénico para los trabajadores rurales, indemnización por accidentes de trabajo. Postula asimismo, la supresión de las tiendas de raya y el que se declaren nulas las deudas contraídas por los jornaleros del campo para con sus amos.

Establece la obligación de no mantener tierras improductivas y las que guarden esta calidad las recobrará el Estado para entregarlas, en fracciones cuya extensión se fijará, a quien las solicite para trabajarlas, entre otros, a los mexicanos que decidan repatriarse.
Considera a los templos como negocios mercantiles nocivos, y les establece la obligación de llevar contabilidad y pagar contribuciones.

Propone el fortalecimiento de los lazos de unión con los países latinoamericanos, a los que pretende proponer, a fin de procurar con ellos, la unión, tanto política como en lo económico.

Postula el predominio de la soberanía popular, aun sobre la soberanía de los congresos.
Y previene: "No habrá un solo mexicano que desconozca lo peligroso que es para la Patria el aumento de nuestra ya demasiado enorme Deuda Extranjera. Por tanto, todo paso encaminado a impedir que la Dictadura contraiga nuevos empréstitos o a aumentar de cualquier modo la Deuda Nacional no podrá me-nos que obtener la aprobación de todos los ciudadanos honrados que no quieran ver envuelta a la Nación en más peligros y compromisos de los que ya ha arrojado sobre ella la rapaz e infidente Dictadura".2

Las ideas y principios del Programa del Partido Liberal Mexicano se divulgan ampliamente en el país y son acogidos, y en muchos casos desarrollados, por quienes actuaron posteriormente, por lo que se encuentran así en otros documentos importantes, en discursos y acciones políticas de la Revolución.

Poco tiempo después de la aparición del Programa, los liberales se levantan en armas, pero la insurrección es muy pronto sofocada. Sus principales dirigentes continúan conspirando y escribiendo desde su precario refugio en el extranjero, hasta donde continúa la persecución de la dictadura.

En marzo de 1908 Porfirio Díaz hace declaraciones al periodista James Creelman, de la "Pearson's Magazine" de Nueva York, en las que dice Creelman: "Había esperado 'con paciencia el día en que el pueblo de la República Mexicana estuviera preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas'. Ese día había llegado; se retiraría; su última palabra".3

Estas declaraciones hicieron que se creyera que Díaz pensaba efectivamente alejarse del poder. Se intensificaron entonces las actividades de los antirre-eleccionistas y de otros grupos políticos.

Francisco I. Madero hace una severa crítica y un profundo análisis del régimen en su libro "La sucesión presidencial en 1910", publicado a fines de 1908, en el que también se convoca al pueblo para luchar cívicamente, por la libertad y la democracia, bajo los principios de "Libertad de sufragio. No reelección".4

Pero a pesar de sus declaraciones, las esperanzas que despertara y aun del apoyo del Partido Antirreleccionista a una fórmula en la que Díaz figurara como candidato a la Presidencia y Madero a la Vice-presidencia, para concurrir así a una elección democrática con el propósito de impedir que "la Dictadura se prolongue con el sucesor del General Díaz", fórmula que fue rechazada por éste sin darle consideración, Díaz decide reelegirse e imponer como candidato a la Vicepresidencia al Vicepresidente Ramón Corral.

El proceso previo a la elección tiene todos los vicios de los anteriores: se obstruye la acción de la oposición, se la persigue, se llega al encarcelamiento de Madero.

Estas declaraciones hicieron que se creyera que Díaz pensaba efectivamente alejarse del poder. Se intensificaron entonces las actividades de los antirreleccionistas y de otros grupos políticos.

Francisco I. Madero hace una severa crítica y un profundo análisis del régimen en su libro "La sucesión presidencial en 1910", publicado a fines de 1908, en el que también se convoca al pueblo para luchar cívicamente, por la libertad y la democracia, bajo los principios de "Libertad de sufragio. No reelección". 4

Pero a pesar de sus declaraciones, las esperanzas que despertara y aun del apoyo del Partido Antirreleccionista a una fórmula en la que Díaz figurara como candidato a la Presidencia y Madero a la Vice-presidencia, para concurrir así a una elección democrática con el propósito de impedir que "la Dictadura se prolongue con el sucesor del General Díaz", fórmula que fue rechazada por éste sin darle consideración, Díaz decide reelegirse e imponer como candidato a la Vicepresidencia al Vicepresidente Ramón Corral.

El proceso previo a la elección tiene todos los vicios de los anteriores: se obstruye la acción de la oposición, se la persigue, se llega al encarcelamiento de Madero.

Con fecha 5 de octubre de 1910 se proclama el Plan de San Luis Potosí, en el que se convoca al levantamiento armado para el 20 de noviembre siguiente.5

El Plan de San Luis desencadena el movimiento armado que habrá de conducir a la caída de la dictadura, á la instalación de un gobierno provisional que convoca a elecciones y a la elección de Francisco I. Madero como Presidente de la República.

En este Plan se declaran nulas las elecciones celebradas en junio y julio anteriores, se declaran sujetas a revisión las disposiciones y fallos por medio de los cuales se despojó a los pueblos de sus terrenos, a fin de restituirlos a sus primitivos propietarios, se declara ley suprema de la República el principio de no reelección para el Presidente y Vicepresidente de la República, los Gobernadores de los Estados y los Presidentes Municipales, mientras se llevan a cabo las reformas constitucionales respectivas. El Plan contiene además disposiciones respecto a la integración del gobierno provisional.

* * *

Desde que se inician las pláticas entre los representantes de la Revolución y del gobierno de Díaz, para volver al país a los cauces de la ley, se dan voces respecto de la necesidad de dar satisfacción a las demandas populares que llevaron a la rebelión armada.

En carta abierta a Madero (27 de abril de 1911), Luis Cabrera advierte: "...usted que ha provocado la revolución, tiene el deber de apagarla; pero guay de usted si asustado por la sangre derramada, o ablandado por los ruegos de parientes o de amigos, o envuelto por la astuta dulzura del Príncipe de la Paz, o amenazado por el yanqui, deja infructuosos los sacrificios hechos.

"Para lograr la paz de un modo definitivo se necesita dar satisfacción a las necesidades nacionales; no sólo a las expresadas por la Revolución, sino también a las no definidas por ésta, pero que la opinión pública señala, y que constituyen las causas de desacuerdo entre el general Díaz y el pueblo..."6

* * *

El periodo de los Tratados de Cd. Juárez, que pusieron fin a la dictadura, y de las presidencias de De la Barra y Madero, es época de intensa discusión y precisión de ideas, así como de impaciencias de los vencedores que urgen al gobierno para que dé satisfacción a las demandas de la Revolución, las de tierras para los pueblos, destacadamente, entre ellas.

El 28 de noviembre de 1911 Emiliano Zapata y los jefes revolucionarios del sur proclaman el Plan de Ayala, en el que se adopta el de San Luis Potosí, se desconoce a Madero como jefe de la Revolución y como Presidente de la República y se adicionan las demandas esenciales del agrarismo de la Revolución:

"...los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a estas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores...

"En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los- mexicanos".7

Los restos del viejo régimen, activos en la conspiración, la inmadurez misma de los revolucionarios, el no licenciamiento del Ejército de la dictadura y el licenciamiento, al mismo tiempo, de las fuerzas revolucionarias, más la intervención norteamericana con el embajador Henry Lañe Wilson a la cabeza, llevaron en febrero de 1913, a los asesinatos del Presidente Madero y del Vicepresidente Pino Suárez y al asalto de la Presidencia por el usurpador Victoriano Huerta.

Como reacción a estos acontecimientos, los gobiernos de Coahuila, el 19 de febrero de 1913, y Sonora, el 5 de marzo, desconocen al gobierno usurpador y el 26 del mismo mes se lanza el Plan de Guadalupe, iniciándose así el movimiento constitucionalista, que derrota y derroca a Huerta, se impone militar y políticamente sobre las demás facciones revolucionarias y convoca al Congreso Constituyente, que se reúne en Querétaro desde diciembre de 1916 y expide la nueva Constitución el 5 de febrero de 1917.

Al triunfo del constitucionalismo sobre Huerta, sigue un intento de unificación de las facciones revolucionarias. No se logra y vuelven los enfrentamientos. Se combate principalmente en el norte y en el centro-sur. Bajo el constitucionalismo se encuentra la mayor parte del país y empiezan a llevarse a cabo labores de gobierno, tanto de alcance nacional como en los estados. La tarea de administración va buscando solución a los problemas, las distintas cuestiones se acomodan por prioridades en la conciencia pública, las ideas se van afinando y se propicia el que las ideologías se desarrollen y se prueben en la práctica.

