Pronunciamientos

Por los Derechos de los Migrantes


15 de Junio de 2009

Cuauhtémoc Cárdenas


Presentación del libro "Una vida en dos culturas: la construcción de alianzas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en México".



Senado de la República.
Agradezco la hospitalidad del Senado de la República y me congratulo de que haya acogido con simpatía la iniciativa de presentar aquí el libro "Una vida en dos culturas: la construcción de alianzas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en México”. pues qué mejor foro para ello que la sede de uno de los cuerpos en los que por mandato de nuestra Constitución se decide la política exterior del país y, en consecuencia, cómo se puede contribuir desde México a una mejor vida y a un mejor destino para los mexicanos del exterior.

Este libro es el producto de la Reunión de trabajo celebrada los días 23 y 24 de febrero, parte de un programa más amplio, de carácter que podría decir permanente, esto es, a desarrollar en el largo plazo, en el que participan varias instituciones civiles que buscan incidir en las políticas que se instrumenten tanto en los Estados Unidos como en México para garantizar condiciones de vida y futuro dignos para los migrantes mexicanos que residen y trabajan en el país vecino.

El libro, como podrán verlo, contiene un excelente resumen de las exposiciones y discusiones de la reunión de febrero, así como los importantes documentos que ahí se presentaron, en los que se analiza el fenómeno de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos, los vínculos del fenómeno migratorio con la crisis que ahora se vive, soluciones a los problemas que presenta y cómo trabajar para que éstas se lleven a la práctica.

México y Estados Unidos comparten una frontera de más de 3 000 kilómetros de largo en la que cotidianamente se producen múltiples y variados intercambios. La relación más valiosa y sin duda el intercambio también más valioso entre ambos países es el humano: miles y miles de americanos y mexicanos cruzan diariamente nuestras fronteras, gente que viaja por negocios, trabajo o placer de un país al otro, familias que residen de uno y otro lado y lo más importante, la relación laboral, que provoca el flujo migratorio más intenso que llega a los Estados Unidos.

La migración de trabajadores ha generado y sigue generando los problemas más serios y complejos que comparten los dos países. Estados Unidos necesita trabajadores inmigrantes, que llegan de todo el mundo, la mayor parte de ellos de México. La economía de Estados Unidos y su vida social no podrían funcionar sin su presencia y contribución, lo que sectores importantes de la vida pública del país vecino, tanto oficiales como privados, se resisten a reconocer y, consecuentemente, no asumen las responsabilidades que por derecho interno, por acuerdos internacionales, por ética o por respeto a la equidad humana en un país que se precia de democrático, les corresponden para garantizar el ejercicio y proteger los derechos laborales y civiles de los inmigrantes y sus familias, a menudo violados por autoridades y patrones.

En el libro que ahora se presenta queda claro que para borrar los aspectos conflictivos de este problema, las acciones más importantes serán las que el gobierno mexicano y la sociedad mexicana lleven a cabo de manera amplia y vigorosa para lograr que el gobierno norteamericano y la sociedad norteamericana reconozcan la valiosa e imprescindible contribución que los trabajadores inmigrantes -en alta proporción sin documentos migratorios regulares- dan a ese país al través de su trabajo, sus impuestos, su creatividad y cultura, lo que hoy se hace evidente por toda la nación vecina.
A este respecto, habría que estar conscientes que los problemas de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos sólo tendrán una solución acorde a la solidaridad social y a la dignidad humana en la medida en que la sociedad norteamericana y las autoridades de aquel país participen y asuman como propias las causas justas de los migrantes. Las acciones diplomáticas y consulares y lo que desde aquí pueda hacerse en el terreno legislativo o político y social en un sentido amplio, son indispensables e importantes, pero las soluciones se tendrán que dar por la participación social y la presión política que en los Estados Unidos se logren potenciar, y se tendrán que dar allá.
Un buen ejemplo de lo anterior lo constituyen, vale la pena tenerlo presente, las grandes movilizaciones que se llevaron a cabo por todo el país en mayo del 2006, cuando sectores muy importantes de la vida pública norteamericana encabezaron nutridas manifestaciones, respaldadas por los migrantes de diversas nacionalidades y sus organizaciones, para demandar reconocimiento y respeto a los derechos de los trabajadores extranjeros y sus familias en los Estados Unidos.

