Conferencias

Las perspectivas del sector energético en México


14 de Mayo de 2007

Cuauhtémoc Cárdenas


Agradezco a la Sección Mexicana del Club de Roma la invitación para presentar un conjunto de preocupaciones que, a lo largo de los años, han ido configurando una posición que comparto con gente que se mueve en el sector progresista y democrático de nuestro país, respecto a la problemática de los energéticos, asunto clave para el presente y para el futuro.

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Una de las grandes riquezas de México la constituyen sus recursos naturales, particularmente aquellos que tienen que ver con la explotación de los hidrocarburos y la generación de electricidad. Sin embargo, estamos iniciando el siglo XXI sin contar con una política integrada que favorezca su aprovechamiento sustentable y, por otro lado, la gestión que se hace de estas áreas, encomendadas constitucionalmente en exclusiva al Estado, presenta insuficiencias que significan la pérdida de oportunidades para el crecimiento del país y de sus empresas, así como para el mejoramiento de la población y la preservación del medio ambiente.


La importancia del sector energético nacional es ampliamente reconocida. Se trata no sólo de un sector estratégico desde el punto de vista económico y de las finanzas públicas, sino que es también factor clave en la política exterior y vital para la seguridad nacional, para el buen funcionamiento de las actividades productivas y el bienestar de las familias mexicanas. Por ello, frente a la situación actual del país – de deterioro social creciente y de un prolongado estancamiento económico- es preciso dar un cambio radical a las políticas energéticas y en particular a la petrolera.

Desde fines del siglo XIX y sobre todo desde principios del XX, el petróleo se convirtió en el energético más importante para la economía y para la vida social en el mundo. Desde esos tiempos, México ha sido uno de los principales productores del hidrocarburo. Las empresas que comenzaron la explotación de nuestros yacimientos, extranjeras las más importantes, tuvieron, desde un principio, un alto peso relativo en la economía del país, y en función de ello y del apoyo que les brindaron los gobiernos de los países en los que residían sus matrices, una influencia política de consideración en la vida nacional.

Nuestra historia registra las confrontaciones de las compañías petroleras con los gobiernos del país cada vez que, en función de los muy altos rendimientos de la actividad, se les imponían nuevas cargas fiscales o cuando a través de nueva legislación, la nación reivindicaba sus derechos sobre los recursos del subsuelo.

Los antecedentes inmediatos de la Expropiación son bien conocidos: la unificación de los sindicatos de trabajadores petroleros de las diferentes compañías en uno solo en 1937; la presentación, en mayo de ese mismo año, de un pliego conteniendo las demandas laborales del sindicato único a las empresas y el rechazo de éstas al mismo; el estallamiento de una huelga y la calificación de la controversia como un conflicto económico, lo que permitió la reanudación de las actividades industriales; una serie de resoluciones de las autoridades laborales y judiciales y el rechazo de las mismas por parte de las compañías, hasta llegar a la desobediencia que con soberbia manifestaron frente al fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que enfrentó al gobierno, ya en marzo de 1938, a la disyuntiva de doblegarse ante la presión de las compañías o hacer cumplir la ley del país.

En esas condiciones, el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de los bienes de las empresas petroleras rebeldes a cumplir con la resolución de la justicia mexicana, haciendo valer el Estado de derecho y la soberanía de la nación ante el mundo.


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Cada país, de acuerdo a sus condiciones particulares, considera y califica como estratégicos a determinados recursos. Ese es el caso de aquellos que resultan vitales para que una nación esté en capacidad de tomar decisiones con autonomía, sea por la contribución que esos recursos hacen a la economía, sea porque evitan, atenúan o rompen dependencias. Casos paradigmáticos son el agua para Canadá, el cobre para Chile, los hidrocarburos para los países del Oriente Medio y tal es el caso, entre otros, del petróleo para México.

Así, desde el momento en que se decretó la Expropiación y el petróleo pudo manejarse de acuerdo a un interés público y nacional, la industria petrolera se constituyó en el eje principal de la industrialización y en conductora determinante del crecimiento económico del país. A partir de su propio desarrollo –al crear tecnología propia para la exploración, la explotación y diferentes procesos industriales, al construir refinerías, plantas de petroquímicos básicos, tender redes de ductos, etc.- impactó a otros sectores productivos: la petroquímica derivada, los fertilizantes, la industrial metal mecánica y también la agricultura, la construcción, la ingeniería, el transporte y muchos más, atrajo inversiones privadas y públicas y contribuyó a la generación de empleos y al desarrollo general de diversas regiones del país.