En los cuatro años del periodo preconstitucional las demandas más sentidas por la población, aquellos asuntos que preferentemente demandaron la atención del gobierno, aun cuando no necesariamente su solución definitiva, fueron los relativos a la tenencia de la tierra, el aprovechamiento de los recursos del subsuelo, la educación, el .trabajo, las relaciones con la Iglesia y el ejercicio de los derechos ciudadanos.8

En materia agraria se fueron conformando varias líneas de pensamiento: todas coincidían en que era indispensable la liquidación del sistema de haciendas y que las condiciones de vida de los trabajadores del campo debían mejorarse substancialmente. Los zapatistas, que con las armas resistían al constitucionalismo, mantenían además vivo su reclamo de restitución de las tierras que los hacendados habían arrebatado a pueblos y comunidades, para restaurar los ejidos, y sostenían la necesidad de crear paralelamente un sistema de pequeñas propiedades, proporcionando tierra suficiente a todo aquel que la solicitara.

Los constitucionalistas más avanzados pretendían la creación de un campesinado con tierra suficiente para el sostenimiento de la familia. Otros veían en el fraccionamiento del latifundio el desarrollo de una agricultura de alta productividad. Postulaban asimismo, que la tierra debía quedar sujeta al principio de utilidad pública y las modalidades de su aprovechamiento debían ser fijadas por las nuevas leyes revolucionarias.

En decreto del 12 de diciembre de 1914 Carranza anuncia que "expedirá y llevará a efecto... leyes agrarias que favorezcan la formación de pequeñas propiedades, la disolución de los latifundios y la restitución a los pueblos de las tierras de las que han sido privados injustamente".9

El 6 de enero de 1915, cumplimentando el decreto anterior y como respuesta más de fondo a las demandas campesinas, surgidas con más conciencia en los revolucionarios del sur, expide la Ley agraria, en la que se establecen los procedimientos del reparto y se declaran nulas las enajenaciones, concesiones, composiciones o ventas, así como las diligencias de apeo o deslinde realizadas durante la dictadura, que hubieran dado como resultado el despojo, la invasión u ocupación ilegal de tierras, aguas y montes, ejidos o terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, de pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades.

La ley establece además, que los pueblos que carezcan de ejido o no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente los hubieran enajenado, podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para reconstituirlos, mediante expropiación que haga el gobierno de terrenos colindantes con los pueblos en cuestión.10

El villismo por su parte, en repliegue hacia Chihuahua, decretaba en mayo de 1915 la autorización para expropiar a las haciendas tierras que serían adquiridas mediante compra, a crédito con bajas tasas de interés, por pequeños propietarios, y preveía la donación de tierras a los pueblos indígenas."

Respecto a los recursos del subsuelo fue afirmándose la idea de que, tal como lo establecían las disposiciones anteriores a la ley porfiriana de 1884, no debían pertenecer al propietario del suelo sino a la nación y que ésta debía regular su aprovechamiento para beneficio general. Los revolucionarios se planteaban por tanto, restringir los términos de las concesiones vigentes, mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de los obreros y lograr también mayores beneficios para el gobierno, estos últimos principalmente por la vía fiscal.12

Los revolucionarios, al igual que los liberales de la Reforma, veían a la Iglesia como aliada y defensora de los privilegios y en este caso de la dictadura, como apoyo importante de la hacienda y beneficiaria de las ventajas ilegítimas de las clases opresoras. Sostenían entonces la necesidad de no permitir su participación en la enseñanza, además, que la educación fuese laica y el que se terminara de manera definitiva con su intervención en la vida política.

El pensamiento del constitucionalismo en materia obrera fue conformándose en el sentido que debía establecerse legalmente un salario mínimo; que la jornada máxima de trabajo no debía rebasar las ocho horas; que debía otorgarse derecho al trabajador para ser indemnizado en casos de accidentes y enfermedades que lo incapacitaran; suprimirse los sistemas de peonaje por deudas; y abolirse las tiendas de raya.

Se reconocería asimismo el derecho del trabajador para organizarse e ir a la huelga, y para cambiar libremente de trabajo.13

Durante los años preconstitucionales Carranza, como encargado del Poder Ejecutivo, y los Gobernadores de los Estados, gobernaron por decreto. En unos cuantos Estados se eligieron diputados y autoridades municipales. Fueron en general, escasas las oportunidades de la ciudadanía para ejercer su derecho al voto en elecciones.

Se mantuvo viva la convicción de la necesidad de un sufragio efectivo y se aceptó, como condición para la paz y la democracia, el principio de la no reelección. Ante la falta de una práctica electoral y la fuerza y prioridad de estas demandas, pendientes de cumplimiento por la situación de inestabilidad que vivía el país, las ideas en esta materia quedaron prácticamente estáticas, y el pueblo en espera para actuar en este campo.

Entre las gestiones de gobierno estatales, sobresale en el periodo preconstitucional la del general Salvador Alvarado, en Yucatán, de 1915 a 1918. Es sin lugar a dudas, la más completa; parte de las concepciones revolucionarias de Alvarado y se realiza con decisión y rectitud. Constituye, por otra parte, ejemplo de las transformaciones que pretendían llevar a cabo los revolucionarios de avanzada y una experiencia de lo que debía y podía hacerse con alcance nacional. Alvarado recoge y sintetiza el sentir de una corriente del pensamiento revolucionario que hoy podría calificarse de nacionalista y progresista, y proyecta sus ideas y su acción aun después de concluido su gobierno.

En Yucatán no se combate, hay condiciones y tiempo para las tareas gubernativas. Pero se pone ahí a prueba el modelo revolucionario, ya que debe actuarse en contra de los intereses de una poderosa oligarquía local, los hacendados henequeneros, con fuertes ligas e influencias políticas dentro y fuera del país, y directamente en contra también de los intereses imperialistas, que aliados y asociados con los hacendados yucatecos, controlaban los mercados de la fibra. La lucha se centra en las reivindicaciones agrarias, en los derechos laborales y las condiciones de trabajo y en lo internacional, por los precios del henequén.

Creía Alvarado en el trabajo solidario entre individuos y en la colaboración de las distintas clases sociales, con un Estado atento a cuidar del bien común. Brinda atención prioritaria a la resolución de los problemas agrarios y al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los obreros, al mismo tiempo que emprende, con apoyo en una intensa actividad legislativa y política, la expansión de los servicios educativos, el fortalecimiento de los municipios y de la democracia, la liberación económica, social y política de la mujer, la modernización de la administración pública y se sientan las bases para impulsar el desenvolvimiento económico del Estado, previéndose una amplia y decisiva intervención estatal.

En el Reglamento de la Ley agraria de 6 de enero de 1915, expedido el 3 de diciembre de ese año, que debió quedar sin aplicarse por instrucciones expresas del Primer Jefe14, se establecía el derecho de todo mexicano o extranjero residente en Yucatán, para poseer un lote de cultivo. Disponía que la distribución de tierras para los ejidos, se haría de acuerdo a sus dimensiones según la ley de 1844, aun cuando para completarlos hubiese necesidad de expropiar tierras bien adquiridas, contiguas a ellos, cuando éstos no bastaren; en terrenos nacionales o en terrenos expropiados para formar pueblos nuevos. Definía como pequeña propiedad la que no pasara de 50 Has. Prevenía que la tierra repartida no podría ser afectada por ninguna autoridad ni ser embargada o estar sujeta a intervención judicial o administrativa. El Reglamento contiene también disposiciones relativas a la desfibración del henequén en las plantas existentes y a la fijación del precio de la maquila de raspa, y establece la obligatoriedad de vender la fibra a la Comisión reguladora del mercado de henequén.15

Como parte de la obra educativa cabe resaltar la creación en las escuelas yucatecas, de la "República Escolar", en base a la cual funcionaban en los planteles, según sus grados, los ayuntamientos, juzgados de paz, tribunales de justicia y de apelación y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y que constituye, decía Alvarado, "uno de los medios que ha de transformar en poco tiempo a la joven generación simplemente espectadora de nuestros días, en una verdadera falange de hombres capacitados para la democracia, para el usufructo del derecho y para el cumplimiento estricto de sus deberes como individuo y como ciudadano."16

El debate y discusión de las ideas y la movilización social son instrumentos permanentes de trabajo del gobierno de Alvarado. En el segundo congreso pedagógico a celebrarse, dice "deberían discutirse los fundamentos científicos y el carácter socialista de la educación”17.

