Conferencias

Universidad de California.- Santa Bárbara.


06 de Febrero de 2007

Cuauhtémoc Cárdenas


Quiero agradecer a la Universidad de California en Santa Bárbara su invitación para dirigirme a todos ustedes. Representa una alta distinción para mí. Comentaré sobre la actual situación de México, cuando empieza un nuevo período presidencial, y principalmente sobre temas que considero relevantes en la agenda bilateral entre Estados Unidos y México, que debe enfrentarse con la visión de dos pueblos que comparten no sólo una frontera común, sino un destino, su presente y su futuro. Discutir abiertamente nuestros problemas comunes ayudará a un mejor entendimiento de México y los mexicanos desde el punto de vista de los Estados Unidos, y a un mejor entendimiento de este país y de su pueblo por los mexicanos, de manera que podamos mejorar la compleja y variada relación que existe entre nuestras dos naciones.


El año pasado México vivió un proceso electoral fuertemente competitivo, que quedó marcado por las visiones confrontadas por sus apretados resultados. Esta confrontación subsiste y se ha extendido a organizaciones e individuos pertenecientes a la izquierda. Es difícil predecir qué sucederá, pero encuentro la opinión de José Saramago, el Premio Nobel, expresada en una entrevista en Guadalajara, como la más juiciosa e inteligente respecto a lo que los grupos democráticos y progresistas tienen por delante. Dijo Saramago:

“Se dice que si, que López Obrador había ganado; se dice que no, que no había ganado. La protesta que siguió a todo eso es legítima, natural, pero también digo que me parece que el tiempo de la protesta terminó, ahora es el turno de la política. En el Congreso hay suficientes diputados, más que suficientes, para una oposición fuerte. No es que no haya una izquierda en México, pero hay una izquierda dividida, polarizada, en algunos casos enfrentada y por ese camino no se llega a ninguna parte.
“No voy a decir lo que tiene que hacer, pero si yo estuviera en el lugar de López Obrador intentaría, por lo menos, organizar la izquierda en México, aglutinarla, buscar un consenso de izquierda y para eso tiene seis años, nada más, nada menos, y preparar la victoria para el 2012…
“Ahora es el turno de la política, pero de una política muy consciente, muy seria, que pase por encima de intereses personales, o de orgullos heridos. Ahora lo que interesa es el pueblo mexicano”1

Comparto los puntos de vista de Saramago. La tarea principal de las fuerzas progresistas, las usualmente llamadas de izquierda, pasando por encima de los intereses individuales y las decisiones de los actuales actores políticos, es dejar atrás diferencias y confrontaciones del pasado reciente y hacer un esfuerzo para poner en práctica una política de unidad.

La unidad empieza por estar abierto a discutir, elaborar y presentar una propuesta común en relación a temas como la reforma electoral, las políticas energéticas, una política económica para el crecimiento, el desarrollo y la creación de empleos, una política social para avanzar en la igualdad y poner fin a las marginaciones y exclusiones, el replanteamiento del pacto federal y una propuesta de reformas constitucionales en la perspectiva del México del siglo XXI.

Las fuerzas democráticas y progresistas, al buscar el acuerdo en torno a una propuesta común, tendrán que estar muy conscientes que el nuevo gobierno de México es un gobierno que echará mano de todos los recursos a su alcance para hacer prevalecer sus posiciones, un gobierno surgido de la continuidad neoliberal como una fuerza conservadora, como bien puede verse, por ejemplo, en el punto de vista retrógrado sobre el VIH-SIDA –“un castigo de Dios”, de acuerdo a un alto funcionario de la Secretaría de Salud-, o en la innecesaria confrontación con gobiernos latinoamericanos cuando el Presidente declaró que “nadie expropiará absolutamente nada” en México, en clara alusión a Bolivia y Venezuela, haciendo de la nacionalización y la privatización una cuestión dogmática y no circunstancial, o la jactanciosa y belicosa declaración del Presidente del PAN al tomar posesión de la presidencia de la Organización Cristiano Demócrata de América, cuando dijo que iba tras los gobiernos de izquierda de América Latina.

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El Acuerdo de libre comercio de América del Norte (alcan) entró en vigor hace trece años.