La situación empezó a cambiar por 1977, a partir de que se hizo público el descubrimiento del campo gigante de Cantarell, con cuya explotación aumentaron bruscamente la producción de crudo y su exportación, dando un giro radical a la política petrolera, que anteriormente se orientaba básicamente a satisfacer la demanda interna y a industrializar en el país los volúmenes requeridos por la expansión de la refinación y la petroquímica. Todavía en esos años en que empezaron a destinarse fuertes cantidades de crudo a la exportación, se construyeron varios complejos petroquímicos de importancia.

El viraje más fuerte en la política petrolera empieza a darse en la primera mitad de los años noventa, años en los que se inicia el desmantelamiento y el deterioro de la petroquímica estatal, se deja de ampliar la capacidad de refinación en función de los aumentos de la demanda nacional de combustibles y la actividad de la industria se concentra en elevar las exportaciones de crudo. Por otro lado, se impone a Petróleos Mexicanos un régimen fiscal que priva al organismo de recursos para invertir en su expansión y en un adecuado mantenimiento de las instalaciones, y el ingreso que genera la exportación se convierte en fuente principal de la recaudación fiscal del Estado, al tiempo que crece la alta burocracia y con ello el gasto corriente del gobierno. Esa es la historia de 1992 a la fecha. Esa es la historia de nuestro petróleo en las administraciones del neoliberalismo entreguista.

En ese período, por otro lado, deja de haber una política real de industrialización del país, se impone como patrón el de la maquila, se disminuye hasta casi desaparecer la banca de fomento, se acelera el desmantelamiento y la privatización corrupta de la economía estatal, se destruye la economía rural y se acelera la caída de los niveles de vida de amplios segmentos de la población.

Al disminuir la presencia del Estado en la vida económica y al hacer depender sus finanzas de la renta petrolera, los gobiernos neoliberales han reducido intencionadamente su autonomía en la toma de decisiones y han hecho depender al país cada vez más de factores externos -políticos, económicos y culturales-, lo que claramente puede verse en la presencia creciente de constructores y prestadores de servicios extranjeros en nuestro país, de una banca comercial extranjerizada, de las transacciones intrafirmas de las exportaciones de la maquila, así como en el constante aumento de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos y el desmedido incremento de las remesas, que se han constituido en factor determinante de la economía del país y en la muestra más evidente de la desvergüenza y la falta de compromiso y de voluntad política de los últimos gobiernos para resolver, en México, los problemas de vida de los mexicanos.

En le caso particular de la industria petrolera, se desmembró la administración de Petróleos Mexicanos con la finalidad de preparar la privatización de sectores clave de la actividad, se adoptaron esquemas violatorios de la Constitución para la explotación de gas natural, como son los llamados contratos de servicios múltiples, se recurrió a patrones de financiamiento externo de alto costo –los pidiregas-, se redujeron drásticamente los presupuestos para exploración, no hubo proyectos para la expansión de la refinación, la petroquímica, las redes de ductos y el control de sus flujos, la renovación e incremento de la flota o para el apoyo a la investigación y el desarrollo de tecnología, en este caso, en el Instituto Mexicano del Petróleo.

Sucede, por ejemplo, que la hacienda pública federal ha recibido en los últimos seis años más de 2.2 billones de pesos de la actividad petrolera, más que en cualquier otra época de la historia del país, y en cambio, sólo se ha autorizado a Pemex una inversión de 641 mil millones de pesos (el 29 % de lo ingresado), de los cuales el 85 % ha sido mediante deuda en el esquema de pidiregas, lo que ha generado un endeudamiento desmesurado y absurdo del organismo público. La evidencia mayor de que hay una actitud deliberada para causar problemas a Pemex, se observa en que durante la pasada administración se obligó a la paraestatal a mantener un superávit primario anual superior a los 100 mil millones de pesos, al tiempo que la empresa fue llevada a endeudarse para cubrir necesidades ya no de inversión, sino incluso de mantenimiento básico.