Con posterioridad a su paso por el gobierno de Yucatán, Alvarado precisaría: "El socialismo de Estado: he ahí la fórmula que nosotros invocamos, dando los medios prácticos de su aplicación, para agrupar a la gran familia mexicana, en una sola obra de engrandecimiento nacional: la conquista de nuestra independencia económica, como base de todas nuestras libertades; las que nos ligan con nosotros mismos, y las que nos unen con los demás pueblos de la tierra". Hacía antes una cita del libro "Central Euro-pe" de Naumann: "...un paso hacia el socialismo bajo la dirección del Gobierno. Esto es: una dictadura económica del Gobierno, dirigida y sostenida por los que están más cercanamente interesados en el éxito".18

Con este bagaje ideológico, constituido con las aportaciones de los precursores y de las distintas facciones, así como con las diversas experiencias de gobierno de la gente de la Revolución, se llega al Congreso Constituyente de Querétaro.

En apasionado y libre debate se hace la síntesis de las ideas revolucionarias y de los anhelos de un pueblo que se lanzó a la lucha. La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 delínea la nación y el régimen de gobierno que la Revolución se propuso cimentar y edificar, en un proyecto que no se concibió, no ha sido ni puede ser estático.

Las ideas que mejor definen este proyecto, las de trascendencia política y alcance social mayores, están expresadas en los artículos 27, 123 y 3°.

El artículo 27 establece que la propiedad de las tierras y aguas corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a particulares, constituyendo así la propiedad privada. Precisa que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

"La Nación —dice su texto— tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables".

Concede a los pueblos el derecho para que se les dote de tierras y aguas, tomándolas dé las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad.

"Corresponde a la Nación —expresa— el dominio directo de todos los minerales y substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos" y establece asimismo, la propiedad de la Nación sobre las aguas en distintas condiciones y calidades. Precisa que sobre estos recursos "el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas".

Establece que sólo los mexicanos y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir dominio de tierras, aguas y sus accesiones, así como concesiones para la explotación de minerales, aguas o combustibles minerales. Faculta al Estado para conceder ese derecho a extranjeros, a condición que convengan en considerarse como nacionales respecto a dichos bienes.

Prohíbe terminantemente la propiedad de extranjeros en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta por las playas.

"Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuviesen por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la Nación".

Establece además, que los templos y todo edificio de uso religioso se considera propiedad de la Nación.

Reconoce la capacidad de pueblos y comunidades para disfrutar en común de las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les restituyan y declara nulas .todas las operaciones de deslinde, sentencia, enajenación, etc., que hayan privado de tierras a los pueblos u otras corporaciones de población.

Faculta al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales para expedir las leyes relativas al fraccionamiento de las grandes propiedades, así como para fijar en la jurisdicción respectiva, la .extensión de tierra de la que puede ser dueño un solo individuo o sociedad.

El artículo 123 trata en lo general de las cuestiones laborales.

En él se establece la duración de la jornada máxima de trabajo en ocho horas, y de siete la nocturna; prohíbe labores insalubres para las mujeres y para los menores de diez y seis años; establece que por seis días de trabajo, se disfrutará cuando menos de uno de descanso; que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y placeres honestos; el derecho de los trabajadores a la participación en las utilidades; así como la obligación para los patrones de negociaciones agrícolas, industriales o mineras, y de cualquier tipo dentro de las poblaciones, si ocuparen más de cien trabajadores, para proporcionar a estos habitaciones cómodas e higiénicas; establece también el derecho de huelga y considera lícitos los paros sólo en los casos de exceso de producción que hagan incosteables los precios.

El artículo 3° señala que la educación es libre, pero será laica la que se dé en establecimientos oficiales, así como la enseñanza primaria, elemental y superior impartida en establecimientos particulares; que será gratuita la primaria en las escuelas oficiales; prohíbe a las corporaciones religiosas y a los ministros de cualquier culto el que establezcan o dirijan escuelas primarias; y establece la vigilancia oficial para las primarias particulares.

En el artículo 5° se prohíbe la celebración de todo contrato, pactó o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el sacrificio de la libertad del hombre por causa de trabajo, educación o voto religioso. Proscribe en consecuencia, el establecimiento de órdenes monásticas.

En los artículos 4°, 6°, 7° y 9° se establecen las libertades de trabajo, manifestación de las ideas, de imprenta y asociación.

El artículo 15 prohíbe la celebración de tratados para la extradición de reos políticos.

El 28 prohíbe la existencia de monopolios y estancos, y previene el castigo y la persecución por las autoridades a toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario a fin de obtener alza de precios; así como todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia o la competencia, o todo lo que constituya una ventaja exclusiva.

En el artículo 30 se da la calidad de mexicanos por naturalización a los indo latinos que se avecinen en la República y manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad mexicana.

Dice el 39: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

En el artículo 73, en su fracción VIII, se faculta al Congreso para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.

La fracción XVIII faculta al Congreso para determinar el valor de la moneda extranjera.

El Presidente de la República durará en su encargo cuatro años y nunca podrá ser reelecto, se dice en el 83. Y agrega que en los casos de Presidente substituto o interino, éste no podrá ser electo para el periodo inmediato.

Los Estados adoptarán para su régimen interior, se dice en el artículo 115, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, con el municipio libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa. Cada municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, sin que exista autoridad intermedia alguna ente éste y el Gobierno del Estado.

En este mismo artículo se prohíbe la reelección de los Gobernadores.

El artículo 130 faculta a los Poderes Federales para intervenir de acuerdo a lo que las leyes señalen en materia de culto religioso y disciplina externa.
Previene que el Congreso no podrá dictar leyes que establezcan o prohíban religión cualquiera y que la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias.

Considera a los ministros de los cultos como personas que ejercen una profesión, sujetas a las leyes que sobre la materia se dicten, debiendo ser mexicanos por nacimiento quienes ejerzan ministerio religioso.

Prohíbe a los ministros de los cultos hacer crítica de las leyes del país, de las autoridades y del gobierno; no De la Constitución promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917 surge un proyecto para la nación, cuyas características principales son las siguientes:

—Estado y sociedad democráticos;
—ejercicio pleno e integral de la soberanía nacional;
—facultades del Estado para regular el aprovechamiento de los recursos naturales, con las finalidades primordiales de distribuir equitativamente la riqueza y cuidar de su conservación;
—intervención decidida y creciente del Estado en la vida económica de la nación;
—restitución de las tierras de pueblos y comunidades que hubieran sido despojados de ellas, satisfaciendo así una de las demandas principales del movimiento revolucionario;
—derecho a la tierra para toda la población campesina que la requiera y puesta de todos los suelos productivos en producción;
—trabajadores protegidos por la ley, con salario suficiente para satisfacer sus necesidades normales de vida, con participación en las utilidades de las negociaciones donde presten sus servicios y vivienda proporcionada por éstas;
—derecho de los trabajadores a la huelga;
—Estado laico;
—educación libre, laica la oficial y regulada por el Estado también la particular;
—pleno ejercicio de las libertades individuales;
—prohibición a la existencia de monopolios y estancos;
—nación abierta a los indo latinos, a los que concede la nacionalidad mexicana si la solicitan;
—soberanía nacional que reside esencial y originariamente en el pueblo;
—república federal, con gobierno representativo y popular;
—división territorial y organización político-administrativa basada en el municipio libre;
—tres poderes, cada uno con facultades específicas y bien definidas;
—prohibición para la reelección del Presidente de la República y los Gobernadores de los Estados.

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Para los fines de este trabajo, se considera hasta 1940 el periodo de elaboración del proyecto revolucionario, ya que es en estos años cuando se dan las realizaciones más importantes para su instrumentación; años por otro lado, en los que el gobierno en lo nacional y en alta proporción en los estados y municipios, lo ejercen hombres formados en y por la Revolución; y porque es después de 1940 cuando se producen las desviaciones y retrocesos más graves de este movimiento político.

Las ideas principales que guían el desenvolvimiento del modelo revolucionario se manifiestan en los cambios que se introducen en la Constitución, en especial en aquellos artículos que mejor definen el proyecto, así como en las declaraciones de principios y programas del Partido Nacional Revolucionario y del Partido de la Revolución Mexicana, y en el Plan Sexenal, documentos estos últimos, en los que se presenta al país la concepción particular de un partido político, en un momento determinado, tanto del presente como de líneas para el futuro.

