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dos grandes riesgos se ciernen sobre américa latina


5 de Abril de 2004

Cuauhtémoc Cárdenas


Dos grandes riesgos se ciernen sobre América Latina: el inicialmente llamado derecho de injerencia, cuya denominación fue suavizada al llamársele ahora derecho a la intervención humanitaria, inseparable de la llamada guerra preventiva, y el proyecto de conformación del Área de libre comercio de las Américas, creaciones ambas de los intereses que hoy ejercen hegemonía económica, militar y política desde los Estaos Unidos, sobre prácticamente todo el mundo.

Es cierto que desde los tiempos más remotos y hasta el momento actual, la historia de la humanidad y de todas las naciones registra una y otra vez masacres, invasiones, opresiones y despojos de pueblos enteros, genocidios, que se contemplaban principalmente con sentido fatalista y de impotencia por las colectividades no involucradas en ellos. Actualmente, a partir de una amplia toma de conciencia, poblaciones enteras reclaman se ponga un alto inmediato a esa clase de atrocidades y exigen se sancione a los responsables de cometerlas, aun cuando hayan quedado atrás en el tiempo.

Coincidiendo y dando la razón a quienes así piensan y se expresan por todo el mundo, salta un problema hasta ahora no resuelto ni en los convenios basados en el derecho internacional ni en la práctica: ¿quién –personas o naciones- califica los hechos y quien establece y ejecuta las sanciones?

Al seno de la Organización de las Naciones Unidas han llegado tanto el reclamo de quienes desde los distintos continentes claman justicia ante actos de barbarie, como la discusión de quien se constituye en juez y autoridad y aplica las medidas y en su caso las sanciones que el derecho de las gentes impone. A este respecto, se ha dado un avance conceptual significativo: el de “asumir la atención de una tragedia humana como responsabilidad antes que como derecho” (1), pero está pendiente una discusión a fondo sobre si esa responsabilidad debiera corresponder a la Organización de las Naciones Unidas, como institución, o en su caso a alguna nación, grupo de naciones u otro organismo, y mientras el tiempo pasa, lo que está sucediendo es que las naciones poderosas militar y económicamente se están abrogando el derecho de decidir qué nación o qué gobierno se desvía del camino que aquellas han establecido como correcto, así como el derecho de decidir si se interviene contra esa nación o contra ese gobierno, lo que al final de cuentas no está resultando más que en la ley de la selva, en la ley del más fuerte imponiéndose al mundo.

Tomando como base ese supuesto derecho, reconocido como tal únicamente por los gobiernos que lo ejercen, es como el gobierno de los Estados Unidos, aduciendo que se trata de una intervención humanitaria y preventiva, ha pasado por encima de la institucionalidad y de los principios contenidos en el pacto constitutivo de las Naciones Unidas, al lanzar a sus ejércitos a arrasar Afganistán, para vengar una afrenta que no ha podido comprobar, y como desató contra Irak una guerra que igualmente califica de preventiva, sembrando la muerte y la destrucción, sin encontrar las armas de destrucción masiva que utilizó como pretexto para asaltar aquel país, logrando, con ambas operaciones, apoderarse de los yacimientos y controlar las rutas del petróleo del Oriente Medio, que constituía el objetivo ambicionado desde tiempo atrás.

La intervención humanitaria, que no puede desprenderse de la guerra preventiva, se trata de justificar y apoyar con argumentos humanitarios, sin querer ver las verdaderas finalidades económicas y políticas de la injerencia tal como se le practica, como lo hace el financiero norteamericano George Soros, quien recientemente escribió que si “los gobiernos abusan de la autoridad que les ha sido confiada y los ciudadanos no tienen la posibilidad de corregir esos abusos, la interferencia del exterior se justifica. Al especificar que la soberanía se basa en el pueblo, la comunidad internacional puede penetrar las fronteras de los Estados-nación para proteger los derechos de los ciudadanos” (2).

Ahora bien, las experiencias injerencistas dejan ver la urgencia de conformar un orden mundial distinto al actual: justo, equitativo, democrático, en el que cada nación tenga el mismo peso en la toma de las decisiones que a todas afectan, y en el que las instituciones internacionales tengan capacidad real y efectiva para hacer valer las decisiones tomadas en base a los acuerdos convenidos y suscritos.