Hoy la industria petrolera nacional se encuentra marcada por la velocidad de la declinación del yacimiento de Cantarell, principal activo de nuestra riqueza petrolera, que registra ya, en los últimos tres años, una pérdida de alrededor del 20% con respecto a su máxima producción; y, al mismo tiempo, por el deterioro general de la industria y la incapacidad de quienes la han venido administrando para sostener los niveles de extracción que exigen imperativamente los equilibrios fiscales del país.

Se hace en consecuencia urgente restituir las reservas petroleras y así fortalecer la seguridad energética del país. Las reservas probadas de petróleo y gas, que se estiman en 13 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), de mantenerse los niveles actuales de extracción de 1 600 millones por año, prolongarían su vida alrededor de 9 años. La extracción de petróleo llegó a su máximo en el 2004, con 3.383 millones barriles diarios, estimándose que el 70% del volumen original de las reservas probadas ya fue extraído.

Frente a esta perspectiva, es preciso aumentar significativamente las inversiones en exploración para efectivamente incorporar los últimos descubrimientos a la reserva probada, pues los rezagos en esta actividad han provocado que la reposición de reservas se sitúe en nuestro país en promedios de 40%, cuando el promedio internacional, correspondiente a un manejo responsable de las reservas, es de 80%. Al respecto debe destacarse, por cierto, que el desarrollo de la frontera petrolera del país se ha mantenido estancado desde hace veinticinco años y que la nueva frontera petrolera se ubica en aguas profundas del Golfo de México –y aunque no es la única, pues los yacimientos de Chicontepec forman un complejo importante-, su aprovechamiento obliga a efectuar trabajos en el mar a profundidades mayores a los 1000 metros de tirante de agua, como los está llevando a cabo ya Petróleos Mexicanos, cuyos costos se multiplican varias veces en comparación con los que se realizan, por ejemplo, en aguas someras de la costa de Campeche.

Estos trabajos adquieren un carácter estratégico si además, se toma en cuenta que empresas norteamericanas llevan a cabo, desde hace años, perforaciones en la zona norte del Golfo de México y en el pasado septiembre anunciaron hallazgos importantes en aguas cada vez más cercanas a la soberanía mexicana –en este caso a grandes profundidades- y también porque en el año 2010 vence la moratoria acordada con Estados Unidos respecto a la exploración y explotación de la zona conocida como hoyos de dona.

En el caso del gas, la demanda se ha disparado hasta hacer que su importación represente una quinta parte del consumo total del país, con precios que se han multiplicado, afectando con ello a las industrias que dependen de ese energético. Por otro lado, existen estimaciones de que México cuenta con importantes reservas, suficientes para garantizar su abasto interno. La rentabilidad de esta actividad debe conducir a reorganizar estructuralmente a Pemex para establecer una estrategia de financiamiento que lleve, de manera urgente, a aumentar la producción de gas natural, desarrollando las potencialidades del país en este campo.

Es indispensable, también, ampliar la capacidad de refinación para reducir hasta eliminar las importaciones de productos destilados, cuyo costo asciende ya anualmente a más de 10 000 millones de dólares. La capacidad de refinación que se requiere construir debe, además, ser diseñada para vincularse con la generación de electricidad mediante la cogeneración. Para esos efectos y para dar una utilización más completa a nuestros hidrocarburos y considerando que el petróleo mexicano tiene un alto contenido de azufre, se debe promover la utilización, para generación de electricidad, de combustibles alternativos al gas natural –como los fondos de alto vacío, coque, etc.- en una estrategia de diversificación de fuentes de energía que den salida comercial al combustóleo con alto contenido de azufre.

Las importaciones de productos petroquímicos superan los 7 000 millones de dólares. La producción petroquímica, hoy deprimida y en proceso de cerrar plantas, debe volver a ser, junto con la de refinados, uno de los ejes de una nueva política industrial, considerando que su desarrollo se vincula con más de cuarenta ramas de la economía. Para reactivarla, se debe incentivar la ampliación de las unidades –públicas y privadas- que puedan integrar cadenas productivas en el país. Pemex, por su parte, deberá establecer acuerdos de largo plazo para el abasto de insumos y fórmulas de precios que fomenten la inversión privada en eslabones intermedios y finales de las cadenas industriales, explorando nuevas formas de asociación con particulares nacionales y del exterior, como corresponde a una empresa de su magnitud y diversidad.