Estas ideas se afinan y desarrollan en la obra y escritos de algunos hombres de la Revolución, que se pronuncian sobre problemas y soluciones y señalan rumbos hacia dónde y en qué forma debiera avanzar el país.

Ahora bien, no se pretende en este estudio, por razones de tiempo y espacio, llevar a cabo el análisis de las aportaciones de estos hombres al pensamiento revolucionario, así como tampoco de los cambios introducidos a la Constitución y a los documentos básicos del partido del gobierno, posteriores a 1940, que ciertamente evidencian las posiciones e intenciones políticas de los gobiernos que en este tiempo se han sucedido.

Cabe señalar por otra parte, respecto al proyecto de la Revolución Mexicana, que lo planteado de 1940 para acá y concretamente lo que hoy pueda plantearse, es su actualización, dado que su ideología se ha mantenido en desarrollo y las demandas más importantes que le han dado vida, conservan su vigencia.

Como resultado de la demanda insatisfecha de dotación de tierras y de lo asentado al respecto en el Plan Sexenal del Partido Nacional Revolucionario, como logro de los delegados agraristas encabezados por Graciano Sánchez, con fecha 10 de enero de 1934 queda reformado el artículo 27 constitucional, extendiendo a los núcleos de población que carezcan de ejido o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, el derecho a ser dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlo, conforme a las necesidades de su población, precisándose que en ningún caso dejará de concedérseles la extensión que necesiten, debiendo el gobierno, incluso, expropiarla de terrenos inmediatos (fracción X).

Con objeto de proteger a los pueblos y facilitar los procedimientos agrarios, se establece que los propietarios afectados con resoluciones de dotación o restitución dictadas en favor de los pueblos, no tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo. Los afectados con dotación, se dice en esta fracción XIV, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnización correspondiente,

Por otra parte, protege de afectaciones a la pequeña propiedad agrícola en explotación (fracción XV), reclamo también de los propietarios rurales en muchas regiones del país, por la intranquilidad social que se guardaba principalmente por las demandas agrarias insatisfechas.

El artículo 123 fue modificado (6 de diciembre de 1929) en su fracción XXIX para dar base a la expedición de la ley del seguro social, comprendiendo seguros de invalidez, de vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes.

Dando respuesta a uno de los postulados más importantes del Plan Sexenal, se reforma el artículo 3° de la Constitución (13 de diciembre de 1934), estableciéndose que "La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social".

Agrega esta modificación, con la finalidad de extender y unificar los criterios de la educación básica en el país, que sólo el Estado impartirá educación primaria, secundaria y normal, pudiendo autorizar a particulares, si se ajustan a impartir educación socialista, con personal debidamente capacitado y en base a los planes estatales.

En enero de 1934 se suprime el último inciso de la fracción II del artículo 30, que permitía a los indo latinos adquirir la nacionalidad mexicana, con sólo solicitarlo.

Como paso previo a la elección del ex presidente Obregón se introducen reformas al artículo 83, a fin de aclarar el texto-constitucional. Se establece entonces (22 de enero de 1927) que el Presidente de la República no podrá ser electo para el periodo inmediato, pero pasado éste, podrá de nuevo desempeñar el cargo sólo por un periodo más, quedando, al concluir el ejercicio de su segundo periodo, definitivamente incapacitado para ser electo y desempeñar el cargo en cualquier tiempo.

Una nueva reforma (24 de enero de 1928) amplía el periodo presidencial de 4 a 6 años.

El asesinato del Presidente electo Álvaro Obregón, en julio de 1928, unos cuantos meses antes de tomar posesión del cargo, y el sentimiento antirreeleccionista que venía desde los rechazos a la permanencia de Díaz en la presidencia, de nuevo acentuado ante la perspectiva de legitimación legal del maximato callista, condujo a una modificación más de este artículo (29 de abril de 1933), dejando en seis años el periodo presidencial e inhabilitando para desempeñar de nueva cuenta ese puesto, al ciudadano que hubiera desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o substituto.

En los diversos documentos partidistas, que no en toda su amplitud se tradujeron en obras o acciones de gobierno, se reflejan con nitidez las ideologías y las posiciones teóricas y formales con las que los grupos en el poder se han querido mostrar a la nación.

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) en su Declaración de principios (20 de enero de 1929) acepta en forma absoluta y sin reservas el sistema democrático y la forma de gobierno que se establecen en la Constitución.

"En el orden de ideas que comprende la lucha de clases —se dice— velará por el cumplimiento de las leyes que constituyen una garantía de los derechos del proletariado".

Postula que deberán dedicarse las mayores energías a la reconstrucción nacional, atendiendo en especial a la organización económica del país y al saneamiento de las finanzas, a fin de "dar a la nación una solvencia moral y material, mediante el cumplimiento estricto de sus obligaciones interiores y exteriores, para lo cual ajustará el gobierno sus erogaciones exactamente a la capacidad contributiva del país".

En el Programa de acción se considera que la educación debe tener, entre otras finalidades, "fundar y desarrollar en las conciencias el concepto de la preeminencia de los intereses de la colectividad sobre los intereses privados o individuales, menospreciando toda situación de privilegio y creando la necesidad espiritual de una mayor equidad en la distribución de la riqueza".

Declara asimismo, en forma que pudiera considerarse un tanto contradictoria, que fomentará la iniciativa privada para la enseñanza.

En materia de desarrollo industrial expone que "deberá procurarse que la instalación de grandes industrias no lleve aparejado el establecimiento de una fuerte corriente de valores hacia el exterior, pues en ese caso los beneficios serán de momento, dejando a la postre la explotación industrial, un saldo contrario a los intereses del país", y que "deberá favorecerse especialmente y de preferencia, la industria a base de capitales mexicanos, o extranjeros radicados en su totalidad en México, de tal manera que la circulación de sus valores se efectúe en ciclos cerrados al interior del país, por ser esta condición la que real y efectivamente realiza el enriquecimiento de la República".

Este Programa postula que la política agraria debe tender a la distribución de la tierra entre los campesinos y a la destrucción "del sistema rutinario latifundista".

Establece también que para lograr la liberación de la clase media campesina, deberá proseguirse la política de irrigación, así como programas de colonización.

"A los empresarios agricultores de mayor iniciativa y mayores recursos deberá concedérseles oportunidad y apoyo para que se dediquen al cultivo y pongan en producción mayores extensiones de tierra, cuando esto no vaya en detrimento de la política agraria''. El Programa hace una separación entre los campesinos, a los que debe entregarse la tierra que se distribuya, no necesariamente la de mejor calidad en la práctica, de los agricultores, a quienes debe establecerse en las zonas con riego, en base a los programas de colonización.

En lo referente al aprovechamiento de recursos naturales sostiene la conveniencia de la intervención del Estado cuando se trate de explotaciones que interesen a la economía nacional o cuando el interés privado lesione el interés público o colectivo.

Establece que el crédito privado debe organizarse bajo la forma de instituciones de progreso social y que el sistema bancario debe desarrollarse alrededor de las instituciones centrales, que constituyen el cimiento del crédito social (Banco de México y Banco de Crédito Agrícola).20

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El Plan Sexenal, aprobado el 5 de diciembre de 1933, como compromiso contraído para desarrollarlo en el sexenio 1934-1940, considera a la Revolución como un fenómeno de continuidad histórica que se proyecta permanentemente hacia el porvenir.

Estima que el intervencionismo de Estado que se adopta como doctrina es lógico conforme al sentido profundo de nuestro derecho político, porque la Constitución de 1917 quitó al Estado el carácter de institución puramente política y la orientó hacia la acción reguladora de los fenómenos vitales del país, respetando al mismo tiempo los derechos e iniciativas individuales.

Prevé que con su aplicación, entrará el país en la primera etapa de un régimen progresivo de economía dirigida.

El PNR contrae el compromiso de "seguir dotando de tierras y aguas, sin excepción alguna, a todos los núcleos de población que carezcan de ellas o no las tengan en cantidad bastante para satisfacer sus necesidades", así como de activar la política agraria para dar cumplimiento total al reparto, "para llegar a establecer en definitiva una situación de confianza en las explotaciones agrícolas, libres de afectaciones posteriores''.