Las cifras frías harían pensar que todas las partes se han beneficiado con él y que las tres están ampliamente satisfechas. La realidad es muy diferente.

Trece años después de que el alcan entró en vigor, los resultados para México han sido buenos en ciertas áreas, malos o muy malos en otras. En una década, por ejemplo, el comercio trilateral se ha más que duplicado, aumentó 117%, y las exportaciones mexicanas más que triplicaron, pasando de 51 800 millones de dólares en 1993 a 165 400 en 2003, lo que puede verse como un impacto positivo del alcan en la economía mexicana, pero la mayor parte de esas exportaciones corresponden a maquiladoras de propiedad extranjera y a transacciones internas de corporaciones transnacionales, dueñas de las maquiladoras, y no propiamente a lo que pudieran llamarse exportaciones generadas por la economía mexicana.

Las maquiladoras establecidas hasta ahora en México, principalmente en las zonas fronterizas, representan un alivio temporal a las presiones sobre el empleo, pero mantienen los salarios muy por debajo –representan alrededor de la décima parte- de los que reciben los trabajadores americanos por un trabajo equivalente, y esas industrias no se han integrado a la economía mexicana, por lo que puede decirse, en general, que no han sido factor para crear empleos estables y equitativamente pagados, para mejorar los niveles de vida o integrar racionalmente nuestras cadenas productivas.

Es más fácil apreciar correctamente la situación de México si se considera que en 1983, de cada dólar exportado, 88 centavos correspondían a insumos nacionales –trabajo, servicios, materias primas, partes, componentes-, en 1994 esa cifra cayó a 42 centavos y hoy quizá no llegue a 25.

En el 2000 las exportaciones mexicanas alcanzaron su máximo histórico: 166 500 millones de dólares. En 2003 mostraron una pequeña disminución de 0.7%; si se excluye al petróleo, esa cifra se eleva a 2.2%, y si no se consideran las exportaciones de las maquiladoras, porque como ya se dijo, se trata principalmente de transacciones internas de las correspondientes corporaciones, nos encontramos que las exportaciones mexicanas cayeron 17% entre 2000 y 2003.

En la agricultura, la apertura comercial afectó gravemente a los productores de cereales, frijol, aceites vegetales, azúcar, lácteos y ganado, aunque debe reconocerse que ganaron nuevos mercados las legumbres, el cemento, tequila y frutas como el mango, aguacate, guayaba, limón y la zarzamora, entre otros productos.

Enfrentamos ahora un nuevo problema: en 2008, según el alcan, la frontera se abrirá totalmente a las importaciones de granos –maíz, frijol, trigo-, con un grave impacto negativo sobre los productores mexicanos, ya que ha faltado en México, desde que el acuerdo se negociaba, una política específicamente orientada a modernizar el sector agrícola, y particularmente a dar atención a diversificar y aumentar producciones y productividades en las regiones en las que hoy se producen granos.

Por otra parte, debe decirse que el alcan es el único acuerdo de libre comercio en el mundo que liberalizó el comercio de los productos agrícolas. México ha suscrito más de diez acuerdos desde 1994 y en ninguno de ellos se considera la liberalización de los productos del campo.

Considerando los efectos de la apertura de nuestras fronteras y las condiciones sociales y económicas del país, existe la necesidad de revisar el alcan, según los términos establecidos en el propio acuerdo y en la legislación mexicana (Capítulo IV, artículo 29 de la Ley de comercio exterior), en aquellas áreas o respecto a aquellos productos en los que exista daño o riesgo de daño a la producción nacional, lo que puede claramente demostrarse al considerar la caída del producto agrícola, la quiebra de miles de negociaciones industriales y de servicios, la reducción en el ingreso de la población, los campos abandonados y la creciente emigración.

Bien puede decirse que el alcan está agotado y dio todo lo que podía dar, de modo que el gobierno mexicano debiera plantear a sus dos socios en el alcan la firma de un addendum trilateral de cooperación, que comprometiera a las tres partes en un esfuerzo de cooperación no sólo en materia de comercio, sino también en cuestiones sociales, producción, infraestructura, con el objetivo principal de eliminar las diferencias sociales y las asimetrías económicas, mediante la creación, entre otros, de mecanismos como los fondos especiales de inversión para el desarrollo –siguiendo el ejemplo europeo- para hacer realidad esas nuevas políticas.