Una contribución importante de la obra que hoy se presenta, es la identificación puntual que se hace de instituciones, legisladores y otros actores políticos en los Estados Unidos, a los que podemos considerar aliados de las causas de los migrantes. Con ellos y con los propios migrantes y sus organizaciones en los Estados Unidos, deberán trabajarse las propuestas favorables para los migrantes de nuevas leyes o de reformas, federales y estatales, así como de cambios en los ordenamientos de ciudades y condados, y de nuevas políticas que poner en práctica. Con ellos también, debemos trabajar desde México.

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La crisis financiero-económica que se genera en los Estados Unidos y que se extiende y golpea para todos lados, que resentimos aquí de manera severa, está incidiendo en la migración mexicana en los Estados Unidos y en sus relaciones sociales y económicas con nuestro país: la recesión norteamericana está cerrando oportunidades de trabajo de uno y otro lado de la frontera, el decrecimiento de nuestra economía genera mayores presiones sociales de la población que demanda empleo y se encuentra ahora con que la válvula de escape que ha representado la migración está reduciendo también su capacidad, las remesas están disminuyendo y las medidas anti-crisis que se adoptan en los Estados Unidos dejan ver que su prioridad, explicable y comprensible en la protección de los grandes intereses que determinan su vida como potencia económica y política dominante en el mundo y en nuestro continente, es resolver ellos sus problemas, en la mejor forma y con los menores costos posibles, y los demás, como en los naufragios, sálvese el que pueda. Después, ya se verá.

No debemos ni podemos quedarnos como espectadores del desastre interno que vive el país, acelerado ahora por la crisis que desde afuera nos llegó y por la parálisis de las acciones públicas que se anuncian una y otra vez desde hace meses para contrarrestar sus impactos negativos, pero que por ninguna parte se ven.

En el fondo, estamos viviendo y resintiendo las consecuencias del entreguismo de nuestros últimos gobiernos, que han impuesto ciega y dócilmente las políticas de los consensos de Washington y de los intereses de la globalización neoliberal.

Es momento de cambiar radicalmente nuestro modelo de desarrollo, colocando como prioridades la elevación de las condiciones de vida de la población, el empleo, el crecimiento de la economía, la adopción patrones de desarrollo con tecnologías de avanzada, la educación -elevar la calidad de la educación en todos sus grados-, la salud, el fortalecimiento de la seguridad social, el impulso a la industrialización, la recuperación de las capacidades productivas del campo, la modernización de la infraestructura, la reconstitución de la banca de fomento y de una banca comercial verdaderamente mexicana y al servicio del país y de su desenvolvimiento.

Al plantear todo esto no estoy desentendiéndome de la migración. Lograr un crecimiento sostenido de nuestra economía en el largo plazo, el desarrollo de nuestras distintas regiones, la creación de empleo formal, significaría que los jóvenes, principalmente los jóvenes, la fuerza de trabajo más vital, no estaría, como ahora, enfrentándose a los cierres de fuentes de trabajo, a los despidos y a la necesidad de buscar cómo ganarse la vida más allá de nuestras fronteras. Resolver de raíz los problemas de los migrantes que preferirían regresar a su tierra y de los potenciales migrantes mexicanos, está en ofrecer, dentro de nuestro territorio, las oportunidades que hoy se les niegan y que centenares de miles de mexicanos, año con año, buscan en el exterior.

Dar este viraje obligaría, necesariamente, a la adopción de una política internacional distinta a la actual, que se corresponda en la búsqueda de oportunidades para nuestra economía en el exterior, con el impulso que simultánea y ordenadamente se dé a nuestras capacidades de producción y de consumo internas.

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Quiero aprovechar esta oportunidad que ha abierto el Senado de la República para tratar un par de temas que tienen relación también con nuestros migrantes y que pueden ser de interés para este cuerpo legislativo:
El Tratado o Acuerdo de libre comercio de América del Norte (Tlcan) entró en vigor hace quince años.

Las cifras frías del comportamiento de las economías podrían hacer pensar que todas las partes se han beneficiado con él y que los tres socios se encuentran cabalmente satisfechos. La realidad, al menos para muchos en México, es totalmente diferente.

Quince años después de que el tratado entró en vigor, los resultados han sido buenos para México en algunas áreas, malos y muy malos en otras. En este tiempo, por ejemplo, el comercio trilateral más que duplicó. Las exportaciones mexicanas aumentaron su valor substancialmente, lo que puede considerarse un impacto positivo del acuerdo, aunque la mayoría de esas exportaciones corresponden a maquiladoras de propiedad extranjera establecidas en México o a transacciones internas de las corporaciones transnacionales.