Declara como fundamental el estricto respeto a la pequeña propiedad.
Y prevé se dictarán las disposiciones que transformen a los peones acasillados de las haciendas en agricultores autónomos.

Considera necesario organizar a los productores del campo-y estimular la formación de sociedades cooperativas.

En materia de trabajo sustenta que todo individuo tiene derecho al trabajo, "como consecuencia de la obligación que la sociedad le impone de contribuir con su esfuerzo al desenvolvimiento colectivo" y propugna por la intervención del Estado, directa o indirecta, para que todos puedan ejercitar este derecho.

Reconoce, con sentido protector y en busca de la equidad, que frente a la lucha de clases inherente al sistema de producción que vivimos, el Partido y el Gobierno tienen el deber de contribuir al robustecimiento de las organizaciones sindicales de los trabajadores.
La implantación del seguro social obligatorio, sobre la base de la cooperación entre el Estado, los trabajadores y patrones, la estima trascendental.

Como consecuencia de las transformaciones de la estructura económica y las relaciones mercantiles internacionales, considera necesario hacer de nuestro país una organización coordinada en un sistema económico propio, que garantice el abastecimiento adecuado de la población, adoptando una política de nacionalismo económico, como recurso de legítima defensa, ante una actitud mundial que se caracteriza por la tendencia a formar economías nacionales autosuficientes, en lugar de buscar "un arreglo internacional que coordinara las actividades económicas de todos los pueblos y que determinara la obligación de producir de acuerdo con las necesidades de todos y las posibilidades naturales y técnicas de cada cual, organizando al mundo en un sistema de economías regionales, no sólo no competitivas sino complementarias, (que) conducirá a la paz económica y al bienestar de los hombres".

Declara, por otro lado, que el Gobierno regulará las actividades de explotación de los recursos naturales y el comercio de los productos que signifiquen un empobrecimiento del territorio, entre otras medidas, haciendo efectiva la nacionalización del subsuelo.

Pugnará, dice, porque se reforme el artículo 3° constitucional, "a fin de que se establezca en términos precisos el principio de que la educación primaria y la secundaria se impartirán directamente por el Estado o bajo su inmediato control y dirección, y de que, en todo caso, la educación en esos dos grados deberá basarse en las orientaciones y postulados de la doctrina socialista que la Revolución Mexicana sustenta", debiéndose darse, además, atención prioritaria a la educación rural.21

El Partido de la Revolución Mexicana, en su Declaración de principios y programa (2 de abril de 1938) "reconoce la existencia de la lucha de clases, como fenómeno inherente al régimen capitalista de la producción, y sostiene el derecho que los trabajadores tienen de contender por el poder político", estimando al respecto que "las diversas manifestaciones de la lucha de clases, sujetas a los diferentes tiempos de su desarrollo dialéctico, estarán condicionadas por las peculiaridades del medio mexicano .
"Considera como uno de sus objetivos fundamentales la preparación del pueblo para la implantación de una democracia de trabajadores y para llegar al régimen socialista".

Señala, por otra parte, la urgencia de conformar una economía agrícola colectiva.
Considera que el dominio de la técnica es indispensable a los trabajadores para asumir la dirección responsable de la producción industrial, estableciendo que el PRM trabajará, además, por la progresiva nacionalización de la gran industria, como base de la independencia integral de México y de la transformación del régimen social.

Plantea organizar la economía sobre el principio de que la producción y la distribución se orienten a la satisfacción de las necesidades populares, al adoptarse un plan de orientación e intervención de la economía.22

La formulación y conformación del proyecto revolucionario hasta 1940 se va realizando con las medidas de gobierno, la labor legislativa, con la aportación intelectual de individuos y grupos, la movilización política y la movilidad social que se van dando. Se trata de un conjunto de acciones colectivas y de hechos individuales.

En el acontecer cotidiano el proyecto político va penetrando en la conciencia de la gente y gana apoyos con sus avances, que van constituyéndose en base de lo que debe seguir. Con los retrocesos y desviaciones el modelo se aleja de sus objetivos y pierde en el grado de aceptación colectiva.

El proyecto nacional de la Revolución Mexicana parte del reconocimiento que el pueblo en armas exige de sus derechos políticos y de la instauración de un régimen democrático.

Las acciones de gobierno se legitiman en la conciencia popular al avanzarse en el reparto agrario, al tutelar el Estado el ejercicio de los derechos laborales e irse mejorando las condiciones de trabajo, mediante la formación de instituciones y programas que dan solidez e impulso al desarrollo económico y social: Banco de México, Comisiones Nacionales de Irrigación y de Caminos, Banco de Crédito Agrícola, Autonomía Universitaria, Nacional Financiera, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales, Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banco de Comercio Exterior, Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial, Instituto Politécnico Nacional, escuelas centrales agrícolas, escuelas para hijos de trabajadores, escuelas para hijos del Ejército; con la ampliación de la cobertura de los servicios educativos y la ejecución de obras públicas que integran mejor al país y elevan su capacidad de producción.

Elemento importante del proyecto revolucionario es el sustento de los avances económicos y sociales, y del régimen mismo, en la organización política; surgen así los partidos y las organizaciones regionales, después vendrán los nacionales: el Partido Socialista del Sureste, que encabezara Felipe Carrillo Puerto, el Partido Socialista Fronterizo de Tamaulipas, el Partido Socialista Michoacano, que diera su apoyo al general Francisco J. Múgica, las Ligas de Comunidades Agrarias en la mayor parte de los Estados, la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, la Confederación Campesina Mexicana, de Graciano Sánchez, el Partido Nacional Revolucionario, la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina, el Partido de la Revolución Mexicana.

En el proyecto revolucionario van cobrando importancia también las reivindicaciones frente a los intereses extranjeros, la búsqueda de un desarrollo independiente: fuertes resistencias deben vencerse para afectar latifundios de extranjeros, principalmente en los Estados fronterizos del norte; los cambios en la legislación que regula la explotación de petróleo atraen continuas reclamaciones diplomáticas, infundadas de acuerdo al derecho mexicano; una lucha difícil, de manejo delicado, se da para llegar a la expropiación de la industria petrolera.

En resumen, la Revolución Mexicana va dando respuesta a las demandas populares al imponer la no reelección, mediante la realización de la reforma agraria, estimulando la organización de ejidos colectivos y el fomento al cooperativismo, con el avance de las reivindicaciones obreras, al través de la intervención del Estado en la economía, el estímulo al desarrollo económico y al aprovechamiento de los recursos naturales, con el surgimiento de la industria estatal por iniciativa del propio Estado, al ampliar los servicios educativos, en la lucha por un desarrollo económico independiente y apoyando todo ello con la organización política de campesinos, obreros y sectores afines a la Revolución.
* * *
El modelo revolucionario no se detiene en 1940. Continúa pugnando por imponerse políticamente, con distintas suertes en diferentes campos. Registra retrocesos y avances.

En ocasiones se desdibuja en la conciencia mayoritaria, aún cuando se tiene certeza que subsisten y mantienen vigencia innumerables demandas que en el transcurso del tiempo han impulsado a su realización.

El camino revolucionario y sus procedimientos de gestión políticos, administrativos, económicos, educativos, comprobaron su eficacia al lograrse avances en el respeto y ejercicio de derechos ciudadanos, en el rescate de la soberanía nacional, en independencia económica, en mejoramiento de condiciones de vida y mayor bienestar.

Los resultados de retrocesos y desviaciones están igualmente a la vista: dependencia económica, concentración del ingreso, endeudamiento y descapitalización del país, mediatización de la demanda popular, rigidización de las formas de participación política.

De 40 para acá, en función de logros y obstáculos, de avances y desviaciones, de la confrontación de realidades y demandas sentidas, toma forma y se actualiza la propuesta que se enmarca en la ideología surgida de la Revolución Mexicana.

Una síntesis, aún actual, del análisis de la situación imperante y los problemas más importantes, así como de la propuesta que pudiera considerarse de la corriente revolucionaria, lo constituye el documento que preparaba Lázaro Cárdenas, probablemente para darlo a conocer en ocasión del 60° aniversario del inicio de la Revolución, el 20 de noviembre de 1970. Se hizo público el 19 de octubre de 1971, al cumplirse un año de su muerte. Algunos lo han denominado "Mensaje a los revolucionarios de México". Está fechado en agosto-septiembre de 1970.