Pero tratando de encontrar una solución definitiva y duradera, recordaría la propuesta que hice cuando se estaban celebrando las negociaciones del alcan en 1990-1991, de un acuerdo no sólo de libre comercio y entre las tres naciones de América del Norte, sino un acuerdo de desarrollo, que involucrara a todas las naciones de nuestro continente, esto es, con un enfoque mucho más amplio y considerando la creación y utilización de mecanismos como los fondos de inversión para reducir asimetrías sociales y económicas y promover el desarrollo, un compromiso o carta social que incluyera los derechos y condiciones laborales, y un compromiso integral sobre cuestiones ambientales. Creo todavía que ese sería el mejor camino para construir una relación mucho más equitativa entre las naciones de nuestro continente y una vía para reducir hasta eliminar la migración irregular, para abrir y ofrecer oportunidades en cada país, a todos sus habitantes.

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Las políticas energéticas constituyen otro asunto clave de nuestras relaciones.

Conforme transcurre el tiempo, el petróleo se vuelve más escaso y más caro, y muy poco se está haciendo, aun en los países más desarrollados, para substituir la base energética de la economía y de la vida social en el mundo, de manera que los combustibles de consumo masivo derivaran de otras fuentes, distintas a los hidrocarburos. Muy recientemente, el gobierno norteamericano ha anunciado el uso obligatorio de combustibles no fósiles, pero su utilización amplia tomará tiempo.

En cualquier caso, Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo en el mundo y querría, como cualquier otro país, asegurar su suministro en el largo plazo. Las políticas comerciales y tecnológicas con ese objetivo han sido altamente agresivas, apoyadas por fuertes presiones políticas, y de vez en vez impuestas por la fuerza y la acción militar, como se vio en la Guerra del Golfo en 1991, no hace mucho en Afganistán y en el presente en Irak.

La producción petrolera de México ha entrado en una fase de declinación. La producción de Cantarell, el yacimiento en explotación más importante, cayó 200 000 barriles diarios y continuará cayendo en los años próximos –de poco más de 2 millones de barriles por día en diciembre de 2005, reducirá su producción a unos 800 000 barriles hacia 2012-. Las reservas probadas de petróleo del país, explotadas como lo están siendo ahora, durarán para 11 años, un tiempo terriblemente corto. Además de incrementar la exploración para encontrar nuevos depósitos, México debiera instrumentar una política petrolera con la prioridad de reducir a cero, en el menor tiempo posible, la exportación de petróleo crudo, y substituir el ingreso que genera por la exportación de refinados y petroquímicos producidos en México.

México está produciendo 3.28 millones de barriles diarios y exportando a Estados Unidos 1.6, que representan el 14% de las importaciones totales de crudo norteamericanas, que no es una cantidad despreciable, que en el futuro cercano deberá substituirse de otras fuentes, porque, como se dijo antes, la producción petrolera de México ya está en fase de declinación y el país tendrá que satisfacer prioritariamente su demanda interna, que ha estado aumentando sostenidamente.

Estas posiciones y necesidades contradictorias de nuestros países deben conciliarse, a manera de encontrar una solución equitativa y benéfica para ambas partes. Este es, hoy día, uno de los retos más importantes de nuestras relaciones bilaterales.

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México y Estados Unidos comparten una frontera de 2000 millas de largo, relaciones de una gran diversidad y, por encima de todo, una duradera amistad, aun cuando no siempre haya sido fácil y cómodo ser el vecino de la nación militar y económicamente más grande del mundo actual. A lo largo de esta larga y compleja relación, los sentimientos y objetivos mayoritarios de nuestros pueblos generalmente han coincidido, sin que necesariamente se hayan dado esas mismas coincidencias con los respectivos gobiernos.

La relación más valiosa y podemos agregar el intercambio más valioso entre nuestros países, es la relación humana directa: un millón de americanos y mexicanos cruzan diariamente nuestras fronteras, gente que viaja por negocios, trabajo o placer de un país al otro, familias que viven al otro lado de la frontera y, la más importante, la relación laboral que provoca el flujo migratorio más intenso hacia este país, y constituye uno de los flujos migratorios más importantes en el mundo.