A lo anterior, deben agregarse el congestionamiento del sistema de distribución de petrolíferos por obsolescencia de ductos y la preferencia por sistemas de transporte más caros; la dualidad en la estrategia de suministro de gas natural; la indefinición en las líneas del desarrollo de la petroquímica; el pesado e ineficiente funcionamiento corporativo, exageradamente determinado por instancias que han carecido de una orientación coherente de lo que tendría que ser una política energética integral y racional.


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Por todo lo anterior, resulta indispensable y urgente un cambio radical en la política petrolera del país. A este respecto, tanto voces del gobierno como algunas que dicen ubicarse en el sector progresista de la política, reducen el debate a si deben o no privatizarse Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, sin precisar qué quieren decir con eso. Este es en realidad un falso debate. Pemex y la CFE son sus instalaciones y en general sus activos, no los activos –en este caso los recursos naturales y las actividades- que la nación ha puesto bajo su responsabilidad y gestión, y lo que está en el fondo de la discusión es qué actividades se mantienen bajo la exclusiva gestión del Estado para que se manejen de acuerdo a un interés nacional y público y cuales debe estar abiertas a la participación de particulares.

Una primera consideración al respecto, que puede hacerse al visualizar tanto la situación actual como las perspectivas de desarrollo de la industria energética, es que el régimen constitucional vigente en la materia arroja un balance positivo para el país y debe en consecuencia preservarse, pues tal como está, es posible adoptar las decisiones que se requieran para alcanzar las metas que la expansión misma de la industria petrolera y el desarrollo del país están demandando. Esto es, ninguna actividad que la ley vigente prevé debe manejarse de manera exclusiva por el Estado, debe cambiar esta condición.

El modelo que se ha impuesto a la industria de los hidrocarburos se ha agotado e insistir en él solo conducirá a profundizar daños irreversibles en el acervo petrolero, y, por el otro lado, dejar las cosas como están, sólo favorece los intereses de aquellos que desde tiempo atrás, puede decirse que desde el 18 de marzo de 1938, acechan para reconvertir el total de la industria petrolera en un negocio particular. El cambio necesario, como puede verse por su misma complejidad y amplitud, no es sólo cuestión de ajustes en la eficiencia técnica o de mejores procedimientos administrativos, que sin duda son necesarios. La naturaleza del problema exige ir mucho más lejos, pues se trata de salir efectivamente de una situación de crisis provocada por el diseño institucional, que desde hace años se apartó del impulso al crecimiento económico del país, dejó de corresponderse con la magnitud de la industria petrolera, con sus necesidades y con las formas que requiere para operar en un mundo globalizado y de fuertes competencias. Nuestra industria vive así una permanente y profunda crisis de operación, sostenida por quienes desde la administración federal han estrechado su visión a sólo obtener de ella el mayor beneficio fiscal, en el plazo más corto posible.

El hecho es que para corregir la situación de rápido deterioro en que ha entrado la industria petrolera, se requiere de acuerdos nacionales de largo aliento. La declinación de la producción de crudo está conduciendo a situaciones económicas y fiscales de extrema gravedad, por lo que es indispensable que fuerzas políticas con representación en el Congreso, académicos, especialistas, industriales y ciudadanos nos comprometamos a dialogar, a analizar y discutir las alternativas y acordar las soluciones que puedan mejor servir para dar certidumbre y orientación, en función de un interés público y nacional, al aprovechamiento de la aún cuantiosa riqueza de hidrocarburos con que cuenta el país.

Es necesario otorgar autonomía presupuestal y de gestión a las empresas del Estado en el sector de la energía. Las dificultades financieras de esos organismos provienen, en gran medida, de su falta de autonomía para el ejercicio del presupuesto. Se les obliga a mantener un elevado superávit de operación, se les ministra su presupuesto de manera extemporánea y sus adquisiciones y financiamientos están sujetos a la misma ley que norma las actividades burocráticas del gobierno central, o amarradas a esquemas de financiamiento caros como el de pidiregas. Es indispensable, para darles eficiencia, estructurarlas con un esquema presupuestal que les permita hacer de su rendimiento económico y de su habilidad como empresas, la fuente principal de su financiamiento, bajo un sistema racional de fiscalización y transparencia.