Comienza planteando la necesidad de la efectividad del sufragio. Estima graves los triunfos electorales basados en la unilateralidad obligada del voto o en los obstáculos que en la práctica encuentra la oposición, así como el que las victorias puedan ser resultante "de una política de partido que incorpora a sectores con intereses antagónicos bajo una falsa actitud conceptual de los objetivos de la Revolución Mexicana, pues esa política no aglutina ni fortalece la acción de las masas partidarias, sino margina a éstas de la militancia y de su participación entusiasta en las lides electorales''.

Considera por tanto negativa, sin citarla explícitamente, la política denominada de unidad nacional, puesta en práctica después de 1940, que indiscriminada e incondicionalmente abrió las puertas del partido del Gobierno a todo tipo de intereses y consecuentemente, de contradicciones y antagonismos.

Sostiene Cárdenas que la autonomía política del país descansa en su plena independencia económica y que la política de obtener cuantiosos créditos del exterior tendría que considerar (lo que no se hizo en vida de Cárdenas ni posteriormente) la pesada carga que hace incidir sobre la economía del pueblo, el hecho que mina las bases del desarrollo independiente, "impone al país una obligada paciencia ante mal disimuladas represalias económicas... y hace que se cierna un ominoso silencio ante actos violatorios de la soberanía e indebidas presiones políticas y económicas que el imperialismo ejerce sobre México". Considera además que de sostenerse el monto y ritmo del endeudamiento, "se otorgaría innecesariamente (al imperialismo) un arma que perpetúa la dependencia".

Preocupación permanente de él fue la penetración indiscriminada de capitales norteamericanos al país, con graves efectos descapitalizadores, así como su penetración en los centros de cultura superior e investigación, con el fin de orientar éstas en su servicio, al igual que en las empresas que manejan los medios de comunicación, por medio de las cuales infiltran ideas y normas de conducta tendientes a desnaturalizar la mentalidad, la idiosincrasia, los gustos y las costumbres nacionales y tienden a convertir a los mexicanos en fáciles presas de la filosofía y las ambiciones del imperialismo norteamericano.

Considera en este texto que la nación, con el dominio directo sobre sus recursos afirmó su soberanía, la que proyecta al futuro "al ir sumando a su patrimonio y manejo las industrias básicas necesarias para el desarrollo independiente".

Externa que las reformas contrarrevolucionarias introducidas en la Constitución y en las leyes agrarias en 1946 propiciaron un acelerado y profundo neolatifundismo, que concentra la propiedad o el uso de la mejor tierra y deja al agricultor grande y mediano como rector de la producción, los precios y mercados.

Reafirma su convicción de que las formas más eficientes de producción y organización pueden ser aplicadas en el ejido colectivo, a condición que el Estado lo atienda y comprenda, a fondo, su importancia socioeconómica y agrícola.

Estima que debe considerarse la reducción en la ley de la pequeña propiedad, para dotar con las tierras que resultaran excedentes a núcleos de población que carecen de ellas, así como a las nuevas generaciones del campo, que difícilmente podrán encontrar acomodo en la industria, aún cuando creciera ésta aceleradamente.

Por otra parte, señala que deben afectarse las tierras que se amparan bajo simulaciones de pequeñas propiedades.

"Toda verdadera manifestación de democracia —continúa diciendo Cárdenas—, ya sea en el orden político, social o cultural, se nutre en la democracia económica que produce un cambio profundo en las estructuras".

Plantea la conveniencia que el Estado regule la producción y comercialización de los productos primarios de la siderurgia, mientras puede nacionalizarse esta industria, camino que parece apuntar en lo general para las industrias fundamentales; la realización de una reforma fiscal profunda; la estatización de la extracción y comercialización de la madera; y la nacionalización de la banca, "para encauzar los recursos que haya menester a la producción industrial, agropecuaria y forestal planificada, en el respecto a las leyes que protegen las riquezas naturales y las garantías y los derechos sociales".

Considera por otro lado necesario frenar los actos socialmente delictuosos que producen la carestía de la vida. Y señala que el hecho de encontrarse los obreros en un estado de conformismo compulsivo perjudicial a sus propios intereses, se debe a la inoperancia de los sindicatos como organizaciones de resistencia, provocada por el abatimiento del ejercicio de la democracia interna, a la inacción de sus dirigentes, así como a indebidos privilegios de que disfrutan éstos y a la pérdida de independencia de las organizaciones.

"Estas situaciones —agrega Cárdenas— son por completo anormales en el régimen de la Revolución Mexicana, cuyo significado perdurable y más valedero reside en la reivindicación social y económica de las clases proletarias".

Estima que podrían resolverse las contradicciones entre el capital y el trabajo con un cambio estructural más profundo, que haga posible cumplir con la Constitución, "en vez de seguir acariciando la falsa perspectiva del inevitable transcurso del ciclo capitalista de desarrollo".

Presenta la necesidad de una reforma educativa, que corresponda a los requerimientos de un desarrollo independiente y a las exigencias de una sociedad que sabe valorar el trabajo justamente compensado y la adquisición universal de la educación y la salud en la solidaridad social, y respecto a la orientación de la educación, expresa: "Ante las previsibles circunstancias históricas que actualmente imperan, se instituyó hace treinta y cinco años la educación socialista en México bajo esos lineamientos. El camino entonces trazado hubiera hecho menos difícil el tránsito a un orden social que hoy se abre paso en medio de violentas contradicciones".

Y advierte: "de no encontrar el régimen pronta solución a los ingentes problemas de las masas rurales y urbanas, tarde o temprano el país se verá arrastrado por la vorágine de una lucha entre las clases necesitadas y la que disfruta del poder económico, como viene sucediendo en el Continente entero".23

En un desarrollo lógico del pensamiento revolucionario, el modelo nacional a instrumentar hoy día es el de una sociedad democrática en lo político, económico y social, que ofrezca oportunidades de mejoramiento y superación para todos los mexicanos, con un sistema y procesos políticos en los que fundamentalmente se respete y tenga efectividad el sufragio, manteniendo el principio de no reelección para el Presidente de la República y los Gobernadores de los Estados.

Se aspira a una nación plenamente soberana e independiente, cuyo desarrollo no tenga ataduras económicas ni políticas y en la que exista una equitativa distribución de la riqueza entre el conjunto de la población y las distintas regiones del país. Y cuya economía mantenga entre sus prioridades el abasto suficiente de productos de consumo cotidiano, la autonomía alimentaria .y el fortalecimiento de los mercados internos.

En materia agraria, que ha sido determinante en la Revolución misma y en el desenvolvimiento de su proyecto nacional y su pensamiento, se pretende una estructura en la que coexistan el ejido, la comunidad indígena y la pequeña propiedad en producción, con todas las tierras bajo aprovechamiento y con productividades óptimas, que tenga en el ejido y en particular en el ejido organizado colectivamente, al eje y motor de la economía rural, organizado democráticamente y constituyendo en el campo, el sustento político del régimen revolucionario.

El proyecto prevé el establecimiento y desarrollo de un sistema de planeación para orientar e intervenir en la economía, preservando al mismo tiempo los derechos y garantías individuales y sociales, en el que uno de los objetivos principales es el tener pleno empleó, con la posibilidad real de que se ejercite el derecho al trabajo que las leyes consagran para todos los mexicanos.

Considera un régimen de seguridad y servicios sociales de protección integral y de cobertura universal para toda la población.

En materia laboral, respeto y capacidad de los trabajadores para ejercitar el derecho a la huelga; salario remunerativo; participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, debidamente garantizado este derecho tanto en la ley como en la práctica; acceso a la vivienda.

El modelo tiene como uno de sus apoyos políticos a los trabajadores organizados en sindicatos independientes, democráticamente estructurados, coordinados con el campesino organizado y con los demás sectores incorporados políticamente a la edificación de este proyecto.

Mantiene el Estado laico.

Propone la práctica de una educación sustentada y orientada en la ideología de la Revolución Mexicana que tiende al socialismo "en su ulterior e inevitable desarrollo"24, que sea la base para crear unidad en la formación ideológica de niños y jóvenes de distintas extracciones sociales y en toda la extensión del país, debiendo entenderse que la acción educativa es sólo uno de los muchos frentes en los que debe actuarse para lograr la evolución política, social y económica del sistema. Plantea asimismo un desarrollo educativo, cultural, científico y tecnológico independiente, que dé respuesta, en primer término, a los requerimientos nacionales.

Reconoce el compromiso, cumplido sólo parcialmente, de incorporar a las poblaciones indígenas al desarrollo nacional, respetando sus valores y peculiaridades.