La no aceptación de las decisiones mayoritarias tomadas en la Asamblea de las Naciones Unidas y el atropello a los pactos establecidos y a los principios y normas del derecho internacional, ha sido una constante por parte de los poderosos. La Carta de los derechos y deberes económicos de los Estados, aprobada en 1974 con el voto de 120 naciones, que tiene el propósito fundamental de “promover el establecimiento del nuevo orden económico internacional, basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados”, ha sido totalmente ignorada por las grandes potencias, que la votaron en contra. El tratado para crear la Corte Penal Internacional, votado favorablemente por 110 gobiernos, con la oposición de Estados Unidos, China, Israel, Irak, Sudán, Libia y Yemen, en vigor desde 2002, sólo puede juzgar crímenes cometidos después del 1° de julio de ese año, únicamente en los países que hayan ratificado el tratado y excluye la agresión como delito internacional, con lo que las agresiones norteamericanas a Afganistán e Irak, por ejemplo, no pueden ser sancionadas por ese organismo. Y así podrían contarse muchos casos más.

La intervención humanitaria no puede aceptarse como norma del derecho internacional, ni siquiera como decisión tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y emprendida bajo la responsabilidad de ésta. De la guerra preventiva, ni hablar, baste recordar que en Nuremberg se le consideró como uno de los crímenes de guerra, que merecieron drásticas sanciones, y en esa calidad debe seguir.

Reconocer el derecho de cualquier nación para intervenir en asuntos internos de otra, es, como lo muestra la experiencia, desde la más lejana en el tiempo hasta la muy reciente, quedar a merced del más fuerte, reconocer la validez de la ley de la selva, y Cuba, México y América Latina, para no salir del continente, tienen dolorosas experiencias de las intervenciones de los poderosos en nombre de su civilización, de su humanitarismo, de su justicia.

La historia se repite. Los casos de Afganistán e Irak no son cualitativamente distintos de aquella agresión que el gobierno de Estados Unidos montó en abril de 1961 contra pueblo y gobierno de este país hermano. En aquella ocasión, Lázaro Cárdenas, quien fue impedido por el gobierno mexicano de entonces para venir a defender las libertades de los pueblos americanos en esta tierra, envió un mensaje a instituciones y personalidades de diferentes partes del mundo, en el que expresaba: “La Revolución Cubana no es, como sostienen vana y falsamente sus enemigos, un movimiento ajeno a la voluntad del pueblo o un peligro que amenace la seguridad del continente o la de algún país americano. Es una revolución hecha por el pueblo. Es una de las grandes revoluciones americanas. Es un movimiento que no sólo responde a los viejos anhelos y a las nuevas inquietudes de emancipación del pueblo cubano, sino de todos los pueblos que comprenden que ha llegado la hora en que pueden conquistar su plena independencia. Pensar que una nueva agresión armada podría hacer volver atrás un proceso histórico irreversible, como en el fondo es toda revolución genuina, aparte de ser una ilusión que pronto habría de desvanecerse, es una violación de principios jurídicos que todos los países deben respetar en defensa de sus propios intereses, y una actitud insensata que puede lanzar al mundo a una tragedia irreparable…
“El rechazo inmediato y aplastante de la invasión a Cuba no ha bastado para alejar el peligro. El gobierno de los Estados Unidos, al parecer sin darse cuenta de las graves consecuencias de sus actos, continúa empeñado en derrocar al gobierno cubano…
“Lo único que Cuba exige es discutir en un plano de igualdad, con estricto acatamiento de las prácticas y leyes internacionales” (3).

Pero los peligros no cesan. Hace sólo unos cuantos días, el gobierno de los Estados Unidos abandonó su compromiso –que mantenía sólo de palabra, no en los hechos- de cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA, que obliga a los Estados que la han suscrito al pleno respeto, promoción y apoyo de los procesos democráticos constitucionales y a la defensa de los gobiernos a los que se reconoce legitimidad democrática, en el caso de verse amenazados por fuerzas extraconstitucionales, y anunció que se reserva el derecho de oponerse a ellos e incluso de promover el cambio de régimen si a su juicio considera que han fracasado o no apoyan a Estados Unidos.

Tomando como base esa decisión, violatoria de toda norma de respeto y de convivencia civilizada, la asesora de seguridad nacional del Presidente norteamericano justificó la reciente destitución y secuestro del Presidente de Haití, diciendo: “creemos que el Presidente, en cierto sentido, perdió su habilidad de ser líder de su pueblo, porque no gobernó democráticamente”, y en base a esa misma decisión se produjo la intromisión en el proceso electoral salvadoreño, porque, como lo declaró Otto Reich, enviado especial del gobierno norteamericano para América Latina, “no podríamos tener la misma confianza en un El Salvador dirigido por una persona que, obviamente, es admirador de Fidel Castro y de Hugo Chávez” (4).

Es decir, el gobierno de Estados Unidos decide si le gusta quien gobierna y cómo se gobierna en otras tierras, y por la fuerza quita y pone gobiernos, presidentes, dictadores, siempre con un denominador común: hacer prevalecer los intereses de los grupos que dominan la vida política y las finanzas norteamericanas. Por eso se siembra la destrucción y la muerte en Afganistán y en Irak, por eso se mata gente en Haití, y por esas mismas razones se protege a los regímenes autoritarios y corruptos de los países del Asia Central.