Por el otro lado, el deterioro productivo de México en el período se aprecia bien si se considera que en 1983, de cada dólar exportado, 88 centavos correspondían a insumos nacionales -mano de obra, servicios, materias primas, partes, componentes-, en 1994 esa cifra cayó a 42 centavos y hoy quizá no llega a 20.

Los efectos sociales más graves de las políticas neoliberales han sido la creciente pobreza y el enorme aumento de la migración hacia Estados Unidos, que a raíz de la puesta en vigor del tratado se ha incrementado de año a año.
Estamos, por muchas razones como puede verse, frente a una tarea en la que sin duda, mucho tendría que ver el Senado: la necesidad de revisar el Tlcan, de acuerdo a los términos establecidos en el propio tratado y a la legislación mexicana (Capítulo IV, Artículo 29 de la Ley de comercio exterior), en particular, revisarlo en aquellas áreas o respecto a los productos en los que exista daño o riesgo de daño a la producción nacional, lo que puede claramente demostrarse al considerar, en los quince años de su vigencia, los miles de quiebras de negocios industriales y de servicios, la extinción de ramas completas de la producción, la desintegración de cadenas productivas, la disminución del ingreso de la población, la caída del producto agrícola, los campos abandonados y la creciente migración al norte.

Considerando objetivamente, que el tratado está agotado y que ya dio lo que podía dar, el gobierno mexicano bien podría proponer a sus dos socios en este pacto la firma de un addendum de cooperación trilateral, que comprometiera a las tres partes en un esfuerzo de cooperación no sólo en el comercio, sino también en áreas de actividad social, de producción e infraestructura, que tuviera como objetivos principales reducir gradualmente hasta eliminar las diferencias sociales y las asimetrías económicas.

Ahora bien, queriendo ser más ambicioso, debiera plantearse, desde nuestro país, la suscripción de un acuerdo continental para el desarrollo y el comercio, con mayor amplitud que el Tratado de libre comercio de América del Norte, no limitado al comercio ni sólo a tres países, con objetivos principales en el desarrollo humano, en la creación de fondos de inversión, como lo hizo la Unión Europea, para reducir asimetrías y borrar marginaciones, en las cuestiones ambientales, en un compromiso social que involucre los salarios, las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad social, así como en el libre tránsito de personas y trabajadores a lo largo y ancho de todo el continente.

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Un problema que los gobiernos de México y Estados Unidos no están siquiera considerado revisar, que ha constituido en diferentes momentos una causa de serias fricciones entre productores del campo en ambos lados de la frontera y fuente también de fuertes y justificadas reclamaciones a los respectivos gobiernos, es el de la distribución de los escurrimientos de la cuenca del río Bravo, que comparten los dos países y que regula el Tratado de límites y aguas suscrito en 1944.

Hace cuatro o cinco años, quizá lo recuerden, el gobierno mexicano accedió a pagar una deuda de agua en los términos reclamados por las autoridades americanas, que se acogieron a lo estipulado en el tratado. Fue una solución insatisfactoria en los dos lados de la frontera: los agricultores mexicanos necesitaban y necesitan esa agua, y aun resulta un recurso insuficiente e incierto para los agricultores americanos. Esta será una discusión abierta y una fuente de conflictos recurrentes si el problema no se ataca en sus raíces.
Los términos en base a los cuales se hace la distribución de las aguas de la cuenca del río Bravo, en el tramo en el que hace la frontera entre México y los Estados Unidos, fueron establecidos, como ya se apuntó, en 1944. La distribución de las aguas convenida entonces, tomó como base los estudios hidrológicos realizados hasta esa fecha y no se han modificado, a pesar que el comportamiento del río deja ver, en los sesenta y cinco años transcurridos desde entonces, que la cuenca aporta en promedio menos agua que la que se consideró en 1944.

Para terminar con esa fuente de conflictos, es necesario revisar y modificar ese tratado, revisando, conjuntamente ambos países, con los datos ahora disponibles de un ciclo hidrológico mucho más amplio que el que se consideró para la firma del tratado, cuáles son los verdaderos volúmenes promedio disponibles que pueden comprometerse para tener una distribución equitativa hacia una y otra margen del Bravo, que no serán los mismos todos los años, sino que dependerán de la abundancia o escasez de las lluvias en


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