La autonomía debe ir acompañada de compromisos precisos de las empresas con la nación, los cuales deben ser plasmados en una serie de programas sancionados por el Poder Legislativo. En dichos programas, el Estado se comprometerá a que el marco legal y regulatorio permita a las empresas públicas, ya autónomas, cumplir en las mejores condiciones con la misión que se les encomiende, en particular, la mejora sistemática de la calidad del servicio y la racionalidad de los precios de los bienes y servicios que proporcionan.

Una industria energética moderna exige desarrollarse con base en una planeación integral para el aprovechamiento de sus recursos, y exige el apoyo de la sociedad y en particular de los consumidores, sustentado en una amplia información que les permita conocer y comprender cómo se da la operación de esa industria, así como sus problemas y retos técnicos y financieros. Se debe realizar una planeación de largo plazo que tienda al óptimo nacional, integrando todos los componentes: recursos naturales, oferta energética en todas sus formas y acciones para racionalizar su consumo y aprovechamiento. En muchos casos, y refiriéndonos a la electricidad, resulta mejor invertir en la reducción de la demanda que en la expansión de la oferta.

Para tratar a la industria energética en su condición de estratégica y devolverle su carácter de conductora principal de la industrialización y del crecimiento económico del país, pensando en las generaciones actuales y del mañana, y en que los mexicanos aprovechemos con responsabilidad y de la mejor manera posible la enorme riqueza que la naturaleza ubicó en nuestro territorio y nuestros mares, se hace hoy necesario dar, como pasos iniciales, los siguientes:

En materia de hidrocarburos:

1.- Desarrollar un sistema de planeación energética que dote al Estado de una política industrial moderna y racional, priorizando la exploración y acrecentamiento de nuevas reservas probadas, la transformación industrial de los hidrocarburos dentro de nuestro territorio, la seguridad energética del país, el fortalecimiento de un amplio sector de empresas de proveeduría, ingeniería y servicios relacionados que fortalezcan el contenido nacional de los proyectos petroleros e industriales, y que en el futuro puedan ser una de las bases importantes de la innovación tecnológica y la formación de capital humano.

2.- Abrir ese sistema de planeación a la participación no sólo de entes gubernamentales y legislativos, sino también de las empresas que contribuyen en el esfuerzo productivo y en el consumo intermedio y final de los insumos y bienes liberados por las empresas públicas de energía, así como constituir la Comisión Nacional de Energía, que sería instancia de concertación y definición de metas y políticas industriales de largo aliento.

3.- Una gran reforma institucional, que no implica alterar el orden constitucional vigente, que libere de trabas la operación de Petróleos Mexicanos, lo sustraiga de la confiscación presupuestal que realiza la Secretaría de Hacienda; establezca un ordenamiento especial para adquisiciones, arrendamientos y obra pública; y diseñe nuevas formas de programación, control y fiscalización que favorezcan la transparencia y agilicen la operación. Por otro lado, que cambie la estrategia de inversión-financiamiento al través de pidiregas, que resulta excesivamente onerosa, y abra al organismo la posibilidad de recurrir, en caso necesario, a financiamientos directos para atender con agilidad las necesidades de sus procesos industriales y de transporte de petrolíferos.

4.- Transformar Petróleos Mexicanos en una verdadera entidad pública productiva, con la suficiente autonomía de gestión y presupuestal y la profesionalización de su órgano de gobierno, en el que se de una presencia ciudadana y se impidan interferencias que pretendan privilegios políticos o el beneficio de intereses particulares.

5.- Una reforma institucional que permita al Estado establecer una administración eficiente de sus derechos sobre los recursos naturales. Se supone que Petróleos Mexicanos “ejerce la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera”, pero la realidad es que nadie cuida de la adecuada explotación de los yacimientos, el territorio, el mar y los fondos marinos que los albergan; es necesario entonces, crear una instancia superior –que bien podría ser una Comisión Nacional de Energía- que acuerde con Pemex su programa institucional de largo plazo y asegure que el aprovechamiento de los recursos por parte del operador estatal resulte en el óptimo beneficio para el país.