Puede estarse de acuerdo o en desacuerdo respecto a cómo gobernaba Aristide en Haití, o cómo gobierna Vicente Fox en México o Fidel Castro en Cuba, pero los asuntos internos de cada nación, cualquiera que sea el juicio que al respecto se haga desde afuera, sólo deben ser resueltos por los pueblos de cada nación.

La dictadura batistiana fue cruel, sangrienta y corrupta, impuso innumerables desgracias al pueblo de Cuba, pero los cubanos no llamaron a un poder extranjero para que viniera a componer aquí las cosas. En una lucha difícil, en condiciones de desventaja en un principio, pero con la fuerza moral de la razón, del puñado del “Granma” surgió un poderoso Ejército Rebelde que con apoyo del pueblo hizo añicos a la dictadura.

En México, la lucha por la democracia ha sido también cruenta y difícil. En el camino han caído más de medio millar de compañeros nuestros, cuyos crímenes permanecen impunes hasta hoy. Sin embargo, lo último en lo que quienes hemos luchado por años por esta causa hubiéramos pensado, es en llamar a los marines para que resolvieran nuestros problemas políticos internos. La lucha ha tomado más tiempo del que muchos hubiéramos querido, pero el cambio va y la democracia se abre paso y gana espacios.

No existen condiciones para dar a las Naciones Unidas o a cualquier otra entidad, el derecho de intervenir, ni si quiera por razones humanitarias, en los asuntos internos de las naciones. La conducta observada por las grandes potencias no permite que se le de confianza a un organismo como la ONU, controlado por ellas. La impotencia del organismo para hacer cumplir a potencias mundiales o regionales resoluciones como la de levantar el inhumano bloqueo de Cuba o las relativas a los derechos del pueblo palestino a la vida y a su tierra, nos dan en este caso la razón. Ponerse en manos de las potencias, lo hemos visto una y otra vez, sería suicida.

* * *

El otro gran peligro que amenaza hoy a la América Latina, es el proyecto que impulsa el gobierno americano de creación del Área de libre comercio de las Américas.

Este proyecto nació hacia finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo que recién acabamos de dejar atrás, en el gobierno de Bush padre, como Iniciativa de la Empresa de las Américas, con la pretensión de constituir un área de libre comercio en todo nuestro continente, a partir de pactos suscritos por Estados Unidos con cada uno de nuestros países, de acuerdo a sus tiempos y conveniencias.

Hoy esa Empresa, que sigue siendo empresa, ha cambiado de fachada y se ha transformado en la propuesta del Área de libre comercio de las Américas, que plantea la conformación de un área de intercambios libres en todo el continente, negociada en conjunto por los países latinoamericanos por un lado, y los Estados Unidos, como la parte fuerte y decisoria por el otro.

Este proyecto tiene como objetivo central la subordinación de las economías latinoamericanas y del Caribe a la economía norteamericana y el mantener en nuestros países condiciones precarias de desarrollo social y económico, pues no nada más abre las fronteras al comercio, sino que en condiciones de franca desigualdad –Estados Unidos representa el 80% del PIB continental, Brasil el 7.4%, México el 3.5%, Jamaica, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Paraguay, Panamá, Guatemala, Ecuador, Haití y Nicaragua, en conjunto, menos del 1%-, incluye también los servicios, las inversiones, las compras gubernamentales y las patentes (5), sectores todos en los que domina y lleva enormes ventajas Estados Unidos y pocas oportunidades deja a los demás, y, por otra parte, condiciona el desarrollo a patrones productivos de tecnologías elementales.

Estados Unidos pretende que este acuerdo entre en vigor el 1° de enero del 2005. Las negociaciones parecen ir retrasadas, y digo parecen, porque Estados Unidos impuso como condición en las negociaciones que no se diera cuenta a la opinión pública del estado de las mismas y no ha sido sino hasta la asunción del nuevo gobierno del Brasil, a partir de enero del 2003, que exigió se informara de manera amplia a la opinión pública, cuando alguna información es probable que haya empezado a fluir en el Cono Sur, que aun no en México.

Un proyecto que se mueve en sentido contrario al ALCA es el del MERCOSUR, que plantea una integración no sólo económica sino también política, proyecto que se ha visto fortalecido por la importancia prioritaria que le están dando los nuevos gobiernos de Brasil y de Argentina, del cual habría que tomar ejemplo para alentar y dar fortaleza a las iniciativas de integración subregionales.

Ahora bien, el proyecto que puede con mayor eficacia contraponerse al del ALCA y representar un verdadero cambio y una perspectiva halagüeña para nuestras naciones, es el de la integración política y económica de América Latina y el Caribe, que no debe verse más como un simple ideal.