Contempla la iniciativa del Estado como guía de una economía mixta, con participación creciente del Estado y los trabajadores organizados en el desarrollo de industrias y servicios básicos, así como en el aprovechamiento de los recursos naturales. Considera necesario el fortalecimiento de las industrias y en general las actividades en las que participa el Estado, mediante su integración, expansión, modernización y diversificación, como pueden ser los casos de las industrias petrolera, petroquímica básica y derivada, de fertilizantes, siderurgia, minerales radiactivos y nuclear, forestal primaria, entre otras, así como en la comercialización y servicios de abasto de productos de consumo cotidiano.

Alienta las formas cooperativas de participación y gestión industrial-empresarial, y el aumento relativo de estas formas de organización en el conjunto de la economía.

Establece la necesidad de ejercer control sobre la inversión extranjera, que ésta no produzca efectos descapitalizadores en la economía, y que las finanzas públicas sean sanas, sustentadas y desarrolladas a partir de presupuestos gubernamentales formulados de acuerdo a la capacidad de los ingresos nacionales.

El proyecto revolucionario descansa, por otra parte, en el ejercicio de la autodeterminación; en la práctica y ampliación de la cooperación internacional sobre bases de equidad; en particular, con mayor acercamiento y colaboración con las naciones latinoamericanas; y postula como indispensable para una convivencia constructiva, la solución pacífica de las controversias internacionales.

Las fuerzas democráticas, nacionalistas y populares se enfrentan hoy al problema de impulsar el proyecto nacional que deriva de la obra y el pensamiento de la Revolución Mexicana, en la convicción de poder así superar los obstáculos principales del proceso de desarrollo y reencauzar éste, de manera definitiva, de acuerdo a su proyecto político, en las condiciones que hoy imperan de perturbación económica e intranquilidades sociales provocadas por la profunda y ya muy prolongada crisis que vive la nación, como producto acumulado de los efectos de las desviaciones y retrocesos del modelo revolucionario.

La crisis se manifiesta con un proceso inflacionario acelerado y agudo, que desde que se desencadenó con estas características en 1982, no ha sido posible controlar. Las cifras de la inflación alcanzada en 1986 se estiman entre 103 y 115% y la perspectiva para 87 no es muy distante de estos números.

Se vive por otro lado, una situación de recesión económica: el crecimiento promedio en los últimos cinco años es cero y la previsión para este año se fija en -0.5%; la planta industrial no ha tenido capacidad para renovarse, menos aún para crecer, y muestra en muchos aspectos una grave obsolescencia, que tiende a acelerarse. Con frecuencia los medios de información dan cuenta de despidos, no se están creando fuentes de empleo, reconociéndose la desocupación, con criterios estadísticos, en cifras superiores al 2%; debe agregarse el subempleo.

El salario ha sufrido una fuerte pérdida en su capacidad adquisitiva. Puede estimarse que los salarios hoy corrientes corresponden a los que se pagaban hace 15 años o poco más.

La devaluación de la moneda no se detiene, ni la fuga de capitales.

La deuda, su negociación y su servicio continúa rigiendo las políticas de desarrollo que se adoptan. Mantiene la prioridad el pago puntual, estricto de intereses, por lo que han debido reducirse los programas gubernamentales de obras públicas, proyectos productivos, crédito al campo y para el fomento económico en general e incluso de atención a cuestiones sociales.

La economía continúa descansando de manera importante en la extracción y exportación de petróleo crudo.

Esta situación se da, por otro lado, en la vecindad de la nación más poderosa, hoy encabezada por un gobierno que pretende imponer sumisión y mayor dependencia, que tiene frecuentes intromisiones en nuestra vida política, que se muestra prepotente y agresivo.

Esta vecindad ha desarrollado variadas interdependencias, muy evidentes y complejas en las franjas fronterizas; ha estimulado la siembra de estupefacientes y el narcotráfico, con graves problemas sociales y de seguridad, y una intensa corriente migratoria de mexicanos en busca de trabajo, hacia el norte.

Desde mi punto de vista, el abandono de los caminos populares y nacionalistas de la Revolución es causa principal para haber llegado a estas condiciones internas y externas tan desfavorables para nuestro desarrollo.

El desenvolvimiento de la economía, en buena medida aún el correspondiente al sector hoy bajo control estatal, ha obedecido primordialmente a objetivos de lucro de los grupos empresariales más poderosos, vinculados en alto grado a intereses externos. Por otro lado, el desarrollo del sector estatal o paraestatal ha sido contradictorio y desigual en sus distintas ramas, en determinados periodos se le ha impulsado, en otras, en otros momentos, se le ha frenado, impidiendo así la expansión racional que pudo haber alcanzado, de haber contado para ello con la voluntad política y la protección del Estado.

La dependencia económica se ha acentuado con la intensa y acelerada privatización que ha sufrido la economía en las últimas décadas, privatización en la que tienen elevada participación intereses trasnacionales, así como debido al debilitamiento que producen en las finanzas nacionales tanto la descapitalización ocasionada por las transferencias de los beneficios de las inversiones extranjeras a sus países de origen y a sus bancos, como por la fuga de capitales sostenida en un prolongado periodo.

El alto endeudamiento con el exterior es otro elemento que inhibe el desarrollo. La deuda del país se dejó crecer desmesuradamente, más allá de las posibilidades de pago, con conocimiento y conciencia de las fuentes financieras y por la parte mexicana, con irresponsabilidad en el mejor de los casos. La soberanía fue puesta en riesgo como lo demuestran las intromisiones del exterior, cada vez más graves respecto a decisiones económicas que a los mexicanos corresponden y en la vida política, violando las más elementales normas de la convivencia internacional.

Nunca se debió haber pedido prestado tanto. Nunca las fuentes crediticias, de haber ponderado las solicitudes con criterios técnicos y comerciales, debieron haber otorgado los préstamos en los montos y condiciones en que los concedieron. ,

Los hoy acreedores, con la protección y estímulo y al servicio de intereses políticos imperialistas, dejaron crecer el endeudamiento mexicano para transformar una relación que debió mantenerse exclusivamente en el terreno económico, en una dependencia política.

La deuda se constituyó así en una pesada carga económica y política. La parte mayor de los recursos que genera el trabajo de los mexicanos se ha destinado en los últimos años al pago de réditos, sólo réditos, frente a la imposibilidad para ir cubriendo principal. Los efectos de esta situación en las condiciones de vida y en el fomento económico han sido desastrosos.

Al respecto, las autoridades hacendarías celebran desde 1982 intensas y complicadas negociaciones con la banca internacional, que han permitido disminuir ciertas presiones sobre las finanzas del país, sobre todo en el corto plazo, pero que aún no han podido dar una solución definitiva al problema, conveniente para el país, en cuanto a que pudiera reiniciar su crecimiento.

Los resultados de estas negociaciones, que bien pudiera ser que hubiesen logrado disminuir el ritmo del deterioro social y del estancamiento económico, no muestran todavía efectos sensibles para la mayoría de la población nacional.

desarrollo económico, logrando así, por otro lado, que la deuda no quede como una amenaza política permanente y vuelva a lo que nunca debió haber dejado de ser, una relación únicamente económica.

La negociación por tanto, debe lograr reconocimiento a la prioridad de las demandas populares y a las exigencias de desarrollo económico. Existen razones morales, políticas y de seguridad para persistir en el esfuerzo por la aceptación de condiciones más favorables para México.

Ahora bien, para reiniciar el crecimiento económico, para recuperar niveles de vida, para avanzar en fin, deberán desplegarse diversas acciones en los múltiples frentes de la lucha contra la dependencia y por la elevación de las condiciones de vida populares.

Es un reto el volver a crecer económicamente, abatiendo la inflación. Hay quienes dicen ver el camino en la apertura casi indiscriminada en la ley, que sería indiscriminada en la práctica de acuerdo a experiencias ya vividas, a la inversión extranjera, cuyos efectos, demostrados históricamente, son obligadamente descapitalizadores; en la mayor privatización relativa de la economía, reclamo por cierto tanto de los intereses transnacionales, como de las agrupaciones políticas más conservadoras; en el fomento de las exportaciones, desentendiéndose de los mercados internos; en la modernización de la planta industrial, sin tomar oportunamente las medidas que eviten la desocupación que acarrea y los efectos negativos sobre las empresas medianas y pequeñas, de escasa capacidad financiera, disminuida aun más por la prolongada duración de la crisis. Este camino, a juicio nuestro, no sólo no resolvería las desigualdades económicas y los desequilibrios sociales, sino que conduciría, necesariamente, ante los riesgos de inestabilidad social, a la rigidización y sectarización del sistema político.