6.- Un nuevo régimen fiscal que vincule la contribución de Pemex a la situación particular de sus activos; que separe la actividad extractiva de la industrial, para que ésta última sea tratada bajo parámetros fiscales similares a los de cualquier otra empresa, mientras que la actividad extractiva sea gravada como tal, de modo que quede garantizada tanto la inversión necesaria para la expansión de la industria, como la recuperación de los niveles de reservas, y que vincule el uso de recursos excedentes a proyectos de largo plazo en investigación tecnológica y formación de capital, evitando se destinen a gasto corriente.

7.- Precisar con claridad, a partir de que el Congreso junto con el Ejecutivo establezcan anualmente las plataformas de extracción y exportación, los criterios para que los volúmenes de hidrocarburos que se extraigan, guarden una relación adecuada con el nivel de reservas que garantice al país su seguridad energética, lo que debe llevar a Pemex a establecer compromisos de extracción vinculados a la incorporación de reservas, compromisos verificables por la autoridad responsable de garantizar los derechos de la nación sobre sus recursos petroleros.

8.- Atender con urgencia las necesidades de mantenimiento adecuado y de expansión de la planta industrial de Pemex, es decir, de las instalaciones para refinación, manejo de gas, petroquímica, el sistema de ductos y la flota, para garantizar el abastecimiento cotidiano de productos y una reducción de costos que favorezcan la competitividad de las empresas mexicanas.

9.- Examinar la conveniencia de crear una empresa pública que se encargue del manejo de la cadena de gas natural, que se enmarque en las disposiciones constitucionales en la materia, y lleve a cabo la coordinación, hoy inexistente, entre los nuevos hallazgos, la producción nacional y las grandes importaciones de gas natural licuado, que realiza principalmente la Comisión Federal de Electricidad.

10.- Lanzar un programa que específicamente se ocupe de las actividades jurídicas y diplomáticas que garanticen el ejercicio de la soberanía del país en los casos de yacimientos de hidrocarburos transfronterizos o que requieran de acciones concertadas internacionalmente para su aprovechamiento, dado que varias cláusulas del tratado suscrito con los Estados Unidos, que delimita la frontera en la plataforma continental, entrarán en vigor al finalizar la presente década. Por otra parte, Pemex tendrá que dar cada vez mayor atención a las explotaciones en aguas profundas, que dependen del acceso y control de innovaciones tecnológicas de alta complejidad, que pueden requerir de alianzas con otras entidades, principalmente debido a los elevados costos de esas operaciones.

En materia de electricidad:

11.- Se debe mejorar la calidad del servicio público de energía eléctrica y determinar sus tarifas en función de los costos de producción. Las tarifas deben ser equitativas, formuladas por el nivel de tensión y el tipo de suministro, sin privilegiar o discriminar a sectores específicos de consumidores, sea por su actividad, sea por su nivel económico o su situación geográfica. Además, deben ser establecidas por el organismo regulador a propuesta del operador eléctrico.

12.- En adelante, los subsidios deben provenir del fisco y no gravar la economía de las empresas públicas. Los subsidios cruzados entre sectores de consumidores deben desaparecer. El monto y destino de los subsidios deben ser determinados, revisados y evaluados periódicamente por el Congreso. Para soportar esta transformación, las empresas públicas deben pagar, efectivamente, un aprovechamiento actualizado por el uso de bienes y recursos naturales de la nación.

13.- Es preciso diversificar las fuentes de generación de energía, equilibrando el uso de las diversas energías para generar electricidad, poniendo limites a la penetración del gas natural importado y revalorando, incluso, las posibilidades carboníferas y nucleares; desarrollando en forma combinada la energía eólica, la derivada de la biomasa y la hidroelectricidad; estableciendo cuotas de participación de otras fuentes renovables o no convencionales de energía y aplicando mecanismos compensatorios para que puedan competir con las fuentes tradicionales.