Al menos tres millones de mexicanos han cruzado la frontera en la última década para trabajar, y la mayor parte de ellos para establecerse permanentemente en los Estados Unidos. La población de origen mexicano en este país alcanza los 25 o 27 millones, que envían más de 20 000 millones de dólares como remesas a México, uno de los hechos más indicativos, vergonzosos y preocupantes de la situación social de México, pues muestra la incapacidad y la falta de voluntad del gobierno para resolver en México, los problemas de vida de millones de mexicanos.

La migración laboral es, sin duda, el problema humano más serio y complejo que compartimos, que hoy puede verse claramente, por una parte, en las muy importantes discusiones públicas en ambos lados de la frontera, con la participación de gente muy importante y de instituciones fundamentales en la vida de nuestros países, y por la otra, en la movilización popular que está teniendo lugar en este país a favor de los derechos de los inmigrantes.

En tiempos recientes, alrededor de 400 iniciativas relacionadas con la migración se han presentado y han sido discutidas en las legislaturas estatales: unas 40 en California, más de 30 en Arizona y más de 20 en Colorado, entre ellas. Esas iniciativas tienen que ver con abrir o cerrar a los inmigrantes y a sus familias servicios de educación, vivienda, bibliotecas, estampillas para alimentos, hospitales, y con la creación de nuevos cuerpos policíacos fronterizos.

En diciembre de 2005 la ciudad de Manassas, Virginia, expidió una ordenanza para sancionar como delincuentes a abuelos, tíos, sobrinos, que compartan residencia con cualquier inmigrante irregular, y envió a un ejército de inspectores a los barrios latinos para identificar aquellas casas y apartamentos que “amenazan el espíritu de las zonas”, donde latinoamericanos irregulares y sus parientes se amontonan para compartir la renta de su precaria vivienda.2

El Congreso del Estado de Georgia aprobó en 2006 una de las leyes más duras sobre la población inmigrante, reduciendo los derechos de los inmigrantes, cargándoles el pago de impuestos directos –ya pagaban impuestos indirectos al través de su alimentación, vivienda y servicios- y sancionando como delincuentes a sus empleadores. Georgia es el Estado que ha venido recibiendo el mayor número de migrantes irregulares en los últimos cinco años. Hace diez años prácticamente no había inmigrantes en Georgia, pero cuando hubo ahí necesidad de construir las instalaciones para los Juegos Olímpicos de 1996, las autoridades norteamericanas se encontraron con que la mano de obra era escasa y de modo muy velado, pidieron a las autoridades mexicanas que les canalizaran a trabajadores indocumentados hacia Atlanta. Después de la Olimpíada la mayor parte de esos trabajadores decidieron quedarse y hoy Georgia es el segundo Estado por las remesas que manda a México. El mismo fenómeno está teniendo lugar en Nueva Orleáns después del huracán Katrina.3

El Presidente Bush, dirigiéndose a la nación en varias ocasiones, ha hecho de cuestiones de migración la parte más importante de sus mensajes. Y la migración fue uno de los principales temas discutidos en la Cumbre Norteamericana de Cancún el año pasado.

El Congreso de Estados Unidos recibió en 2005 al menos tres iniciativas relacionadas con la población inmigrante, que tendrán un fuerte impacto ya sea que se aprueben total o parcialmente: la iniciativa McCain-Kennedy en el Senado, y la Kyl-Cornyn y la Sensenbrenner (HR 4437) en la Casa de Representantes.

La iniciativa Sensenbrenner, la más agresiva, racista, inhumana, inamistosa e incluso carente de realismo de las varias presentadas en el Congreso, propone extender las barreras existentes en nuestra frontera por alrededor de setecientas millas, considerar delincuentes de ocho a once millones de mexicanos que irregularmente residen en este país y a otros más de otras nacionalidades, rechazar cualquier posibilidad de legalizar la residencia de extranjeros que irregularmente residen ya en el país, considerar como delito y no sólo como falta civil el ingreso ilegal a este país, considerar delincuentes a quienes brinden asistencia emigrantes irregulares y establecer la obligación para los empleadores de verificar la situación legal de sus potenciales empleados. Esta iniciativa fue aprobada en la Casa de Representantes pero no pasó en el Senado, pero se han aprobado otras iniciativas y se han construido o se construyen barreras para controlar la inmigración irregular como pare de la Operación Gatekeeper en California, la Operación Hod-in-line en Texas, la Operación Safeguard en Arizona, o como resultado de la enmienda Hunter a la iniciativa Sensenbrenner, que aprobó la construcción de una barda de 698 millas, o la Resolución S 2611 del Senado, para construir 370 millas de barrera de tres capas y una barda para prevenir el paso de vehículos en diferentes puntos de nuestra frontera común.