La unidad latinoamericana es un proyecto ya no utópico, sino viable, realizable y necesario, en cuanto a que constituye para nuestra región, la única salida que se ve con posibilidades de rescatar y ejercer soberanía y encauzar el desarrollo por sendas de progreso económico y social, frente a la amenaza real de la subordinación económica y la dependencia política consolidada en el largo plazo, con respecto a los Estados Unidos.

No es un proyecto contra Estados Unidos. Es un proyecto a favor de América Latina, que en él puede encontrar las vías para insertarse en condiciones de equidad en los procesos de globalización que se están viviendo, así como para ofrecer condiciones de vida satisfactorias y justas a su población y posibilidades de crecimiento sostenido y sustentable a las economías de la región. Es un proyecto también, que puede contribuir a frenar la globalización de la pobreza, de las marginaciones y las exclusiones sociales, de los rezagos económicos, de pandemias como el VIH sida, en el continente y en el mundo, y estimular la globalización del bienestar social, del progreso económico, científico y tecnológico, la protección del ambiente, la salud, la democracia, la solidaridad internacional, el respeto a las garantías y los derechos de la gente.

Los países o conjuntos de países que mejor han aprovechado los procesos de globalización son aquellos que cuentan con grandes masas demográficas, que constituyen grandes bloques territoriales, con una diversidad de recursos naturales y capacidades productivas, como es el caso de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, etcétera.

¿Por qué no avanzar en ese sentido? De antemano puede decirse que llegar a una integración sólida, tomará tiempo. Europa dio los primeros pasos hace más de 50 años, y hasta hace relativamente poco tiempo que la Unión empezó a convertirse en una realidad. Empecemos ya, no perdamos más tiempo. Avancemos en nuestra integración y abramos las mayores posibilidades para el aprovechamiento de nuestras potencialidades y para los intercambios y la colaboración con los países de los cinco continentes.

La integración latinoamericana debe contribuir no sólo a resolver los problemas de los pueblos y naciones de la región, sino aportar también, en la perspectiva mundial, a la democratización del Estado, a profundizar las transformaciones y extender los espacios democráticos, que no pueden limitarse a lo estrictamente electoral sino tender a abarcar también aspectos importantes de la vida económica, laboral, social, cultural y política, a fortalecer los valores propios de las identidades, a una efectiva solidaridad y una fructífera colaboración internacional, a compartir avances científicos y tecnológicos, así como los saberes profundos de los pueblos.

Es posible ya, a partir de decisiones firmes por la unidad y la integración, avanzar en el diseño y en su caso fortalecimiento de las instituciones de gobierno o de coordinación política y económica y parlamentarias, en una planeación que se enfoque a las etapas y tiempos de la integración, en la búsqueda de aquellas áreas en las que puedan empezarse a diseñar y a poner en práctica políticas y proyectos comunes.

La unidad de las naciones y los pueblos de América Latina y el Caribe no es sólo la utopía de Bolívar y San Martín, de Miranda, Morelos y Martí, también ha sido ideal perseguido por Albizu Campos, Allende, Cárdenas, el Che y los internacionalistas de hoy.



Martí hablaba de “una gran confederación de los pueblos de América Latina” y expresaba que “Todo nuestro anhelo está en poner alma a alma y mano a mano los pueblos de nuestra América Latina. Vemos colosales peligros; vemos manera fácil y brillante de evitarlos; adivinamos, en la nueva acomodación de las fuerzas nacionales del mundo, siempre en movimiento, y ahora aceleradas, el agrupamiento necesario y majestuoso de todos los miembros de la familia nacional americana. Pensar es prever. Es necesario ir acercando lo que ha de acabar por estar junto” (6).

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1) Gustavo Iruegas: “Injerencia, intervención, responsabilidad y otros cuentos”. “La Jornada”… 2004. México, D. F.

2) George Soros: “The people’s sovereignty”. “Foreign Policy”. Enero/Febrero. 2004.

3) Lázaro Cárdenas: “Palabras y documentos públicos”. Vol. 3. Siglo Veintiuno Editores. México. 1979.

4)Jim Cason y David Brooks: “Abandona EU la Carta Democrática de la OEA y ofrece doctrina de intervención”. “La Jornada”. México, D. F. 20 de marzo del 2004.

5) Kield Jacobsen y Renato Martins: “ALCA. Quem ganha e quem perde com o livre comércio nas Américas”. Editora Fundacao Perseu Abramo. Sao Paulo, Brasil. 2002.

6) Ramón Armas Delamarter-Scott: “Apuntes acerca de la estrategia continental de José Martí. El papel de Cuba y Puerto Rico”, en “La unidad latinoamericana”. Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC). Editorial Voluntad. Quito. 1984.

 

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