14.- Resulta de interés nacional alentar los procesos de generación distribuida en sus distintas modalidades: cogeneración, autoabastecimiento y las diversas formas descentralizadas de producción de energía eléctrica. Lo anterior permitirá una mejor y más armoniosa utilización de los recursos energéticos y financieros, públicos y privados. Se debe mantener abierto el acceso de los productores con esas modalidades a la red eléctrica nacional, tanto para la transmisión de la energía a sus propios centros de consumo, como para la venta de sus excedentes y que éstos puedan ser aprovechados para el servicio público. Sin embargo, estas actividades no deben fomentarse mediante subsidios al servicio de porteo ni respaldo.

15.- La industria eléctrica estatal es capaz de financiarse de manera solvente y sin que ello signifique costos adicionales para los usuarios, a partir de las tarifas, que deben ser la fuente principal del financiamiento para su expansión. Simultáneamente se requiere, para incrementar los recursos propios de las empresas eléctricas, abatir los costos de producción mediante aumentos de productividad y la reducción de las pérdidas en los procesos de distribución y comercialización.

16.- Cuestión prioritaria resulta modernizar Luz y Fuerza del Centro. Urge corregir la relación comercial entre la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, la modernización de todos los procesos de esta empresa y el fortalecimiento de su generación para el área central del país, a la que presta servicio. La automatización del proceso comercial redundará en la disminución de los errores de medición y facturación y en una mejora de la atención en las sucursales, cuestión muy sentida por el público.

En materia de uso de la energía y cambio climático:

Aún cuando se trata de un tema que en si mismo rebasa los alcances de esta plática, los gravísimos riesgos que enfrenta la humanidad como consecuencia del cambio climático y su estrecha relación con la evolución energética, impide evadir la reivindicación de que cualquier diseño de política en la materia considere, prioritariamente, un conjunto de acciones orientadas a reducir las emisiones de efecto invernadero** que tengan como objetivo mejorar la eficiencia en el consumo de energía y estimulen el uso de tecnologías limpias.

17.- En México, una parte mayoritaria del consumo de hidrocarburos está relacionada con el transporte, por lo que se requiere racionalizar el uso del transporte masivo de pasajeros y carga, estableciendo metas anuales específicas de construcción de vías de ferrocarril y sistemas urbanos de transporte colectivo, para abatir así el consumo de hidrocarburos. Por otra parte, deben mejorarse las normas para la producción de carburantes a fin de atenuar, al máximo posible, las emisiones de CO2.

18.- Pemex quema o ventea a la atmósfera hasta el 5 % del gas natural que extrae, lo que resulta ya inaceptable y debe reducirse al mínimo aceptado por razones de seguridad industrial. No menos relevante es establecer una supervisión estricta para que Pemex y sus filiales cumplan, a cabalidad, la legislación en materia de manejo de residuos peligrosos, descargas y preservación de la vida silvestre y del medio ambiente en lo general.

19.- La captura de bióxido de carbono más eficiente la lleva acabo la vegetación, por lo que para incrementarla, deben establecerse metas muy ambiciosas de reforestación en el país y sujetarlas a verificación ciudadana e internacional; para ese propósito es deseable la utilización de una parte de los excedentes petroleros y la obtención de bonos ambientales, de acuerdo a los mecanismos previstos en el Protocolo de Kioto.

20.- Finalmente, a fin de elevar la eficiencia de la capacidad de generación eléctrica instalada, debe tenerse clara conciencia que se obtienen mejores resultados mediante la reducción o retiro de demanda, que por el aumento absoluto de la oferta. Sobre esa base, es urgente instrumentar un amplio programa para el aumento de la eficiencia energética que, entre otros rubros, considere el cambio de lámparas ahorradoras en hogares y oficinas; mejores normas de consumo de energía en equipos electrodomésticos e industriales; y la incorporación (por reglamento) de calentadores solares de agua en todas las viviendas -lo que disminuiría considerablemente el consumo de gas natural y/o de gas licuado del petróleo-.


Volver entonces, a hacer de la política energética el eje conductor de la industrialización y del crecimiento económico, significará recuperar capacidad de decisión autónoma y de hecho, ampliar los espacios del ejercicio de nuestra soberanía como nación. En ello radica uno de los grandes retos y una de las grandes responsabilidades de los mexicanos de hoy.


** Cabe recordar que México no sólo es uno de los principales productores mundiales de hidrocarburos, sino que además ocupa el noveno lugar como emisor de CO2.



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