Como reacción a las leyes anti-inmigrantes, varias ciudades de California –Maywood, Huntington Park, Pomona, Downey, Bell Gardens y Cudahy, todas en el condado de Los Ángeles-, constituyeron la Coalición de Ciudades Santuario, en las que los empleadores no se consideran delincuentes por emplear a migrantes irregulares, o la policía local está autorizada a no cooperar con las autoridades federales para arrestar inmigrantes. El 7 de abril del 2006 estudiantes y sus padres realizaron un mitin frente al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles demandando que la región se declarara
Zona Segura.4

México ha sido muy sensible a las arbitrariedades de empleadores y autoridades que nulifican los derechos laborales y humanos de mexicanos como residentes y trabajadores en este país. Con ese sentido y para borrar los aspectos conflictivos de la migración ilegal, el gobierno mexicano debe exigir con energía a las autoridades norteamericanas el respeto absoluto y la protección eficaz a los derechos de los trabajadores mexicanos, y desarrollar, en estrecha colaboración con la sociedad mexicana, acciones vigorosas y amplias, de manera que el gobierno americano y especialmente la sociedad americana reconozcan la valiosa e indispensable contribución que los inmigrantes y en alta proporción los inmigrantes irregulares dan al progreso de esta nación al través de su trabajo, sus impuestos, su cultura, hoy evidente por toda la nación.

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Si somos objetivos y racionales, si de verdad queremos encontrar soluciones efectivas a los problemas que plantea la migración en ambos lados de la frontera, debemos entender y aceptar, en contra de los intereses creados de grupos anti-inmigrantes y belicistas de este país, en primer lugar, que la inmigración irregular, la seguridad fronteriza y la lucha contra el terrorismo no son el mismo problema, sino que constituyen problemas separados, que deben enfrentarse de maneras diferentes, con medios diferentes y en diferentes ámbitos.

Los problemas de terrorismo en Estados Unidos nada tienen que ver con la diversificada e intensa relación que este país tiene con México o con problemas específicos de nuestra vecindad. El terrorismo surge de la inequidad en las relaciones mundiales, de las asimetrías en el desarrollo, de la injusticia social y de una educación deficiente, de la opresión y la falta de democracia. Las amenazas del terrorismo no desaparecerán por restringir o hacer más difícil la rica y variada relación existente entre México y Estados Unidos, sino cuando exista un orden mundial equitativo y sistemas nacionales igualitarios y democráticos sean los que prevalezcan.

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Los Estados Unidos necesitan a los trabajadores migrantes que llegan de todo el mundo, y como todos lo saben, alrededor de medio millón cada año, de México. La vida social y económica norteamericana se paralizaría con su ausencia.

La migración irregular de mexicanos a los Estados Unidos es consecuencia de una economía estancada, de una creciente polarización social, de la pérdida de empleos y el crecimiento exponencial de la desocupación, del abandono por parte del Estado mexicano de sus responsabilidades sociales, y sólo tendrá soluciones definitivas al través de medidas específicas –muy distintas a las consideradas para el combate contra el terrorismo-, algunas a aplicarse en este país, por las autoridades americanas y la sociedad americana, otras en México, por los mexicanos, otras más compartiendo responsabilidades en las decisiones y su instrumentación en uno o el otro lado de la frontera. Y debe tenerse muy claro que compartir responsabilidad y colaboración de ambos lados es indispensable para dar solución equitativa y definitiva a esos problemas.