El remedio, desde nuestro punto de vista, está en tomar en nuestras manos, con decisión, nuestros propios destinos, teniendo en mente a los trabajadores, a las mujeres, los niños y los jóvenes de México. Para ello debe asegurarse el futuro, edificando un mejor presente: la recuperación económica, el desarrollo independiente, altos niveles de vida y de bienestar para las mayorías, presuponen llevar la reforma agraria a sus consecuencias últimas y una economía ejidal como centro de la producción rural (agrícola, ganadera, forestal, agroindustrial) y como vanguardia de la lucha por la independencia alimentaria, así como la posibilidad real para todo mexicano, de ejercitar su derecho al trabajo y el acceso a la educación, la capacitación, la cultura y el disfrute de los servicios de bienestar y seguridad básicos.

Exige la ampliación y fortalecimiento de los mercados internos, que tienen a su vez como condición el incremento en términos reales de los salarios, de la capacidad de consumo de la población trabajadora.

Es necesario, además, llevar a cabo una profunda reforma fiscal, que logre una equitativa distribución del ingreso-y una carga también equitativa en el esfuerzo por el desarrollo nacional.

Es preciso tener un conocimiento cabal y un control efectivo, de acuerdo a normas de estímulo a la actividad económica y de protección a los intereses del país, de las transferencias de capital y es necesario que se creen condiciones de confianza para hacer atractivas las inversiones en el país.

La economía no debe sustentarse más, en la proporción en que lo ha hecho en esta última década, en la extracción de petróleo y la exportación de crudo, sino en una expansión y diversificación industriales que utilicen el potencial de los muy variados recursos naturales del país y la capacidad que ofrece una colaboración económica internacional sobre bases de equidad.

Es indispensable que el Estado conduzca, en base al compromiso que entraña la adopción de planes obligatorios para el Estado, indicativos para el sector privado, el desenvolvimiento económico y que se racionalice y fortalezca su participación en las industrias fundamentales.

La ampliación de los cauces de la democracia, el apoyo popular organizado a estas políticas, son también condiciones para encauzar el desarrollo hacia nuevos objetivos.
Estos son algunos aspectos del modelo revolucionario y su instrumentación.

Corresponden todos ellos, a los diversos frentes de la lucha contra la dependencia y por la democracia.

Desde nuestro punto de vista, es posible abrir de nuevo y retomar los caminos de la Revolución. Es viable su proyecto nacional. Representa una alternativa real para dar solución a los problemas del México de hoy. Su ejecución exige, sin duda, respaldo político, que se puede conjuntar. La tarea inicial es crear conciencia y disposición para actuar. Las fuerzas populares, de organizarse democráticamente, tienen capacidad para imponerse, lo demuestra la experiencia de la historia.

Han transcurrido poco más de tres años y medio desde el día en que presenté este trabajo en el Centro de estudios EEUU-México de la Universidad de California, en La Jolla.

Ha sido el tiempo en que más enseñanzas he recibido, el más formativo, cuando he podido conocer mejor al país. Ha sido un periodo de grandes realizaciones del pueblo, cuando éste ha constatado que puede cambiar al país, hacerlo avanzar hacia la independencia y hacia la democracia, por vías pacíficas, que son las que conducen a los logros más sólidos, teniendo por armas la organización, la formación política, los votos y su propia decisión de hacer las cosas.

Lo que entonces se planteó, en diversos aspectos, apuntaba, de acuerdo a las experiencias vividas en este lapso, en la dirección correcta.

Más importante que esto, es que en el tiempo que ha corrido, se han producido enormes y trascendentes realizaciones del pueblo de México por llevar adelante su proyecto histórico, en el que los planteamientos, experiencias y logros de la Revolución Mexicana constituyen parte fundamental, tanto para entender el presente como para diseñar el futuro.

En los renglones finales de este trabajo se dice:

"Desde nuestro punto de vista, es posible abrir de nuevo y retomar los caminos de la Revolución. Es viable su proyecto nacional. Representa una alternativa real para dar solución a los problemas del México de hoy. Su ejecución exige, sin duda, respaldo político, que se puede conjuntar. La tarea inicial es crear conciencia y disposición para actuar. Las fuerzas populares, de organizarse democráticamente, tienen capacidad para imponerse, 16 demuestra la experiencia histórica."

Lo que no veíamos con claridad —no era desde luego objeto del trabajo— era la cantidad y la dimensión de los obstáculos que íbamos a encontrar en el trabajo político.

El camino a seguir se señalaba en líneas generales desde entonces. Hoy está todavía más claro lo que debe hacerse y más definido al adversario. Y se cuenta con un elemento que en febrero de 1987 no había emergido, esencial para la transformación: un pueblo con capacidad de movilización y decidido a recuperar la conducción de su destino.

El detonador del movimiento, la gota que derramó el vaso después de muchos esfuerzos de rectificación y renovación, en el curso de varias décadas, nadie podrá ponerlo en duda, fue la Corriente Democrática, que desde la aparición de su documento de trabajo No. 1, en octubre de 86, hasta la Marcha de las 100 horas por la democracia, a finales de septiembre del 87, despertó conciencias, hizo que la gente se reconociera en sus aspiraciones con el llamado de aquellos cuantos que fueron engrosando hasta llegara ser, en la campaña electoral de 87-88, la movilización política y social más importante de nuestros días, que se mantiene viva y en la que el pueblo de México tiene cifradas sus esperanzas y comprometida su voluntad para transitar hacia la democracia.

Los resultados electorales del 6 de julio no son solamente cifras, las oficiales y las reales que chocan con ellas, son también logros en muy diversos aspectos, que pueden sintetizarse en uno, que alienta y llena de optimismo: está en gestación en México una revolución, la revolución democrática.

Tesoneramente el pueblo sienta sus bases, con sacrificios: vidas segadas por el autoritarismo y la insensibilidad, grandes esfuerzos que se despliegan para organizarse, para participar, para proponer.

Hoy se ve con mucha mayor claridad la importancia de la contribución de la Revolución Mexicana al progreso del país: sus principios y planteamientos, los avances sociales y materiales, las leyes, instituciones políticas, formas de organización social y estructuras económicas; también la gravedad de las desviaciones, claudicaciones y traiciones a ese movimiento y sus elevados costos en atraso social y endurecimiento del sistema político.

El proyecto nacional de la Revolución Mexicana no logró consumarse completo, ni en sus reivindicaciones populares y nacionales, ni por lo tanto, sentando, en un proceso continuado, las bases de lo que vendría hacia adelante. Porque la Revolución nunca se planteó ser fase final de la evolución política, social o económica del país; se propuso alcanzar y consolidar avances, que fueran punto de partida de otros más.

Se están preparando cambios trascendentales, que por su amplitud y profundidad van a significar la realización de una nueva revolución. Un México sin miseria, con igualdad, democrático, soberano y dueño de sus destinos, donde la gente participe en las decisiones, solidario-con las causas emancipadoras de otros pueblos, será un México que hasta hoy, con esa integralidad, no hemos conocido. Esa nueva realidad sólo será posible cuando México haya pasado por una nueva revolución, que ahora el pueblo se la plantea pacífica, sin costo en sangre.

Los cambios que se están dando en el mundo: la caída de los regímenes de partido de Estado, el fracaso de los modelos económicos neoliberales, la consolidación de tres grandes bloques económicos que pretenden hacer un nuevo reparto de los territorios mundiales, nos llaman a hacer análisis más objetivos de nuestras realidades internas e internacionales, a prestar más atención a la elaboración intelectual y a la formulación de nuestra propuesta política.

Quiero aprovechar, al publicar Editorial Nuestro Tiempo este trabajo, para invitar a que contribuyamos con nuevos esfuerzos, poniéndose a investigar y a pensar, soltando la imaginación, recorriendo el país, hablando con la gente, buscando conocer cómo piensan y que hacen otros pueblos, a definir las formas nuevas dé la democracia y la participación, de las instituciones y relaciones políticas y económicas que habrán de substituir a las del sistema de partido de Estado, de un orden internacional equitativo y justo, de la integración latinoamericana, de ese nuevo régimen de igualdad y justicia, humanista y fraterno que, en este parto difícil, anuncia ya la revolución democrática.



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