Debemos empezar por enfrentar la realidad, y quisiera centrarme en el ingreso irregular de medio millón de mexicanos cada año a este país y la presencia de ocho a once millones de mexicanos, que podrían considerarse inmigrantes irregulares en Estados Unidos, en un universo de 27 millones de personas de origen mexicano. A este respecto ¿alguien sinceramente cree posible considerar delincuentes y expulsar o deportar a esos millones de personas, a esos millones de trabajadores de este país? ¿Qué se necesitaría en fuerza humana y de legislación para encontrar e identificar como delincuentes a esos inmigrantes, para concentrarlos donde, para organizar su deportación, cuantos autobuses, trenes, aviones se necesitarían para moverlos, cuanto tiempo tomaría, cómo y por quienes serían substituidos en lo que hacen de útil y benéfico en este país?

Aun cuando es fascista e irreal, de algún modo debemos estar agradecidos al representante Sensenbrenner por su iniciativa, pues disparó acciones muy importantes y positivas en este país. Millones han tomado conciencia y se han movilizado por todo Estados Unidos contra esas injustas e inhumanas propuestas, que limitan los derechos de millones de personas, demandando reconocimiento y solidaridad hacia aquellos inmigrantes que trabajan para el progreso y beneficio de este país.

Como una primera reacción a esa iniciativa y a los miles que se manifestaron en las principales ciudades de este país, el Presidente Bush urgió al Congreso para que aprobara una amplia reforma migratoria y reconociera “[que nadie] debiera pretender que los inmigrantes constituyen una amenaza a la identidad de los Estados Unidos, ya que los inmigrantes han modelado la identidad de esta nación”.

Reaccionando a esa misma iniciativa, el Senado de California aprobó la resolución SCR 113, apoyando el boicot del 1 de mayo del 2006, la movilización más extraordinaria en esta nación de la que haya sido testigo el mundo, y reconociendo la muy importante contribución que los inmigrantes dan a este país: 4500 millones de dólares como impuestos estatales en California y 30 000 millones en impuestos federales. En la discusión de esta resolución, la Senadora Gloria Romero dijo que cada inmigrante contribuye con más de 2600 dólares a la seguridad social y que era “necesario reconocer que en nuestra economía debemos depender de la participación de los migrantes”.5 Y la Juez Consuelo Marshall, de la Corte Superior del Distrito de Los Ángeles, consideró anticonstitucional la ordenanza que prohibía a los trabajadores pedir trabajo en las calles de la ciudad de Redondo Beach, California.6

Los manifestantes en las grandes metrópolis y en las pequeñas poblaciones en mayo pasado, sólo demandaban soluciones equitativas y humanas a los problemas que los inmigrantes irregulares encuentran día tras día.

Entonces, podemos ver que la movilización de la gente en solidaridad con los trabajadores inmigrantes está dando resultados.

Esperemos que el Congreso americano, las autoridades y la sociedad enfrenten y manejen los asuntos migratorios con equidad, sensibilidad social y realismo, y así alcancen soluciones definitivas. El problema no se va a resolver extendiendo y haciendo más altas las bardas de acero, por endurecer la frontera, aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza o dejando sueltos y protegidos por la impunidad a los minutemen.

Los americanos y los mexicanos –autoridades, legisladores, académicos, organizaciones civiles, partidos políticos- deben sentarse juntos, discutir, reunir información, escuchar de todos lados y todo tipo de opiniones, analizar, pensar y pensar fuerte, con la firme decisión de encontrar soluciones realistas, integrales y equitativas a los problemas de la inmigración irregular.

Nuestro compromiso es hacer que la equidad norme nuestras relaciones. Un presente de equidad para nuestras dos naciones asegurará un mejor futuro para nuestros dos pueblos.


1 “La Jornada”. México, D. F., 27 de noviembre del 2006.

2 “Milenio”. México, D. F. 31 de diciembre del 2005.



3 Raymundo Riva Palacio: “Estrictamente personal” en “El Universal”. México, D. F. 19 de abril del 2006.



4 “Ciudades santuario en defensa de migrantes” en “Milenio”. México, D. F. 30 de abril del 2006.



5 “La Jornada”. México, D. F. 29 de abril del 2006.



6 Patricia Ruvalcaba: “Histórico triunfo laboral” en “Milenio”. México, D. F. 6 de mayo del 2006.




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